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Cuando la abolición también mata

Sep 25 2007

Por Kuban Abdymen

BISHKEK, sep (IPS) – El fin a las ejecuciones en Asia central, de no ser acompañado de una mejora de las condiciones carcelarias, podría ser sólo un tortuoso prolongamiento de la muerte para muchos condenados, que deben pasar décadas en prisiones plagadas de enfermedades infecciosas y sufriendo hambre.

Kazajstán, Kirguizstán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán heredaron la pena capital de su pertenencia a la Unión Soviética. Tras su independencia, en 1991, se movieron con distintos grados de celeridad hacia la abolición.

«Fue un proceso paulatino. Pero ahora la pena de muerte fue abolida en cuatro de estos países», dijo a IPS Gulnara Kaliakbarova, directora para Asia central de la organización Penal Reform International (Reforma Penal Internacional), con sede en Alma Ata, Kazajstán.

Turkmenistán fue el primer estado en abolir la pena máxima, en 1999. Lo siguió Kirguizstán, el año pasado, completando el proceso en junio, cuando esta sanción fue eliminada de su código penal.

Kazajstán impuso una moratoria en 2003, y Tayikistán en 2004. En mayo, Kazajstán casi abolió la pena de muerte con enmiendas constitucionales que prohibían cualquier ejecución, con las únicas excepciones de responsables de matanzas terroristas y de «los más serios crímenes en tiempos de guerra».

«Uzbekistán todavía no introdujo una moratoria, pero también está dando pasos hacia la abolición. En agosto de 2005, el presidente Islam Karimov firmó un decreto estipulando que la pena de muerte sería abolida el 1 de enero de 2008. En junio de este año, el Senado de Uzbekistán aprobó enmiendas al código penal para reemplazar la pena de muerte por la cadena perpetua», señaló la directora regional de Penal Reform, Gulnara Kaliakbarova.

Pero los constantes avances hacia la abolición no fueron acompasados por una modernización de las prisiones y una adopción de políticas penales que preparen a los infractores más graves para una eventual reincorporación a la comunidad.

Solamente en Kazajstán, país rico en petróleo, hubo un gran aumento en el gasto en prisiones, según Penal Reform.

«En los últimos tres o cuatro años, el presupuesto carcelario de Kazajstán casi se triplicó. Actualmente, en cada recluso se gastan 2.000 dólares al año. Esto significa que las condiciones de vida del prisionero y su nutrición son adecuadas», explicó Kaliakbarova.

Pero en otras partes de Asia central hubo una necesidad urgente de «proporcionar estándares internacionales mínimos de tratamiento a prisioneros», añadió la activista, cuyo personal controla y asesora en materia de políticas penales en toda la región.

Las peores condiciones carcelarias probablemente se registran en Tayikistán, el más pequeño y pobre de todos los estados de Asia central, sugirió.

En los años 90, una devastadora guerra civil que duró cinco años hizo retroceder económicamente al país. «Cifras oficiales indican que 86 por ciento de los siete millones de habitantes viven debajo de la línea de pobreza», agregó Kaliakbarova.

La tuberculosis, el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), las enfermedades gastrointestinales y otros males infecciosos constituyeron problemas graves en las cárceles de Tayikistán.

El hacinamiento, la malnutrición, las malas condiciones de higiene y las inadecuadas instalaciones médicas aumentaron la vulnerabilidad de los reclusos, señaló, añadiendo que no hubo fondos del Estado para financiar la recolección de estadísticas confiables.

«La voluntad política de cambiar el sistema está, pero las autoridades carcelarias carecen de la pericia y de los recursos para una capacitación profesional. También hay un alto nivel de corrupción en el sistema», expresó Kaliakbarova.

En Kirguizstán, república vecina hacia el sur, las prisiones también son trampas mortales con una tuberculosis rampante, particularmente en las dos cárceles subterráneas, donde se alojaba a la mayoría de los sentenciados a cadena perpetua, dijo a IPS Akin Toktaliev, presidente de la organización de derechos humanos Comité para la Protección de la Dignidad y el Honor de la Nación de Kirguizstán, en Bishkek, la capital.

Falta una atención médica adecuada para quienes se enferman en las prisiones, particularmente para el tratamiento de tuberculosis altamente contagiosa, dijo Toktaliev.

«En vez de mantenerlos en condiciones tan inaceptables, sería más humano si se los enviara a la muerte», agregó.

«Algunos son recluidos en celdas estrechas, oscuras y subterráneas, sin acceso a aire fresco. El espacio promedio asignado a los prisioneros a largo plazo es de 2,5 metros cuadrados. No abandonan sus celdas prácticamente nunca», confirmó Kaliakbarova, describiendo las condiciones que suelen caracterizar al sistema carcelario de Kirguisztán como «inhumanas».

Primitivas condiciones sanitarias, cloacas hediondas y agua insuficiente fueron algunos de los problemas que plagaron su sistema carcelario, añadió.

«Los prisioneros han notado algunas mejoras en la calidad de las comidas. Pero su variedad y nivel nutricional todavía es inferior al estándar, excepto en el caso de las raciones de pan. La carne y el pescado son servidos en forma concentrada. Las papas y otras verduras son inadecuadas. El menú diario es avena para el desayuno, repollo al vapor, macarrones o borsch para el almuerzo y sopa para la cena», señaló.

A los familiares se les permite complementar las raciones carcelarias llevando sacos de papas, fruta y verduras durante sus visitas mensuales, dijo a IPS Nargiza Akyl, de la Oficina del Ombudsman de Kirguisztán.

Pese a la abolición de la pena de muerte y a una mayor apertura en cuanto a las condiciones en prisión, las autoridades carcelarias de Kirguizstán todavía se niegan a informar a los familiares el lugar donde fueron enterrados los cuerpos de los ejecutados, dijo Gulnara Kaliakbarova.

Penal Reform International no tiene información sobre los sistemas penales en Turkmenistán y Uzbekistán, dos países de la región ricos en recursos.

Irónicamente, el hermético Turkmenistán fue el primer país de Asia central en abolir la pena de muerte bajo el gobierno del despótico Saparmurat Niyazov (1991-2006), quien falleció repentinamente en diciembre. Lo sucedió el ex viceprimer ministro Gurbanguly Berdimuhammedow.

Surat Ikramov, presidente del Grupo Iniciativa de Activistas Independientes por los Derechos Humanos en Uzbekistán, dijo a IPS que las condiciones carcelarias en su país eran «insatisfactorias».

Alrededor de 40 por ciento de los 70.000 reclusos en prisiones uzbekas fueron acusados injustamente, aseguró.

«Muchos son torturados, especialmente los religiosos, que son 7.000», señaló. A los familiares se les permitía visitarlos solamente cuatro veces al año.

La falta de información oficial sobre los reclusos condenados a la pena de muerte era total. «Nadie podría decir cuántas personas fueron sentenciadas a muerte. Los funcionarios nunca publican ninguna cifra», indicó.

Ikramov calculó que hay unas 120 personas esperando su ejecución. Pero fuentes de Penal Reform sugieren que esa cantidad podría ascender a 1.000.

Ahora, Penal Reform llama a países de la región a dar los pasos que faltan para quedar absolutamente «libre de la pena de muerte». También tiene una lista detallada de recomendaciones para mejorar la vida en prisión de los condenados y de sus familias.

«El encarcelamiento de por vida debería orientarse a la resocialización y la reintegración en la comunidad. Ahora, con la abolición de la pena de muerte, llegó el momento de adoptar las estrategias más humanas de castigo alternativo», opinó Gulnara Kaliakbarova. (FIN/2007)