General

Escoba nueva para barrer Guantánamo

Nov 11 2008

Por Jim Lobe

WASHINGTON, 11 nov (IPS) – El cierre de la cárcel de prisioneros de la «guerra contra el terrorismo», instalado por Estados Unidos en su base naval en Guantánamo, Cuba, debe ser prioridad del presidente electo Barack Obama, reclamaron organizaciones de derechos humanos.

Los activistas exigieron también la abolición de los tribunales castrenses que juzgan a reclusos en esa prisión, y que se transfieran esos procesos a magistrados civiles para asegurar que se cumpla con las garantías del debido proceso.

«No hay margen para la paciencia o la demora», afirmó Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que presentaron demandas judiciales en defensa de los detenidos en Guantánamo.

«Esperamos que Obama, tan pronto como asuma la presidencia, ordene por decreto el cierre de Guantánamo y el fin de los tribunales militares. Ya es hora de restaurar los valores estadounidenses de justicia, debido proceso y respeto de los derechos humanos», agregó.

Otras cinco organizaciones urgen a los gobiernos europeos a recibir a los presos de Guantánamo. No se formulará ninguna acusación al menos contra 50, que no pueden ser devueltos a sus países, en general árabes o musulmanes, por temor a que se los arreste y se los torture allí.

«Obama se ha comprometido a cerrar Guantánamo, pero necesitará ayuda de Europa», dijo Joanne Mariner, directora de la división de Terrorismo y Contraterrorismo de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York.

Mariner habló en representación de su institución y de otras cuatro: Amnistía Internacional, el Centro para los Derechos Constitucionales, Reprieve y la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), con sede en París.

«Los gobiernos europeos pueden ofrecer una asistencia muy necesaria, aceptando recibir a algunos de los detenidos que no pueden ser entregados a sus países de origen», afirmó.

Desde que llegaron a Guantánamo desde Afganistán los primeros sospechosos de «terrorismo», enviados allí el 11 de enero de 2002, han estado presas en el lugar 775 personas de entre 13 y 98 años de edad, según ACLU.

Ahora parece claro que en su gran mayoría no estaban involucradas en actividades terroristas y que fueron arrestadas por milicias tribales y «cazadores de recompensas» en Afganistán y Pakistán.

A pesar de su inocencia, fueron sometidas a «técnicas agresivas de interrogatorio» calificados de tortura lisa y llana por activistas de derechos humanos.

Esas prácticas convirtieron a Guantánamo, junto con la prisión de Abu Ghraib en Iraq, en símbolo de los excesos de la «guerra contra el terrorismo» declarada por el presidente estadounidense saliente George W. Bush, y la pérdida de valores morales que Washington decía defender.

Al menos cuatro prisioneros se suicidaron en Guantánamo. Centenares realizaron numerosas huelgas de hambre para protestar por las condiciones de reclusión.

Hasta el momento, más de 500 presos han sido liberados. La gran mayoría fue enviada a sus países de origen, algunos a condición de que las autoridades locales los arrestaran o mantuvieran vigilados.

El Departamento (ministerio) de Defensa estadounidense, que tiene jurisdicción sobre la base naval de Guantánamo, donde se encuentra la prisión, informó que hasta la semana pasada había «alrededor» de 255 detenidos.

Más de 60 estaban en condiciones de ser liberados o transferidos, pero permanecían en un «limbo» por las dificultades para negociar acuerdos satisfactorios con sus naciones de origen, según una investigación del diario The New York Times.

El periódico agregó que 34 de los presos habían sido arrestados en Pakistán, entre los que figuraban tres importantes miembros de la red extremista Al Qaeda. Veinte fueron identificados como guardaespaldas del líder de la organización, Osama Bin Laden, y 16 están acusados de ataques contra blancos estadounidenses previos a los operativos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

Las cortes marciales creadas para juzgar a los sospechosos fueron cuestionadas por diversos tribunales federales de Estados Unidos e incluso por la Corte Suprema de Justicia.

En esos fallos se advirtió que estas comisiones militares especiales no cumplían con las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución y por las convenciones de Ginebra, base del derecho internacional humanitario que protege a la población civil envuelta en conflictos armados y a los prisioneros de guerra.

Los defensores de los procesados, e incluso algunos fiscales, también criticaron severamente el accionar de los jueces militares, por ejemplo por aceptar testimonios obtenidos bajo tortura.

A seis años de su creación, esos tribunales apenas lograron producir dos condenas, la última de ellas la semana pasada.

Durante la campaña presidencial, Obama señaló repetidamente que la imagen de Estados Unidos como líder en materia de derechos humanos y de vigencia del estado de derecho había sufrido a causa de Guantánamo, al que consideró «un triste capítulo de nuestra historia» que es preciso cerrar, prometió.

El presidente electo y sus asesores también cuestionaron los tribunales militares. Sugirieron que en caso de evidencia creíble de actividad terrorista los detenidos deben ser juzgados por magistrados civiles, que en ciertos casos podría adoptar reglas especiales para evitar que información «sensible» tome estado público.

La asociación de abogados en defensa de los derechos humanos Human Rights First (HRF) difundió en mayo el análisis de 120 casos y concluyó que los tribunales federales están bien equipados para llevar adelante complejos casos de terrorismo.

«Aunque es encomiable que el presidente electo señale su voluntad de responder a estos desafíos, cómo y dónde son juzgados los sospechosos es de vital importancia para restaurar el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos y el estado de derecho», dijo la directora de HRF, Elisa Massimino.

En cuanto a los detenidos que pueden ser liberados pero estarían en riesgo si son enviados a sus países, Cori Crider, abogada miembro de Reprieve, señaló que «esta es una oportunidad única para que, a ambos lados del océano Atlántico, nos movamos más allá de las erróneas prácticas de la ‘guerra contra el terror’, como las detenciones secretas, las ‘entregas extraordinarias’ y la tortura».

«Europa puede enviar un poderoso mensaje, al ayudar a Obama proveyéndole una alternativa segura para esas personas», agregó.

«Como socio estratégico de Estados Unidos, la Unión Europea debe ayudar al gobierno de Obama a reubicar a esos detenidos», afirmó el presidente de la FIDH, Souhayr Belhassen, quien recordó que el comisario europeo de Derechos Humanos, Thomas Hammerberg, formuló un pedido similar.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Kahn, declaró la semana pasada, entrevistada por la corresponsal de IPS en Santiago, Daniela Estrada: «Tenemos grandes expectativas puestas en el presidente Obama. Su lema de campaña estuvo basado en el cambio y nos gustaría que efectivamente haya un cambio en las políticas de derechos humanos de Estados Unidos.»

Kahn mencionó «el cierre del centro de detención de Guantánamo, declaraciones públicas que confirmen la prohibición de torturas y otras formas de malos tratos y la garantía de una investigación independiente sobre las violaciones a los derechos humanos» cometidas bajo el gobierno de Bush en el marco de la «guerra contra el terrorismo».

«También esperamos que muestre un liderazgo basado en principios en temas de derechos humanos en el plano internacional, que ratifique tratados como el (Estatuto de Roma, que creó) la Corte Penal Internacional y que juegue un papel constructivo en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas», afirmó Kahn. (FIN/2008)