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Ecuador: Consulta popular se perfila como salida a la crisis

Mar 23 2007

Eduardo Tamayo G.

En medio del pataleo de la llamada partidocracia que se niega a perder sus privilegios y sus intentos desestabilizadores, una cosa es segura en el Ecuador: el próximo 15 de abril nuevamente los ciudadanos/as concurrirán a las urnas para pronunciarse sobre si aceptan o no la convocatoria a una Asamblea constituyente regida con un estatuto elaborado por el Presidente Rafael Correa.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Dr. Jorge Acosta, en una reunión mantenida ayer con la prensa extranjera, señaló que el gobierno central ha transferido los fondos (16 millones 130 mil de dólares) necesarios para llevar a cabo el proceso electoral y que el lunes 26 de marzo comenzará una agresiva campaña de difusión de la consulta y del estatuto. El próximo paso, si gana el si en la consulta, será la elección para fines de octubre o comienzos de noviembre de 130 asambleístas: 100 por circunscripción provincial, 24 por circunscripción nacional y 6 por los emigrantes residentes en Europa, América del Norte y otros países.

La Asamblea Constituyente, según el proyecto del Ejecutivo, tendrá plenos poderes “para transformar el marco institucional del Estado”, y elaborará una nueva Constitución que reemplace a la aprobada en los años 1997/1998, la misma que si bien reconoció algunos derechos de grupos sociales, abrió paso a la aplicación de políticas neoliberales y privatizadoras y estableció un marco legal para el reparto de las instituciones del Estado como botín político.

Derecha desarticulada

Este camino hacia la Asamblea, sin embargo, no está tapizado de rosas. Los sectores económicos, políticos y mediáticos, que buscan mantener el status quo, están oponiendo gran resistencia a los procesos de cambio planteados desde los movimientos sociales y desde el Ejecutivo. Los escenarios de la confrontación se ubican en la calle y en el Congreso, pero también en los mass media y en la jurisdicción de la provincia del Guayas, en donde se asientan los grupos económicos más poderosos del Ecuador.

Las frecuentes intervenciones del Presidente Correa criticando a ciertos medios a los cuales ha llamado “mafias”, a los “pelucones” oligarcas de Guayaquil o al ex presidente Lucio Gutiérrez, por poner algunos ejemplos, han puesto en guardia a los aludidos, quienes frecuentemente contraatacan usando toda la maquinaria política y mediática construida a través de decenas de años. Pero junto a este discurso confrontativo, Correa despliega actividades comunicacionales (visitas a hospitales, conversaciones con la gente, gabinetes itinerantes en las provincias, etc.) que le han dado réditos políticos, manteniendo altos niveles de popularidad (que unas encuestadoras señalan que es el del 75% y otras del 67%).

Correa ha salido relativamente bien parado frente a la oposición (conformada por el Partido Renovador Institucional de Acción Nacional dirigido por el magnate bananero Alvaro Noboa Pontón, el Partido Sociedad Patriótica liderado por el ex Presidente de la República, Lucio Gutiérrez, el Partido Social Cristiano y la Unión Demócrata Cristiana) de derecha que estuvo atrincherada en el Congreso. Más aún, ésta ha caído por su propio peso, por el cúmulo de errores cometidos en los últimos dos meses. Como se recordará, esta mayoría congresal, inventándose una figura de sustitución inexistente en la Constitución, defenestró al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, quien fue designado como cuota del mismo Gutiérrez. La razón: se habría negado a obedecer las órdenes del jefe del PSP, de alargar y boicotear la consulta popular. En respuesta a esto, el Tribunal Supremo Electoral destituyó a 57 diputados de sus cargos, aplicando una drástica sanción contemplada en la Ley de Elecciones para quienes obstaculizan los procesos electorales. Cabe anotar que anteriormente la mayoría congresal destituyó a dos diputadas, por orden de Gutiérrez, sin respetar los procedimientos legales y nombró como Fiscal de la Nación a un cuestionado abogado (Francisco Cucalón) que no podía legalmente ser reelegido por haber ya ocupado ese puesto. En este caso, por la presión ciudadana, tuvo que dar marcha atrás y nombró a otro Fiscal. En definitiva, este Congreso volvió a repetir las mismas prácticas que han dominado la vida política de los últimos 25 años y que han perpetuado el reparto de las funciones y las prebendas del Estado entre los caciques políticos. Por ello no es de extrañar que los niveles de credibilidad del Congreso bordeen el 5 por ciento.

En este contexto desfavorable para los diputados destituidos, los recursos de amparo interpuestos por estos en los juzgados para retornar a sus puestos han sido negados uno tras otro (aunque todavía está pendiente de resolución una demanda presentada en el Tribunal Constitucional donde la derecha tiene mayoría) al tiempo que la presión de sectores sociales y ciudadanos siempre ha estado presente de manera explícita o implícita. Durante las decenas de movilizaciones contra la mayoría del Congreso y por la Constituyente se han producido incidentes de violencia aislados que han sido magnificados por los grandes medios de información para proyectar la imagen de un país en caos y descomposición.

