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Niños rumbo al cadalso

Abr 27 2006

Por Anjan Sundaram

MBANDAKA, RDC, abr (IPS) – Una decena de menores esperan ser ejecutados en República Democrática del Congo, a pesar de que la ley prohíbe que se los condene a muerte. Pero el caos en que quedó el país tras la guerra civil impide acreditar su edad.

Más de 30.000 niños fueron reclutados por el gobierno y una docena de grupos insurgentes en el último conflicto interno de este país (1998-2002), según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Hoy, muchos de ellos son juzgados por crímenes de guerra como si fueran adultos.

De todos modos, pasaron cinco años desde la última ejecución en República Democrática del Congo, si bien la moratoria dispuesta en 2003 fue levantada al año siguiente.

Un centenar de presos languidecen sobre unos colchones de paja con sábanas sucias en la prisión de Mbandaka, capital de la septentrional provincia de Kasai Occidental. La celda está apenas iluminada por unos rayos de sol que logran entrar a través de agujeros en el techo.

Esta prisión es típica de República Democrática del Congo.

La mitad de los prisioneros estaban gravemente enfermos cuando el periodista de IPS la visitó en marzo. No había médicos ni medicamentos para atender a unos 40 enfermos de diarrea. Todos defecaban en un balde ubicado en una esquina de la celda. El olor impregnaba todo el recinto.

Al menos 10 de los presos que se marchitan en las prisiones son menores condenados a muerte, algunos de solo 15 años, según una carta enviada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al gobierno de República Democrática del Congo en septiembre pasado.

Las autoridades no permitieron a IPS tener acceso a estos prisioneros. La ONU mencionaba en su carta el caso de Mbeko Banza, de 15 años, reclutado por el gobierno durante la guerra civil y condenado por un tribunal militar en mayo de 2005 por homicidio.

A menudo, los menores como Banza son condenados a la pena capital porque no pueden acreditar su edad ni pagar un abogado, advirtió la ONU.

Los mal remunerados abogados de oficio a menudo están desbordados de trabajo como para brindar algo más que una asistencia superficial y los jueces, que trabajan también en condiciones penosas, suelen conducir procesos injustos, agrega la carta.

«En general, los juicios son expeditivos y no ofrecen las mínimas garantías de respeto de los derechos de acusados o víctimas. Algunos niños condenados ni siquiera contaron con abogado», dijo a IPS la abogada de la ONU Daniela Baro, que investiga la situación de adolescentes sentenciados a muerte.

«El año pasado, se condenó a una persona en un sólo día» de proceso, comentó.

Hasta ahora, los funcionarios de la ONU no recibieron respuestas del gobierno.

La Constitución aprobada en 2005 en el primer acto electoral democrático en 40 años consagra el derecho a la vida, pero no menciona a la pena de muerte.

El código penal prevé el castigo máximo en determinadas circunstancias, pero ilegaliza su aplicación a acusados menores de 18 años en el momento de cometer el delito en cuestión.

El deteriorado sistema judicial de este país carece de magistrados calificados, de fondos e infraestructura suficientes para conducir adecuadamente las causas y proteger a los testigos en casos delicados como los que involucran a menores, informó un funcionario de la ONU.

Los 32 años de dictadura de Mobutu Sese Seko y los cinco años de guerra civil subsiguientes dejaron al país en el caos y al sistema judicial descalabrado.

Los jueces cobran apenas 10 dólares por mes y sobreviven con ingresos turbios procedentes de partes en juicios por disputas de bienes, entre otros, según la opinión generalizada.

Son pocos los que se molestan en conducir correctamente los juicios contra niños pobres, pues no obtendrán ninguna «propina» por los servicios prestados, opinó un funcionario de la ONU.

La pena de muerte se traduce, en el caso de los menores, en interminables esperas dentro de decrépitas prisiones. Una cadena perpetua de hecho.

Pero los jueces, en especial los militares, continúan emitiendo condenas de muerte. Los magistrados castrenses rara vez se guían por el código penal, señalan observadores.

