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El escándalo de las empresas amigas

Nov 1 2003

por Emad Mekay

WASHINGTON, nov (IPS) Setenta empresas que aprovecharon sus
vínculos con Washington obtuvieron contratos por al menos 8.000
millones de dólares para la reconstrucción de Afganistán e Iraq,
aseguró la organización investigadora Centro para la Integridad
Pública (CPI).

«Esto es escandaloso. Se supone que en esta democracia
tendremos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo,
no funcionarios públicos defendiendo compañías privadas a puertas
cerradas», sostuvo el director ejecutivo de CPI, Charles Lewis.

La organización concluyó, tras seis meses de investigaciones,
que esas 70 empresas donaron más dinero para la campaña electoral
del presidente George W. Bush que para la de ningún otro candidato
en los últimos 12 años.

El CPI examina en su informe contratos asignados desde 2002
hasta septiembre de 2003, e incluye la lista más completa
elaborada hasta ahora de empresas contratadas para la
reconstrucción de Afganistán e Iraq, ambos países invadidos por
coaliciones internacionales encabezadas por Estados Unidos.

Los descubrimientos constan en un breve informe titulado
«Caídos del cielo: contratistas estadounidenses en Iraq y
Afganistán», presentado el 30 de octubre.

Según el estudio, la firma Kellogg, Brown & Root (KBR),
subsidiaria de la petrolera Halliburton, fue la principal
receptora de contratos para los dos países, por más de 2.300
millones de dólares.

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney condujo
Halliburton, radicada en Houston, Texas, antes de ser elegido
compañero de fórmula de Bush en 2000. Cheney aún recibe de
Halliburton una suma de dinero anual de seis cifras en dólares.
Según la empresa, el funcionario no tiene influencia en sus
negocios.

Halliburton dijo el miércoles que sus ingresos crecieron de
3.000 millones de dólares en el segundo trimestre del año a 4.100
millones, como consecuencia del trabajo de KBR.

El contrato de KBR con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de
Estados Unidos para modernizar el sector petrolero iraquí recibe
críticas de legisladores del opositor Partido Demócrata y de
activistas, que lo consideran un favor del gobierno del Partido
Republicano a una empresa que le es afín.

La compañía de ingeniería Bechtel, también vinculada a altos
funcionarios del gobierno, es la segunda en la lista, con
contratos que ascienden a 1.030 millones de dólares. Riley
Bechtel, jefe ejecutivo de este grupo económico, integra desde
febrero el influyente Consejo de Expertos de la Casa Blanca.

Otra firma relacionada con el gobierno que hace negocios en
Afganistán y en Iraq es Science Applicatons International
Corporation (SAIC), con siete contratos en Iraq, uno de ellos para
reconstruir los medios de comunicación nacionales.

Este contrato es de un costo estimado de 38 millones de dólares
anuales, pero podría ascender a 90 millones el año próximo.

El ex vicepresidente de SAIC David Kay es un ex inspector de
desarme de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Iraq
luego contratado por la Agencia Central de Inteligencia
estadounidense (CIA) para realizar la misma tarea.

El CPI, organización que define su tarea como «periodismo de
servicio público» y que asegura no aceptar financiación de
empresas, sindicatos ni gobiernos, detectó, según el informe,
docenas de empresas menos conocidas que también ganaron grandes
contratos en Afganistán y en Iraq.

Entre las principales 10 empresas con contratos en Iraq figuran
International American Products, Perini Corporation y Contrack
International.

«Sus tareas van desde reconstruir el gobierno, la policía, las
fuerzas armadas y los medios de comunicación iraquíes hasta
suministrar traductores para interrogatorios y (asistencia en)
operaciones psicológicas. Hay, incluso, empresas contratadas para
evaluar a las empresas contratadas», señala el informe.

Sesenta por ciento de las 70 compañías cuentan con empleados o
miembros de sus juntas directivas que trabajaron en el gobierno —
en periodos demócratas o republicanos– o que tienen estrechos
vínculos con éste, con legisladores de ambos partisod o con altos
oficiales de las Fuerzas Armadas.

Uno de cada 10 grandes contratos asignados para Afganistán e
Iraq recayeron en empresas que contrataban a ex altos funcionarios
de gobierno que mantenían los vínculos con esas agencias o con el
Congreso legislativo.

El estudio también detectó que los principales 10 contratistas
son tradicionales donantes de campañas políticas.

Esas empresas entregaron casi 11 millones de dólares a
partidos, candidatos y comités políticos nacionales desde 1990.
«De hecho, la mayoría de las empresas que obtuvieron contratos en
Iraq y en Afganistán eran ‘jugadores políticos'», indica el
informe.

Bush fue el candidato individual que recolectó más dinero para
su campaña entre esas empresas, poco más de medio millón de
dólares.

El CPI calculó que al menos 5.700 millones de dólares en dinero
del gobierno de Bush se destinó a contratistas estadounidenses en
Iraq. Y 2.700 millones de dólares se asignaron a contratos en
Afganistán.

La organización debió elevar 73 pedidos de datos formulados de
acuerdo con la Ley de Libertad de Información (conocida por sus
siglas en inglés FOIA) para obtener información que el
Departamento de Estado (cancillería), el Pentágono y la Agencia
para el Desarrollo Internacional (Usaid) le negaban.

El CPI acusó a Usaid y al Departamento de Defensa de omitir en
sus informes, incluso, los mayores contratos en Iraq, otorgados a
Bechtel y a KBR. La reticencia del gobierno a compartir
información implica la posibilidad de que la facturación real sea,
advirtieron, mucho mayor de la declarada.

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+Centro de Integridad Pública, en inglés
(http://www.publicintegrity.org/wow/)

(FIN/IPS)
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