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Denuncie irregularidades y pierda el empleo

Feb 21 2006

Por William Fisher

NUEVA YORK, feb (IPS) – Detecte actividades ilegales en la agencia nacional de seguridad de Estados Unidos en la que usted trabaja. Infórmelas a sus superiores. Obtenga, como recompensa, la degradación o la revocación de su certificado de seguridad, equivalente al despido.

Mientras, vea cómo aquellos a quienes denunció serán promovidos.

Tal fue el panorama exhibido ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el testimonio que le presentaron cinco funcionarios militares y civiles del área de la seguridad nacional.

Los cinco informantes aseguraron que sus medios de vida y su reputación habían sido destruidos o puestos en peligro, a raíz de sus intentos por poner en evidencia o corregir despilfarros, fraude o abusos en sus lugares de trabajo.

Los denunciantes de irregularidades en las agencias de seguridad carecen de protección legal contra represalias, las que sí disfrutan los de organismos civiles, establecida por la ley.

El presidente del comité, el diputado del gobernante Partido Republicano Christopher Shays, auscultó hasta ahora un apoyo unánime de sus pares a los esfuerzos por elaborar leyes que corrijan estas omisiones.

Shays y los demás miembros del comité recibieron informes sobre represalias contra funcionarios que denunciaron lo que sabían, por ejemplo, respecto de abusos contra prisioneros en la prisión iraquí de Abu Ghraib y grabación ilegal de conversaciones telefónicas.

Las quejas procedieron de empleados, retirados o en actividad, del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal), la Agencia de Seguridad Nacional y los departamentos (ministerios) de Defensa y Energía.

Luego de realizar las denuncias, «fueron objeto de represalia, en algunos casos mediante la revocación de sus certificados de seguridad», condición ineludible para la asignación de la mayoría de las tareas, «o con medidas que arruinaron sus carreras».

El especialista Samuel Provance aseguró haber sido degradado y humillado luego de informar a los investigadores a cargo del escándalo de Abu Ghraib que altos oficiales habían encubierto los abusos contra detenidos.

Provance trató de decir a un general «cosas que él no deseaba escuchar». «Jóvenes soldados fueron chivos expiatorios, mientras los superiores tergiversaban lo que había sucedido e intentaban desviar la atención de lo que realmente sucedía», agregó.

Luego, los superiores de Provance le ordenaron silencio y lo enviaron a una base en Alemania, donde monta guardia y recoge desperdicios.

Por su parte, el coronel Anthony Shaffer fue uno de los primeros en poner sobre aviso la existencia del programa de detección de datos Able Danger, del Departamento de Defensa.

Según Shaffer, es posible que el programa hubiera identificado como terrorista, semanas antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, a Mohammed Atta, el comandante de esa operación.

Luego de su aviso, Shaffer recibió la noticia de la revocación de su certificado de seguridad.

El ex funcionario de inteligencia Russel Tice, de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) del Departamento de Defensa, advirtió sobre la existencia de «actividades ilegales e inconstitucionales» en los denominados «programas de acceso especial» del organismo.

Pero sus superiores le alertaron que no debería discutir las supuestas fallas ni aun en audiencias reservadas en el Senado y en la Cámara de Representantes. Luego, aseguró, fue objeto de hostigamiento laboral y se difundió un rumor según el cual él sufría de depresión maníaca.

Mike German renunció a s cargo como agente del FBI luego de denunciar que sus colegas y superiores habían manipulado una investigación contra supuestos terroristas en 2002 y falsificaron los registros para ganar el caso en los tribunales.

La Inspección General del Departamento de Justicia confirmó la veracidad de las acusaciones de German, así como el hecho de que se le revocaron su certificado de seguridad.

El experto en seguridad nuclear del Departamento de Energía Richar Levernier investigaba el sistema preventivo contra ataques terroristas en depósitos de armas atómicas. Tras diversas pruebas, concluyó que en 50 por ciento de los sitios había diversas fallas.

Cuando lo informó a sus superiores, fue degradado y se le revocó su certificado de seguridad. Además, afirmó, fue obligado a jubilarse.

Los cinco testigos ante el Comité legislativo aseguraron haber seguido la cadena de mando en sus denuncias, en vano. Algunos se dirigieron a sus supervisores inmediatos. Otros, al inspector general de sus agencias. Unos pocos informaron, finalmente, a legisladores o a la prensa.

Muchos estadounidenses alzan la voz en defensa de los denunciantes en momentos en que altos funcionarios del gobierno de George W. Bush son presionados para detener el filtrado al exterior de información secreta.

Un informe del diario The New York Times sobre el programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional y otro en The Washington Post sobre centros de detención clandestinos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) son objeto de investigación en la justicia penal.

«No deberíamos ser obligados a sacrificar nuestras carreras o nuestra seguridad financiera por actuar correctamente. Los buenos empleados son cesados por quienes están comprometidos en actividades cuestionables o no quieren oír sobre ellas», dijo a IPS Sibel Edmonds, fundadora de la Coalición de Denunciantes de la Seguridad Nacional.

«Un empleado de la seguridad nacional debe elegir entre la carrera y la conciencia cuando se enfrenta con acciones cuestionables dentro de su propia agencia. Debemos asegurar su trabajo y alentarlos a denunciar despilfarros, fraudes y abusos de poder», agregó.

Edmonds sabe de lo que habla. Comenzó a trabajar en el FBI poco después del 11 de septiembre de 2001, a cargo de la traducción de documentos secretos acerca de sospechosos de terrorismo.

Al año siguiente, fue despedida tras manifestar sus preocupaciones acerca de actos de sabotaje, intimidación y corrupción e incompetencia de sus superiores.

«Aquellos en quienes confiamos los secretos de la nación son, con demasiada frecuencia, tratados como ciudadanos de segunda clase cuando se trata de defender sus derechos a decir la verdad», dijo el diputado Shays.