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Cinco años en el limbo

Ene 11 2007

Por William Fisher

NUEVA YORK, ene (IPS) – Activistas, líderes religiosos, académicos, militares y personas comunes de todo el mundo exigen el cierre del centro de detención de Guantánamo cuando se cumplen cinco años de la llegada de los primeros detenidos a esa base militar de Estados Unidos en la isla de Cuba.

En el centro de detención, creado tras la guerra de Afganistán que siguió a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y el Pentágono, están recluidos cientos de acusados de pertenecer a los grupos extremistas islamitas Al Qaeda y Talibán, en un limbo legal. Los primeros prisioneros llegaron a Guantánamo el 11 de enero de 2002.

La gran mayoría de los presos no tienen acceso a abogados ni contacto con sus familias y carecen de acusación formal, salvo la de comisiones militares que la organización de derechos humanos Amnistía Internacional denominó «una parodia de la justicia».

El ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, quien renunció a su cargo el pasado noviembre, declaró en varias ocasiones que los detenidos en Guantánamo son «lo peor de lo peor».

Sin embargo, cientos de prisioneros fueron liberados porque el Departamento de Defensa concluyó que ya no representaban una amenaza para la seguridad nacional. La prisión llegó a tener 773 reclusos y actualmente tiene poco más de 400.

«Muchos de los detenidos afirman haber sido objeto de tortura u otro trato cruel, inhumano y degradante. Tres detenidos han muerto en el campo, al parecer por suicidio. Otros han iniciado prolongadas huelgas de hambre, y siguen vivos porque les están aplicando dolorosos métodos de alimentación forzada», denunció Amnistía, con sede en Londres.

«Guantánamo es un símbolo de injusticia y abusos en la ‘guerra contra el terror’ emprendida por el gobierno estadounidense. El gobierno de Estados Unidos debe cerrarlo», urgió la organización.

Aunque el ejército estadounidense sostiene que los presos de Guantánamo fueron capturados «en el campo de batalla» en Afganistán y designados por el gobierno de George W. Bush como «combatientes enemigos», existen crecientes pruebas de que muchos fueron víctimas de lo que se llama «entrega extraordinaria», es decir, la captura y el envío de una persona a un sitio donde se practica la tortura.

El presidente Bush admitió en forma implícita que algunos prisioneros, incluso 14 considerados «de alto valor» que tuvieron un papel importante en los atentados del 11 de septiembre y otros actos terroristas, fueron enviados a Guantánamo después de largas detenciones en prisiones secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Afganistán, Europa oriental y otros sitios.

Ninguno de esos 14 presos han sido juzgados, aunque 10 han sido acusados.

Mary Shaw, de Amnistía Internacional/Estados Unidos, afirmó que Washington «eligió Guantánamo como sede de este centro de detención con el fin de mantener a los detenidos fuera del alcance del derecho nacional e internacional».

«Los propios tribunales del gobierno estadounidense han determinado que más de la mitad de los detenidos nunca cometieron actos hostiles contra Estados Unidos», dijo Shaw a IPS.

«Y la mayoría no fueron capturados en el campo de batalla, sino entregados a Estados Unidos a cambio de recompensas en efectivo. Es indudable que esta práctica de pagar recompensas por los prisioneros ha conducido a errores. Sin embargo, durante cinco años el gobierno ha negado que estos hombres tienen el derecho básico a impugnar sus detenciones», agregó.

En enero de 2005, el diario The New York Times informó que hubo 350 incidentes de daño autoinfligido en 2003. De esa cantidad, 120 fueron intentos de ahorcamiento. Además, 23 prisioneros participaron en un intento simultáneo de suicidio colectivo.

Bush declaró que quisiera cerrar el centro de Guantánamo, pero el ejército acaba de terminar la construcción de nuevos bloques de celdas.

Uno de los aspectos más criticados de Guantánamo es el sistema creado por la administración Bush para resolver casos individuales.

El proceso comenzó con la creación de los Tribunales para la Revisión del Estado de Combatientes, en julio de 2004, más de dos años después de la detención de la mayoría de los prisioneros.

Los tribunales liberaron a algunos prisioneros. En algunos casos, concluyeron que estos habían sido capturados por milicias afganas o guardias fronterizos pakistaníes y que habían sido entregados a cambio de recompensas, declararon funcionarios de inteligencia.

Pero el proceso adoleció de graves fallas, según expertos legales civiles y militares. En lugar de abogados, militares de rango medio ayudaron a los detenidos a prepararse para las audiendias, y además los tribunales admitieron como prueba información obtenida bajo coerción.

En medio de crecientes críticas internacionales, el gobierno aprobó en mayo de 2004 un sistema anual de libertad bajo palabra por el que una Junta Adminsitrativa de Revisión evaluaba si un detenido seguía representando una amenaza o tenía «valor de inteligencia».

Pero antes de que esas audiencias comenzaran, la Corte Suprema ordenó que el gobierno realizara una revisión de la situación de todos los detenidos usando los grupos de expertos previstos en el reglamento del ejército y en las convenciones de Ginebra.

Las audiencias de 2006 terminaron el mes pasado. La mayoría de los detenidos elegibles para comparecer dejaron de intentarlo debido al evidente sesgo en el procedimiento y a la premura con que se realiza, trascendió.

El año pasado, la Corte Suprema también rechazó la afirmación de Bush de que su autoridad de comandante en jefe le otorgaba facultades inherentes para crear comisiones militares para juzgar a los detenidos de Guantánamo.

En respuesta a esa decisión del 29 de junio, el Congreso aprobó rápidamente la Ley de Comisiones Militares de Estados Unidos de 2006, firmada por Bush en octubre, cuyo propósito declarado era «facilitar el juzgamiento de terroristas y otros combatientes enemigos mediante juicios justos y completos por comisiones militares, y para otros fines».

Por la Ley de Comisiones Militares, el gobierno y el Congreso protegieron de la justicia en forma retroactiva a los involucrados en detenciones ilegales, torturas y entregas de personas.

La administración Bush planea juzgar hasta 70 prisioneros en esas comisiones, pero aun ese cuestionable proceso deja afuera a más de 300 hombres que permanecen detenidos sin acusación.