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Brasil: Una masacre anunciada

Nov 25 2004

Jorge Pereira Filho

ALAI-AMLATINA 24/11/2004, São Paulo.- El hijo de la trabajadora sin tierra Edilene, embarazada de 6 meses, aún no nace, pero ya está condenado a convivir con el dolor de la impunidad en el campo brasileño. El día 20 de noviembre, al medio día, 18 pistoleros contratados por el hacendado Adriano Chafik Luedy ejecutaron a sangre fría a su padre, Iraguiar Ferreira da Silva, su abuelo, Joaquín José dos Santos, y su tío, Miguel José dos Santos. Los asesinos también arrebataron la vida a dos amigos más de su padre: a los trabajadores Juvenal Jorge da Silva y Francisco Nascimento Rocha. En el mismo atentado, más de veinte personas fueron heridas, entre ellas un niño de 12 años. No satisfechos, la banda prendió fuego a las barracas y expulsó a las cien familias del campamento Tierra Prometida del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), situado en Felisburgo, región del Valle de Jequitinhonha, una de las más pobres de Minas Gerais.

Se engaña quien piensa que esa tragedia fue una sorpresa en
la delegación del municipio de Jequitinhonha, responsable de
la investigación de los crímenes de la región. La policía
local estaba muy bien informada respecto a las insistentes
amenazas que las familias sin tierra sufrían hace más de dos
años. Luedy, mientras tanto, se sentía tan a voluntad
delante del poder policial que no dejó de intimidar a los
trabajadores incluso después de haberse abierto una
indagación para investigar los indicios de que organizaba
una milicia armada.

Masacre anunciada

«Los trabajadores fueron muertos por omisión del poder
público», denuncia el procurador de justicia Alfonso
Henrique de Miranda, coordinador del centro de Apoyo
Operacional de Conflictos Agrarios del Ministerio Público de
Minas Gerais. Miranda fue uno de los primeros en recibir un
documento enviado por los sin tierra y por la Comisión
Pastoral de la Tierra (CPT) a los órganos públicos, en el
2002, relatando las amenazas de Luedy contra los
trabajadores. En función de estas alertas, una indagación
fue abierta en la delegación de Jequitinhonha. » Durante
varias veces, yo hice oficios solicitando informaciones
sobre la indagación y pidiendo que la policía agilitase el
proceso», relata Miranda.

Sin embargo, la policía no oyó las alertas de los
trabajadores. Según el procurador, las investigaciones solo
proseguían cuando había presión extrema. Para él, el
asesinato de los cinco trabajadores es la comprobación de la
negligencia. «La indagación fue frustrada. Si hubiese sido
realizada con rigurosidad los asesinatos no habrían
ocurrido. La cuadrilla ya estaba totalmente identificada y
hasta hubo un pedido de prisión provisional, pero nada de
eso se realizó», explica el procurador, añadiendo que va a
recomendar a las familias de las víctimas que pongan una
demanda ante la Justicia para responsabilizar al Estado por
los crímenes.

Impunidad

«El gobierno de Aécio Neves tiene total responsabilidad por
la masacre», estima Marceline Ferreira, agente de pastoral
de la CPT, que presentó la denuncia a los órganos públicos.
La matanza no fue la primera acción armada comandada por el
hacendado. En por lo menos en otras dos ocasiones, los
pistoleros disparaban a las barracas para que los sin tierra
dejaran el área. «Nosotros llamábamos a la policía, que
venga hasta el lugar y ellos sin embargo no fueron. Pero
algunas horas después los pistoleros regresaban», cuenta el
acampado Paulo Paixão. Según él, en una de esas
oportunidades, los sin tierra capturaron dos caballos
cargados de municiones. «Entregamos todo a la policía.
Para nuestra sorpresa algunos días después los caballos
habían sido devueltos a los pistoleros», recuerda Paixão.

Marceline confirma que esa situación era de conocimiento
general en la región de Felisburgo, uno de los lugares donde
hay más acción de los guardaespaldas. La CPT ya hizo
diversas denuncias sobre la acción de las milicias armadas
en Minas Gerais, organizadas por articulaciones como la
Unión de Defensa de la Propiedad (UDP). «La masacre podía
haber sido evitada. Por eso, estamos más rebeldes. El
Estado no tiene compromiso con la reforma agraria y no actúa
de forma efectiva cuando recibe una denuncia, poniendo en
riesgo la vida de los campesinos», dice Marceline. Luedy
comandó la masacre de sin tierras porque se sitió protegido.
«Ya había una indagación en camino y ninguna providencia fue
tomada. Esas personas no creen que el poder público vaya a
ir contra los poderosos», estima el procurador Alfonso
Miranda.

Esperanza

Los trabajadores sin tierra y las organizaciones
progresistas del campo prometieron no dejar pasar el caso
como un ejemplo de impunidad. En solidaridad, otros
acampados del MST bloquearán tres carreteras, en Minas
Gerais. «Exigimos castigo inmediato a los responsables y en
caso de que eso no ocurra vamos a hacer más movilizaciones»,
promete Ademar Ludwig, de la dirección estatal del MST. Los
trabajadores pidieron reunirse con el gobernador Aécio Neves
(PSDB).

Mientras tanto, las familias expulsadas por los pistoleros
están retomando el campamento. «Nosotros vamos a levantar
nuestras barracas de nuevo. Hay un sentimiento muy grande
de revuelta e indignación, con lo que ocurrió», cuenta
Paixão. Hasta la fecha, cuatro pistoleros han sido
apresados y la policía del Estado investiga al hacendado y
su primo, acusados de ser los responsables intelectuales del
crimen. La Secretaría de Defensa del Estado de Defensa
Social y Seguridad Pública no quiso comentar las críticas a
la conducción de la indagación policial.

La masacre de los trabajadores del campamento de Tierra
Prometida no es una excepción, pero es una muestra de la
situación de impunidad y del divorcio con la reforma
agraria. Se estima que el Estado de Minas Gerais tiene 500
mil familias sin tierra. De esas, cerca de 15 mil viven,
hoy, en campamentos, la mitad organizadas por el MST. Un
estudio de la Universidad Federal de Ouro Preto señala que
existen, en el Estado, 11 millones de hectáreas de tierras
desocupadas, es decir, que pertenecen al Estado.

Repercusiones

«La larga historia de impunidad para los que cometen
violaciones a los derechos humanos y otros actos de
violencia contra el MST y otras organizaciones rurales es
una de las causas de los asesinatos del día 20. Condenamos
el ataque y exigimos que las autoridades investiguen
inmediatamente, llevando a los responsables a juicio»,
señala una nota oficial de Amnistía Internacional.

«La nueva sangre derramada de nuestros hermanos de Tierra
Prometida clama al Cielo y clama a las autoridades estatales
y federales. Cada vez más la demora en la reforma agraria
se está tornando cómplice. No podemos permitir más, que
esta sangre quede infecunda», señaló Don Pedro Casaldáliga,
obispo de São Félix de Araguaia (MT).

«De ninguna manera habrá impunidad. Un crimen bárbaro, una
violencia inaceptable. Estamos hablando de ciudadanos
brasileños que estaban acampados, con autorización judicial
y que fueron brutalmente agredidos. Todo el acompañamiento
será hecho de tal forma que nosotros podamos, en un plazo
muy rápido, identificar y responsabilizar a los criminales»,
Miguel Rossetto, ministro de Desarrollo Agrario. (Traducción ALAI)

* Jorge Pereira Filho. Brasil de Fato.

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