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Guatemala – El Salvador: gobiernos, mafias y narcotraficantes se reparten la herencia de la impunidad

Mar 15 2007

por Carlos Iaquinandi Castro, Redacción de SERPAL.

En la noche del lunes 19 se supo que los tres diputados salvadoreños que viajaban desde su país a Ciudad de Guatemala para participar de una reunión del Parlamento Centroamericano, (Parlacen) habían sido secuestrados y asesinados. Sus cuerpos y los del conductor y guardaespaldas aparecieron baleados y calcinados junto a los restos también quemados del vehículo que ocupaban. William Pichinte, José Ramón González y Eduardo D’Aubuisson, pertenecían al partido ARENA que gobierna El Salvador desde los «Acuerdos de Paz».

Este último, era hijo menor de Roberto D’Aubuisson, ultraderechista fundador de ARENA, acusado de haber dirigido «escuadrones de la muerte» a fines de los años 70 y de haber mandado a matar al obispo Monseñor Oscar Romero el 24 de marzo de 1980. D’Aubuisson nunca fue condenado y murió de cáncer en 1992.

La reconstrucción de las últimas horas con vida de los diputados salvadoreños, fue posible por los registros de cámaras de video para el control de tránsito y la declaración de testigos. Se comprobó que en un cruce en Vista Hermosa, ya en la capital guatemalteca, el Toyota que

ocupaban los viajeros comenzó a ser seguido (¿ o acompañado ? ) por otro vehículo similar. Tras un detención frente a un centro comercial, los dos vehículos continúan viaje retornando por la carretera hacia El Salvador. Se desconoce si alguien se hizo cargo del volante del vehículo de los diputados o si lo hacían voluntariamente. En el kilómetro 25 ( quedó registrado en el GPS ) se internan hacia El Jocotillo, Villa Canales.

Más adelante y antes de retomar la ruta, se detienen y los ocupantes del segundo vehículo -según el informe de la policía guatemalteca – dan muerte a los diputados y al chófer utilizando fusiles AK-47 para luego quemar a las víctimas y al vehículo.

Al confirmar las autoridades guatemaltecas el trágico descenlace, en El Salvador se producen declaraciones contradictorias, todas marcadas por la conmoción de la noticia. El presidente Antonio Saca, insinúa un hecho político, pero luego pide prudencia a sus partidarios y comienza a responsabilizar «al crimen organizado». La hipótesis de «asalto» se desvanece al confirmar que en el lugar se encontraron

elementos de valor de las víctimas. Otros portavoces extraoficiales, apuntan la responsabilidad «del narcotráfico». Algunas columnas de prensa sugieren que los asesinos buscaban droga o dinero en el vehículo donde viajaban los diputados. Esta hipótesis se afirma cuando la policía guatemalteca analiza los restos del coche y encuentra que antes del incendio fue destrozada la tapicería, «como si los asesinos hubieran buscado algo en su interior».

Ni narcos ni ladrones, policías

Horas más tarde, en Guatemala, algunas fuentes oficiales señalan la posible responsabilidad de elementos policiales, incluso de la propia escolta que había tenido el vehículo de los diputados cuando ingresó al país desde El Salvador. El miércoles 22 la prensa publica que cuatro miembros de la policía nacional han sido detenidos acusados del múltiple crimen. Uno de los primeros apresados habría sido el oficial José Korki Estuardo López Arreaga, y a partir de él habrían surgido pistas para la detención de los otros comprometidos, entre ellos el propio Jefe de la Sección contra el Crimen Organizado de la DINC – División de Investigación Criminal de Guatemala, Luis Arturo Herrera López.

El viernes 23, el presidente de Guatemala Oscar Berger que se hallaba de visita en México, afirmó que los acusados de matar a los parlamentarios “esperaban un traslado de droga o de dinero; buscaban obtener un botín”. Añade que “al verse frustrados (de no encontrar nada en el vehículo), tomaron la decisión absurda y cruel de asesinarlos”. Anuncia su intención de investigar «hasta el final» y dice que «se inicia una depuración de algunos policías muy malos» implicados en hechos criminales. Pero horas más tarde, un grupo comando anticipaba violentamente y a su manera esa pretendida «depuración».

