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Brasil, la inocencia perdida

Dic 28 2005

Por Mario Osava

R?O DE JANEIRO, dic (IPS) – Los brasileños finalizan el año con la sensación de que la corrupción invadió la política como nunca antes, debido al escándalo que estalló hace siete meses con epicentro en el Partido de los Trabajadores (PT), un paladín de la ética hasta el comienzo de su gobierno en 2003.

Este fue «el año del desencanto, de la pérdida de la inocencia», en que la población se dio cuenta de que ningún partido, sea de derecha o de izquierda, está exento de corrupción, según Maria Luiza Rossoni, una maestra jubilada de la enseñanza básica en Sao Paulo.

En cambio, con ello también se dio «un proceso de aprendizaje positivo», con el pueblo «politizándose en seis meses, lo que no haría en 60 años, discutiendo los problemas e instituciones nacionales», ponderó la mujer ante la consulta de IPS.

Para la socióloga Maria Brito, funcionaria estatal en Río de Janeiro, «la izquierda sufrió una gran derrota», perdiendo la imagen de «menos corrupta que la derecha», cuya recuperación puede exigir varias generaciones de esfuerzo.

El escándalo dejó al descubierto a dirigentes del izquierdista PT perpetrando actos de corrupción que ese partido siempre había condenado en los demás y con ello se destrozó la bandera de la ética enarbolada en sus 25 años de vida.

En consecuencia, el partido antes reconocido como el más consistente, mejor organizado y «más ideológico», en contraposición a los demás grupos políticos constituidos por intereses momentáneos, perdió un tercio de su adhesión más fiel, según una encuesta del diario Folha de Sao Paulo divulgada el 26 de este mes.

En diciembre de 2004, el PT contaba con el apoyo de 24 por ciento de los ciudadanos brasileños, el máximo obtenido después de un lento y seguro ascenso. Pero ese indicador bajó a 16 por ciento este mes, aunque aún se mantiene en el primer lugar de las preferencias políticas, seguido con nueve puntos porcentuales por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

Ese liderazgo en las encuestas tiene un significado relativo en un país en que el electorado se orienta por los candidatos y no por los partidos, más allá de que en el caso del PT esa relación siempre fue cercana al total de votos obtenidos en elecciones parlamentarias.

La crisis, que hace hoy muy difícil la postulación a la reelección en 2006 del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estalló en mayo, cuando una revista y una emisora de televisión difundieron imágenes de un funcionario de la empresa estatal Correos en momentos en que recibía 3.000 reales (unos 1.290 dólares) como propina para favorecer a una empresa proveedora.

La denuncia, producto de la pelea entre dos empresas privadas que se disputaban contratos con Correos, golpeó directamente al Partido Laborista Brasileño (PTB), que como miembro de la alianza oficialista había designado directores de esa firma estatal.

El entonces presidente del PTB, Roberto Jefferson, considerándose traicionado por el PT, reaccionó divulgando a la prensa que el partido gobernante había sobornado a muchos diputados aliados entregándoles una paga mensual, el «mensualón» como le llamaron popularmente, para asegurar su apoyo a Lula.

Datos confirmados posteriormente dan cuenta de que por los menos fueron distribuidos a decenas de legisladores y dirigentes partidarios unos 55 millones de reales (24 millones de dólares).

El escándalo ganó fuerza. Se instalaron tres comisiones parlamentarias de investigación ante las denuncias, fueron despedidos o renunciaron más de 50 funcionarios del gobierno y de firmas estatales, incluidos dos ministros muy cercanos a Lula como eran José Dirceu, jefe de la Casa Civil de la Presidencia (especie de primer ministro), y Luiz Gushiken, secretario de Comunicación.

Otros ministros también debieron dejar sus cargos, pero para asumir la dirección partidaria ante las vacantes producidas también allí por el retiro de acusados de cometer irregularidades.