Para superar esta crisis, el gobierno envío a la policía para que, lista en mano, impidiera la entrada de los diputados destituidos al recinto parlamentario al tiempo que alentó la titularización de los suplentes de los mismos. La conformación de un bloque de 21 diputados alternos, llamado de “Dignidad Nacional” provenientes de los partidos PSP, PSC y PRIAN, posibilitó el martes 20 de marzo que el Congreso se reinstalara bajo la presidencia del prianista Jorge Cevallos (algo que no le gustó al multimillonario Alvaro Noboa a quien le llamó “traidor” y “desgraciado”).

Poco a poco, los partidos de derecha han enviado a los diputados alternos al Congreso para tratar de restablecer la mayoría legislativa que perdieron. Incluso la esposa de Alvaro Noboa, Anabela Azín, se incorporó al Congreso como jefa de la bancada del PRIAN para lograr este propósito.

La actuación del presidente Correa en este caso ha desatado una gran ofensiva mediática nacional e internacional (como la del El País y la Vanguardia de España, y el Tiempo de Bogotá) que ha acusado al mandatario de intentar concentrar todos los poderes en la “estela de su admirado Hugo Chávez”.

Medidas redistributivas

Pero no solo la Asamblea les quita el sueño a algunos políticos, periodistas, banqueros o empresarios. Sin ser revolucionario, ni mucho menos, el gobierno de Rafael Correa ha adoptado algunas medidas que no tienen la intención de expropiar a los capitalistas sino de introducir algunas reformas de carácter redistributivo. Una de esas medidas es intentar cobrar los impuestos a los 17 grupos económicos más grandes del país. Estos grupos cuentan con 563 empresas y tienen ingresos de 5027 millones de dólares que representan el 14% del PIB, sin embargo su declaración del Impuesto a la Renta del 2005 equivale al 6% por ciento del total recaudado.

Uno de los casos que más llama la atención es el de Grupo de Noboa, de propiedad del magnate Alvaro Noboa Pontón, ex –candidato presidencial que fue derrotado por el actual Presidente Correa en las elecciones del pasado 26 de noviembre. Este grupo, con 144 empresas, en el 2005 reportó ingresos por 575 millones de dólares, utilidades por 3.9 millones de dólares y declaró apenas 978 mil en Impuesto a la renta. Con similares ingresos de 545 millones de dólares, el grupo El Juri, con 52 empresas pagó impuestos por un monto de 4,7 millones de dólares.

Los bancos, en el 2006, obtuvieron grandes utilidades (239 millones de dólares) y mantienen depósitos en el exterior superiores a los 2000 millones de dólares gracias a las altas de interés (que superan el 12 por ciento en una economía dolarizada) y a las comisiones que cobran a los clientes. Rafael Correa ha criticado esta situación y ha pedido a la Junta Bancaria que intervenga directamente en la revisión de las comisiones que cobran los bancos por los servicios financieros.

De otro lado, el fantasma Chávez sigue agitado una y otra vez los medios y políticos de derecha. La relación del gobierno ecuatoriano con el de Venezuela, sin embargo, parece arrojar resultados positivos que no son mal vistos por la población. El gobierno venezolano mandó a Ecuador aviones para transportar a España a los migrantes ecuatorianos estafados por la compañía Air Madrid. Luego, envió el buque Manuela Sáenz cargado con 200.000 galones de diesel, a cambio de los cuales el Ecuador devolverá crudo no refinado. En días recientes, Venezuela entregó 10.500 toneladas de fertilizante (urea) que beneficiarán a unos 25.000 campesinos. Hay otros acuerdos en marco en los campos petrolero y el microcrédito que serán igualmente beneficiosos.

En otros temas, cabe señalar que Correa ha manifestado que no renovará el convenio para el uso de la base de Manta por parte de militares estadounidenses, mismo que fenece en el 2009. Ha cumplido la promesa de duplicar los montos de de los bonos de desarrollo humano y de la vivienda destinados a personas pobres, a la vez que ha canalizado fondos para la educación y la salud, dictando decretos de emergencia. En materia de deuda externa, sin embargo, aunque ha mantenido un discurso crítico, pagó un vencimiento de los denominados Bonos Global.

Aunque los sondeos señalan que la tesis del si triunfará en la consulta del 15 de abril, el mayor reto se presenta al momento de designar a los asambleístas pues la derecha tratará de alcanzar mayoría en la Asamblea para imponer sus propias tesis políticas. «Haremos campaña para lograr la mayoría en la Constituyente y evitar que Correa instale un modelo dictatorial, al estilo de Hugo Chávez” ha declarado el coronel Lucio Gutiérrez. Desde los movimientos sociales y desde la izquierda se ha venido planteado la conformación de una lista unitaria pero esta propuesta no tiene aún asidero con lo que plantean algunos sectores del Movimiento País en el gobierno. Si no prospera la unidad entre todas las fuerzas que apuestan al cambio no solo del régimen político sino del modelo económico, hay el riesgo de que la Asamblea se convierta en un boomerang que incluso puede llevar a retrocesos.

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