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¿ES ESTADOS UNIDOS EL GULAG DE NUESTROS TIEMPOS?

Jul 4 2005

Por Irene Khan (*)

LONDRES, Jun (IPS) – Un prisionero encapuchado se mantiene en equilibrio
sobre una caja mientras unos cables cuelgan de sus brazos extendidos. Un
hombre desnudo se encoge aterrorizado mientras los soldados le azuzan unos
perros que le enseñan los colmillos. Un Corán es profanado.

«Ofensivo.» «Irresponsable.» «Censurable.» «Desafortunado y triste.» «Absurdo.»

Mientras, el domingo 26 de junio, el mundo conmemora el Día Internacional en
Apoyo a las Víctimas de la Tortura, podría perdonarse a quien supusiera que
estas palabras se han utilizado para calificar las terribles imágenes
descritas más arriba. Pero no es así. En realidad, son palabras utilizadas
por altos funcionarios estadounidenses en las últimas semanas en respuesta
al Informe 2005 de Amnistía Internacional (AI).

Esta reacción defensiva ha sido el más reciente de una larga serie de
intentos por parte del gobierno estadounidense de desviar y apartar la
atención de las serias denuncias de abusos contra los derechos humanos
perpetrados contra detenidos recluidos bajo custodia de Estados Unidos en
Guantánamo, Bagram y otros lugares no desvelados de todo el mundo.

El gobierno estadounidense ha dirigido su poder contra AI por utilizar una
palabra: «gulag». AI no ha dicho en ningún momento que el grado de abusos
cometidos en Guantánamo sea equivalente al de los gulags soviéticos. Al
hablar de Guantánamo como «el gulag de nuestra época», estábamos diciendo
que, para muchas personas de todo el planeta, el centro de detención de
Guantánamo se ha convertido en un símbolo de los abusos contra los derechos
humanos de nuestra era, así comom los gulags lo fueron de la época estalinista.

Durante los últimos tres años y medio, AI ha elaborado varios informes
detallados sobre las políticas y prácticas que afectan los derechos humanos
empleadas por Estados Unidos en el contexto de la «guerra contra el terror».
El más reciente, con 164 páginas de datos, testimonios y análisis, se
publicó tan sólo unas semanas antes de la presentación del Informe 2005.
Otro, publicado en octubre de 2004, tenía más de 200 páginas. El gobierno de
Bush no ha respondido a ninguno de los dos.

La indignación manifestada por funcionarios estadounidenses incluidos el
presidente, el vicepresidente y el secretario de Defensa ante la condena
realizada por AI de esas prácticas no sólo es una mera hipocresía, sino
también una táctica de distracción para apartar la atención de unas cuantas
verdades duras.

Vayamos ahora al fondo de la cuestión. El presidente Bush, en su declaración
del 31 de mayo último, acusó a AI de basar su información en las opiniones
de «personas que estuvieron detenidas, personas que odian a América». Si
hubiera leído nuestros informes, sabría que las pruebas cada vez más
abundantes de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
contra detenidos en Iraq, Afganistán, Guantánamo y lugares secretos en el
resto del mundo no proceden sólo de los detenidos, sino también de
investigaciones oficiales estadounidenses y de declaraciones de personal
militar de Estados Unidos, de agentes de la Oficina Federal de Investigación
(FBI) y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Este amplísimo conjunto de
pruebas no puede despreciarse como el producto de «antiamericanismo».

Como muy bien sabe el gobierno estadounidense, Guantánamo es sólo la punta
del iceberg. En todo el mundo, se cree que miles de detenidos permanecen
recluidos en detención secreta, indefinida o en régimen de incomunicación
sin ser juzgados. Algunos han muerto en circunstancias que sugieren que
fueron torturados hasta morir mientras estaban bajo custodia de Estados Unidos.

Otros, al parecer, permanecen recluidos en manos de otros gobiernos con
pésimos historiales de derechos humanos a instancias de Estados Unidos, o
con su conocimiento. «Entrega extraordinaria»; éste es el término legal que
se ha acuñado para disfrazar la subcontratación de la tortura. Lo que
significa en la práctica es la entrega para interrogatorio de presuntos
terroristas a países de los que se sabe que practican la tortura. Estas
acciones no son solamente malas en si, sino que a través de ellas Estados
Unidos transmite el mensaje de que aprueba la tortura y los malos tratos y
que está dispuesto a ignorar a prácticas represivas cuando le conviene.

No es correcto decir que las denuncias de abusos cometidos por personal
estadounidense son investigadas de forma exhaustiva y transparente, como ha
afirmado el presidente Bush. Porque, aunque es cierto que, desde que salió a
la luz el escándalo de las torturas de Abu Ghraib, algunas agencias
gubernamentales estadounidenses han examinado las políticas y prácticas de
detención e interrogatorio, ninguna de las investigaciones realizadas hasta
la fecha ha sido plenamente independiente, ninguna ha tenido un mandato lo
suficientemente amplio como para examinar los actos de todos los agentes
gubernamentales, y la mayoría de las conclusiones se han declarado
confidenciales. Ciertas prácticas permanecen aún envueltas en el secreto,
como la presunta implicación de la CIA en detenciones secretas y entregas de
detenidos a países con historiales de tortura.

No se ha hecho rendir cuentas ni a uno solo de los altos cargos del gobierno
estadounidense, y no se ha procesado ni a un solo agente de Estados Unidos
en virtud de la Ley contra la Tortura o la Ley de Crímenes de Guerra, pese a
las numerosas muertes de detenidos bajo custodia de Estados Unidos en
Afganistán e Irak.

El gobierno de Bush debe dejar de atacar al mensajero y empezar a abordar el
mensaje, algo muy sencillo. Cerrar el campo de detención de Guantánamo y
acusar a los detenidos en virtud de leyes estadounidenses ante tribunales
estadounidenses, o de lo contrario ponerlos en libertad. Revelar dónde se
encuentran los demás y llevar a cabo una investigación independiente y
exhaustiva sobre las políticas y prácticas de detención e interrogatorio
empleadas por Estados Unidos, incluidos la tortura y los malos tratos.

Estados Unidos puede ser una poderosa fuerza para implantar el respeto por
los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, hasta que empiece a
respetar él mismo los derechos humanos y el Estado de derecho, su gobierno
se verá privado de toda autoridad moral para criticar a otros.
(FIN/COPYRIGHT IPS)

(*) Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional