Preocupa el sector de la salud en America Latina

Raúl Pierri

MONTEVIDEO, abr (IPS) – La conflictividad laboral en la salud pública de América Latina fue muy alta el año pasado, con 37 huelgas nacionales en 12 países, poniendo de relieve la grave crisis de un sector con pocas perspectivas de mejoría.

Médicos y funcionarios de la salud de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay organizaron huelgas que duraron de 24 horas a nueve meses, según un estudio del periodista uruguayo Julio Scavino, consultor del Observatorio de Recursos Humanos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Las principales causas de esas medidas fueron protestas contra la asignación de recursos al sistema de salud y oposición a reformas sectoriales emprendidas por los gobiernos, así como demandas de restitución de funcionarios y reconocimiento de las autoridades sindicales.

Las interrupciones parciales o totales de la atención médica se produjeron sobre todo en los sistemas de salud pública, afectando a las mayorías, y sobre todo a las personas más pobres.

?Creo que es necesario un análisis sobre los límites que deben tener estas acciones, por las propias situaciones de riesgo. Los trabajadores, obviamente, defienden sus derechos. Pero quizás habría que ajustar algunos detalles, reflexionar sobre cuáles deben ser los límites éticos?, dijo Scavino a IPS.

El periodista recordó que dos bebés murieron en Ecuador el mes pasado, poco después de nacer en un parque cercano a un hospital que se negó a atender a la madre porque estaba en huelga.

?¿Es suficiente con decir que ciertos trabajadores se ocuparán de las emergencias? Creo que se debe promover una reflexión sobre la forma en que se relacionan los derechos sindicales de los trabajadores y los derechos sanitarios de la población, en una región con una conflictividad tan grande ?, comentó.

?Las organizaciones de profesionales y trabajadores del sector de salud responden a éticas distintas, y esto puede generar vacíos en los que los derechos sanitarios de los ciudadanos queden expuestos a riesgos?, señaló Scavino.

En Bolivia fue donde se registró la mayor cantidad de huelgas. Médicos y trabajadores detuvieron sus actividades hasta por 72 horas en demanda de aumentos salariales y de mayor presupuesto para el sector, y los trabajadores del Ministerio de Salud protestaron contra el despido de funcionarios con una huelga de hambre y cese de actividades por hasta 48 horas, indica el informe de la OPS.

?Bolivia sigue teniendo el presupuesto en salud más bajo de América Latina. Lo que queremos es que haya una mejor racionalización de los recursos, pero el gobierno del presidente Carlos Mesa nos ha admitido que está en la bancarrota?, dijo a IPS el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Miguel Zabaleta.

El médico reconoció que las huelgas perjudican a la población más pobre, que no puede ser atendida, y admitió ciertas diferencias entre los profesionales y con los funcionarios.

?Yo trato siempre de evitar las medidas de fuerza. Es fácil hacer una huelga, pero pienso que no es ético, no es justo, no es equitativo. Sin embargo, estas acciones son decididas por la mayoría del Consejo Nacional del Colegio?, aclaró Zabaleta.

No obstante, señaló que siempre se mantienen las medidas de emergencia y urgencia, mientras que las operaciones ya programadas se dejan a criterio del médico responsable.

?Entendemos los problemas del gobierno, pero necesitamos un mayor presupuesto para generar así más empleos para el sector. Bolivia cuenta con apenas cuatro médicos cada mil habitantes, el índice más bajo de la región?, indicó.

Pero funcionarios de la salud opinan que las huelgas son la única opción ante la ?indiferencia? de los gobiernos.

?Somos conscientes de que estas medidas afectan a los pobres. Pero el asunto aquí es que los gobiernos deben estar más prestos a buscar una salida pacífica. Ningún gobierno entiende lo que es el diálogo. Cuando están cerrados los hospitales, entonces sí atienden?, dijo a IPS el presidente de la Organización Sindical Unica del Ministerio de Salud (Osuntramsa) de Ecuador, Galo Yupangui.

El líder sindical afirmó que el sector sanitario ecuatoriano está al borde del colapso.

?Antes se destinaban 600 millones de dólares al año para el sector de la salud, pero para este año apenas se volcaron 340 millones, esto es una desfinanciación de 50 por ciento. El gobierno se empeña en pagar la deuda externa y deja al sector de la salud en una situación irreparable?, dijo Yupangui.

En los primeros seis meses de gobierno del presidente Lucio Gutiérrez, que asumió en enero de 2003, los médicos ecuatorianos realizaron dos huelgas, una de 37 días, en demanda de mejoras salariales, mientras que Osuntramsa realizó una de 48 horas a mediados de diciembre.

Sin embargo, Yupangui sostuvo que la lucha por mejor presupuesto para la salud es liderada por los funcionarios, sin ayuda de los médicos.

?Aquí los únicos que luchamos somos nosotros. Los intereses de ellos están respaldados por nuestra lucha, pero no mueven absolutamente nada?, dijo a IPS.

En Ecuador, de 25 a 30 por ciento de la población carece de acceso regular a los servicios de salud, según la OPS.

Con seis huelgas nacionales, Perú fue el segundo país de la región con mayor conflictividad en la salud, detrás de Bolivia con 12, y por delante de República Dominicana con cuatro. Todas estas medidas afectaron a los servicios del Estado.

?Desde hace 15 años que se ha postergado un aumento de salarios para los médicos. Hay en marcha un plan de flexibilización laboral, mediante contratos, lo que quita seguridad para los profesionales. El presupuesto en salud no es para nada coherente con la realidad?, dijo a IPS el decano del Colegio Médico de Perú, Isaías Peñaloza Rodríguez.

En Perú, casi 40 por ciento de los médicos y 50 por ciento de los funcionarios de la salud trabajan con contratos temporales, y el salario promedio de un profesional de la medicina es 500 dólares.

Peñaloza reconoció los efectos adversos de las huelgas para la población más pobre, pero subrayó que el gobierno es el responsable.

?Es claro que estas medidas afectan el desenvolvimiento normal de la salud y pueden ocasionar lesiones por la postergación de la atención. Pero los médicos también tenemos nuestros derechos, sobre todo luego de 15 años de postergación?, afirmó. (FIN/2004)

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