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Juicio a Coca-Cola, Nestlé y Chiquita Brands

Abr 4 2006

Por Constanza Vieira

BOGOTÁ, abr (IPS) – La primera audiencia de la sesión sobre Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) responsabilizó a Estados Unidos y Suiza por permitir que empresas transnacionales con sede en esos países se beneficien de la guerra en la nación andina para aumentar ganancias.

La precarización del empleo tiene en Colombia al paramilitarismo de ultraderecha como agente armado para imponer recortes en los derechos laborales, lo que mejora los balances de las corporaciones estadounidenses Chiquita Brands y Coca-Cola y de la suiza Nestlé, según el TPP, cuya primera audiencia sobre este país concluyó el domingo.

Sin potestad para imponer sanciones, el TPP está inspirado y es considerado sucesor de los célebres tribunales Russell de 1966-1967, sobre la guerra en Vietnam, y de 1974-1975 sobre las dictaduras en América Latina. El primero fue organizado por el filósofo y pacifista británico Bertrand Russell, y su verdadero nombre fue Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra.

El TPP consideró que «Colombia está incumpliendo sus obligaciones en materia de abstenerse de apoyar al terrorismo y en particular la resolución 1.373 de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas» sobre medidas para combatir ese fenómeno.

El principal señalamiento del TPP contra las tres empresas es haberse involucrado en Colombia «en prácticas violatorias de los derechos humanos más elementales, articulándose a las redes de violencia que hunden sus raíces en estrategias de Estado, incentivadas y patrocinadas por políticas hemisféricas que buscan legitimar el imperativo de seguridad para los grandes inversionistas y empresarios».

El TPP escuchó durante dos días testimonios de víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, como los asesinatos de 10 trabajadores sindicalistas de la corporación de alimentos Nestlé y de nueve de la fabricante de refrescos Coca-Cola.

Colombia es considerado el país más peligroso para el sindicalismo, uno de los blancos favoritos de los actores armados.

En la longeva guerra colombiana, surgieron en 1964 guerrillas izquierdistas, y en 1982 paramilitares ultraderechistas, que comenzaron a actuar en apoyo del Estado. Estos son responsables de 80 por ciento de las violaciones a los derechos humanos en el conflicto, según la Organización de las Naciones Unidas.

El gobierno del derechista Álvaro Uribe, iniciado en 2002, logró una polémica desmovilización parcial de los paramilitares, liderados por varios narcotraficantes.

Los crímenes contra sindicalistas disminuyeron en estos años, aunque en 2005 fueron asesinados 43, según cifras oficiales, o 70, según la estadística que lleva la Escuela Nacional Sindical (ENS).

Además, según la ENS, 260 sindicalistas recibieron amenazas de muerte en 2005, 56 fueron detenidos arbitrariamente, siete sufrieron atentados, 32 fueron perseguidos por su actividad sindical, ocho tuvieron que dejar sus hogares, tres fueron desaparecidos y uno soportó un allanamiento ilegal.

«El terror laboral impuesto en Colombia por el Estado y las multinacionales combina (…) estrategias legales e ilegales», de tal modo que quienes denuncian estos hechos son convertidos en acusados, y en algunas ocasiones se los vincula con la guerrilla, según el TPP.

La sesión se prolongará hasta 2008 a través de siete audiencias. Observará «prácticas económicas que se entrelazan con lo político y lo militar y afectan profundamente la vigencia de los derechos humanos».

Aunque se esperaba una resolución provisional que reseñara la amplia documentación acopiada en la audiencia y que será remitida a la sesión deliberante dentro de dos años, los miembros del TPP manifestaron que la situación de Colombia «no da espera».

«Decidieron hacer una resolución mucho más contundente, analítica y fundamentada», dijo a IPS el jurista y sacerdote jesuita Javier Giraldo.

