General

La “derecha” es el verdadero enigma nacional

Nov 3 2008

Por Matias Godio*

¿Qué nos puede decir la experiencia de Brasil sobre el presente político en Argentina?

El PT llega al poder en Brasil en 2003 con el imperativo cultural de responder al problema de la exclusión social, política y económica del 70% de la población. Casi 20 años después de la recuperación democrática.Lula es finalmente votado masivamente por los trabajadores urbanos de la gran industria paulista, carioca, mineira y gaucha, por los segmentos de clases medias cultas y universitarias fortalecidas y reconocidas por FHC pero que venían de la modernización de la dictadura, y una tercera parte -esta si inédita- de votos del sector informal de la economía que se independiza por primera vez y vota masivamente. Vota, no necesariamente para Lula, pero vota, y votar, aunque no sea al PT, es votarlo, es votar con la cabeza, con libertad.

Así, el gobierno de Lula tenía como eje la inclusión de esos sectores relegados en la vida política y económica del “gran Brasil”. La derecha brasilera, poco retórica y muy práctica, rápidamente acusó recibo de este mensaje y lo incorporó a su agenda pública. El primer gobierno Lula se construyó políticamente a si mismo como una vanguardia política transformadora, y creyó erróneamente que debía fortalecerse antes como una elite fuerte que podía montarse en el aparato de Estado, que continuar su procesos de abrirse camino en una sociedad civil en que el partido había sido el punto de referencia de su “politización”.

A su vez, ese primer gobierno de Lula sirvió a la formulación democrática de la elite brasilera, la que se reconoce habiendo experimentado y procesado el hecho de gobernar el país bajo un régimen militar durante veinte años de dictadura, pero “modernizarlo”. Se hace definitivamente una elite políticamente visible como nunca a nivel electoral, en el PFL (ahora PL), el PP, parte del PSDB y del PMDB, pero con formaciones políticas muy fuertes y variadas a nivel local. Una elite que se encargó de iluminar FHC durante sus diez años de gestión. Una elite que, al fin de cuentas, escucha a FHC, quien había sido becado por ella para perfeccionarse en Inglaterra mientras el mismo régimen lo prohibía. Esa elite entendió rápidamente después del 2003 que debía vaciar de contenidos políticos reales el concepto de inclusión social asociado en las bases y planteado por el PT como objetivo transformador. Encolumnada detrás de la serenidad “gramsiana” de la cadena O Globo, la inteligentzia burguesa asumió el control de una agenda político cultural con vistas a dirigir la nueva etapa que el propio PT había abierto al nuevo Brasil sin retorno.

Los mercados se tranquilizaron ante la victoria de Lula de 2003. La vanguardia encabezada por el famoso Dirceu anunciaba la ortodoxia económica como camino seguro del quinquenio venidero. Inclusive, velozmente lideró reformas fuertemente reclamadas por la burguesía como la de la previsión social. Y rápidamente, con los escándalos de corrupción por intentar controlar un parlamento desfavorable, y el abuso del poder vinculados con la propia naturaleza de vanguardia política que el PT, la derecha reinventó el significado la inclusión social bajo el lema de la ciudadanía e impuso su propia agenda en este sentido. A través de los medios.

Es decir, la participación real en las decisiones de poder de los “incluidos” se puso como la luz al final de un túnel que primero debía ser quien los conduzca en un largo proceso de disciplinamiento social y cultural que no les permitiría exceder la protesta y la acción política en su condición de consumidores. La derecha creo así una agenda política con condiciones culturales para su consenso hegemónico, y donde la ciudadanía tendía a verse como posible solo en términos de consumidores de “bienes de inclusión”. La gran jugada fue anular al PT -fue fácil porque se había pensado él como vanguardia excluyendo al mismo tiempo a sus fuertes bases populares de clase de la periferia de las grandes ciudades (especialmente Sao Paulo)- e incluir a su relato cultural del “Gran Brasil” a los sectores populares. La caída definitiva del “núcleo duro” en el gobierno y la elección de Lula par un segundo mandato fue entonces más de lo mismo.

Alguien se preguntará, ¿pero qué tiene esto que ver con la Argentina? No hace falta decir que las especificidades de ambos países, tanto presentes y pasadas, existen. Sin embargo, si nos detenemos a observar bien en el terreno de una discusión más amplia de la relación entre inclusión desarrollo y proyecto político, y las condiciones reales de la globalización económica, el conflicto que en la Argentina se ha dado en llamar “campo vs gobierno” transita por caminos que pueden ser comparables analíticamente con el Brasil de los últimos años. Por otro lado, así como Lula retoma el debate del ´64, el los Kirchner retoman un debate semejante, pero obturado en el `55 (y con mayor complejidad en el ´76).

