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Históricas reformas ponen fin a transición

Jul 14 2005

Por Gustavo González

El presidente de Chile, Ricardo Lagos, celebró la reforma a la Constitución aprobada por el parlamento como el acto final de la transición hacia la democracia, al eliminar los enclaves autoritarios heredados de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

SANTIAGO, jul (IPS) – Las enmiendas, respaldadas por la mayoría del Senado en la votación realizada en la noche del miércoles, reducen de seis a cuatro años el mandato presidencial y eliminan los senadores designados como vitalicios, a la vez que restituyen al poder civil la facultad de remover a los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Carabineros.

«Quisiera decir que hoy es un día muy importante para Chile. Hace 20 años hubo un acuerdo nacional para lograr un país más democrático, en agosto de 1985. Quince años atrás comenzaron los gobiernos democráticos y ahora podemos decir que la transición de Chile ha concluido?, dijo Lagos desde Australia, donde realiza una visita oficial.

«Ahora tenemos un cuerpo constitucional que está acorde con la tradición histórica (del país)?, agregó el mandatario, quien promulgará las reformas luego de que el 16 de agosto se reúna el pleno de ambas cámaras legislativas en su sede de Valparaíso (120 kilómetros al oeste de Santiago) para votar en conjunto y concluir el trámite parlamentario.

El ministro del Interior, Francisco Vidal, quien reemplaza a Lagos con el rango de vicepresidente, destacó que solo resta modificar el sistema binominal, que rige para las elecciones legislativas, y establecer mecanismos de representación proporcional en el parlamento para completar así la democratización del sistema político.

Las reformas entrarán plenamente en vigencia el 11 de marzo de 2006, cuando tome posesión la presidenta o el presidente que surja de las elecciones convocadas para el 11 de diciembre, para las cuales aparece hasta ahora como favorita en las encuestas Michelle Bachelet, la candidata de la gobernante coalición de centroizquierda.

El 11 de septiembre de 1980 el dictador Pinochet hizo aprobar en un cuestionado referéndum una Constitución en reemplazo de la de 1925, En ese nuevo texto se consagró la instalación en Chile de una democracia autoritaria tutelada por las Fuerzas Armadas, que en 1973 habían derrocado al presidente socialista de Salvador Allende.

Esa ley fundamental contenía disposiciones transitorias que apuntaban a entrar en la plena institucionalidad 16 años después, ya que instaló a Pinochet como presidente por ocho años y previó un período adicional de otros ocho años de gobierno militar, con un candidato único designado por los mandos militares que debía ser ratificado en un plebiscito.

Pinochet, quien era desde agosto de 1973 jefe del Ejército, ratificó su hegemonía sobre los otros comandantes militares al ser el candidato único para el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el cual fue derrotado con 54 por ciento de votos en contra por una amplia coalición política y social que abogaba por la restauración de la democracia.

En agosto de 1985, como recordó Lagos desde Camberra, se había creado el Acuerdo Nacional por la Democracia, compuesto por líderes políticos de derecha, centro e izquierda moderada que influyó para que la dictadura cumpliera con el cronograma político previsto en las normas constitucionales transitorias.

En el marco de la campaña para el plebiscito de 1988 se creó la Concertación de Partidos por el No, una coalición de demócrata cristianos, derechistas liberales, socialdemócratas, socialistas, ecologistas y otros grupos menores, que en 1989 derivó en la Concertación de Partidos por la Democracia, que gobierna Chile desde marzo de 1990.

Ese mismo año de 1989 hubo un acuerdo político para convocar a una consulta en que se introdujeron algunas reformas constitucionales, como la ampliación del número de civiles en el Consejo de Seguridad Nacional, organismo investido de plenas facultades como garante de la institucionalidad, integrado por los altos mandos castrenses.

En esa misma consulta se aprobó que el primer gobierno de transición, que fue presidido por el democristiano Patricio Aylwin, durara sólo cuatro años, para establecer a partir de 1994 el mandato sexenal, mientras Pinochet, siempre en el marco de las normas constitucionales transitorias, permanecía como jefe del Ejército hasta marzo de 1998.

