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Igualdad de género: de las palabras a los hechos

Nov 27 2008

Por Inés Alberdi (*)

NUEVA YORK, Nov (IPS) Las actuales crisis globales -de alimentos, de combustibles y financieras- han puesto en claro que el paradigma del desarrollo convencional ya no es más viable. La promoción de la liberalización del mercado y de la austeridad fiscal como instrumentos para estimular el crecimiento económico, debe ser revisada.

Los acuerdos internacionales, comenzando con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), han respaldado políticas que van más allá del mero crecimiento económico pues tienen como meta un desarrollo justo y sostenible. El Consenso de Monterrey, por ejemplo, señaló que la financiación de un desarrollo sensible y centrado en la gente es esencial para responder a los desafíos de la globalización. En ese contexto, se destaca que la inversión en la igualdad entre los géneros tiene un efecto multiplicador en la productividad y que el incremento de las opciones económicas de las mujeres es fundamental para alcanzar los ODM.

El año pasado, durante la revisión de la aplicación del Consenso de Monterrey sobre la Financiación del Desarrollo, los estados integrantes de la ONU han subrayado la necesidad de abordar la calidad del desarrollo y la importancia de enfrentar las desigualdades. El informe del Secretario General de la ONU afirma que «existe una extendida opinión acerca de la necesidad de una mejor comprensión del papel de la mujer en el desarrollo, yendo más allá de sus funciones como cuidadora de niños, incapacitados o enfermos y como trabajadora. Las políticas macroeconómicas deberían ser más coherentes con otras políticas para lograr la igualdad de género».

Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre tendrá lugar en Doha una Conferencia que aprobará el documento final sobre la Financiación del Desarrollo. El borrador del documento final reconoce estos vínculos e identifica la igualdad de género como un desafío clave para el desarrollo, junto con los del cambio climático y las crisis de alimentos y de energía.

Es de vital importancia que el documento final de Doha contenga referencias a los vínculos estructurales entre las políticas macroeconómicas y la igualdad de género. Los lazos entre la igualdad de género y el desarrollo deberían también ser señalados dentro de las secciones específicas de la agenda de la financiación para el desarrollo.

Todo esto sirve para expandir las oportunidades para las mujeres y para reducir los riesgos a los cuales ellas están a menudo expuestas, incluyendo la pérdida del trabajo y de ingresos y el acceso limitado a los bienes y servicios públicos.

Entre las consecuencias negativas de las políticas de ajuste fiscal tienen particular relieve el estancamiento de las oportunidades de empleo y la reducción de gastos en servicios públicos y en protección social. Esas medidas obligan a las mujeres a tomar responsabilidades adicionales en cuanto a la asistencia de su familia, lo que limita sus opciones en la obtención de empleos y en actividades empresariales. Las políticas económicas deben extender las opciones de las mujeres en el mercado laboral y mejorar su acceso a los bienes financieros y productivos. Son necesarios también esfuerzos particulares para sostener al gran número de mujeres que desempeñan trabajos informales, incluyendo el comercio a través de las fronteras, y mejorar las opciones para los pequeños agricultores, la mayoría de los cuales, en muchos países, son mujeres.

Las políticas impositivas también deben ser revisadas. Los impuestos a las empresas son excesivamente bajos en muchos países, debido a la adopción de exenciones fiscales para atraer inversiones extranjeras que se han demostrado ineficaces en muchos casos, especialmente en África. En cambio, muchos países pobres han recurrido a los impuestos indirectos, los que terminan por caer pesadamente sobre los pobres y las mujeres, como consumidores que son de bienes y servicios básicos.

En cuanto a los recursos externos, no es aceptable que el Consenso de Monterrey declare que la liberalización del comercio y de las inversiones incrementan la inversión directa externa y conducen al crecimiento económico y al desarrollo social. En la práctica, la inversión extranjera se ha concentrado en un número relativamente pequeño de países. La liberalización del comercio ha traído escasas ganancias y ha puesto en peligro seriamente la seguridad alimentaria en muchos países en desarrollo donde las mujeres son las principales productoras, así como suministradoras, de seguridad alimentaria.

En el cierre de la 52ª. Sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer celebrada en marzo último, los gobiernos estuvieron de acuerdo en que alcanzar la igualdad de género requiere una redistribución de los recursos existentes y una enorme inyección de fondos adicionales, tanto de fuentes internas como externas. Cuando los líderes mundiales se reúnan en Doha, es urgente que encuentren vías para avanzar en esta agenda. Es ahora ampliamente reconocido que la atribución de poder a las mujeres y la igualdad de género son conductores clave de políticas para crear seguridad alimentaria, reducir la pobreza, salvaguardar el ambiente y realzar la eficacia del desarrollo. Las mujeres son también importantes agentes de desarrollo económico y necesitamos políticas que reconozcan tanto esta realidad como que apoyen activamente -y financien- la igualdad de género. (FIN/COPYRIGHT IPS)

(*) Inés Alberdi, Directora Ejecutiva del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).