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Las violaciones por militares peruanos, a juicio lento

Ene 19 2010

Por Ángel Páez

LIMA, ene (IPS) – «Yo quiero justicia, eso será como una paz», dice y repite Micaela, una mujer de la región andina de Perú de 40 años víctima de violencia sexual durante la guerra interna, 25 años después de que varios militares abusasen de ella en una base castrense y en su hogar.

Micaela es una de las escasas mujeres agredidas sexualmente que dominó el miedo y acusa a los militares de la base contrainsurgente de Manta, una pobrísima localidad de la región sur-andina de Huancavelica, que la violaron cuando tenía 15 años.

«No puedo negar que tengo un poco de temor por las represalias de los denunciados, no quiero que le hagan daño a mi familia», dijo Micaela al prestar su testimonio a IPS.

«Pero cuando sean sentenciados entonces tendré verdadera tranquilidad, cuando estén en la cárcel pagando por lo que han hecho. Cuando haya justicia, recién entonces tendré paz», aseguró después de un cuarto de siglo de espera.

Gracias al testimonio de Micaela, uno de los más poderosos y devastadores entre los que han concedido un puñado de mujeres, en marzo de 2009 un juez abrió un proceso contra 10 efectivos del ejército de las bases antiguerrilleras de las comunidades aledañas de Manta y Vilca

Los procesados están acusados de haber violado a siete mujeres, entre ellas Micaela.

Precisamente, por temor a represalias de los militares que usaron el asalto sexual como método contrainsurgente durante la guerra interna (1980-2000), la testigo pidió a IPS el uso del nombre ficticio de Micaela.

Ahora, vive en una localidad del sur del país con sus hijos y debe viajar al menos durante ocho horas para llegar a Lima cada vez que el juez la cita para participar en las diligencias del caso. Cuando compartió su vivencia con IPS, había llegado a la capital peruana para una pericia psicológica.

A 25 años de los hechos, Micaela es obligada por razones judiciales a recordar las violaciones al detalle. Le exigen que ofrezca minuciosas descripciones de cada abuso y que verifique la identidad de los agresores.

Pero lo que más le afecta es que el caso vaya desesperadamente lento y que los autores gocen de impunidad.

El trajín de los viajes, recordar todo de nuevo, especialmente el rostro de los violadores, todo esto es un padecimiento para Micaela, que contrae su rostro tan solo al pensarlo, pero dice que lo soporta por esa paz que espera que llegue con la justicia.

En 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) documentó 538 casos de violación sexual durante el periodo de la guerra interna, 527 mujeres y 11 varones, y en su informé concluyó que la violencia sexual la usaron los militares como parte de una estrategia contrasubversiva.

La CVR fue instituida por el gobierno provisional que reemplazó al régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) tras su huida del país, para determinar las causas y efectos de la guerra protagonizada por la guerrilla maoista Sendero Luminoso y el guevarista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru frente a las fuerzas del Estado.

El presidente Alejandro Toledo (2001-2006) amplio sus facultades y le asignó la recomendación de medidas para juzgar las violaciones a los derechos humanos y reparar a las víctimas de la violencia, en un trabajo que concluyó en 2003.

Pero todavía no hay castigo para los responsables y hasta el momento solo hay dos casos en los tribunales. Uno de ellos corresponde al abuso sexual masivo en Manta y Vilca, en el que está Micaela.

MICAELA CUENTA

Entre lagrimas incontenibles en cuanto rememora, Micaela relató a IPS que le sucedió cuando tenía 15 años y los militares decían buscar a un hermano acusado de subversivo y que no estaba en la localidad.

«El 14 de marzo de 1985 un capitán del ejército recién llegado al cuartel de Manta ordenó a tres soldados que me lleven donde él. Allí me preguntó por mi hermano, yo le decía que no sabía, me ordenó desnudarme, yo lloraba. Me sacó el pene. ‘¿Te gusta esto?’, me decía. Yo lloraba.

«Me jaló mis tetas y me dijo: ‘¡Vístete!’. Llegué llorando de susto a mi casa, no les conté nada. No quería que mi papá fuera denunciado por los militares porque seguramente les iría a reclamar.

«A fines de julio de ese año, una tarde estaba pastando mis animales. Apareció un soldado y me dijo: ‘Te llama el suboficial Ruti’, y me amenazó con su arma. Me llevó hasta la base hasta el cuarto del suboficial. Este me dijo que me sentara y me preguntó por mi hermano. ‘No sé’, le dije. ‘¿Cómo no vas a saber?’, me respondió.

«Había otros soldados. El suboficial pidió que le traigan trago. Me hicieron tomar. Había dos chicas más, una embarazada y la novia de Ruti, de unos 15 años. Me obligaron a tomar y yo perdí el sentido. Desperté como a las cuatro de la madrugada y un soldado me dijo: ‘Levántate para que te vayas’.