Un comando asesina a los policías detenidos

El domingo 25, en un confuso episodio, los cuatro policías de la DINC son asesinados en el interior de «El Boquerón, la carcel «de máxima seguridad» donde estaban recluídos. Surgen dos versiones: una afirma que hubo un motín y que en su transcurso los presos ( en su totalidad miembros de «maras», bandas de jovenes delincuentes) asesinaron a los policías detenidos. La otra, corroborada por familiares de los presos, afirman que a eso de las tres de la tarde un comando de varias personas armadas y con pasamontañas ingresó a la cárcel desde la calle y cortó la luz. Añaden que ordenaron a los guardias que desalojaran a las personas que estaban de visita semanal, argumentando una «requisa rutinaria». Luego, se escucharon disparos en el sector donde estaban recluídos los acusados del asesinato de los diputados. Mientras el estupor ganaba a la población guatemalteca al enterarse del suceso, parte de los reclusos se amotinaba, reteniendo a varios guardias y al alcaide de la prisión pidiendo la presencia de la prensa para que comprobaran que ellos eran ajenos a la matanza ocurrida. El motín finalizó horas más tarde, y una serie de indicios afianza la versión de que actuó un grupo comando que llegó del exterior y que contó con colaboración táctica o práctica del personal de la prisión. Amanda Salazar, abogada de tres de los policías asesinados reveló que 48 horas antes del crimen, había presentado un recurso para trasladar a los reos, porque estos «temían por su vida.»

Los muertos no hablan

El fiscal del caso, Alvaro Mutis, afirmó que con estos asesinatos, «se cae el proceso». Estaba claro que la matanza de los cuatro policías, pretendía silenciar a los detenidos y que no revelaran judicialmente quien o quienes habían ordenado esa operación ilegal que terminó

con la vida de los diputados salvadoreños. Los cuatro policías formaban parte de una de las divisiones más cuestionadas de la Policía Nacional Civil Guatemalteca, la DINC, integrada por unos 350 hombres. Desde diversos sectores sociales esa unidad ha sido señalada como responsable de abusos y violencia. El procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, señaló hace un año a la División de Investigaciones Criminales como responsable de lo que eufemísticamente se denomina «limpieza social», en realidad una acción extrajudicial de exterminio de personas marginales o sospechosas, en su mayoría jóvenes. Esta unidad policial tiene tenebrosos antecedentes, aunque con otros nombres. En 1960 se llamaba «Policía Judicial» y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le denominó «Escuadrón de la Muerte» y le atribuyó graves violaciones a los derechos fundamentales. Sucesivos gobiernos le fueron poniendo otros nombres, pero conservaron básicamente su estructura. Actualmente la DINC es la unidad policial más denunciada por allanamientos ilegales, coacción, abuso de autoridad, desaparición de personas y hasta ejecuciones.

Mientras tanto, funcionarios y miembros de los gobiernos de Guatemala y El Salvador, han cruzado conjeturas, afirmaciones o suposiciones

muchas veces contradictorias, que más que aclarar enturbian y confunden. Nadie responde a algunas preguntas clave: ¿ Cómo es posible que los responsables de la prisión y los guardias afirmen que no sintieron las detonaciones ni se enteraron lo que sucedía en la celda donde estaban los policías ? ¿ Cómo es que no hubo una versión oficial de los hechos ? ¿ Cómo recien 24 horas después un asesor del ministro de Seguridad confirma que actuó un comando armado externo al penal, añadiendo que «no se sabe si eran policías » ? ¿Cómo accedió

a la prisión un grupo comando y logró cruzar sin violencia varias puertas de seguridad ? . Estos elementales cuestionamientos de los ciudadanos y de algunos medios de prensa, fueron finalmente asumidos por el Juzgado Penal de Santa Rosa, que ordenó la detención del alcaide de la Cárcel de máxima seguridad, al director y otros 20 miembros del personal de prisiones. El jefe de la Fiscalía, Samuel Villalta explica: «sin la ayuda de los custodios estas personas no hubieran alogrado la impunidad para asesianr a las víctimas y para que no pudieran declarar». ( Y habría que añadir, que sin esa posible complicidad, tampoco hubieran podido huír tranquilamente del lugar tras cometer los asesinatos ). Un último apunte sobre las incógnitas: un bombero voluntario declaró que ese dia sobre las 17.30 fueron advertidos sobre un tiroteo en el interior de la prisión y la posibilidad de que hubiera muertos. Se presentaron en el lugar, pero los guardias de seguridad les aseguraron que «no había pasado nada», que se trataba de «pequeños disturbios».

En El Salvador

Mientras tanto, en El Salvador, el presidente Saca, «exige» al gobierno guatemalteco que esclarezca lo sucedido. Su director de Policía, Rodrigo Avila declara que el asesinato de los policías significa que se abrió «una caja de Pandora» en Guatemala y que quieren cerrarla a toda costa. » Los asesinos, añadió, tienen influencia en el interior del estado». La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo dice que «solo una estructura que tenga amarres tan fuertes con el poder estatal puede hacer lo que se hizo allí». Dijo que la matanza de los policías «tiene una gravedad espeluznante» porque muestra que hay gente de «altísimo poder que pueden dominar a los sectores policiales de Guatemala». Y añadió, quizás en base a la experiencia: «Yo me temo que este será un crimen que quedará impune».

