General

Posada Carriles aniquila credibilidad de EEUU

Sep 29 2005

Por Jim Lobe

Al negar la extradición a Venezuela del terrorista cubano Luis Posada Carriles, el juez de migraciones William Abbott echó por tierra, desde su oficina en Texas, la credibilidad de Estados Unidos en su guerra contra el terror.

WASHINGTON, sep (IPS) – Algunos funcionarios estadounidenses deploran la decisión de Abbott, quien rechazó la solicitud venezolana por sospechar que Posada Carriles podría sufrir torturas en el país latinoamericano.

«Ya es bastante malo que entreguemos sospechosos de terrorismo islámico a países que usan rutinariamente el terror», dijo un funcionario del Departamento de Estado (cancillería), en referencia a países musulmanes donde se aplica la tortura.

«Pero aquí tenemos a alguien a quien sabemos terrorista, y resulta claro que lo estamos protegiendo activamente de afrontar la justicia. Tenemos credibilidad cero», añadió.

«La esencia de este asunto es que estamos protegiendo a un terrorista», dijo Wayne Smith, quien dirigió la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba (única representación oficial de Washington en La Habana) a fines de los años 70 y principios de los 80.

«Esto es una farsa total», se lamentó Smith.

Posada Carriles, de 77 años, fue juzgado en Venezuela hace dos décadas como planificador del atentado con bomba contra un avión civil cubano que estalló en pleno vuelo, sobre aguas del mar Caribe, el 6 de octubre de 1976. Murieron los 73 ocupantes de la aeronave, la mayoría jóvenes deportistas.

En 1985, Posada Carriles escapó de una prisión venezolana, mientras esperaba sentencia. Vivió en América Central, y en 1997 organizó un ataque a un hotel en La Habana, en el que murió un ciudadano italiano.

Documentos desclasificados en mayo en Estados Unidos expusieron los vínculos entre Posada Carriles y la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Fue detenido en Panamá en 2000 y condenado luego a ocho años de prisión por organizar un atentado contra el presidente cubano Fidel Castro, en el marco de una cumbre iberoamericana.

Posada Carriles fue indultado en septiembre de 2004 cuando la presidenta panameña Mireya Moscoso estaba por concluir su periodo. Según distintas versiones, Moscoso fue presionada por legisladores estadounidenses de origen cubano.

Aun cuando las versiones sobre su presencia en Miami corrieron como un reguero de pólvora y anunció a través de su abogado que solicitaría asilo político, ni el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ni el Departamento (ministerio) de Seguridad Interna, que controla el servicio de inmigraciones, realizó gestiones para detenerlo.

El terrorista cubano apareció a fines de marzo al ofrecer una muy concurrida conferencia de prensa en Miami. El 12 de abril solicitó asilo político y fue arrestado cinco días después por haber ingresado ilegalmente al país. Luego, fue transferido a una cárcel en El Paso, en Texas.

Aun antes de recibir la solicitud de extradición, el Departamento de Seguridad Interna anunció que no lo deportaría a Cuba ni a «un país que actúe en nombre de Cuba», evidente referencia a la amistad entre el presidente venezolano Hugo Chávez y su par cubano, Fidel Castro.

De cualquier manera, Caracas elevó su solicitud formal a mediados de junio, y desde entonces remitió al juez gran cantidad de documentos que respaldan su reclamo, e incluso garantías de que no sufriría maltrato.

Según el centro de investigaciones independiente Archivo de Seguridad Nacional (NSA), Posada Carriles se unió en los años 60, luego de la revolución cubana encabezada por Fidel Castro, a las fuerzas armadas de Estados Unidos.

El terrorista cubano fue reclutado luego por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que lo entrenó en demoliciones.

Por otra parte, una serie de memorandos del FBI obtenidos por NSA dan cuenta de la participación de Posada Carriles en varias conspiraciones, incluso con explosivos, así como sus vínculos financieros con Jorge Mas Canosa, otro activista anticastrista que luego fundaría la Fundación Nacional Cubano-Americana.

Entre otras operaciones, Posada Carriles intentó detonar buques cubanos o soviéticos en el puerto mexicano de Veracruz y atentó contra la biblioteca soviética en la ciudad de México.