Desde su jerarquía militar, Pinochet mantuvo una suerte de poder omnipresente sobre la vida política chilena, en medio de la decepción de vastos sectores ante una transición que mantenía en la impunidad al ex dictador y demás responsables de unos 3.000 crímenes contra los derechos humanos cometidos bajo el régimen militar.

El andamiaje constitucional heredado de la dictadura tuvo sus soportes en un sistema de equilibrios forzado por la influencia militar, pero también por instituciones como el Consejo de Seguridad Nacional, el Tribunal Constitucional y la propia Corte Suprema de Justicia, integrada hasta mediados de los años 90 por jueces designados por Pinochet.

En el Poder Legislativo, la representación popular fue distorsionada en el Senado, que a sus 38 miembros electos, agregó la presencia de ocho senadores designados, cuatro de ellos como representantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía de Carabineros, nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional.

Los otros senadores, llamados institucionales, representan a ex rectores universitarios, ex ministros de Estado, ex contralores de la República y ex jueces de la Corte Suprema. A ellos se sumaron los senadores vitalicios, condición reservada para ex presidentes que hubieran gobernado al menos seis años, lo cual excluyó a Aylwin.

El 11 de marzo de 1998, un día después de haber entregado el mando del Ejército al general Oscar Izurieta, Pinochet se convirtió en el primer senador vitalicio, cargo al cual renunció en marzo de 2000, a su regreso de Londres, donde estuvo bajo arresto desde el 16 de octubre de 1998 por requerimiento del juez español Baltasar Garzón.

Una de las disposiciones más debatidas entre las nuevas enmiendas fue la de la duración del período presidencial. Finalmente se aprobó que desde marzo de 2006 el mandato será de cuatro años y que la presidenta o el presidente saliente no podrá postularse a la reelección, aunque puede ser candidata o candidato transcurrido al menos un período.

La aprobación de estas últimas reformas constitucionales en el Senado se tramitó durante cinco años y tuvo como su principal gestor a José Miguel Insulza, ministro del Interior de Lagos hasta mayo último, cuando fue elegido secretario general de la Organización de Estados Americanos.

Pero en rigor, los intentos de democratizar la institucionalidad heredada de Pinochet dieron pie a un escenario de permanente enfrentamientos política en Chile, con una derecha que dio luz verde a los cambios 15 años después del retorno a la democracia, una vez que agotó el usufructo del sistema impuesto por la dictadura.

Las enmiendas fueron fruto de un acuerdo entre la Concertación gobernante, que integran hoy los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Por la Democracia y Radical Socialdemócrata, con la Alianza por Chile, de la oposición derechista, compuesta por la Unión Demócrata Independiente y el Partido Renovación Nacional.

Desde el 11 de marzo de 2006 ya no habrá más senadores vitalicios ni designados en Chile y el presidente o presidenta del país podrá remover a los comandantes en jefe del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros por su propia decisión e informando al Senado, sin pasar por la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional.

Ese Consejo, a su vez, será en el futuro un organismo meramente asesor del poder civil en materias de Defensa. Por lo tanto, dejará de ejercer el rol de cancerbero de una institucionalidad que consagraba a las Fuerzas Armadas como sustento principal del un orden institucional autoritario.

En lo que se considera un primer paso para su modificación, las reformas determinan que el mecanismo de generación del Poder Legislativo ya no será propiamente materia de disposiciones constitucionales, sino que pasa a formar parte de una Ley Orgánica de Elecciones.

El sistema binominal establece que cada una de las 19 circunscripciones senatoriales y de los 60 distritos de diputados se eligen sólo dos cargos, lo cual propicia la creación de coaliciones electorales y mantiene fuera del Congreso legislativo a colectividades menores, como el Partido Comunista y otros grupos de la llamada izquierda extraparlamentaria.

El binominalismo ha permitido que los dos partidos derechistas mantengan un virtual empate con la Concertación por la Democracia en ambas ramas legislativas, ya que con votaciones del orden de 35 por ciento puede asegurar un cupo de diputado o senador, con lo cual se consagra como una «gran minoría?.

Los comicios legislativos, que se celebrarán en diciembre simultáneos con los presidenciales, seguirán rigiéndose por este cuestionado sistema binominal y será tarea del gobierno y del parlamento que se instalen en marzo de 2006 la creación de un mecanismo proporcional y más representativo para designar senadores y diputados