En medio de esta conmoción, el presidente Saca se fué a Washington a visitar a Bush. Dicen las crónicas que conversaron sobre temas de seguridad en Centroamérica, la «narcoactividad», el tráfico de armas y las pandillas. La prensa recoge una foto del presidente salvadoreño sonriendo junto a Bush y su afirmación: «me siento muy cómodo con nuestro amigo y aliado cada vez que nos reunimos en la Casa Blanca.” Lo que no dijo, es si en su charla con Bush, se conversó sobre los casos de corrupción que se ventilan en su país. Entre ellos, el del ex presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Carlos Augusto Perla. Funcionario nombrado por anteriores gobiernos de ARENA, huyó a Francia de donde fue extraditado el año pasado. Es acusado de recibir sobornos, malversación de fondos públicos y de asociaciones ilícitas. Tuvo «negocios» con el empresario español Joaquín Alviz, condenado por un juzgado español a fines del 2004 por apropiación indebida en El Salvador. En realidad la orden de Interpol dictada en el 2004, le imputaba sobornos a los altos cargos salvadoreños para ganar concursos por 150 millones de dólares. En estos dias, la Corte Suprema de Justicia fue generosa con otro

diputado de ARENA al Parlacen: el legislador Mario Osorto podrá esperar en arresto domiciliario el resultado del proceso que se le imputa por soborno, falsedad documental y negociaciones ilícitas, previo pago de una fianza de 250 mil dólares. Ya disfrutan de estas medidas de detención aliviada la suegra y la esposa del diputado Roberto Silva Pereira de la Asamblea Legislativa, también señalado por negociaciones ilícitas.

Saca, un súbdito «siempre listo»

Pero volvamos a la visita del presidente salvadoreño en la Casa Blanca. Antonio Saca afirmó que Bush se comprometió a dar todo su apoyo para que sean esclarecidos los asesinatos en Guatemala. De hecho había enviado un equipo del FBI para investigar los crímenes,

pero los policías imputados fueron asesinados horas antes de la llegada de los expertos a Guatemala. Pero si la investigación incluye que se ponga en evidencia el entramado de complicidades entre corrupción gubernamental y mafias diversas, es difícil que salgan a la luz los verdaderos responsables de estos hechos violentos que buscan ocultar pistas y silenciar a quienes podían hablar. Hay un histórico maridaje entre los gobiernos norteamericanos y los sucesores de las dictaduras y gobiernos represivos centroamericanos. El Salvador fue uno de los pocos países que accedió a mandar tropas para apoyar la invasión y ocupación de Irak, haciendo el penoso papel de «comparsa» de los verdaderos protagonistas, los norteamericanos. Penoso porque además, al menos cinco soldados salvadoreños han muerto hasta ahora en el país ocupado. Saca que actúa como súbdito obediente, declaró tras el anuncio del Reino Unido de retirarse parcialmente de Irak, que

su país no abandonará a las tropas estadounidenses aunque otros aliados sigan los pasos de Londres. Una fuerza de 400 soldados

salvadoreños sigue desplegada desde el 2003 en la provincia sureña de Wasit, y es el único país de América Latina que sigue en Irak a pesar de la oposición de la opinión pública que señalan las encuestas.

Los «Escuadrones» no han desaparecido

El precandidato presidencial guatemalteco Otto Pérez Molina denunció que en su país existen al menos «dos escuadrones de la muerte» que tienen vínculos con la Policía y el Ministerio de Gobernación. «Nosotros -añadió – tenemos información de cómo están estructurados y cómo están operando, con la complacencia de las autoridades.» Es posible que Pérez Molina sepa de lo que habla: fue jefe del Estado Mayor Presidencial del gobierno de Ramiro de León y es un general en retiro que se desempeñó también en los años 90 como jefe de la inteligencia militar. Por su parte, el periodista Gustavo Berganza, hace una interesante reflexión en El Periódico de Guatemala sobre las tramas mafiosas en la región: «En la actual coyuntura, dice, no es un grupo con una ideología política definida el que le disputa a otro el control del Estado. No hablamos hoy de guerrillas, sino de narcotraficantes, contrabandistas, ladrones de automóviles, asesinos a sueldo y secuestradores. Y tampoco, al menos de momento, pretenden apoderarse del control total de las instituciones, para instaurar un régimen abiertamente delincuencial. Más bien, a estos grupos que se autoexcluyen del orden jurídico y ocasionalmente enfrentan a las fuerzas de seguridad les conviene mantener el statu quo: para ellos es más favorable un Estado que no requiere de ellos la obligación de participar en su administración para mantener sus privilegios. A estos grupos les conviene más tener como socios a los agentes del Estado que situar a su propia gente al frente del Gobierno. Este tipo de modelo les aparta también de los riesgos que implica competir por los favores de la opinión pública. La experiencia colombiana les mostró que es más barato financiar campañas que lanzar sus propios candidatos.»

