General

Otra brecha abierta en Guantánamo

Jul 8 2003

por Jim Lobe

WASHINGTON, jul (IPS) La Unión Europea (UE) no parece dispuesta
a quedarse de brazos cruzados si Estados Unidos juzga, como
pretende, a seis de los extranjeros apresados en la guerra contra
el terrorismo y que podrían ser condenados a muerte.

Washington formalizó su anuncio el viernes, mientras el
presidente George W. Bush intenta allanar las diferencias entre su
gobierno y Alemania, Francia y otros países europeos por la
invasión de tropas estadounidenses y británicas a Iraq lanzada el
20 de marzo.

La intención del gobierno de Bush es que otros países
contribuyan con tropas al mantenimiento de la paz en Iraq.

Pero el anuncio sobre los seis prisioneros, mantenidos con
varios cientos en en la base naval estadounidense de Guantánamo,
ubicada en el extremo oriental de Cuba, recibió como respuesta
inmediata duras críticas de Gran Bretaña y de la Comisión Europea,
brazo ejecutivo de la UE.

Londres dio muestras de preocupación tras los informes de que
dos de los seis prisioneros eran británicos, mientras el primer
ministro Tony Blair emergía de semanas de controversia por los
argumentos con que defendió la participación de su país en la
guerra contra Iraq.

La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Lores
dictaminó este lunes que Blair no engañó al Parlamento ni falseó
pruebas en torno de la posesión de armas de destrucción masiva por
parte de Iraq para justificar la invasión.

En cuanto a los prisioneros, el canciller británico Jack Straw
pedirá a su par estadounidense Colin Powell la repatriación de los
británicos Moazzam Begg y Ferz Abassi, indicó el domingo el diario
London Observer.

El periódico londinense también informó que el tribunal
estadounidense ofrecerá a Begg y a Abassi la posibilidad de
declararse culpables y aceptar una condena a 20 años de prisión.
De lo contrario, explicó, deberán afrontar un juicio que podría
resultar en la pena capital.

El embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos, Tony Brenton,
planteará oficialmente esta semana ante la Casa Blanca la
preocupación de Londres, indicó London Observer.

También fue identificado un tercer prisionero a ser juzgado, el
australiano David Hicks, según informes procedentes de Australia.
Aún se desconoce la identidad de los restantes tres.

Abassi, Begg e Hicks están junto con otros 680 no
estadounidenses en el campamento X-Ray, en la base de Guantánamo.
Una serie de fallos judiciales en Estados Unidos determinaron que
ninguno de esos prisioneros gozarán del derecho constitucional al
debido proceso.

La gran mayoría de los prisioneros fueron capturados en
Afganistán, durante y después de la campaña militar encabezada por
Estados Unidos para derrocar al régimen del grupo radical islámico
Talibán, objetivo alcanzado en diciembre de 2001.

El resto fueron capturados en otros países como parte de la
guerra de Estados Unidos contra la red extremista islámica Al
Qaeda, liderada por Osama bin Laden, el principal sospechoso de la
autoría intelectual de los atentados contra Nueva York y Washinton
cometidos el 11 de septiembre de 2001.

Apenas 40 por ciento de los confinados en Guantánamo terminaron
liberados y repatriados. Oficiales del campamento admitieron que
muchos de los que continúan allí son combatientes de bajo rango y
con escasos conocimientos que puedan ser de valor para la
inteligencia estadounidense.

El gobierno de Bush reconoció en abril que tres de los
prisioneros son menores de 15 años.

Organizaciones humanitarias y de derechos civiles como Amnistía
Internacional, Human Rights Watch y el Comité Internacional de la
Cruz Roja elevaron fuertes protestas por las circunstancias de
detención y las condiciones de confinamiento.

El principal motivo de crítica fue la no celebración de
audiencias para determinar si los combatientes capturados
califican como prisioneros de guerra de acuerdo con las
Convenciones de Ginebra.

Washington argumento que se trata de «combatientes ilegales», y
que por lo tanto no pueden acogerse a las prerrogativas que
corresponden a los prisioneros de guerra.

Eso le permite a las autoridades darles un trato más elástico,
que incluye detención por tiempo indeterminado sin acusación ni
audiencia para determinar si se trata de prisioneros de guerra.

Además, el Departamento de Estado (cancillería) advirtió que la
base no se encuentra en territorio estadounidense, por lo cual los
detenidos no pueden reivindicar el derecho al debido proceso
garantizado por la constitución estadounidense.

Las organizaciones también cuestionaron a las comisiones
militares en que se juzgará a algunos de los detenidos. «Cualquier
proceso ante esas comisiones militares será una parodia de la
justicia», declaró Amnistía, luego del anuncio del gobierno
estadounidense.

Las reglas de las comisiones militares son el blanco preferido
de los ataques de organizaciones humanitarias y de abogados,
algunos de los cuales se preparan para defender a los acusados.

Esas normas incluyen algunas salvaguardias del debido proceso —
juicio público, pruebas más allá de una duda razonable para la
condena, examen cruzado de testimonios–, pero que no son
suficientes para eliminar serias fallas, afirman los expertos.

Para empezar, no se admitirá una revisión judicial
independiente de los veredictos. Así, el Poder Ejecutivo actuará
como fiscal, juez, jurado y ejecutor en caso de que la condena sea
a la pena capital, prevista por las reglas de las comisiones
militares.

Se trata, según HRW, de una falla grave, dado que muchos de los
detenidos deberían ser considerados prisioneros de guerra, entre
ellos los afganos miembros de las milicias islámicas Talibán.

El derecho de los acusados al asesoramiento también está
demasiado limitado, según los críticos. Todos ellos serán
representados por abogados militares, aun en el caso de que sus
familias prefieran un abogado civil.

Se trata de una violación del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, del que Estados Unidos es parte y que
garantiza el derecho de los acusados a ser representados por un
abogado elegido por ellos.

Además, el gobierno tiene la facultad de controlar la
comunicación entre abogado y acusado, negarle acceso a ciertos
documentos y exigir al representante legal que realice todos los
trabajos en la sede de las comisiones militares, presumiblemente
en Guantánamo.

Eso significa que, si los testigos o evidencias de la defensa
se encuentran, por ejemplo, en Afganistán, los abogados no podrán
apelar a ellos ante la comisión militar.

A eso se suma que los abogados defensores deberán someterse a
la censura de las fuerzas armadas para realizar declaraciones
públicas y suministrar a los fiscales una lista de todas sus
evidencias y testigos con una semana de anticipación.

El gobierno británico comparte esas críticas. «Nos gustaría
asegurar que habrá una separación entre el gobierno, por un lado,
y la justicia, por el otro», dijo a la cadena de radio y
televisión BBC la baronesa Symons, alta funcionaria del Foreign
Office británico (cancillería).

Por su parte, la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE,
urgió a Estados Unidos que evite emitir la pena capital en esos
casos.

«La condena a muerte no puede ser aplicada por tribunales
militares, pues haría a la coalición internacional perder la
integridad y credibilidad que tuvo hasta ahora», dijo el portavoz
de la Comisión Diego de Ojeda.

«La lucha contra el terrorismo no puede alentar la violación de
derechos humanos», agregó.

Funcionarios del Departamento (ministerio) de Defensa de
Estados Unidos anunciaron que sólo prevén acusar a unas pocas
docenas de prisioneros, y no adelantaron qué harán con el resto.
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+ Amnistía Internacional (http://www.amnistiainternacional.org/)

+ Departamento de Defensa, en inglés (http://www.defenselink.mil/)
(FIN/IPS)
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