Otro memorando establece que participó en una conspiración para provocar la caída del gobierno guatemalteco. La operación falló porque agentes de la Aduana de Estados Unidos requisaron armas, explosivos y napalm que se dirigían al país latinoamericano.

En ese periodo, Posada Carriles trabajaba para la CIA, vínculo que duró hasta 1974, si bien el contacto se mantuvo hasta junio de 1976, tres meses antes del atentado contra la nave de la aerolínea Cubana de Aviación.

En ese periodo, trabajó como alto funcionario de la agencia de inteligencia venezolana DISIP en Caracas. Un documento de la CIA describe al cubano como el máximo funcionario del área de demoliciones de esa agencia.

En uno de los primeros informes sobre el atentado al avión en Caracas, la oficina del FBI en esa ciudad menciona a un informante que identificó a Posada Carriles y a Orlando Bosch como responsables.

Dos venezolanos sospechosos, los cuales habían trabajado en una agencia de seguridad privada creada por Posada Carriles en 1974, habían sido arrestados en Barbados, agregaba el informante.

Bosch, otro anticastrista radical, fue indultado en 1990 por el entonces presidente estadounidense George Bush, padre del actual mandatario, a pesar de la recomendación de deportación emitida por el Departamento de Justicia (fiscalía general). Hoy, vive en Miami y participa en campañas por el asilo político de Posada Carriles.

Otro documento procedente de la CIA cita a «un periodista usualmente confiable» según el cual Posada Carriles había dicho días antes del atentado que él y Bosch planificaban «golpear» un avión cubano.

El arresto de Posada Carriles poco después del atentado fue descripto al diario The New York Times este año por un funcionario de contrainteligencia como una «medida preventiva, para impedir que fuera capturado o asesinado».

Pero el terrorista pasó ocho años en la cárcel, sometido a dos procesos judiciales que no concluyeron, antes de escapar de Venezuela en 1985 rumbo a América Central, donde pronto encontró trabajo en una operación de contrarrevolucionarios nicaragüenses.

En 1998, entrevistado por The New York Times en algún lugar de América Central, Posada Carriles admitió haber organizado una ola de atentados en Cuba en 1997, en la cual murió un turista italiano y resultaron heridas otras 11 personas.

Ninguno de estos hechos fueron considerados relevantes para el juez Abbott, quien anotó que «el peor terrorista o asesino en masa podría calificar para una prórroga de extradición si él o ella pudiera establecer la probabilidad de tortura en el futuro».

Pero el único testimonio según el cual el terrorista cubano podría sufrir torturas en Venezuela procedió de un solo testigo, Joaquín Chaffardet, íntimo amigo del acusado.

Para sorpresa del abogado que representó a Caracas, José Pertierra, los representantes de Washington no refutaron el testimonio de Chaffardet y hasta manifestaron reservas sobre el sistema judicial de Venezuela y sus «cada vez más estrechos» vínculos con Cuba.

«El Departamento de Seguridad Interna dio su decisión al juez en una bandeja de plata», dijo Pertierra a la prensa. «Nos sentimos muy decepcionados por la conducta de los fiscales y del Departamento, que no litigó de buena fe en este caso.»

«Todo lo que los abogados del gobierno deben hacer es leer el informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos, según el cual nadie ha sido torturado en Venezuela en la historia reciente», dijo Smith.

El resultado, agregó, «funciona muy bien para el gobierno de Bush, que ahora puede ocultarse detrás del juez. Esto es realmente vergonzoso».

Washington asegura que Posada Carriles aún puede ser deportado a otro país, aunque sus gestiones ante varios gobiernos latinoamericanos fueron infructuosos.