Aunque cuidadoso y de puntillas, se aproxima a una descripción de la madeja.

Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) hace unos señalamientos

más concretos: » Tras los acuerdos de paz la Comisión de la Verdad y el Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Irregulares Armados recomendó la investigación, el desmantelamiento y el ejuiciamiento de los escuadrones de la muerte. Se nos advirtió que estos grupos degenerarían en estructuras del crimen organizado…Pero no se prestó atención, la violencia criminal del pasado se encubrió con una amnistía y la consecuencia de ello es que la impunidad ya está en la propia casa de quienes la promovieron» ( En «Proceso» , México )

Y nosotros aportamos algunos datos que corroboran estas afirmaciones: en la Policía Nacional Civil guatemalteca, en realidad son los militares quienes dictan las órdenes. El director de la PNC, Erwin Sperisen, que llegó al cargo en junio del 2005, fue quien incorporó

a unos 30 militares, algunos de ellos con grado de tenientes coroneles ocupan cargos claves como las secretarías privada y ejecutiva y la Inspección General de la institución de seguridad. Esto transgrede abiertamente los Acuerdos de Paz, que en su artículo 23 señalan inequívocamente que la seguridad civil deberá ser dirigida por personal ajeno al ejército. Algo más, una parte de estos militares, ocupó cargos en la Inteligencia Militar. Al respecto, Claudia Samayoa, del Movimiento de Derechos Humanos afirma que «la militarización de la PNC es un signo del deterioro en materia de gobernabilidad manifestado por el actual gobierno». Y un informe de la Fundación Mack

( «Guatemala, institucionalidad bajo acecho» ) precisa que desde que se formó la nueva PNC en 1997, no se realizó un reciclaje minucioso de agentes vinculados a delitos criminales y a violaciones de derechos humanos.

Aquí no ha pasado nada

A pesar de los escándalos provocados por la insólita sucesión de asesinatos con la implicación de policías y funcionarios de prisiones,

el presidente guatemalteco Oscar Berger decidió confirmar en sus cargos al ministro de Gobernación, Carlos Vielmann; al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Sperisen, y al subdirector de la Policía, Javier Figueroa. Como si nada hubiera pasado. Y todo esto sucede cuando el país está en el umbral de un nuevo proceso electoral donde aparece como novedad, la conformación de un nuevo frente

en torno a la candidatura de Rigoberta Menchú. Será difícil que pueda romperse la telaraña de complicidades e impunidades heredada

después de tantos años de dictaduras, represión , influencias militares, corrupción, autoritarismo y marginación de amplios sectores sociales. Al menos será difícil mientras el proceso se realice con funcionarios, candidatos y dirigentes de diferentes partidos que aparecen señalados con vínculos delictivos, en especial con el narcotráfico. La única esperanza es una definitiva toma de conciencia de gran parte

del sufrido pueblo guatemalteco que desde la dictadura de Castillo Armas en 1954, viene sufriendo casi sin alivios, una sucesión de

gobiernos despóticos representantes de intereses económicos y sociales minoritarios. Tras Castillo Armas vinieron Ydígoras Fuentes,

Peralta Azurdía, Arana Osorio, Lauguerud García, Lucas García, Ríos Montt, Mejía Víctores, generales, coroneles…pobreza, exclusión, sufrimiento, muertes. No es muy diferente el panorama en El Salvador, donde también los acuerdos de paz nunca llegaron a sanear verdaderamente a las castas gobernantes ni extirparon los vínculos de los aparatos represores con el poder político.

Años de luchas y de grandes sacrificios de los sectores populares no han conseguido todavía mejorar sustancialmente las condiciones sociales y políticas en estos países y en otros de Centroamérica afectados de una u otra manera por similares herencias.

En eso conspira también el silencio y la oscuridad informativa que suele acompañar lo que sucede en estos países.

De allí nuestra intención de que estos gravísimos acontecimientos que demuestran la debilidad de las carcomidas estructuras «democráticas», se conozcan, se difundan. Guatemala y El Salvador son parte de esta América postergada, muchas veces casi anónima, pero que forma parte de una misma esperanza común de todos sus pueblos.

Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL

Servicio de Prensa Alternativa.