EGIPTO: REPRESION SELECTIVA CONTRA LAS MUJERES

Por Diana Eltahawy (*)

EL CAIRO, May (IPS) A partir del 16 y hasta el 30 de este mes, la Comisión Africana por los Derechos Humanos está examinando los diferentes aspectos del caso planteado por 24 organizaciones de defensa de los derechos humanos contra el gobierno de Egipto, acusado de violar nueve artículos de la Carta Africana por no haber prevenido y enjuiciado las agresiones sexuales y de otro tipo cometidas contra mujeres y periodistas participantes en manifestaciones públicas de protesta el 25 de mayo de 2005.

Ese día, considerado por los defensores de los derechos humanos como un “miércoles negro”, un referendo para enmendar el artículo 76 de la constitución egipcia constituyó una nueva página en la elección de tácticas de las autoridades para silenciar a la disidencia política. Las fuerzas de oposición, que incluyen a los sostenedores del movimiento Kefaya
(¡Suficiente!) y a otros activistas de la sociedad civil, estaban sosteniendo una demostración pacífica en El Cairo para expresar su rechazo a los cambios propuestos en la constitución egipcia por entender que tenían el propósito de consolidar el control total del gobierno sobre el poder, de impedir la presentación de cualquier candidato de la oposición en las elecciones presidenciales y de socavar la supervisión independiente de las elecciones.

El pequeño grupo de protestantes fue entonces rodeado por cientos de policías anti motines, agentes de inteligencia y seguidores del oficialista Partido Nacional Democrático (NDP). Cuando los manifestantes se rehusaron a ser dispersados, la policía empezó a separarlos a la fuerza con sus usuales métodos violentos. Lo que fue diferente en esta ocasión fue el modo en el que los policías reprimieron a las mujeres, que fueron atacadas, desvestidas, agredidas sexualmente y humilladas públicamente. Las autoridades que estaban en el lugar no sólo no intervinieron para impedir esos ataques sino que además impidieron que las mujeres atacadas buscaran refugio y ayuda médica.

Los incidentes del “miércoles negro” son un ejemplo de las brutales supresiones de los derechos ciudadanos de asociación, asamblea y expresión que de vez en cuando realiza el régimen. La respuesta de las autoridades a la participación ciudadana en la vida política oscila entre la opresión y la tolerancia. En ese mismo “miércoles negro” las autoridades permitieron que una delegación del Centro para Estudios sobre el Desarrollo Ibn Khaldun
(ICDS) monitoreara la votación en todo El Cairo. Sin embargo, en el 2000 el gobierno había cerrado a la fuerza al ICDS y enviado a prisión a 27 miembros por haber intentado monitorear las elecciones parlamentarias.

En años recientes, mientras el gobierno ha tolerado algunas formas de asociación política y social, así como la existencia de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de alguna crítica verbal al régimen, por otro lado ha montado una campaña de intimidación, hostigamiento y detención ilegal contra fuerzas de oposición. La represión afecta a miembros de la Hermandad Musulmana, de partidos políticos seculares y de varios movimientos pro democracia que surgieron en el período previo a las elecciones presidenciales de 2005.

Aunque el régimen intenta silenciar por igual a críticos de ambos sexos, usa diferentes estrategias para intimidar a las mujeres. Las tácticas generales incluyen espionaje telefónico y electrónico, pirateo de cuentas de correo electrónico y amenazantes llamadas telefónicas a todas horas del día y de la noche. Pero cuando se trata de activistas femeninas, ellas son chantajeadas sistemáticamente con revelaciones públicas de comportamiento “inmoral” (real o fabricado) si se niegan a interrumpir sus actividades políticas o a servir como informantes del Servicio de Inteligencia. En una sociedad conservadora, donde las dudas arrojadas sobre el honor de una mujer pueden tener terribles consecuencias, esas tácticas son una forma muy eficaz de intimidación.

Lo que el gobierno no previó al emplear esos métodos fue el clamor público suscitado y la rara muestra de unidad entre fuerzas divergentes dentro de Egipto. Habitualmente improbables aliados, incluyendo a miembros de la Hermandad Musulmana, del Centro de Estudios Socialistas, de numerosas organizaciones de derechos humanos, de los sindicatos de periodistas y de los movimientos femeninos hablan con una sola voz para pedir la renuncia del Ministro del Interior, Habib al Adly, y el procesamiento de los autores de los atropellos del 25 de mayo de 2005.

Aunque el fiscal suspendió la investigación de las denuncias por los hechos del 2005 tras aducir que los autores de las agresiones no eran identificables, varias agrupaciones de la sociedad civil continúan abogando a favor de las víctimas. Cuando todas las formas de reclamo local ante la justicia fueron agotadas, cuatro de las víctimas apelaron ante la Comisión Africana por los Derechos Humanos, que aceptó el caso y rechazó los argumentos del gobierno con respecto a la falta de pruebas para establecer responsabilidades.

Más allá del resultado que arroje esa audiencia, el “miércoles negro” se ha convertido en un catalizador de la unidad de la sociedad civil egipcia, que rechaza el cierre del caso antes de que el gobierno reconozca su responsabilidad, lleve a los acusados ante la justicia y compense a las víctimas.

Como egipcia, activista y mujer, los ataques sexuales del “miércoles negro”
me entristecen pues marcan una intensificación de la ya casi diaria amenaza de humillación que sufren las mujeres. Sin embargo, la unidad de la sociedad civil a través del espectro político en esta cuestión proyecta una nueva aunque tenue esperanza para el futuro de Egipto. (FIN/COPYRIGHT IPS)

(*) Diana Eltahawy es la coordinadora en Egipto de CIVICUS, red de organizaciones de la sociedad civil.

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