El proceso ya arrastró a presidentes de la Cámara de Diputados y de cuatro partidos. De los 19 representantes involucrados por las denuncias en la red de sobornos, cuatro renunciaron al mandato, mientras que fueron penalizados quitándoles los derechos políticos por ocho años sólo dos de ellos, Jefferson y Dirceu, quien reasumió su banca para defenderse tras dejar el gobierno.

Otros dos acusados fueron absueltos y 11 aún esperan el juicio del Consejo de Ética y del plenario de la cámara baja.

Las comisiones investigadoras se convirtieron entonces en campos de batalla electoral, donde sólo se trata de acumular puntos para los comicios de octubre de 2006, dejando de lado la misión de identificar fuentes y beneficiados por el dinero ilegal que sobornó partidos y diputados en los últimos años.

El ejercicio público de la hipocresía se extendió a numerosos dirigentes políticos, unos jurando desconocer actos de sus auxiliares directos en contradicción con el carácter jerárquico de partidos y del propio Estado, otros abjurando de su pasado y muchos tratando de eximir de corrupción el acto de captar o usar dinero ilegal para fines electorales, la «caja dos» como se identifica.

«Todos lo hacen», justificó incluso el presidente Lula, para negar a continuación que ello haya ocurrido en la campaña electoral de 2002 que los llevó a la presidencia de Brasil.

Sin embargo, fue el propio tesorero del PT, Delubio Soares, hoy alejado del cargo, quien, en conjunto con el empresario de publicidad Marcos Valerio de Souza, admitió haber transferido 55 millones de reales a los partidos oficialistas, para «pagar deudas de campaña».

La explicación de ambos, de que esos «recursos no contabilizados» por los partidos provinieron de préstamos bancarios, es poco verosímil.

Empero, las dos comisiones parlamentarias aún en operación no lograron todavía probar las fuertes sospechas de que en esas transacciones se movilizaron sumas muy superiores a las hasta ahora conocidas y que las fuentes fueron empresas estatales y sus fondos de pensión.

A todo esto, el escándalo de corrupción se fue diluyendo gracias a la lentitud de las investigaciones, lo cual deja la impresión de que poco interesa a los parlamentarios llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, con el castigo correspondiente a quienes se hayan aprovechado de la llamada «caja dos», un eufemismo con que se pretende minimizar el delito.

La absolución del diputado Romeu Queiroz este mes, pese a que se comprobó que recibió parte del dinero ilegal bajo investigación, confirmó la escasa disposición de los parlamentarios de barrer de hecho la corrupción de la política.

Mientras, nadie se atrevió a proponer la inhabilitación del presidente Lula, una medida prevista en las normas. Un líder opositor declaró expresamente que prefiere hacerlo «sangrar» políticamente para derrotarlo en las elecciones de octubre.

De hecho la popularidad de Lula cayó a un nivel muy bajo, lo cual hace prever una derrota en las urnas, y por eso mismo es que se retrasa una definición sobre su candidatura a la reelección.

El desinterés de los dirigentes por buscar la verdad se expresa en la ausencia de medidas para eliminar «las raíces» de la corrupción, como reducir los 22.000 cargos políticos cuyos titulares son nombrados por cada nuevo gobierno, dijo a IPS Claudio Weber Abramo, secretario ejecutivo de la Transparencia Brasil, asociada a la no gubernamental Transparencia Internacional.

Tampoco se aprobó la financiación pública de las campañas electorales, apuntada por muchos políticos como un factor anticorrupción, pero que Abramo considera inocua y sólo una propuesta que busca «desviar las atenciones».

En las próximas elecciones, el PT será blanco de duros ataques debido al escándalo, aunque ninguno de los grandes partidos puede presentarse como abanderado de la ética.

El PSDB, principal adversario del PT, también perdió a su presidente arrastrado por las aguas del escándalo, el senador Eduardo Azeredo, a quien se le probó la utilización de dinero ilegal.

En ese cuadro, el debate electoral por lo menos podrá ser más objetivo, valorando las propuestas de cada partido y candidato para solución de los problemas económicos y sociales del país, evaluó Maria Brito.