General

En el banquillo de la ONU

Ene 17 2007

Por Haider Rizvi

NACIONES UNIDAS, 17 ene (IPS) – Cunden en la comunidad internacional las críticas a Iraq por ignorar los reclamos de contención ante las condenas a muerte contra miembros del depuesto régimen de Saddam Hussein (1979-2003).

Altos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e instituciones de derechos humanos advirtieron otra vez a Bagdad, tras el ahorcamiento de dos ex colaboradores de Saddam Hussein el lunes, que debe poner fin a su política de ejecuciones.

«Los responsables de graves violaciones deben ser llevados a la justicia», dijo Louise Arbour, alta comisionada de la ONU para los Derechso Humanos. «Pero para ser creíble y perdurable, la lucha contra la impunidad debe basarse sobre el respeto de los principios internacionales.»

«La imposición de la pena capital tras un juicio y procedimientos de apelación que no respetan los principios del debido proceso representan una violación del derecho a la vida», agregó.

Awad Hamed Al-Bandar, hermanastro de Saddam Hussein, y Barzan Ibrahim Al-Tikriti, ex jefe de inteligencia, fueron colgados el lunes de mañana, a pesar de las exhortaciones de Arbour y otras personalidades a conmutar sus sentencias.

Al-Bandar y Al-Tikriti fueron condenados por el asesinato de 148 chiitas en 1982. Informes procedentes de Bagdad aseguran que Barzan fue decapitado por la horca. El propio Saddam Hussein fue ejecutado por ese mismo método el 30 de diciembre.

Arbour, contraria a la pena capital «en toda circunstancia», dijo que en el caso de Al-Tikriti y Al-Bandar «el castigo no sólo es «irremediable», sino que además «dificulta el procesamiento judicial completo de otros crímenes cometidos en Iraq, igualmente horrendos».

Al igual que Arbour, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, manifestó su disgusto con la ejecución.

Ban «lamenta que, a pesar de los reclamos de la Alta Comisionada, hayan sido ejecutados», dijo la portavoz del funcionario, Michele Montas. La semana pasada, el secretario general de la ONU había indicó que la vida «es un bien precioso» y que debe ser «protegida y respetada».

En ese sentido, Ban recordó que en todo el mundo se registra un proceso gradual y creciente hacia la eliminación de la pena de muerte.

Los funcionarios de la ONU, en general, prefirieron limitar sus críticas a las autoridades iraquíes. Mientras, organizaciones de derechos humanos advirtieron que el gobierno de Estados Unidos también es responsable.

«La comunidad internacional debe procesar a los individuos responsables de la agresión contra el pueblo iraquí si quiere restaurar el respeto al derecho en Iraq», dijo el abogado experto en derechos humanos Curtis Doebbler.

«De no actuar así, enviará a los pueblos vulnerables sometidos a la agresión estadounidense el mensaje claro de que no contarán con protección», agregó.

En cambio, la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Condoleezza Rice, defendió ante la prensa egipcia las ejecuciones con el argumento de que se trata de un «proceso iraquí».

De todos modos, Rice no se mostró complacida con el modo en que se ejecutó a los condenados. «Nos desilusiona de que no se brinde a los acusados más dignidad», sostuvo.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional deploró desde su sede en Londres las ejecuciones, a las que calificó de «nueva caída en errores del pasado».

El tribunal que procesó a los condenados no cumplió con los criterios internacionalmente reconocidos en materia de debido proceso y sembró dudas sobre su imparcialidad y capacidad de actuar independientemente de la presión política, según Amnistía.

La organización sospecha que el gobierno iraquí obligó al primer presidente del tribunal a renunciar e influyó en la designación de un sucesor, al tiempo que no brindó protección a testigos ni a abogados defensores, tres de los cuales fueron asesinados durante el juicio.

Amnistía también observó que a Hussein se le negó acceso a un abogado durante el primer año de detención, y que en el proceso de apelación se impidió cualquier rectificación de las fallas de la primera instancia judicial.

Organizaciones de derechos humanos prevén que, luego de estas tres ejecuciones, el ex vicepresidente Taha Yassin Ramadan sufra la misma suerte. El depuesto funcionario ya fue condenado a cadena perpetua, pero afrontará, seguramente, un nuevo juicio.

Informes desde Bagdad indican que las ejecuciones de Al-Bandar y Al-Tikriti se registraron en el mismo edificio de la capital iraquí donde Saddam Hussein encontró la muerte, y que sus cuerpos fueron llevados luego a Tikrit, su poblado natal.

Según Amnistía, la aplicación de la pena de muerte está en auge en Iraq desde su restauración en agosto de 2004. El año pasado, al menos 65 personas sufrieron la ejecución, muchos de ellos luego de juicios inapropiados, aseguró la organización.