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Ronda de Puerto Rico: TLC andino en cuestión

Sep 14 2004

Eduardo Tamayo G.

ALAI-AMLATINA 13/09/2004, Quito.- Secretismo, equipos negociadores sumisos e ilegítimos e imposición de la agenda y los procedimientos por parte de Estados Unidos. Estos son algunos de los cuestionamientos que expresan distintas fuerzas sociales en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Estados Unidos frente a la nueva ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio andino, que se realiza desde el 13 de septiembre en Puerto Rico, y en la que participan delegados/as de Estados Unidos, por un lado, y Colombia, Ecuador, Perú, por otro.

Estados Unidos parece el más interesado en la firma de un
TLC con los países andinos y ha impuesto «la vía rápida »
para que el proceso concluya en febrero del 2005, sin
considerar de que la potencia del norte vive un proceso
electoral que puede influir en el contenido de las
negociaciones. Pero Estados Unidos no solo impone los
tiempos y los ritmos, sino que pretende un TLC a su medida,
y no está dispuesto a ceder en los procedimientos y la
agenda, esto es, que las conversaciones transcurran en el
mayor secretismo, que no se hable siquiera de desmantelar
los subsidios a sus agricultores, y que los países andinos
hagan amplias concesiones en materia de derechos de
propiedad intelectual e inversiones extranjeras, incluso
más allá de lo que rige para la OMC.

Para la ronda de Puerto Rico, los negociadores de Estados
Unido anunciaron que no presentarán ofertas mejoradas de
acceso a mercados, ni harán solicitudes nuevas a los países
andinos. Pese a que Estados Unidos impone las reglas del
juego, los negociadores de Ecuador, Colombia y Perú asisten
con la cabeza agachada para ver qué migajas pueden obtener
para sus élites, dando la espalda a amplios sectores que
reclaman transparencia, y un poco de dignidad en las
negociaciones. Por ello, es explicable que en distintos
países se haya levantado una ola de cuestionamientos
demandando la suspensión de las negociaciones del TLC
andino.

Previo de la ronda de Puerto Rico, la Red Colombiana de
Acción frente al Libre Comercio (RECALCA) denunció que la
estrategia de negociación de Estados Unidos es postergar
hasta el último las negociaciones de interés para los
gobiernos andinos y obligarles a hacer toda clase de
concesiones normativas en materia de inversiones,
telecomunicaciones, servicios y propiedad intelectual.

En Colombia, de otro lado, las organizaciones indígenas
ONIC, CRIC y ACIN iniciaron el 12 de septiembre, una marcha
pacífica que partió de Santander de Quilichao en el
Departamento del Cauca teniendo previsto arribar a Cali, el
15, donde se realizará un Congreso Indígena y Popular.
Esta jornada, denominada «Minga por la vida, la autonomía,
la libertad, la justicia y la alegría», tiene como
propósito, entre otros, denunciar al TLC y al ALCA que «en
manos de los negociadores del gobierno, constituyen (…)
un grave peligro para el pueblo colombiano». En un
comunicado, dieron a conocer que «Los resultados que
persiguen el ALCA y el TLC representan las formas de
agresión más peligrosas y destructivas para las que se
realizan las reformas constitucionales y a las que en
última instancia sirven la guerra y el terror».

En Perú, la VIII Convención de CONVEAGRO, un foro anual de
agricultores y campesinos, realizada el 2 y 3 de septiembre
propuso que mientras no exista reglas ni transparencia en
las negociaciones, y en tanto el gobierno no demuestre cuál
el costo y beneficio del TLC para el pueblo peruano, se
suspendan las negociaciones. Este evento, así mismo,
expresó que el TLC con Estados Unidos debe someterse a una
consulta popular y que el Congreso debe discutir una ley
marco que regule las negociaciones del TLC.

Aunque Bolivia, al igual que Venezuela, no participa en las
negociaciones del TLC con Estados Unidos, las
preocupaciones a este respecto también están presentes. Un
centenar de organizaciones sociales señalaron, en un
manifiesto público, que Bolivia no debe integrarse a las
negociaciones del TLC Andino con Estados Unidos y mucho
menos suscribir el tratado. Las organizaciones invocan 11
razones para decir no al TLC, enfatizando que negociar y
firmar este tratado sería limitar las definiciones de la
Asamblea Constituyente en materia de políticas económicas y
sociales, y acabar con cualquier posibilidad de promover
una política soberana de justicia económica y social, para
combatir el modelo neoliberal.

