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UE cierra puertas y ventanas a la inmigración

Dic 22 2003

por Tito Drago

MADRID, dic (IPS) La Unión Europea (UE) cierra el año con un proyecto que
cerrará puertas y ventanas a la inmigración irregular.

Esta semana ha comenzado a circular entre los embajadores ante el
bloque de los 15 Estados miembros un proyecto presentado por España a fines
de septiembre, que desde entonces se encontraba paralizado.

La principal innovación de la propuesta, encaminada a través del Comité
Estratégico sobre Inmigración, Fronteras y Asilo de la UE, apunta a cerrar
herméticamente una «ventana» por la que ingresaban inmigrantes sin visado
ni contrato de trabajo.

Esa «ventana» la constituyen aeropuertos, incluso el de la capital
europea, Bruselas, a los que llegan ciudadanos de fuera de la UE, para
trasladarse después a países donde falta mano de obra, entre ellos España.

En la actualidad, ese traslado no encuentra obstáculos porque el
tránsito de personas y mercancías es libre y sin controles entre Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda,
Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia.

El proyecto adquirió nueva fuerza esta semana, tras la firma el
miércoles de un acuerdo entre la UE y Estados Unidos que en su origen
sirvió de inspiración a la propuesta española.

Dicho acuerdo en lo esencial establece que las aerolíneas europeas
deberán registrar 34 datos sobre cada viajero que parta de Europa hacia
Estados Unidos, y que esos datos podrán ser traspasados a la Agencia
Central de Inteligencia el Departamento Federal de Investigaciones
estadounidenses, más conocidos por sus siglas en inglés, CIA y FBI.

Fuentes diplomáticas españolas explicaron a IPS que el borrador del
proyecto europeo apunta a «luchar contra la inmigración ilegal» y a mejorar
los controles fronterizos con normas similares a las impuestas por Estados
Unidos.

Para ello, las compañías aéreas deberán facilitar a las autoridades
registros del número y tipo de vuelo en que llega cada inmigrante, su
nacionalidad, nombre completo, fecha de nacimiento y punto de entrada a la
Unión Europea, así como las horas de salida y llegada del vuelo, entre
otros datos.

Las fuentes consideraron muy importante que las compañías aéreas
estarán obligadas a informar sobre los casos en que personas que ingresaron
a la UE con boletos de ida y vuelta no regresaron a sus países de origen,
dentro de las 24 horas de la caducidad de esos boletos.

Eso permitiría a los gobiernos saber de inmediato cuando a una persona
le ha caducado su visa de entrada al país.

Mientras las autoridades europeas estudian el proyecto de la nueva
directiva, en España se anunció que este lunes entrará en vigor una nueva y
mucho más severa ley de extranjería, y tanto inmigrantes como no
inmigrantes plantean que en vez de endurecer las normas se las flexibilice,
en nombre de los Derechos Humanos y en muchos casos de razones históricas.

Así lo hace la Casa Argentina, que ha impulsado a la embajada de su
país a reclamar al gobierno español que recupere su memoria histórica y
trate a los inmigrantes argentinos al menos de la misma manera en que
fueron tratados siempre los españoles en aquella nación sudamericana.

Enrique Borcell, presidente de la Casa Argentina de Madrid, señaló a
IPS que su reclamo es muy simple: «reciprocidad en relación a las mismas
condiciones que tienen los españoles para trabajar y residir actualmente y
desde siempre en la Argentina».

Borcell recordó que en España se admite la existencia de al menos
600.000 inmigrantes irregulares, «o sea que hay 600.000 personas y tal vez
más, seres humanos, que se ven privados de muchos de los derechos
esenciales que reconocen los tratados internacionales, las constituciones
de casi todos los países y las Naciones Unidas».

Añadió que eso constituye un drama que «va más allá del lamentable y
vergonzante coste de vidas de quienes la pierden intentando entrar a
Europa». Porque, entre otras cosas, ese drama encierra «el sufrimiento de
sentirse fantasmas en pena dentro de un sistema que obliga a esconderse, de
la impotencia por tener que ocultarse sin haber cometido delito alguno».

Eso, concluyó Borcell, es «la humillación de ser explotados o
menospreciados por hablar distinto, por tener otra piel, por haber nacido
en otros horizontes, del dolor lacerante, en fin, que implica ser diferente
y por ello perder tus derechos».

La Casa Argentina, y a sus instancias la embajada argentina en España,
demandan a Madrid que respete convenios y tratados como los firmados por
España en 1864 con la República Argentina y seis años más tarde con la
República Oriental del Uruguay, para proteger los derechos humanos de los
inmigrantes.

Esos tratados, que no han sido revocados, se firmaron atendiendo a la
situación de los españoles que habían abandonado su país, y en la
actualidad son ignorados por las autoridades de España, que se ha
transformado en receptor de migrantes.

Por otro lado, una docena de intelectuales y expertos españoles en
migración e inmigración, en su mayoría profesores universitarios,
redactaron un manifiesto para el que solicitan firmas en toda España,
exigiendo la regularización de todos los inmigrantes «sin papeles».

Esa iniciativa surgió del Centro para la Defensa y Estudio de los
Derechos Humanos y la Asociación América-España, Solidaridad y Cooperación,
cuando se anunció la inminente entrada en vigencia de la nueva ley de
extranjería.

Entre los primeros firmantes están Joaquín Arango, ex director del
Centro de Investigaciones Sociológicas y catedrático de Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid, Javier de Lucas, catedrático de
Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, y Emma Martín,
profesora de Antropología Social de la Universidad de Sevilla.

El documento señala que la legislación que defiende el gobierno en
materia de extranjería consagra en España una situación de «apartheid
legal», «en la que las garantías jurídicas y derechos fundamentales quedan
mermadas hasta hacerlos irreconocibles» y los inmigrantes se ven
convertidos en «infrasujetos de Derecho».

Uno de los promotores, el abogado y experto en migraciones Pascual
Aguelo, subrayó que la reforma que entrará en vigor el lunes preocupa por
los daños que causará, y pidió que se adopten de inmediato tres medidas.

En primer lugar, regularizar a todos los inmigrantes que se encuentran
en situación de irregularidad administrativa, que según sus cálculos son
cerca de un millón.

La segunda medida que reclama es reconocer el derecho al voto a los
inmigrantes con tres años de residencia o más, y la tercera, que se prohíba
el uso policial de los datos del padrón municipal, donde se pueden
inscribir los inmigrantes aunque estén en calidad irregular.
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+Campaña por la regularización de las personas inmigrantes
(http://www.rojoynegro.info/regularizacion)
+Proyección Humana-Centro de Inmigrantes (http://www.proyehum.org)
(FIN/IPS
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