General

La tortura como política de Estado

Nov 17 2004

Derecha y militares justifican o niegan responsabilidad por miles de torturados y presos políticos

ANCHI

ALAI-AMLATINA 17/11/2004, Santiago de Chile.- Podría recordar aquella secuencia de la película «El Padrino» en que mientras la familia Corleone asiste a una ceremonia en una Iglesia, sus hombres se dedican a asesinar a sus enemigos a sangre fría.

Mientras el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio
Cheyre era recibido en un salón del Vaticano por el Papa Juan
Pablo II, en Chile se daba a conocer el informe de la Comisión
Sobre Prisión Política y Tortura con el testimonio de 35 mil
chilenas y chilenos que fueron torturados salvajemente y
hechos prisioneros por miembros del Ejército y de las otras
ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

«Siento un compromiso y adhesión al ejemplo de vida que él (el
Papa) nos da y a lo que la Iglesia nos llama: al amor, a la
acción de Cristo en la tierra, a cargar las cruces que cada
uno tiene», fueron palabras del jefe del Ejército al salir de
la audiencia papal, en horas que en cientos de miles de
hogares chilenos volvía el recuerdo del terror y el horror de
miles de personas torturadas, presas y perseguidas. Ni el
amor, ni la acción de Cristo en la tierra parece haber
acompañado a todos los uniformados que durante los 17 años de
la dictadura implementaron una política de terror, persecución
y terrorismo de Estado que desencadenó diversidad de
violaciones a los derechos humanos.

Los testimonios recogidos por la Comisión, creada por el
Presidente de la República, dan cuenta de torturas como
violación, violación con animales, aplicación de electricidad
en genitales y otras partes del cuerpo, simulacro de
fusilamientos, sesiones de golpizas, sumergimiento en tambores
de agua, tortura a hijos y familiares de los detenidos, golpes
destinados a provocar fracturas de extremidades, etc. Todo
ocurrió desde septiembre de 1973 (fecha del Golpe de Estado)
hasta finales de los años ochenta bajo la dictadura.

Son 35 mil testimonios recogidos en varios meses de trabajo en
Chile y en el exterior que quedaron recopilados en dos tomos
de unos ocho capítulos que ya tiene en sus manos el Presidente
Ricardo Lagos quien lo dará a conocer a la ciudadanía,
probablemente los primeros días de diciembre.

María Luisa Sepúlveda, integrante de la Comisión, aseveró que
«fueron masivas la prisión política y la tortura» contra las
chilenas y los chilenos por parte de los militares y
carabineros. Quedó demostrado en la investigación testimonial
que «la tortura fue una política de Estado» y como enfatizó el
diputado Carlos Montes, «todo indica que hubo una política
sistemática de violaciones a los derechos humanos».

La Comisión Sobre Prisión Política y Tortura pudo determinar
que todas las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros
estuvieron involucradas en casos de tortura y violación a los
derechos humanos y que tuvieron responsabilidad en la creación
de cárceles secretas e ilegales.

Al mismo tiempo, el propio diputado Montes agregó un elemento
ineludible en la investigación de esos sucesos, el de la
responsabilidad de civiles de la derecha que durante la
dictadura actuaron «como ministros del Interior,
subsecretarios de gobierno, en distintos roles» que tenían
vínculo directo con la ejecución de políticas internas del
régimen militar.

A pesar de constar 35 mil testimonios (cifra de por sí
estratosférica tratándose de este tema) los organismos de
derechos humanos calculan en un par de cientos de miles las
personas que fueron detenidas y/o torturas durante el régimen
militar que gobernó 17 años. Un informe de la Comisión Ética
Contra la Tortura calculó en 1.200 los centros de reclusión de
presos políticos y en 3 mil 600 el número de uniformados y
civiles que participaron en sesiones de tortura.

Justificar y lavarse las manos

Pese a toda esta investigación y los miles de testimonios, la
derecha y los militares siguen sin asumir su entera
responsabilidad, evaden llegar al fondo, hay indicios de que
siguen mintiendo sobre este asunto y pretenden desentenderse
insistiendo que se trató de situaciones «individuales» y no
institucionales, versión harto débil porque se sustentaría en
que un grupo de uniformados por su propia cuenta pudo detener
y torturar a decenas de miles de personas sin que los mandos y
las instituciones se percataran, en un país con toque de
queda, decretos militares altamente represivos y un control
militar de cada rincón del país.

Un argumento que están repitiendo con insistencia los
dirigentes derechistas y los mandos militares es que en Chile,
en 1973, había un conflicto de proporciones en el marco de «la
guerra fría» y eso explicaría y justificaría el número de
prisioneros y torturados.

El senador de la pinochetista Unión Demócrata Independiente
(UDI) y ex jefe de la Armada, Jorge Arancibia, cuestionó que
el informe es «un análisis frío» sin considerar, según él, el
contexto de la confrontación política de la época y justificó
las más salvajes torturas diciendo que todo obedeció «a la
naturaleza misma del conflicto en los términos, en la magnitud
y en la dimensión que se dio».

El actual jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, se casó con
la tesis de que «el conflicto» explica el nivel de atrocidades
que cometieron sus correligionarios. De allí planteó que su
institución actuó «con la absoluta certeza que su proceder era
justo y que defendía el bien común general y a la mayoría de
la población». Menos, claro, a los cientos de miles de
chilenos torturados, presos, exiliados, desaparecidos,
ejecutados, perseguidos.

En ambos casos se omiten realidades de la época de inicios de
lo setenta que desmienten un nivel de «confrontación» y «una
magnitud» tal que se pudiera pensar en una «guerra interna» o
algo similar. Lo real es que funcionaban el Congreso y el
Poder Judicial con absoluta normalidad, que el Ejecutivo había
aceptado la aplicación de la Ley de Control de Armas que le
daba atribuciones especiales a los militares, que funcionaban
todos los medios de comunicación donde la mayoría era de
derecha, que los sindicatos funcionaban con todos sus
derechos, que había un respeto tal a la legalidad vigente que
el Presidente Salvador Allende iba a convocar a un plebiscito
para que la población decidiera, en las urnas de votación, si
proseguía o no el gobierno de la Unidad Popular. Los
militares optaron, en cambio, por la conspiración y el Golpe.

Llevando ciertas analogías a la época actual, los militares
estadounidenses que violaron los derechos humanos y torturaron
a prisioneros iraquíes, son juzgados en su país, a pesar de
que dichos delitos se cometieron en medio de una verdadera
guerra de «magnitud» en Irak.

* Texto completo en
http://bolivar.c.topica.com/maacSl3abbPdwb36lAeb/

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