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Nueva York rechaza ley antiterrorista

Feb 9 2004

por Jim Lobe

WASHINGTON, feb (IPS) La ciudad de Nueva York es la localidad número 250
de Estados Unidos que rechaza la Ley Patriótica, aprobada para combatir el
terrorismo después del ataque que demolió las Torres Gemelas y mató a 3.000
personas el 11 de septiembre de 2001.

Al adoptar la Resolución 60, el Concejo de la Ciudad de Nueva York
urgió a agencias locales a no someter a los neoyorquinos a detenciones
secretas sin acceso a abogado defensor.

El órgano solicitó en particular al Departamento de Policía de Nueva
York que proteja la libertad de expresión de las personas y abstenerse de
hacer cumplir leyes federales sobre migración o de identificar sospechosos
de delitos sobre la base de la pertenencia étnica o religiosa.

Los concejales también exigieron a los representantes y senadores
neoyorquinos en el Congreso legislativo en Washington a «trabajar por el
rechazo de las secciones de la Ley Patriótica y acciones federales
vinculadas que violan indebidamente derechos y libertades fundamentales.

«La ciudad de Nueva York –quizás más que cualquier otra ciudad de
Estados Unidos– está profundamente consciente de nuestro compromiso en la
guerra contra el terror», dijo la director ejecutiva de la rama local de la
Unión para las Libertades Civiles (ACLU), Donna Lieberman.

«Con su población tan diversa, es apropiado que la ciudad más grande de
la nación se haya unido a millones en todo el país en demandar que Estados
Unidos sea tanto seguro como libre», agregó.

La resolución fue votada el miércoles, dos semanas después de que el
Concejo de la Ciudad de Los Angeles aprobara una similar, al día siguiente
del reclamo del presidente George W. Bush al Congreso de ampliar el alcance
de la Ley Patriótica.

Los Angeles, la segunda ciudad del país, y ahora Nueva York se han
unido así a una creciente lista de 250 municipalidades, condados y estados
que comprenden casi 50 de los 294 millones de habitantes del país y que
aprobaron normas en rechazo de la ley antiterrorista.

Entre otras jurisdicciones que tomaron medidas similares figuran
Baltimore, Chicago, Detroit, Filadelfia, San Francisco y Seattle, así como
pequeñas comunidades de los estados de Alaska, Carolina del Norte y Maine.

También votaron resoluciones de rechazo los congresos legislativos de
estados como Alaska, Hawaii y Vermont.

La mayoría de las objeciones se refieren a los poderes asignados al
Departamento (ministerio) de Justicia o Fiscalía General para detener y
deportar sumariamente a inmigrantes sin formular acusación y sin proveerles
de abogado defensor, e incluso, en algunos casos, sin siquiera informar a
sus familiares.

La ley también autoriza a agencias de seguridad federales el uso de
parámetros étnicos y raciales para identificar sospechosos de terrorismo, y
la solicitud en secreto de información financiera y sobre préstamos de libros.

El año pasado, el gobierno de Bush anunció que solicitaría una
ampliación de la ley, así como la extensión de su alcance más allá de su
caducidad, prevista para diciembre de 2005.

Al mismo tiempo, el gobierno intentó asignar al Buró Federal de
Investigaciones (FBI) el poder de buscar y requisar, sin autorización
judicial, registros de empresas de seguros, agencias de viaje, casas de
cambio, oficinas postales y casinos, entre otras empresas.

La Ley Patriótica reconocía esas facultades respecto de bancos, casas
de crédito e instituciones financieras similares.

Bush renovó este jueves, en un discurso pronunciado en el estado de
Carolina del Norte, su llamado a extender y ampliar la ley antiterrorista.

El portavoz del Departamento de Justicia Mark Corallo afirmó este
jueves que las resoluciones de diversas localidades contra la ley se
basaban sobre información «errónea», dijo el diario The Washington Post.

La norma es «una de las herramientas más importantes que el Congreso ha
dado al gobierno para combatir el terrorismo y prevenir actos terroristas»,
agregó Corallo.

Pero la oposición de la ley no se restringe a organizaciones como la
ACLU, sino a otras en el costado contrario del espectro político, como las
derechistas Estadounidenses por la Reforma Fiscal y el Foro Aguila.

El común denominador de la coalición es que la Ley Patriótica precipite
el delicado equilibrio entre seguridad y libertades, por la amenaza que
representa para la privacidad y para los derechso constitucionales.

Más de 90 grupos adhirieron a la resolución del Concejo de Nueva York,
entre ellas la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, la
Liga de Bibliotecas Públicas de la ciudad y el Comité Antidiscriminación
Arabe-Estadounidense.

También apoyaron la iniciativa familiares de policías y bomberos
neoyorquinos muertos en la operación de rescate tras los atentados del 11
de septiembre.

El impacto de la decisión del Concejo será puesto a prueba cuando la
Convención Nacional Republicana se reúna en Nueva York en agosto para
elegir al candidato a la presidencia.
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+Documento de la Unión para las Libertades Civiles, Nueva York, en inglés
(http://www.nyclu.org/nycbordc_vote_020404.html)

(FIN/IPS/

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