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Argentina: Heridas que no cierran

Jul 28 2003

Dafne Sabanes Plou

ALAI-AMLATINA, 28/07/2003 Buenos Aires. Se los veía
ancianos, algunos con paso dificultoso, otros manteniendo todavía
el porte que se les conoció en los años duros, aunque el gesto
era distinto, de preocupación, de cansancio, quizá de
vergüenza. Así, varios de los 45 militares acusados de graves
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que
ensangrentó a la Argentina entre 1976 y 1983 pasaron ante las
cámaras de televisión que registraron su arresto. Cuando el
juez federal Canicoba Corral decidió hacer lugar al pedido del
juez Baltasar Garzón, de España, quién solicitó la extradición
de estos 45 militares acusados de estar implicados en la
desaparición de ciudadanos españoles en Argentina, resurgieron
viejas polémicas y volvieron a ver la luz las heridas que
nunca cerraron.

La mayoría de los militares se entregaron a la justicia en
silencio y tratando de pasar desapercibidos por los medios.
Siete de ellos, entre los que están los que pergeñaron el
golpe militar del 76, Jorge Videla y Emilio Massera, ya
estaban en arresto domiciliario por la causa del robo de
bebés. El resto por el momento cumple arresto en guarniciones
de las tres fuerzas armadas. Sólo dos están prófugos, uno de
ellos desde mediados de la década del 80 y deberán ser
buscados por la justicia. De los 45, es probable que sólo 11
permanezcan en las prisiones militares. Según las leyes
argentinas, los mayores de 70 años tienen la posibilidad de
acceder al arresto domiciliario, por lo que la mayoría de
estos militares podrá gozar de este derecho. No obstante, ya
están marcados por la sociedad que en silencio ha soportado
durante 20 años que los responsables de tantos crímenes
atroces vivan normalmente, circulen por las calles y continúen
influyendo en la política argentina, como es el caso de
Antonio Domingo Bussi, el general retirado responsable de la
represión más atroz en el norte del país, quien en democracia
llegó a gobernar nuevamente la provincia donde había librado
una lucha encarnizada contra la oposición y pocas semanas
atrás había sido elegido intendente de la ciudad de Tucumán.
Ni el conocimiento de que había engrosado una importante
cuenta bancaria en el exterior con dinero nunca declarado en
el país, hizo que mucha gente amante de la «mano dura» dejara
de votar a su favor en esta oportunidad.

No faltaron los periodistas que preguntaran al aire si era
necesario volver atrás de esta manera, abriendo viejas
heridas, o si esta medida no significaba una regresión para el
país. Pero es que las heridas nunca cerraron. Ni siquiera en
la conciencia de los represores. El prefecto Pedro Asic, al
conocer la orden de arresto, intentó suicidarse con un tiro en
la boca con su pistola 9 milímetros. No tuvo suerte.
Sobrevivió y está grave. Pero su acto desesperado permitió
recordar públicamente una historia de terror que vivió una
familia de opositores en sus manos. El ex prisionero que
relató ante las cámaras de televisión las torturas sufridas
bajo las órdenes de Asic no dejó lugar a la piedad. Asic fue
el encargado de interrogarlo, luego de haberlo arrestado
junto a su esposa y a su hijo de 20 días de vida. El ex
prisionero contó que como él no respondía con la información
solicitada, Asic tomó al bebé de los pies, boca abajo, y lo
amenazó con estrellar a la criatura contra el piso. No
conforme con esto, puso al bebé sobre el pecho de su padre,
tomó la picana eléctrica y la pasó por el cuerpo del niño. La
atrocidad del acto hizo que sus propios compañeros lo
apartaran y obligaran a suspender el interrogatorio. Escenas
como esta eran las que se vivían a diario en la Escuela de
Mecánica de la Armada, cuya fuerza integraba Asic, bajo las
órdenes de Emilio Massera. Miles de prisioneros políticos
fueron asesinados en las cámaras de tortura o en los
tristemente célebres «vuelos de la muerte», utilizados para
arrojar al río a los opositores, sedados pero con vida.

La división de poderes

Cuando el presidente Kirchner recibió a las Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo a poco de asumir, estaba marcando una línea
de gobierno comprometida con la vigencia del respeto a los
derechos humanos y la necesidad de mantener viva la memoria de
los hechos ocurridos en el país para que nunca más se
repitieran. Durante la gira presidencial europea de hace
apenas quince días, Kirchner se reunió con familiares y
representantes de organismos de derechos humanos en el
exterior que reclamaron por sus familiares y la necesidad de
ejercer justicia al respecto. Para entonces, ya circulaba la
información de que muy probablemente el nuevo presidente
derogara el decreto que firmó el ex presidente De la Rúa dos
años atrás que impedía la extradición de militares acusados
por violaciones a los derechos humanos y solicitados por la
justicia de otros países. El pedido del juez Garzón apuró las
decisiones y Kirchner firmó un decreto derogando el anterior
ni bien regresó de su viaje a los Estados Unidos. Las puertas
están ahora abiertas para que la justicia argentina actúe sin
trabas.

¿Podrá existir verdaderamente la división de poderes en
Argentina? Luego de tantos años de ingerencia del Poder
Ejecutivo en el Legislativo y el Judicial, todavía no termina
de comprenderse bien la decisión del gobierno actual. Los
voceros del gobierno, el jefe de Gabinete y los ministros de
Interior y de Justicia y Derechos Humanos, no dejan de señalar
que es el sistema judicial el que tiene que decidir sobre la
cuestión de las extradiciones y ver si los militares deben ser
juzgados en el país o en el extranjero. Cuando muchos
observadores políticos comienzan a preguntarse por el
principio de territorialidad, los funcionarios señalan una y
otra vez que toda esta cuestión deberá ser tenida en cuenta en
la decisión que tome la justicia. La idea de una justicia
independiente del poder político ha sido siempre sostenida por
los críticos de un sistema que se regodeó nombrando jueces
amigos hasta en la propia Corte Suprema de Justicia, como
ocurrió durante el gobierno de Carlos Menem, o que se dedicó a
presionar a los magistrados para que fallaran de acuerdo con
los deseos del gobierno.

El proceso que acaba de iniciarse con el arresto de los
militares será largo y complicado. En lo interno, las vigencia
de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que se
dictaron en 1986 y 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín,
y que permitieron en ese entonces aquietar a las fuerzas
armadas, comienza a ser discutida con más fuerza. Las leyes
fueron derogadas por el Congreso Nacional, pero sus efectos
continúan beneficiando a los militares implicados en
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Dos
jueces las declararon inconstitucionales y abrieron juicios
sobre el tema en el interior del país. Pero las apelaciones a
instancias superiores dilatan los procesos y las decisiones
tardarán en llegar.

No obstante, el panorama presenta señales positivas. Por un
lado, prácticamente no quedan militares en actividad que hayan
estado en la fuerza durante la dictadura. Los observadores
señalan que las nuevas camadas quisieran ver cerrado el tema
que las continúa afectando, sobre todo en su prestigio e
imagen ante la población que nunca volvió a confiar en las
fuerzas armadas. Por otro lado, las encuestas de opinión que
se conocieron este fin de semana, señalan claramente que la
mayoría de la población quiere que se revise el tema militar.
Un 65% señaló que está de acuerdo con que se anulen las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida para que se pueda juzgar
cabalmente a los militares en el país y un 61% cree que debe
revisarse el tema militar porque considera que hay cuestiones
pendientes que deben encontrar una solución.

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