«Estar aquí y ver la autenticidad de los testimonios de las víctimas fue desgarrador y dramático. Ha sido realmente de los momentos más impactantes en mi trayectoria como defensora de los derechos humanos», dijo a IPS la nicaragüense Vilma Núñez de Escorcia, presidenta de la audiencia y vicepresidenta regional de la Federación Internacional de los Derechos Humanos.

Núñez de Escorcia integró el tribunal junto con el juez italiano Gianni Tognoni y cinco conjueces nacionales.

El TPP ha tenido 33 sesiones desde su creación en 1979, y es la segunda vez que Colombia es objeto de examen. Lo fue en 1989-1991, en el marco de audiencias sobre crímenes de lesa humanidad en 12 países de América Latina.

La actual sesión tuvo como antecedente una preaudiencia pública en Berna, Suiza, sobre los actos de Nestlé.

A esa empresa se le achaca haber puesto en el mercado leche en polvo vencida y de perseguir a los trabajadores sindicalizados. Esta última acusación alcanza también a Chiquita Brands y Coca-Cola.

Chiquita Brands reconoció ante un tribunal estadounidense haber dado aportes a grupos paramilitares. Según el TPP, existen pruebas de que la transnacional bananera en 2001 «transportó tres mil fusiles AK-47 y cinco millones de proyectiles con destino a grupos paramilitares de Córdoba y Urabá», regiones del noroccidente de Colombia dominadas por esas milicias.

«Para obligar a un trabajador a retirarse del sindicato o de la empresa, a renunciar a pretensiones legítimas, a aceptar condiciones laborales precarias, se recurre sistemáticamente a paramilitares que, por medio de intimidaciones, secuestros, atentados, amenazas, torturas y asesinatos, buscan hacer efectivos los nefastos propósitos de la transnacional y del Estado colombiano», señaló el TPP.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal) ha sido duramente golpeado y «todos estos crímenes y procedimientos permanecen en absoluta impunidad», subrayó.

A raíz de estas denuncias, los productos de Coca-Cola han sido boicoteados en 10 universidades estadounidenses y en la británica de Oxford, así como en otros escenarios. La empresa acusó en enero a Sinaltrainal de «desinformación malintencionada», mientras desde julio de 2001 se sigue ante el tribunal del distrito Sur de Florida, Estados Unidos, un proceso en su contra.

A raíz de la demanda, la transnacional destinó 10 millones de dólares a tres fundaciones que ella misma hizo crear en Colombia para beneficiar a población vulnerable.

Según el tribunal, Coca-Cola incrementó su capital fundacional en este país andino de 10.000 dólares, en 1942, a 628 millones de dólares en 2005, sin que mediaran inversiones de su casa matriz.

Entre 1990 y 2001, la firma incrementó su patrimonio en Colombia ocho veces, 26 veces sus activos, y 1,4 veces el valor creado en sus fábricas, y registró una rentabilidad promedio anula de 80 por ciento en la década de 1990.

Nestlé pasó de producir 109.000 dólares anuales por trabajador a 427.000 dólares entre 1990 y 2005, lo que equivale a un incremento anual superior a 20 por ciento.

Ambas empresas están rediseñando sus patrones de inversión y utilidades desde 1980. En esos procesos han cerrado fábricas, plantas y subsidiarias, y dan prioridad al empleo temporal y subcontratado.

En los años 90, Coca-Cola redujo en 3,5 veces la cantidad de sus trabajadores con estabilidad laboral y en tres veces la de sindicalizados. En Nestlé, sólo tres por ciento de los trabajadores actuales tiene 10 años de antigüedad.

Para Coca-Cola, esta política significó en la última década una reducción de costos salariales de 35 por ciento cuando contrata trabajadores temporales, de 60 por ciento cuando el trabajador es incorporado a través de un contratista y de 75 por ciento cuando proviene de una cooperativa.

En conjunto, Coca-Cola ha reducido en 2,5 veces la masa salarial de sus trabajadores, y Nestlé en 59 por ciento entre 1998 y 2005. En ambas empresas, Sinaltrainal está en proceso de extinción.