Ecuador: que el pueblo decida

Conforme transcurre el tiempo y el TLC se cierne como una
amenaza, en Ecuador voceros de la Campaña Nacional contra
el ALCA y el TLC exigieron información, la realización de
un amplio debate público y una consulta popular para que el
pueblo decida si desea o no el TLC.

Mesías Tatamuez, dirigente del Frente Unitario de
Trabajadores (FUT), planteó la necesidad de «unirnos todos
para la defensa de la soberanía» porque el TLC no solo es
una propuesta de intercambio comercial sino que tiene
incidencia en los ámbitos económicos, sociales, y en los
servicios sociales, como la educación y la salud. .
Cuestionó la legitimidad del equipo negociador del Ecuador
que responde a los intereses de grupos económicos y
familiares, y en la que no están representadas las
universidades, la Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (CONAIE), el FUT, los colegios de
profesionales, etc. Tatamuez rechazó la invitación del
gobierno a asistir a la ronda de negociaciones de Puerto
Rico, pues el país no tiene una agenda de negociaciones
clara.

El economista Alberto Acosta, por su lado, dijo que
actualmente se negocian aspectos que minan la soberanía
nacional como son sobreprotección a la inversión
extranjera, y los derechos de propiedad intelectual que van
a favorecer a los grupos más poderosos de las empresas
transnacionales, particularmente a las farmacéuticas.
Manifestó que con el TLC, el país tendría serias
limitaciones para definir una política productiva propia,
lo que va a perjudicar no solo a los sectores populares
sino a los propios empresarios. Así mismo, el TLC busca
fortalecer las tendencias privatizadoras de los servicios
públicos que son rechazadas por el pueblo ecuatoriano.

Acosta coincidió con Tatamuez, en el sentido de que Ecuador
no tienen una agenda propia. «El hecho de que se negocie
con los otros países no quiere decir que sea una agenda
andina, cada país entró a correr en un andarivel escrito,
suscrito y dibujado por los intereses de Washington, la
agenda que está en juego es la agenda de Washington que
tiene un borrador para este TLC, impone condiciones de
‘confidencialidad’ y no discute el problema de los
subsidios agrícolas, siendo que cada agricultor
estadounidense recibe un subsidio de 20.000 dólares
anuales, haciendo imposible que un agricultor ecuatoriano
pueda competir», enfatizó. Ante esto, «pedimos
información, discusión y elección, tenemos que ir a una
consulta popular pues el Ecuador no puede ser sometido a
las imposiciones de Washington a través de sus testaferros
nacionales, sin tener derecho a la reflexión, al análisis y
a la votación en la urnas», agregó.

Por último, el dirigente social Eduardo Delgado dijo que el
TLC es una nueva carta de esclavitud, «porque pretende
romper y acabar con la poca soberanía que tiene el Ecuador,
porque entre líneas el TLC dice que el país debe pedir
permiso al gobierno norteamericano y a las empresas
transnacionales para determinar si sus políticas en
educación, salud y trabajo no perjudican sus intereses».
Delgado dijo que en Ecuador crece a la oposición al TLC de
parte de sectores ligados a la industria farmacéutica, la
artesanía, ganadería, agricultura y microempresa.

Los vientos de cuestionamiento al TLC andino también soplan
en Estados Unidos. Más de 50 organizaciones de este país,
que pertenecen a la Alianza para el Comercio Responsable,
enviaron una carta al negociador estadounidense, Robert
Zoellick, en la que piden la suspensión de las
negociaciones del TLC entre Estados Unidos y la región
andina pues «todo indica que este acuerdo está siendo
negociado según las líneas del TLCAN, el TLC Estados
Unidos-Chile y el TLC Estados Unidos-Centroamérica, todos
los cuales contienen medidas sobre inversión, derechos de
propiedad intelectual, agricultura, servicios, trabajo y
medio ambiente, que ya se ha demostrado que son desastrosas
para la mayoría de la población involucrada».

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Servicio Informativo «Alai-amlatina»
Agencia Latinoamericana de Informacion – ALAI
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