General

A.Latina: Visiones contrapuestas de la integración

Dic 10 2003

¿ALCA o ALBA?: El dilema latinoamericano

René Báez

Dos visiones contrapuestas han inspirado a los convenios de
integración del continente: el latinoamericanismo y el
panamericanismo. El primero de ellos, enmarcado en la teoría
Prebisch-CEPAL, sustentó a la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio (ALALC) y al Mercado Común Centroamericano(MCCA)
en sus momentos fundacionales entre fines de los 50 y comienzos
de los 60 del siglo pasado.

Enfrentado a ambos proyectos de inequívocos signos defensivos y
proteccionistas, la reacción de Estados Unidos no se hizo esperar.
A una fase inicial de nerviosismo y enojo siguió otra de
expectación y análisis para, finalmente, proclamar su apoyo y
compromiso a tales experimentos unionistas por tratarse de «uno
de los objetivos básicos del Sistema Interamericano», según reza
el Tratado de Punta del Este, que alumbró a la ahora olvidada
Alianza para el Progreso (1961). La actitud primera de
Washington traslucía el impacto de la Revolución Cubana, que le
indujo a una política hemisférica reticente a cualquier cambio no
programado por sus propios estrategas. Una zona de libre
comercio o agrupamientos similares al sur del Río Grande -se
pensó en el Departamento de Estado- podrían ser la fórmula de
consolidación de una masa crítica incontrolable. En
concomitancia, su prointegracionismo ulterior emergió del
desvanecimiento del «peligro cubano» y, sobre todo, de las
necesidades de las corporaciones norteamericanas, a la sazón
interesadas en fomentar una industrialización funcional de nuestros
países, planificar el uso de su tecnología en vastos espacios
económicos y capturar los mercados del área «saltando» los
aranceles proteccionistas.

La mediatización y parálisis de la ALALC y el MCCA a fines de los
60, derivadas también de apetitos «subimperialistas» endógenos,
no significó el fin de la perspectiva latinoamericanista. Esta
resurgió con el Pacto Andino (1969), especialmente en tiempos del
gobierno del socialista Salvador Allende en Chile y de los
regímenes nacionalistas y populares de Juan Velasco Alvarado en
Perú y Juan José Torres en Bolivia, y alcanzó su cima con la
aprobación de la Decisión 24, un estatuto orientado a reservar las
áreas estratégicas al capital subregional y a restringir el éxodo de
los beneficios de las firmas transnacionales. La fascistización del
Cono Sur, inaugurada con las dictaduras de Hugo Banzer y
Augusto Pinochet , con su corolario de implantación del
monetarismo y el aperturismo, a la par que eclipsó el enfoque
latinoamericanista no solo a escala de las naciones andinas, abrió
paso a un ciclo de hegemonía absolutista del panamericanismo,
refrendado en los años 80 en el contexto del «shock» de la deuda y
la sujeción del subcontinente a las implacables fórmulas recesivas
del FMI y el Banco Mundial. En términos de integración, el
panamericanismo alcanzó éxitos resonantes con la incorporación
de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y la Declaración Presidencial de Miami que alumbró el
Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Ambos eventos
se cumplieron en 1994, año que, acaso por una ley de simetría
histórica, incubó el ¡Ya basta! zapatista, consigna perceptible en el
proyecto del Area Libre Bolivariana para las Américas (ALBA) que
circula con intensidad creciente entre el Río Grande y la Tierra de
Fuego al socaire del agotamiento del fundamentalismo liberal.