El conflicto que vive hoy la Argentina aparece a primera vista en la opinión de sus antagonistas como una lucha entre voracidad impositiva para tener “caja” vs. redistribución de la renta extraordinaria en dirección a los “sectores menos favorecidos”. Para el gobierno, el Estado debe ser hoy una suerte justiciero social que tiene como objetivo la inclusión económica de los sectores populares violentamente relegados en los últimos años. Sin embargo, para las entidades y representantes del campo, se trata de una medida impositiva confiscatoria que solo busca reproducir un régimen de relaciones de poder prebendista entre los pobres y el gobierno. Es indudable que el subsuelo de esta disputa destada ente el aumento de las “retenciones a las exportaciones” (la Resolución 125), se inscribe en una lucha económica que hoy, bajo las condiciones del presente (léase pooles económicos, tecnologización, sojización, etc), fogonea rencillas entre grupos sociales dirigentes de vieja data y que expresaron también “modelos” diferentes. Pero pareciera como si a los actores de este drama antagónico, la inestabilidad histórica de las alianzas sociales y políticas circunstanciales que los sostienen hoy, les hiciera imposible ver hasta qué punto se trata de una lucha que se juega en plano fundamentalmente cultural. Las posibilidades de estabilizar esta anomalía bajo una hegemonía, requiere de un consenso político que excede los el lugar de “justiciero” o de simples “legalismos”. Debe notarse la ausencia de un cacerolazo ante el anuncio de la Presidente de enviar la ratificación de la conflictiva Resolución 125 a una discusión en el Congreso.

Por un lado, el gobierno hace todo lo posible por confundirse con el Estado, y, en cuanto forma de actuar el poder, no comprende el lugar que tiene “el campo” en el imaginario colectivo de las clases medias, y menos aún entre los sectores rurales. Del lado del campo, están alineados una diversidad de actores sociales que defienden sus intereses a futuro y que resisten a las transformaciones del agro. Transformaciones reales que, paradójicamente, no son colocadas en el centro del debate por el gobierno, quien deja lugar a la emergencia de un discurso opositor con ribetes casi religiosos, pero con base en la desesperación real de los pequeños productores. Como agregado discursivo de critica al gobierno, se asume así en el plano político, un liberalismo mediático que considera necesario frenar cualquier intento de instaurar en el país la idea de que la inclusión social está asociada con la redistribución de las ganancias extraordinarias de este u otro sector en particular. Al mismo tiempo, la pretendida inclusión social de los más pobres que afirma buscar el gobierno con la redistribución de la renta extraordinaria, tiende, como muestra claramente la última respuesta del discurso de CFK, hacia soluciones asistencialistas centralizadas, y poco claras en relación a su articulación real con los beneficiados concretos, y menos aún con sus productores particularmente afectados por la medida. A modo de ejemplo, se planeta construir 30 hospitales nuevos en un país en que no se realiza un concurso de médico en el sistema hospitalario desde la década del `60.

Tanto unos como otros se niegan a entender que una hegemonía real que pueda orientar el país solo es posible y perdurable si es capaz de crear una agenda cultural y política reconocible como valida para una gran parte de la sociedad civil. Por un lado, la oposición aliada “al campo”, acusa a una parte de la sociedad “oficialista” de ser facilista, autoritaria y carente de un deseo de reglas institucionales, y anuncia elípticamente el fin trágico de “los perversos que gobiernan.” Por otro lado, el gobierno, no está dispuesto a ceder poder de decisión ni dejar lugar a experiencias autónomas, bajo la eterna sospecha de la amenaza desestabilizadora “anti-popular” en ciernes, y la confianza en cierto pragmatismo performático. En definitiva, la oposición no está dispuesta a asumir como propia la discusión sobre qué formula concreta propone para resolver la exclusión social y la pobreza, y el gobierno, se niega a entender que la “ruralidad” no es simplemente una ecuación económica, sino también un eje constructor de la vida social en las principales provincias argentinas y del imaginario de la nacionalidad como un todo.

