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Transnacionales despejan camino para cultivo de transgénicos

Oct 25 2004

Claudia Jardim

ALAI-AMLATINA 22/10/2004, Portuguesa (Venezuela).- Desinformación, falta de fiscalización y buena propaganda. Estos son los elementos que han favorecido a las transnacionales productoras de semillas genéticamente modificadas para preparar el terreno a la producción de transgénicos en Venezuela. Los productores aseguran que ya están realizándose experimentos con maíz transgénico. El campo venezolano continúa bajo la amenaza de los intereses de las industrias productoras de semillas genéticamente modificadas.

En abril de este año, alertado por un líder brasileño del movimiento
Vía Campesina sobre los proyectos de la transnacional Monsanto
de cultivar soya transgénica en el país, el presidente de la
República, Hugo Chávez prohibió el uso de transgénicos en la
producción agrícola. La declaración del presidente fue aplaudida
por los movimientos sociales y campesinos de todo el continente
que luchan contra la dominación de las transnacionales en la
agricultura.

Sin embargo, más allá del discurso del presidente, nada se ha
hecho. Ninguna ley ni decreto fue expedido para prohibir o
reglamentar el manejo de los transgénicos en el país. Algo
semejante a lo que ocurrió en Brasil durante el gobierno de
Cardoso. Cuando se inició la plantación ilegal en los campos de
Río Grande del Sur, el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) no
fiscalizó la producción ni tampoco la entrada de semillas
provenientes de Estados Unidos y Argentina (primero y segundo
productores mundiales de transgénicos, respectivamente)

El presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA), Prudencio Chacón afirma que el 70% de las semillas
venezolanas son importadas, y admite que no hay control
aduanero para la entrada de semillas. «Es bastante probable que
así como hicieron en otros países, las semillas entren de
contrabando, pero no tenemos control», afirma.

La falta de equipos capaces de detectar a los transgénicos es uno
de los factores que imposibilitan la fiscalización. «No tenemos
equipos. Para realizar pruebas tendríamos que contratar a una
empresa privada, a altos costos», afirma Jesús Ramos Oropeza,
Director general de la oficina Nacional de Diversidad Biológica del
Ministerio del Medio Ambiente.

Oropeza, que integra la comisión que discute el proyecto de Ley
de Biotecnología dice que están realizando foros de debates para
evaluar las consecuencias de los Organismos Genéticamente
Modificados (OGMs) en la agricultura antes que sea decidido el
marco legal. Mientras se espera la elaboración de la ley, el Estado
se basa en el Principio de Precaución previsto en el Protocolo de
Cartagena, del cual Venezuela es firmante. «Todavía no sabemos
si es bueno o malo. Lo cierto es que los transgénicos van contra la
lógica del gobierno, porque generan dependencia», asegura.

Mientras se discute el marco legal, las transnacionales Cargill,
Monsanto y Pioneer -tres de las cinco empresas que controlan el
mercado mundial de semillas- y que tienen el control del mercado
venezolano con la venta de semillas híbridas (estériles) están cada
vez más arraigadas en el país. La Dekalb, una de las
representantes de Monsanto es patrocinadora del equipo Criollitos
pre-infantil de béisbol. En la Argentina, la Deklab es la productora
del maíz transgénico Rondup Ready.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Productores
Rurales de Portuguesa (Asoportuguesa) las empresas
transnacionales ya están cultivando semillas genéticamente
modificadas. «Ya existen transgénicos, están haciendo
experimentos con mucha discreción», afirma Juan Palacios. «Tanto
los vendedores como los agricultores comentan que Monsanto ya
está experimentando con el maíz transgénico», reitera el agrónomo
de la Asociación, Orlando Villegas.

Tanto los representantes del gobierno como los productores no
descartan la posibilidad de que existan plantaciones ilegales en el
país. «La única garantía que tenemos de que las semillas no son
transgénicas es la palabra de la empresa. Certificar las semillas
vuelve la importación todavía más costosa», afirma Jorge Alvarado,
gerente general de Fedeagro.

De acuerdo a la Ley de Semillas, todos los pedidos para
experimentos con transgénicos deben ser llevados el Ministerio del
Medio Ambiente que debe aprobar la inocuidad biológica de la
investigación. El representante del MMA, Jesús Ramos Oropeza,
asegura que ninguna solicitud para la realización de
investigaciones fue elevada al ministerio. «Nadie ha solicitado
autorización, pero como no tenemos fiscalización, nadie puede
asegurar que no existe», dice.

En la elaboración de este reportaje se intentó consultar a
Monsanto para comentar estas afirmaciones, pero fuimos
informados por la empresa que su portavoz estaba fuera del país.

Esta no es la primera denuncia sobre sospechas de cultivos
ilegales de transgénicos en el país. Investigadores de la Red de
Acción y Alternativas al Uso de Agrotóxicos en Venezuela
(Rapalve) sospechan que el «Proyecto Algodón», creado
recientemente por el Ministerio de Agricultura y Tierras, pretende
utilizar semillas transgénicas de Monsanto, que supuestamente ya
iniciaron experimentos de campo en el país.

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