«La justicia militar es inaceptablemente expedita, incluso en casos de condena a muerte», dijo a IPS en Kinshasa el funcionario de la ONU Luc Henkinbrandt, quien tiene una vasta experiencia en materia de derechos humanos.

Para colmo, los tribunales militares no deberían juzgar menores porque su reclutamiento es ilegal. En muchos casos, los jueces dictaminan que los acusados, en especial los que ya son adultos, no presentan pruebas adecuadas para acreditar su condición de menores en momentos en que supuestamente cometieron el delito.

Los congoleños, sobre todo los niños, rara vez tienen identificación o algún documento que acredite su edad. Para la mayoría de los ciudadanos, la campaña de inscripción para el acto electoral de 2005 les permitió obtener un documento oficial de identidad por primera vez en la vida.

«Algunos abogados no pueden probar la edad de los niños por falta de recursos para conseguir pruebas alternativas, y entonces el juez los considera adultos. Por lo tanto, los condena a muerte», indicó Baro.

Los niños que integraron los grupos armados durante la guerra pasaron años separados de sus familias.

Los abogados pueden viajar a los pueblos donde nacieron en busca de evidencia o testimonios sobre la edad de los acusados, pero eso implicaría un viaje de cientos de kilómetros en muchas ocasiones. Pocos están dispuestos a hacerlo.

El principal problema que afrontan los partidarios de la abolición de la pena de muerte en República Democrática del Congo es que los ciudadanos, cansados de la guerra, ansían ver los criminales en el banquillo y condenados.

Además, consideran que los responsables de las horripilantes masacres sufridas por el país no se merecen juicios adecuados y por lo general, piensan que deben pagar con su vida, explicó Henkinbrandt.

«A pesar de que no se ejecute la pena capital, la población está a favor de que la justicia sea expeditiva y a veces incluso de la condena a muerte. La abolición de la pena máxima no tiene muchos adeptos en la población», señaló Henkinbrandt.

«Los políticos abolicionistas lograron frenar las ejecuciones, pero no tienen el valor de enfrentar la firme convicción de la población y eliminarla» de la legislación, añadió.

La guerra civil mató a casi cuatro millones de personas, la mayoría de hambre y por enfermedades durante las extensas y numerosas batallas y masacres. Los acuerdos de paz en 2002 pusieron fin al conflicto.

Se formó un gobierno de transición que incluyó a ex rebeldes y destacados dirigentes, acusados por muchos de haber participado en las peores matanzas durante la guerra.

Empero, docenas de señores de la guerra no participaron en el proceso de paz de 2002 y siguen al acecho, violando, matando y reclutando niños incluso hoy.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional informó este mes que un alarmante número de niños sigue integrándose a los grupos armados en el este del país.

Caudillos ocultos en la selva temen severas represalias por los crímenes que cometieron durante la guerra como asesinato de civiles, torturas y, explotación sexual y esclavización de niños.

Los esfuerzos de 17.000 efectivos de fuerza de paz de la ONU y los mal entrenados efectivos del gobierno culminaron con la prisión de algunos descontrolados combatientes como Thomas Lubanga, ex caudillo en la conflictiva zona de Ituri en el este del país.

Lubanga afronta ahora un juicio en La Haya, el primer proceso de la Corte Penal Internacional, por varios cargos, entre ellos el reclutamiento de niños para ser soldados. La máxima pena dictada por este tribunal es la cadena perpetua.

Esto quiere decir que Lubanga no será condenado a la pena capital si se lo encuentra culpable. Sin embargo, los niños que combatieron junto a él siguen en Congo corriendo el riesgo de ser ejecutados.

Algunos consideran que Lubanga escapó de la verdadera justicia.

«Lubanga es uno de los peores criminales y uno de los más peligrosos, pero como está en La Haya no será condenado a muerte. Es una vergüenza», dijo a IPS en Kinshasa el técnico en informática Ken Ilunga, de 28 años.

«Pero los niños no deberían correr la misma suerte. Después de todo, sólo eran niños cumpliendo órdenes». (FIN/2006)