Esta disputa “diabólica” en torno al supuesto enfrentamiento entre modelos de país, no está muy lejos de aquello que justamente se traduce en unos y otros como admiración por la forma en Brasil ha gerenciado el tema de la creación y distribución de la riqueza en los últimos años. Por un lado, como le ocurrió al partido de Lula, el gobierno insiste en pensar que se puede transformar una sociedad sin integrar una parte sustantiva de su auto-imagen, o sea, la ruralidad, y peor aún, sin la participación política en las decisiones económicas de aquéllos a quien dice están orientados los recursos extraordinarios de las retenciones. Por otro lado, la gelatinosa suma de grupos identificados como “la elite” (en términos de nuestro folklore político, la “oligarquía golpista”), no es capaz de establecer una visión propia y democrática del modo de incluir a los manoseados “excluidos”.

Como decíamos, en el Brasil, la elite local se hizo cargo de esta responsabilidad instalada por la victoria del PT, y la organizó culturalmente en torno al eje de la ciudadanía vaciando su horizonte real de poder. En respuesta, el gobierno de Lula encontró en las organizaciones no gubernamentales un espacio privilegiado para colocar recursos económicos con eje en la sustentabilidad, la ecología, la participación política a nivel local. Qué espera el gobierno de CFK para destinar una masa de recursos realmente importantes para ONG controlados por personajes intachables de su propio imaginario?

Mientras tanto, en Argentina, el progresismo nacional en el gobierno limita su base de poder concreto identificándose con un modelo de inclusión que se basa en dar visibilidad a la defensa de “sus descamisados” (el pueblo que “quieren trabajar”) y la mesa parrillera. La derecha, ignorando su responsabilidad concreta en el desastre social en que se encuentra el país, y en nombre de una argentinidad “profunda y verdadera”, habla nuevamente, pero en voz baja, de los “pisos de parquet y de asados” que se vienen si no tomamos medidas.

El resultado es bastante obvio. Ni el gobierno entiende que un poder ejercido únicamente “desde arriba” no es de modo alguno suficiente para sostener un largo período de construcción de una sociedad más equitativa. Un largo periodo, en donde por ejemplo, exista un plan de desarrollo agroindustrial en serio, con prácticas de economía mixta flexibles y modernas, y que podría transformarse en un puente efectivo y real entre los mencionados excluidos urbanos y los sectores rurales. Es verdad que tampoco el aglomerado de la derecha consigue salir de su disgusto estético por los “malos, sucios y feos”, ni sabe como articular el discurso de “la autonomía de los que producen” con una verdadera agenda con énfasis en las instituciones como modelo de inclusión social propio. Ocurre que esa es una formulación política que la vanguardia “popular” teme enfrentar hoy aunque es justo decir que lo intentó con la frustrada “transversalidad”.

Ni siquiera el pragmatismo más optimista podrá concluir que se puede copiar la experiencia brasilera. Sin embargo, parece posible entender precisamente dónde se encuentran las anomalías políticas, culturales y económicas que nos impiden resolver una problemáticas que no es únicamente argentina. Hay que empezar por ahí, entonces, por aquello que es próximo.

En el Brasil, las “opciones” era inicialmente antagónicas, pero la derecha las hizo complementarias, aunque mostró sus dientes desde el principio en los meses previos a la segunda vuelta del primer mandato de Lula en 2003, y los dejó marcados (en el traje y la corbata de Lula, quien asume públicamente que no habrá horizontalidad política. Pero luego esperó el abroquelamiento del PT dentro del aparto burocrático de las dimensiones de Brasilia, quien de a poco dejó a su base de sustentación sin herramientas para la gimnasia política que exigía la empresa transformadora propuesta. Lo que pasa es que la experiencia tenia un pasadoEl PT fue desintegrado del imaginario político como partido de estado y difícilmente recuperará su protagonismo como eje transformador de la sociedad brasilera. En la Argentina, este parece ser el destino político en que el gobierno y la oposición, por omisión u obsesión, insisten en colocar al PJ. Quizás, si unos y oros entendieran cuanto importa el plano cultural en la comedia dramática que ofrecen diariamente a las pantallas de televisión, podrían ver más allá de su propio ombligo. Si lo que mal llamamos “derecha” fuese capaz de incorporar a su visión normalizante la retórica inclusiva del gobierno, quizá, este podría también incorporar la redistribución de la riqueza a la norma social.

* Sociólogo (UBA, 1995), Maestría en Antropología Social (UFSC, 2005). Cursa último año del Doctorado en Antropología Social en la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC-Brasil). Coordina el Núcleo de Antropología Visual (NAVI-UFSC). Es investigador ad honorem de la Universidad Tres de Febrero (UNTREF-Argentina).