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Impunidad en caso de asesinados por militares colombianos

Ene 14 2010

Por Helda Martínez

SOACHA, Cundinamarca, 13 ene (IPS) – Por vencimiento de los plazos judiciales, hasta ahora han quedado en libertad 31 efectivos del ejército de Colombia, siete de ellos este miércoles, pese a que son investigados por la desaparición y muerte en 2008 de 11 jóvenes de este municipio vecino de Bogotá.

Del total de 42 militares implicados en el llamado Caso Soacha, 18 fueron dejados en libertad entre el 30 de diciembre y el 7 de enero, seis más el martes y otros siete este miércoles.

Los militares son acusados de dar muerte a civiles, presentándolos después como guerrilleros abatidos de baja en combate, con el fin de lograr beneficios y prebendas.

Los jóvenes fueron atraídos con falsas promesas de trabajo en agosto y septiembre de 2008.

Habitaban en Soacha, municipio del departamento de Cundinamarca, que limita con Bogotá por el sur, y es colindante con Ciudad Bolívar, zona marginal de la capital colombiana a donde llegan la mayoría de los desplazados de sus hogares por efecto del conflicto armado interno que supera las cuatro décadas.

Sin recursos económicos y con pocas posibilidades de desarrollo, fueron objeto de reclutadores que les ofrecieron empleos o dinero en efectivo, que alcanzaría el equivalente actual de 5.000 dólares, mientras que el salario mínimo para este año es de 257 dólares mensuales.

Pero, a pocos días de partir al empleo soñado, sus cuerpos fueron encontrados sin vida en distintas poblaciones del nororiental departamento de Norte de Santander, especialmente en Ocaña, situada a 203 kilómetros de Cúcuta, capital departamental, y a 810 kilómetros de Bogotá.

Un trabajador del estatal Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hizo llegar los primeros rumores de las desapariciones a las familias de las víctimas.

Al confirmar los hechos, las madres se unieron para librar una batalla que podría llevarlas a la Corte Penal Internacional, el tribunal con sede en La Haya con competencia para juzgar genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad.

«Se están burlando de nosotras, las mamás. Se burlan de quienes sentimos este dolor tan grande. Son inconscientes al dejar tantas madres sin hijos y tantos hijos sin padres», declaró entre lágrimas al término de la audiencia del martes, Carmenza Gómez, madre de dos jóvenes asesinados.

«El primero (de ellos), por cumplimiento de amenazas (de grupos ilegales), y el segundo, porque creyó en falsas promesas de trabajo que lo llevaron a la muerte», aseguró.

La afirmación de Gómez rompió el silencio que quedó tras la declaración del juez Fernando Sarmiento al finalizar la sesión del martes. Esta tardó seis horas, cuatro de ellas utilizadas por el grupo de cinco abogados defensores de los seis acusados presentes.

Los juristas argumentaron «vencimiento de términos». Según el Sistema Penal Acusatorio vigente en Colombia desde 2005, los fiscales deben acusar de manera formal y llamar a juicio a los implicados en un plazo máximo de 90 días. Los defensores arguyeron que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia superaron el tiempo debido, decidiendo que la justicia ordinaria y no la penal militar se haría cargo del caso.

Basándose en la fecha de presentación de la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, el 12 de junio de 2009, los abogados sostuvieron que los militares cumplieron más de 200 días de detención, enfatizando que otros casos calificados por ellos como «menos relevantes» merecieron toda la atención de los entes judiciales durante ese periodo.

El representante de la Fiscalía negó el tiempo declarado, aceptando sólo 47 días, mientras la representante de la Procuraduría General de la Nación aseguró que en el vencimiento hubo responsabilidad de las partes.

Según el fiscal encargado, Guillermo Mendoza, los jueces no están aplicando la norma de «causa justa o razonable».

«No atendieron la norma que dice que no procede la libertad cuando el término transcurre por maniobras dilatorias o cuando hay una causa justa o razonable que impide iniciar el juicio oral», aseguró.

Por su parte Vólmar Pérez, Defensor del Pueblo, propuso que en casos de violación a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad se aplique el sistema penal antiguo, conocido como inquisitorio, con el fin de duplicar los términos.

El presidente de Colombia, el derechista Álvaro Uribe, aseguró en un comunicado que «resulta difícil entender que, cuando se ha superado la interferencia terrorista que intentó bloquear la justicia, la impunidad pueda surgir de decisiones amparadas en el vencimiento de términos».

Estas declaraciones son puestas en duda por las madres de las víctimas de Soacha, quienes recuerdan que el mandatario aseguró en marzo de 2009 que «muchos de los falsos positivos (como se conocen en Colombia los hechos por los que son investigados los militares), son falsas acusaciones», por las que los militares «no deberían dejarse acomplejar».

Los defensores aseguraron en distintos momentos de la audiencia que el presidente «está en campaña», mientras que el juez Sarmiento aseveró que «los altos funcionarios que se han manifestado sobre el caso no conocen nada del tema».

Los abogados de los militares también señalaron que Uribe «busca atemorizar a los jueces con sus declaraciones», y recordaron que en ocasiones intenta ejercer como juez, recordando la orden impartida por el mandatario para detener a un funcionario público en un Consejo Comunal en Chocó.

La defensa también tuvo palabras para el Fiscal General, el Defensor del Pueblo y representantes de la Organización de Naciones Unidas que se han manifestado contra la libertad de los acusados.

En su argumentación señalaron que los derechos humanos son para todos y que el juez no podría decidir sólo para dejar contentos a «los medios de comunicación, a los funcionarios internacionales o a las madres de los occisos».

Mientras tanto, Luz Marina Bernal Porras recordó con lágrimas el segundo aniversario, el martes, de la muerte de su hijo, un joven incapacitado por efecto de una meningitis al nacer, que no pudo aprender a leer ni escribir.

Pese a ello, fue reclutado por el Ejército en dos ocasiones y luego devuelto a su casa al confirmar que no tenía capacidad suficiente para desarrollar labores militares.

Luego, siendo zurdo, en su mano derecha fue encontrada un arma que supuestamente confirmaba su acción bélica, en combate, razón de su muerte.

Las denuncias interpuestas por las madres de las víctimas ente organismos internacionales, sus declaraciones ante los medios de comunicación y la perseverancia de sus acciones han motivado amenazas en su contra.

«Pero es que la situación aquí es muy difícil», dijo a IPS un estudiante universitario que habita en la localidad, que pidió reserva de su nombre por miedo a represalias.

«Es que no es posible cuidarnos», afirmó.

«De la universidad llego a mi casa a las 11 de la noche. Y los panfletos que ponen en las calles, los que nos dejan por debajo de las puertas, dicen que después de las 10 no puede haber en la calle ni homosexuales ni prostitutas ni marihuaneros o viciosos ni ladrones», relató.

«No soy nada de eso, pero podría ser blanco de cualquiera incluso por hablar contigo», aseguró el joven a IPS, frente de los juzgados.

«Por eso creo, y creemos muchos, que en cambio de despilfarrar tanto dinero en la guerra deberían dedicarse más a la educación de toda la gente», agregó el estudiante.

Considerando las declaraciones de funcionarios del gobierno, la atención internacional y el «efecto mediático» resaltado con insistencia por los abogados, los militares dejados en libertad preventiva fueron llevados a guarniciones castrenses.

En la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación esperan turno más de 1.900 casos por «falsos positivos» en todo el país. (FIN/2010)