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POL?TICAS PÚBLICAS Y CULTURA

Dic 23 2004

Jesús Prieto de Pedro (*) PlanetAgora

Una cierta idea de política cultural pública ha sido una constante en la historia antigua y moderna. La existencia de un proyecto cultural público siempre estuvo asociada al poder en la búsqueda de ornato simbólico -como fuente de una legitimación estética del hecho mismo del poder- y en la afirmación de determinados valores simbólicos y de sentidos de vida «oficiales».

No obstante, debe partirse de que cuando las actuales políticas culturales recibieron un gran impulso cualitativo fue con el Estado Contemporáneo en tanto se «nacionalizaron» y se sometieron paulatinamente a las reglas de legitimación y decisión democrática . El Estado nación se convirtió en la gran máquina de producción de identidad -objetivo simbólico de búsqueda de un mito de pertenencia diferenciada- a la par que en un agente de promoción de un sistema de comunicación común para la facilitación de las relaciones sociales y productivas de los múltiples grupos y fragmentos de población que, por la mayor dimensión de la nueva unidad política, viene a integrar. E. Gellner lo expresó palmariamente: el Estado asumió el monopolio de la cultura legítima tanto más que el monopolio de la violencia legítima. Este proceso no fue siempre pacífico ni respondió a un patrón único, pero en él podría advertirse una fase más tardía que llega hasta nuestros días, en la que el afianzamiento de una unidad lingüística y cultural básica ha hecho posible, ya sin peligro para la vida en común, «soltar amarras» en beneficio de una pluralización cultural, étnica y territorial, en el seno de los Estados, desigualmente realizada, pero en todo caso claramente visible en las Constituciones de las últimas décadas. La instauración del principio de descentralización y el reconocimiento de un espacio público a favor de las minorías y de las comunidades culturalmente diferenciadas son la base del emergente modelo de pluralismo cultural estatal.

Antes de llegarse a consumar dicha pluralización estatal interna, nos vemos asaltados por un complejo proceso de mundialización que viene a sacudir violentamente el «orden cultural» precedente. Tampoco la mundialización cultural es nueva, sino un fenómeno con raíces antiguas y con hitos muy claros: ¿cómo no reconocer el impulso mundializador del llamado «descubrimiento» de América? Pero la actual mundialización es un fenómeno intenso en el que se ha producido un gran «pisotón» en el acelerador de la historia hacia la unidad del planeta debido a la facilitación tecnológica de la comunicación y de la circulación de mensajes en el espacio y en el tiempo, al incremento -de dos tipos, voluntario y forzoso (diásporas, exilios e inmigraciones)- del movimiento de los individuos y los grupos y, en particular, en lo que se refiere a lo cultural, al sometimiento de los procesos de creación, producción y difusión cultural a la lógica industrial y comercial.

Esta nueva situación somete una buena parte de la experiencia cultural de los individuos y de los grupos, sin perjuicio de la subsistencia de los cauces de la tradición, a nuevas condiciones de interacción. Entre estas nuevas condiciones el intercambio cultural aparece, cada vez, más engullido por las pautas que ordenan la economía en el mundo -sintetizadas en el concepto de globalización-, dominadas, desde Breton Woods, por un ininterrumpido ciclo de liberalización que, frente al carácter cíclico anterior de las oleadas proteccionistas y liberalizadoras, ahora no parece tener visos de retorno. En este contexto, la situación aparece determinada en las industrias culturales por una fuerte tendencia a la concentración económica manifestada como oligopolismo transterritorial -pero no «desnacionalizado», sino portador del «amerian way of life»- que genera una profunda asimetría entre quién crea y produce y quién consume. Todo ello se traduce en la erosión de la «soberanía cultural» estatal y de su modelo de pluralismo interno laboriosamente labrado. En términos de política cultural podría afirmarse que en la actualidad hay actores económico-políticos y corporaciones industriales que hacen desde fuera más «política cultural efectiva» que los propios Estados. Éstos, con sus diferentes grados de pluralismo, repliegan por el momento las fronteras de su soberanía cultural a lo que atañe a la tradición y el patrimonio cultural.

Este estado de cosas provoca actitudes de rechazo, entre las que destacan las apelaciones al repliegue identitario. Ésta no es una solución razonable, por cuanto dicha pretensión tiene de mutilación de las enormes posibilidades de enriquecimiento y de disfrute cultural que abre la mundialización; no debe caerse en el error, como dice el dicho popular, de que al «tirar el agua de la bañera dejemos que se nos vaya también el niño». Y no lo es tampoco porque ni siquiera sería una solución eficaz, ya que es sólo cuestión de tiempo el derrumbe de las barreras estatales ante el vendaval mundializador y las tecnologías electrónicas y del éter que convierten en inútiles y porosas las «aduanas» nacionales.