Pero su abogado, Matthew Archambeault, planea nuevas gestiones para asegurar la libertad del terrorista cubano en territorio estadounidense. «Esto nos complace. Es lo que previmos desde el comienzo», se ufanó. (FIN)

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La Jornada – Editorial

La justicia de EU protege al terrorismo

La negativa de un juez migratorio estadunidense a otorgar la extradición a Venezuela del terrorista cubano-venezolano Luis Posada Carriles ilustra en forma inequívoca la doble moral y la hipocresía de las esferas públicas estadunidenses en materia de terrorismo. La máxima potencia mundial, arrastrada por su grupo gobernante a una cruzada mundial contra el fundamentalismo islámico, algunos de cuyos sectores recurren al terrorismo, se resiste en cambio a permitir que otros países sometan a juicio a Posada Carriles, uno de los autores del atentado contra una aeronave civil de Cubana de Aviación que dejó más de 70 muertos, promotor de ataques con explosivos en diversos puntos de la isla y partícipe en una fallida conjura para asesinar en Panamá a Fidel Castro cuando viajó a ese país en el contexto de una Cumbre Iberoamericana realizada hace cinco años.

Cabe recordar que el protegido de la justicia estadunidense no es un mero sospechoso de terrorismo, sino fue hallado culpable, por un tribunal de Caracas, de la voladura de la aeronave; purgó nueve años de su condena en Venezuela y, cuando se encontraba en régimen de libertad condicional, se fugó de ese país. Posteriormente, tras prestar servicios a las fuerzas irregulares que organizó Estados Unidos en Centroamérica para combatir al gobierno sandinista de Nicaragua y a la guerrilla salvadoreña, Posada Carriles fue encarcelado en Panamá, luego de que el propio Castro dio a las autoridades de esa nación la voz de alerta del atentado que se preparaba en su contra. En suma, las actividades terroristas de Posada Carriles están mejor documentadas y comprobadas que las de Osama Bin Laden.

Se pone de manifiesto, pues, que el poder público estadunidense sigue midiendo este fenómeno ­condenable en todas sus expresiones­, como siempre lo ha hecho, con doble vara: para Washington hay terroristas buenos (usualmente trabajan en coordinación con el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia) que desestabilizan gobiernos, asesinan civiles y ponen bombas en aviones, hoteles y restaurantes, y terroristas malos, como los integristas de Al Qaeda y las organizaciones guerrilleras colombianas.

En otro sentido, sorprende, por cínico, el alegato del magistrado de que Posada Carriles no será entregado a la justicia cubana ni a la venezolana porque podría correr el riesgo de ser torturado, ya que el país que enfrenta acusaciones de Amnistía Internacional (AI) y otros organismos humanitarios por violar la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura no se llama Cuba ni Venezuela, sino Estados Unidos.

En un documento reciente de AI (2005) se consignan las muertes bajo custodia y malos tratos perpetrados por las fuerzas estadunidenses en Irak, así como en Afganistán y Guantánamo, y se indica que «salieron a la luz pruebas de que el gobierno de Estados Unidos había autorizado técnicas de interrogatorio que violaban la Convención de la ONU contra la Tortura»: los secuestrados de nacionalidad kuwaití retenidos en Guantánamo, por ejemplo, coincidieron, en entrevistas recabadas por un abogado estadunidense, en que habían recibido palizas terribles, los colgaron de las muñecas y los golpearon, les quitaron la ropa, los encapucharon y expusieron desnudos al frío extremo. «Todos confirmaron que este trato lo infligían estadunidenses […] Varios mencionaron el uso de descargas eléctricas […] algunos las recibieron; muchos vieron cómo se aplicaban.»

Para no ir más lejos, ayer, mientras un tribunal migratorio estadunidense concedía protección al terrorista cubano, un tribunal militar condenaba a tres años de prisión a la soldado Lynndie England, participante menor, pero famosa, de la barbarie cometida por la tropa estadunidense en la cárcel de Abu Ghraib (Irak), donde los invasores torturaron y asesinaron a integrantes de la resistencia iraquí o meros sospechosos de serlo. Tras las indignantes revelaciones del año pasado sobre esas atrocidades, la justicia castrense de la potencia ocupante aplicó una política de control de daños y llevó a consejos de guerra a algunos de los soldados y suboficiales, pero ningún oficial de alto rango fue llevado ante los jueces, pese a que resultaba evidente que los malos tratos formaban y siguen formando parte de una estrategia general.

Después de la negativa de extraditar a Posada Carriles, al gobierno de Washington y a las instancias judiciales estadunidenses no les queda ninguna autoridad moral para condenar el terrorismo ni para hacer como que lo combate.

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La Jornada