General

Un movimiento de y por los indocumentados

Jun 25 2010

Por Valeria Fernández

DETROIT, Estados Unidos, 25 jun (IPS) – Cientos de organizaciones de base se reunieron en el Foro Social de Estados Unidos 2010 para discutir alternativas a la criminalización de los inmigrantes indocumentados y a la militarización de la frontera con México.

Las resoluciones adoptadas durante la Asamblea del Movimiento Popular el jueves incluyeron un llamado a cancelar los programas «287(g)» y «Comunidades Seguras», que facultan a autoridades estaduales y locales a aplicar leyes federales contra el ingreso de indocumentados que puedan suponer una amenaza para la seguridad pública.

Críticos señalan que estos planes en realidad son usados para facilitar el arresto en masa de inmigrantes, muchos de ellos encarcelados por faltas menores.

Los activistas en el Foro Social, que se desarrolla esta semana en Detroit, también abogaron por la aprobación de la denominada Ley del Sueño Americano, que regularizaría el estatus de estudiantes extranjeros indocumentados.

«Queremos que el movimiento por los derechos de los inmigrantes sea redefinido por las propias personas afectadas», dijo Tania Unzueta, de la Liga por la Justicia para Jóvenes Inmigrantes de Chicago.

Unzueta es parte de un creciente grupo de jóvenes indocumentados en todo el país que realizan acciones de desobediencia civil para promover la aprobación de la Ley del Sueño Americano, aun arriesgándose a ser deportados.

«Éste es el primer movimiento liderado por indocumentados», dijo Felipe Matos, miembro de Sendero de Sueños, grupo estudiantil del sudoriental estado de Florida, y quien ha viajado por todo el país para crear conciencia sobre la situación de los inmigrantes jóvenes.

«Nuestro movimiento va más allá de la legislación, va más allá de una completa reforma inmigratoria», afirmó. «Es clave para nosotros dejar de llamarnos ilegales».

Las organizaciones sociales en Detroit criticaron el borrador de la «completa reforma inmigratoria» propuesta por el senador Chuck Schumer, del gobernante Partido Demócrata, que entre otras cosas endurece los controles en la frontera, así como las políticas adoptadas hasta ahora por la administración de Barack Obama.

«Las propuestas del gobierno nunca atenderán las necesidades de nuestras comunidades. Se necesitará mucho más que una legislación», dijo Arnoldo García, director del programa de justicia migratoria y derechos humanos de la Red Nacional para los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados (NNIRR, por sus siglas en inglés).

«Lo que estamos imaginando en las discusiones es qué tipo de relaciones tendrán las personas con el gobierno. ¿A quién acudirán si quien comete el abuso es quien se supone debe protegerlos? Y el gobierno es el principal abusador», sostuvo.

El sudoccidental estado de Arizona, fronterizo con México, es considerado «la zona cero» de las violaciones a los derechos humanos debido a la reciente aprobación de la ley SB 1070, que criminaliza a los inmigrantes sin documentos y a cualquiera que le brinde asistencia.

Una de las resoluciones del jueves incluyó un llamado a la acción para oponerse a la nueva norma, que entrará en vigor el 29 de julio.

«Todos están verdaderamente asustados y alarmados por lo que está sucediendo en Arizona», dijo Carlos García, del Movimiento PUENTE, de ese estado.

Pero el activista señaló que medidas esencialmente similares ya son aplicadas en otras partes del país, siguiendo el ejemplo de los programas 287(g) y Comunidades Seguras.

Otros grupos subrayaron la importancia de comprender las raíces de la inmigración y las fuerzas internacionales que impulsan el movimiento de personas en el planeta, entre las que destacaron las políticas militares y los acuerdos comerciales de Washington.

«Si procuramos una solución tecnocrática, si logramos que se legalice a determinadas personas, que haya cierto control, que se aseguren las fronteras, estamos ignorando por qué vienen las personas, cuáles son los flujos de la inmigración», señaló Carol Barton, directora ejecutiva de la organización Mujeres Metodistas Unidas.

Barton dijo que la política exterior estadounidense ha sido directamente responsable de la migración y el desplazamiento de muchas poblaciones.

No obstante, Colin Rajah, coordinadora del Programa para los Derechos de los Inmigrantes de la NNIRR, sostuvo que Estados Unidos no estaba solo. Hay tendencias hacia la criminalización y explotación de los inmigrantes en todo el mundo, apuntó.

«Cada vez hay más cooperación entre los gobiernos, especialmente en la vigilancia de las fronteras», explicó Rajah.

Un claro ejemplo es el Plan Mérida acordado por México y Estados Unidos para frenar el narcotráfico en la frontera, con financiación de Washington. También citó el acuerdo de vigilancia conjunta entre Libia e Italia.

«El Norte global, especialmente representado por Estados Unidos y Europa occidental, usa su poder económico y político para que los países del Sur vigilen sus fronteras y aporten mano de obra inmigrante», añadió.

Rajah subrayó que los grupos de base en Estados Unidos necesitan participar del debate internacional sobre migraciones porque éste determina en gran medida cómo el país asimila las nuevas ideas sobre el tema, como la de «migración dirigida».

Este término alude a la inmigración permitida y administrada en el marco de los planes de desarrollo económico del país receptor, y va en la línea de los programas de trabajo temporal para extranjeros, explicó.

«El dinero puede moverse en apenas segundos a cualquier parte del mundo, pero las personas no», dijo Liepollo Pheko, del grupo Trades Collective, con sede en Johannesburgo, quien habló sobre el impacto negativo de los últimos acuerdos comerciales firmados por los países de África.

«Deberíamos emigrar con nuestra humanidad, con nuestra dignidad. Deberíamos emigrar con nuestro derecho al trabajo, con nuestro derecho a la vivienda, a encontrar refugio, a la libertad de expresión», añadió.(FIN/2010)