General

Criminalizan a los movimientos sociales

Feb 15 2005

Alex Contreras Baspineiro

ALAI-AMLATINA Cochabamba.- Acusado por los
delitos de «asesinato, alzamiento armado, sedición, atribuirse los
derechos del pueblo, incendio, conspiración, daño calificado,
desastre de medios de transporte, atentado de la seguridad de los
transportes, atentado contra los servicios públicos, terrorismo,
sabotaje, privación de libertad, atentado contra la libertad de
trabajo y coacción», presuntamente cometidos en octubre de 2003,
el dirigente fabril y portavoz de la Coordinadora del Agua y del Gas,
Oscar Olivera Foronda, fue citado a declarar el viernes 11 de
febrero ante una representante de la Fiscalía General de la Nación.

Con semejantes acusaciones, ¿estaremos ante un peligroso
terrorista?, se preguntarán nuestros lectores.

Oscar Olivera Foronda, dirigente fabril y portavoz de la
Coordinadora de Defensa del Agua y del Gas, al igual que otros
dirigentes como Felipe Quispe, Jaime Solares, Roberto de la Cruz,
David Vargas, Faustino Ugarte y Evo Morales están siendo
buscados por la «justicia» boliviana para que declaren por los
sucesos de la «guerra del gas».

¿Y el principal culpable de los asesinatos a 67 bolivianos y
bolivianas? Bien, muy bien. Gonzalo Sánchez de Lozada y su
principal colaborador, conocido como el ex «ministro de la muerte»
Carlos Sánchez Berzaín, se encuentra gozando de las playas de
Miami bajo la protección del presidente «antiterrorista» George W.
Bush.

Aunque el 14 de octubre de 2004, el Congreso Nacional determinó
iniciar un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y
todos sus ministros, hasta ahora no se concretó ninguna acción
judicial.

La resolución congresal fue tajante: «El Congreso Nacional autoriza
la remisión del proceso relativo al juicio de responsabilidades
contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete
ministerial conformado por Carlos Saavedra Bruno, Carlos Sánchez
Berzaín, Yerko Kukoc del Carpio, Javier Torres Goitia, Hugo
Carvajal, Guido ?ñez, Adalberto Kuajara, Dante Pino, Erick Reyes
Villa, Mirtha Quevedo, Javier Comboni, Carlos Morales, Jorge
Berindoague, José Guillermo Justiniano y Jorge Torres, por
violación a los derechos y garantías individuales consagradas en el
título primero de la Constitución Política del Estado en sus
artículos 6, 7, 9, 12, 13 y 21 y el artículo 138, párrafo 2º y 3º del
Código Penal, según el requerimiento del 21 de noviembre del
2003. Es dada en el Congreso Nacional a los 14 días del mes de
octubre de 2004».

En los últimos días se conoció que Sánchez de Lozada – conocido
con el sobrenombre gringo de «Goni»- vendió sus acciones de la
Compañía Minera del Sur (COMSUR) a la empresa suiza Glecore
Internacional A.G por la suma de 220 millones de dólares.

El fiscal general de la nación, Pedro Gareca, que asumió el cargo
el 17 de diciembre pasado, justificó esa acción por «errores
procesales» de sus antecesores y determinó anotar
preventivamente el resto del patrimonio del ex Jefe de Estado.

La justicia manipulada

El dirigente fabril ante la fiscal María Luisa Torres declaró: «Quiero
añadir que veo con absoluta preocupación e indignación que el
Poder Judicial, el Ministerio Público, en ciertos niveles, como el
caso del Fiscal General actúa con absoluta negligencia cuando
primero se pone en el banquillo de los acusados a los dirigentes y
no así a los verdaderos responsables y, el último caso y objetivo
es que hace un mes el Comité Impulsor del Juicio de
Responsabilidades a Sánchez de Lozada, denunció ante el fiscal
que el señor Sánchez de Lozada estaba a punto de vender la
empresa que tiene en Bolivia, como es COMSUR y no hizo nada
para evitar este hecho».

La proposición acusatoria contra los dirigentes del movimiento
popular boliviano fue presentada por la abogada Gislaine Cerball de
Mittelstand, según Olivera Foronda, todas las acusaciones son
absolutamente falsas. «Consideramos nosotros que esta abogada
está siguiendo instrucciones del señor Sánchez de Lozada y
Sánchez Berzaín para pretender criminalizar y penalizar a las
organizaciones sociales y sus portavoces», remarcó.

Una vez conocida la determinación del Parlamento Nacional, el ex
presidente Sánchez de Lozada, desde Washington DC (Estados
Unidos), dijo que se resistirá a una posible orden de extradición,
exigió una investigación internacional de las muertes ocurridas
durante la movilización social que llevó a su renuncia y agregó que
el actual presidente Carlos Mesa «fue parte del golpe».

* Texto completo en
http://bolivar.c.topica.com/maadbPOabegDpaaaaaab/