El caso es que el momento actual reclama la revisión de los postulados en los que se han sustentado las políticas culturales hasta el momento y, primordialmente, las del Estado nacional. Lo cual exige cambios de orientación, de concepto, de perspectiva y de dimensión.

Ante todo se hace imprescindible recuperar el propio fundamento de las políticas culturales, que se halla en la consideración del desarrollo cultural y el progreso de la cultura como un asunto no exclusivamente privado y en la detección en la cultura de valores públicos y de intereses generales esenciales para el desarrollo de la persona, para construir comunidad y para, en lo que aquí nos ocupa, construir un orden cultural mundial articulado sobre el reconocimiento mutuo y el diálogo, fundamentales para el logro de la aspiración de vivir aceptablemente juntos.

En la nueva escala mundial que inexorablemente se nos impone, ese interés se localiza prioritariamente en la preservación de la diversidad cultural. Si bien el fenómeno de la mundialización es altamente complejo -por la multiplicación de los procesos de interacción que ha abierto entre lo étnico, lo local, lo territorial, lo estatal y lo universal- el peligro de que al final se imponga un régimen de monocultivo cultural alógeno es grave y real.

Ahora bien, la palabra diversidad, sin más explicaciones, no es un concepto unívoco, pues literalmente no evoca otra idea que la de diferencia, cualquier diferencia, id est, diversidad, en rigor, hay también en la oferta del paquete de programación audiovisual de una «major» americana. La pregunta es, pues, ¿qué diferencia, qué diversidad, es la que está en cuestión? Responderemos que aquella que hace posible la preservación y de las formas irrepetibles y distintas de ser humanos los individuos y los grupos que nos ha legado la historia y que pretendemos seguir recreando. Pero la preservación de la diversidad no puede tener como horizonte la congelación de las diferencias culturales, pues ésto no sería sino incurrir en el repliegue identitario y, aparte, descansaría en una concepción errónea, ya que la diferencia cultural -como advirtiera F. Barth- es fruto de la interacción, del intercambio y la negociación antes que del aislamiento. Esta convicción se debe inscribir el las políticas públicas de la diversidad, mediante la no asunción de un concepto «reificado» de la diversidad sino en la aceptación de ésta como un proceso esencialmente dinámico. Situados en esta perspectiva, la preservación de la diversidad no es sino, para las políticas publicas, la creación de las condiciones que hacen posible que todos individuos y grupos humanos disfruten de oportunidades aceptablemente equitativas para el desarrollo de su identidad, por otra parte, cada vez más polifónica y compleja. Condiciones que, a su vez, se concretan, prima facie, en el propio reconocimiento de la diversidad como un hecho, pero, además, en la garantía efectiva de poderes jurídicos que los convierten en actores protagonistas de su devenir cultural: poderes jurídicos que se concretan en los derechos fundamentales y que, en la cultura, tienen un nombre propio, los derechos culturales. Es cierto que éstos sufren de una cierta «mala prensa» derivada del estigma de haber nacido asociados exclusivamente a las reivindicaciones de las minorías, pero se ha de imponer una concepción universal e integrada de los derechos culturales, pues, en el nuevo contexto, el concepto de «minoría» -sin por ello negar los muy diferentes grados de vulnerabilidad que encubre la realidad de la noción- de alguna forma lo serían ahora todas las expresiones culturales. Por otra parte, esa garantía efectiva de los derechos culturales -que no se conforma con el reconocimiento formal liberal del hecho de la diversidad- es lo que permite concebir las condiciones de la preservación de la diversidad como un modelo de pluralismo cultural.

Sin embargo, como se ha advertido, hoy el pluralismo cultural ha dejado de ser exclusivamente una cuestión estatal o infraestatal. Ahora éste presenta un nuevo plano, el del «pluralismo cultural mundial», que constituye el gran reto de las políticas culturales y que requiere la erección de instrumentos jurídicos internacionales «ad hoc» -entre los que se puede identificar el proyecto de Convención de la Diversidad Cultural animado por la UNESCO- que plasmen la preservación de la diversidad en el mundo como un principio jurídico superior del derecho internacional. Precisamente, entre estos nuevos sujetos y actores es donde los «espacios culturales» -de los que es una manifestación destacada la iniciativa de los «Tres Espacios Lingüísticos»- se revelan como ámbitos nuevos para repensar la mundialización, en tanto grandes sistemas de diversidad, que no sería atrevido calificarlos como «ecosistemas de diversidad», llamados a ser núcleos de reflexión, invención y concertación de esas nuevos políticas culturales y a hacer de «puentes» altamente funcionales entre lo mundial, lo estatal, lo territorial y lo local.

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