General

Colombia: De paradojas y paramilitares

Jul 22 2003

Gustavo Petro U.

ALAI-AMLATINA, 21/07/2003, Bogotá. Paradójicas fueron las
posiciones de Uribe durante su campaña frente a la guerrilla y
los paramilitares. Mientras para la primera anunció diálogos a
través de la ONU y fuera del país, para los segundos creó una
comisión especial conformada por sus delegados directos,
quienes se desplazaron hasta los santuarios del
paramilitarismo.

Pero, más allá de las paradojas, al igual que en el anterior
gobierno hoy la sociedad colombiana está ausente y excluida de
unas negociaciones secretas entre adversarios que en realidad
son amigos políticos (si la «confesión» de Castaño es cierta),
de las que se relegó la comunidad internacional tras alertar
sobre la restricción que los derechos humanos imponen a
cualquier proceso de paz: la de no permitir indultos a los
crímenes contra la humanidad, que como todos sabemos en
Colombia cometen a diario la guerrilla y los paramilitares.

Antes del perdón -condicional o no-, cualquier negociación
debe incluir los principios de justicia, verdad y reparación.
Sin esta trilogía, el proceso de «paz» servirá tan sólo para
legitimar el paramilitarismo con la complicidad gubernamental,
convertirá el diálogo en un proceso de lavado de activos del
narcotráfico con la garantía del Estado, y terminará por
avalar la eliminación de la protesta social y política
ejercida por quienes desde la oscuridad de los clubes y las
altas esferas del poder nacional y regional han apoyado
económicamente al paramilitarismo.

Colombia no puede pasar por alto la realidad del
paramilitarismo como una política que durante años ha
desangrado, torturado, mutilado, masacrado, desplazado y
despojado a ciudadanos y ciudadanas inermes en casi todos los
rincones del país. Tampoco puede dejar de lado el hecho de que
detrás de la negociación no sólo se encuentran campesinos
reclutados voluntaria o forzadamente, sino también militares,
ex militares, policías, autoridades locales y nacionales,
fiscales, industriales, terratenientes, ganaderos, empresarios
y, como si fuera poco, narcotraficantes. Entre éstos últimos
sobresale el flamante inspector general de las Auc, Adolfo
Paz, fundador de una poderosa estructura paramilitar
financiada por los reductos reagrupados de los carteles de
Medellín y el Norte del Valle.

Reconocer la verdad garantiza la posibilidad de cerrar los
múltiples capítulos de la barbarie con un nunca más, pues no
se trata sólo de aceptar la comisión de crímenes con actos
simbólicos de contrición, sino también develar los nombres de
quienes desde las élites colombianas han apoyado a los
paramilitares durante décadas, como el Grupo de los Seis -que
en realidad son siete-, cuyos nombres ya se mencionan en
algunos círculos. Estos personajes deben dar la cara ante el
país y asumir la vocería de la negociación, pues de lo
contrario Colombia corre el riesgo de repetir el
paramilitarismo.

El derecho a la reparación debe traducirse en el acceso de
millones de desplazados a millones de hectáreas tomadas a la
fuerza por el paramilitarismo y sus patrocinadores, gracias al
uso de los excedentes de la cocaína o al abuso de la
motosierra, y en el acceso a la indemnización económica de las
decenas de miles de familiares de humildes asesinados por
estos grupos.

Sólo entonces, cuando el proceso de paz con el paramilitarismo
sea sellado con verdad, justicia y reparación, podremos
perdonar a Castaño y a quienes desde el poder lo auspiciaron,
pues también podremos decir con tranquilidad: Nunca Más.

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