«No tenía pantalón. Me dolían mis partes. ‘No sabes lo que te han hecho, todos los soldados han pasado por ti’, me dijo el soldado. Salí llorando. Por el camino me había seguido un soldado borracho hasta mi casa, entró por la ventana y en mi misma cama me violó. Lloré y cogí un cuchillo, quería quitarme la vida, suicidarme, pero alguien me decía no lo hagas».

Las mujeres agredidas son en 75 por ciento quechua hablantes, 83 por ciento de origen rural y la gran mayoría tenía entre 10 y 19 años cuando sufrieron el abuso, dijo a IPS Diana Portal Farfán, la abogada del caso de las víctimas de violaciones sexuales.

«Quiere decir que la violencia sexual durante la guerra interna tuvo un impacto diferenciado por razones de género, edad, etnia y clase social. La violencia estuvo concentrada en mujeres andinas, campesinas, pobres y en edad reproductiva», explicó la activista del no gubernamental Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).

Portal añadió que pese a la gravedad de los hechos, el Estado peruano no cumple con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para esclarecer los casos y sancionar a los autores.

«En general, el Estado peruano no está atendiendo eficazmente estos casos», señaló.

«Una evidencia de la falta de voluntad política, compromiso y responsabilidad desde el gobierno es el cierre del Consejo de Reparaciones de las Víctimas de la Violencia, lo que afecta el proceso de registro de las víctimas en general y de las mujeres en particular», afirmó la abogada de Demus.

Portal aseguró que éste es solo un ejemplo de las razones que llevan a considerar que «el balance de justicia y reparación es negativo en el caso de violaciones sexuales durante la guerra interna».

De acuerdo con el estatal Registro Único de Víctimas, se inscribieron 532 personas que alegaron haber sido objeto de abuso sexual durante el conflicto interno. Los principales autores fueron los militares que actuaron en las llamadas «zonas de emergencia», áreas bajo control de las fuerzas contrainsurgentes.

El no gubernamental Instituto de Defensa Legal reportó que un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos es que muchos autores de las violaciones sexuales no han sido plenamente identificados porque durante el periodo de guerra usaban sobrenombres.

El juez del caso cursó oficios al Ministerio de Defensa para que, por su intermedio, el ejército remita la relación de los militares que cumplieron servicio en las bases de Manta y Vilca. Pero la respuesta es hasta ahora negativa. Algo previsible para los activistas de derechos humanos.

Durante el gobierno de Toledo las autoridades judiciales recibieron información sobre depredadores de derechos humanos. Pero el equipo de su sucesor, Alan García, se niega a proporcionar a los jueces la identidad de los militares, alegando que no existen datos archivados. García gobernó antes el país entre 1985 y 1990.

El Poder Judicial ha debido recurrir a los exámenes de ADN aplicados a los militares acusados, así como a las víctimas y a sus hijos.

MICAELA VUELVE A CONTAR

Micaela tuvo dos niñas como resultado de las agresiones sexuales. Sin dejar de llorar, lo recordó así:

«En agosto (de 1985), con mi tía fuimos a la base (de Manta) a sacar permiso para poder viajar. Estábamos esperando cuando se aparecieron cuatro soldados con sus armas y nos dijo que ingresáramos. Yo no quería y me empujó con su arma. Allí estaba el suboficial Ruti con otro más, parecía que habían bebido. A mi tía le quitaron la ropa, le golpearon la cabeza y la violaron.

«A mí con un cuchillo me cortaron la ropa y también me violaron. ‘¡Terruca (terrorista) de mierda!’, me gritaban. Luego trajeron licor y nos hicieron bailar. Después un soldado nos llevó a un cuarto a cada una. Vi que a mi lado habían 20 soldados y con mi tía también. Comencé a llorar.

«A mediados de octubre un tal Álvaro entró en mi casa empujando mi puerta y abusó de mi. Poco después nos volvieron a violar a mi tía y a mí. De esa violación quedé embarazada.

«En la comunidad me miraban mal cuando sabían que estaba embarazada, la gente hablaba mal de mí, mi papá también me criticó. En julio de 1986 nació mi hija. Cuando mi niña tenía dos años, un soldado al que le decían ‘Drácula’ se metió en mi casa y me violó.

«Mi hija estaba allí. Salí embarazada y mi padre me lanzó de la casa. Quise abortar, matarme, pero no pude y nació mi segunda hija».

Micaela se derrumba de tristeza. Recordar es doloroso para ella. Sin embargo, reconoce que su testimonio es fundamental para que los denunciados reciban castigos. Ellos han sido identificados a plenitud.

«Antes no quería contar nada, pero me di cuenta que era importante hacerlo para conseguir justicia», explicó. «Yo sé que Ruti ha vivido todo este tiempo feliz con su familia. Espero que a ninguna de sus hijas le toque pasar lo que yo he vivido», reflexionó más serena. (FIN/2010)