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RUSIA – MANO DURA CONTRA LA SOCIEDAD CIVIL

Feb 25 2008

Por Kumi Naidoo y Tanzilya Salimdjanova (*)

JOHANNESBURGO, Feb (IPS) Con las inminentes elecciones presidenciales
-notoriamente tiempos de restricciones para el disenso- en Rusia,
nuestra atención forzosamente se dirige hacia el espacio que ocupan en
ese país las organizaciones no gubernamentales (ONG) a fin de
establecer si pueden o no emprender libremente sus actividades
legítimas, ya sea en materia de suministro de servicios, de monitoreo
de las propias elecciones o de pedido de cuentas al gobierno.

No hace mucho tiempo, la gente de Ucrania, Georgia y Kazajistán
festejó cuando diversos clamores de revolución se propagaron a través
de sus países y se abrieron nuevos espacios para el diálogo público y
el debate. A la inversa, ciudadanos en países vecinos sienten que
sobre ellos aumenta, cada vez con más dureza, la fuerte presión de sus
gobiernos. Uzbekistán y Turkmenistán, y también la propia Federación
Rusa, reaccionaron inmediatamente y lanzaron campañas contra los
grupos de ciudadanos independientes. Turkmenistán decidió desde el
principio de su independencia restringir el activismo ciudadano y
permitió sólo el registro de un puñado de grupos ambientalistas. En
Uzbekistán desde 2003 y en Rusia desde 2006 los gobiernos han
específicamente tachado a las ONG involucradas en movilizaciones
públicas de «la mayor amenaza» para sus regímenes.

Los gobiernos de la región usan diversas justificaciones para sus
campañas contra las ONG, que incluyen la imposición de medidas para
combatir el terrorismo y el extremismo en el contexto regional. ONG
que han cooperado con y recibido fondos de organizaciones
internacionales fueron acusadas de socavar la seguridad del estado y
los miembros de su personal fueron acusados de ser agentes de
inteligencia extranjeros.

Declaraciones públicas de los presidentes de Uzbekistán y
Turkmenistán, y de funcionarios de Rusia, advirtieron a los ciudadanos
sobre la dañina influencia que podrían tener sobre la estabilidad
interna las ONG con financiación extranjera. Incluso se difundió en
2005 un documental en el que se perfilaba la teoría de una
conspiración que vinculaba a grupos de defensa de los derechos humanos
con los servicios británicos de inteligencia en Rusia. El filme fue
repetidamente exhibido por la televisión pública rusa y visto también
en los países vecinos. De este modo, las organizaciones ciudadanas se
convirtieron en el «enemigo del estado», en un chivo expiatorio y en
fáciles pero descaminados blancos para las autoridades.

En Uzbekistán, los decretos restrictivos del 2003 al 2005 forzaron a
las ONG a volver a registrarse y a ser sometidas a rigurosas
investigaciones sobre sus actividades, con el resultado de que unas
2.000 ONG se vieron forzadas a cerrar.

La campaña de Rusia contra las ONG parece haber servido de inspiración
para un similar tipo de acciones en sus vecinos del Sur. Las enmiendas
a la ley sobre las ONG en 2006 hicieron imposible a muchas ONG volver
a registrarse, impidieron que se registraran nuevos grupos e
impusieron engorrosos procedimientos burocráticos a todas las
organizaciones, especialmente a aquellas que recibieron fondos desde
afuera de Rusia. Esta campaña continúa y ha llevado a un gradual
cierre de espacios para el diálogo público.

En julio 2006, el presidente Vladimir Putin se reunió con un grupo de
ONG internacionales que le plantearon la cuestión de la nueva ley para
las ONG y sus efectos en las operaciones de éstas en Rusia. Putin tomó
nota de algunas debilidades que tiene esa ley y prometió personalmente
que su aplicación sería revisada en 2007. Pero ya estamos en el 2008 y
hasta ahora ningún movimiento ha sido hecho para comenzar la revisión
prometida.

El año pasado, muchos de los defectos de la ley sobre las ONG y de su
ejecución empezaron a salir a la luz. Como fue puesto de relieve por
numerosos informes de las ONG rusas, la ley ha demostrado ser poco
clara y gravosa, así como que contiene penalidades desproporcionadas.
Ello limita la contribución que las ONG rusas pueden hacer a su pueblo.

Mientras que en Uzbekistán y Turkmenistán las campañas y políticas
anti-ONG fueron rápidamente instrumentadas con devastador impacto, en
Rusia hay todavía tiempo y espacio para abogar a favor de la sociedad
civil y para apoyar a los ONG y a los activistas a favor de los
derechos humanos en sus esfuerzos para evitar que los espacios para la
sociedad civil desaparezcan por completo.

Aquí, en CIVICUS, Alianza Mundial para la Participación Ciudadana,
nos hacemos eco de los llamamientos de muchos en la sociedad civil
rusa para que el presidente Putin y su sucesor escuchen a sus
ciudadanos y a sus organizaciones y actúen con y para ellos. Y dado
que Rusia tiene una fuerza gravitacional en la región, todo lo que
haga ya sea para proteger o para sofocar a la sociedad civil jugará un
papel enorme sobre las políticas en los países vecinos. Esperamos que
en Rusia se elija el camino de la apertura, la cooperación y la cesión
de espacios para sus socios en la sociedad civil. (FIN/COPYRIGHT IPS)

(*) Kumi Naidoo, Secretario General de CIVICUS – Alianza Mundial para
la Participación Ciudadana y Tanzilya Salimdjanova, responsable del
Programa para la Sociedad Civil de CIVICUS