ALCA: la «otra» guerra de Washington

El ALCA, proyecto promovido por Estados Unidos desde la
Cumbre de Miami de l994, constituye el más reciente capítulo de
la doctrina panamericana preconizada por Washington desde los
tiempos de James Monroe. En la pos-Guerra Fría, la necesidad
estratégica estadounidense de consolidar su propio bloque
geopolítico y económico (el «área americana») como soporte de su
hegemonía mundial, explican el interés de la Casa Blanca por
impulsar ese plan anexionista. El gobierno de George W. Bush le
confirió al ALCA un impulso fundamental con la aprobación el 2002
del texto denominado Autoridad para la Promoción Comercial (TPA
o «vía rápida»), régimen temporal que le faculta a negociar
acuerdos comerciales bilaterales sin el requisito del debate
parlamentario. ¿Qué hay detrás de la urgencia de George W.
Bush para que el ALCA entre a operar desde el cercano 2005,
conforme acaba de ratificarse en la propia Miami el pasado
noviembre? Las tres razones siguientes: a) enjugar la recesión
estadounidense, b) contener la influencia europea en la región y
neutralizar al MERCOSUR y a la CAN, y c) camuflar en las
negociaciones económicas el remozado intervencionismo militar
norteamericano en nuestra subAmérica. Desglosemos estos
factores.

El auge de la economía norteamericana durante la era Clinton -el
más importante en la posguerra después del «boom» Kennedy-
Johnson- colapsó a fines del 2000, envuelto en la debacle de la
Nueva Economía. Esta inflexión del ciclo económico
norteamericano se expresó no solo en la caída de las inversiones,
sino también en un espectacular descenso de las exportaciones,
tendencia que se agudizó el 200l. En el segundo trimestre de este
último año -poco antes del 11-S- las ventas externas de Estados
Unidos cayeron el l2%, lo que determinó que la administración
republicana se decidiera por un plan completo de recolonización de
América Latina.

El segundo motivo básico para la instrumentación del ALCA tiene
que ver con el hecho de que Washington y las corporaciones de
EE. UU. no se encontraban precisamente felices con los
acuerdos comerciales suscritos por los europeos en el marco de
las cumbres iberoamericanas. Igualmente les venía incomodando
una eventual consolidación del MERCOSUR, esquema de
integración de proyección sudamericana y caribeña y que,
especialmente bajo los liderazgos de Lula y Kirschner, ha venido
reivindicando principios de soberanía política y de proteccionismo
comercial y financiero. Para desalojar a los intrusos y para que el
libre mercado opere conforme a las definiciones de Washington,
nada mejor que presionar por el ALCA, cuyas bondades para
Estados Unidos han sido demostradas por el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), convenio integracionista
en el cual se inspira el instrumento de marras. Finalmente, las
razones estrictamente militares no son extrañas a la propuesta
washingtoniana del ALCA y, por el contrario, comportan su
complemento (si no su basamento). Claudio Katz las expone de
modo convincente: «Desde hace varios años una escalada de
rebeliones populares conmueve a muchos países de América
Latina. Estos movimientos acentúan la erosión de distintos
sistemas políticos, que han perdido legitimidad por su incapacidad
para satisfacer los reclamos populares. El descreimiento en los
regímenes vigentes precipita la interrupción de mandatos (Perú), la
disgregación de gobiernos (Ecuador), el colapso de estados
(Colombia) y la desintegración de partidos tradicionales
(Venezuela, México). A través del ALCA se intenta reforzar la
intervención militar encubierta de Estados Unidos en Colombia, el
rearme regional asociado a ‘lucha contra el narcotráfico’, los
ejercicios bélicos tipo Vieques y la presión diplomática para alinear
a los gobiernos latinoamericanos en sanciones contra los países
demonizados por la Casa Blanca».

A últimas fechas, esta vertiente del prointegracionismo yanqui
explicaría las presiones del Departamento de Estado para que los
países latinoamericanos confieran patente de corso frente a la
Corte Penal Internacional a tropas norteamericanas por crímenes
de guerra que pudieran cometer en estos territorios, o para que
autoricen nuevos emplazamientos del Pentágono, como los que
enmascarados de puestos de asistencia humanitaria se pretendió
instalar en Ecuador.

René Báez, economista ecuatoriano, es Profesor de la Universidad
Católica de Quito

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