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El cuidado de los bienes comunes

Ene 25 2011

Terra Futura

Una invitación a Florencia el proximo Mayo. Terra Futura es una importante iniciativa dedicada a cuestiones globales por parte de la sociedad civil italiana. Todos los años mas de 70.000 personas visitan sus exposiciones y participan en sus debates. Este año va a dedicarse al tema re-emergente de los bienes comunes. Junto va el documento conceptual. Los organizadores, entre los cuales me encuentro, deseamos recibir sugerencias y reacciones. Roberto Savio

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“Lo que es común a la mayoría de los individuos

recibe el mínimo cuidado. Cada uno piensa especialmente

en sí mismo, y casi para nada en el interés común”

Aristóteles, Política

Asistimos, día tras día, con una velocidad y con una intensidad inimaginables hasta hace una década, a la “tragedia de los bienes comunes” como la definía Garrett Hardin en el lejano 1968: un empobrecimiento continuo e irremediable de recursos naturales, de bienes y valores que componen la inestimable biodiversidad natural, social y cultural del planeta; el acentuarse de una tendencia al consumo ilimitado de estos bienes que por su naturaleza constituyen un patrimonio inalcanzable para algunos.

Es esa también una de las manifestaciones de la crisis de la cual no logramos ver el fin, no tanto por las fluctuantes tendencias de la bolsa o por la lentitud de la “reactivación económica”, sino porque no hay señales tangibles de una inversión de orientación en la gobernabilidad mundial de la economía. Cuesta lograr la percepción del límite de los recursos naturales y de los bienes comunes que impulse la construcción de un tercer y más sostenible camino, un camino alternativo a la privatización o al consumo irresponsable. Por esto, en el medio de la crisis los gobiernos de los países que integran el G20 han introducido en el sistema financiero 13.600.000 millones de dólares sin atarlos a cambios estructurales ni destinarlos para inversiones al desarrollo o para la reducción de los desequilibrios sociales. Recursos que se movilizaron rápidamente, mientras que se había declarado imposible movilizar un monto de 20 a 30 veces inferior necesario para alcanzar los Objetivos del Milenio.

El desarrollo insostenible

Es la demostración de un modelo de desarrollo que es insostenible no sólo porque no tiene en cuenta que los recursos naturales son limitados, sino porque antes que todo es inicuo, debil con los fuertes e injusto con los débiles, insostenible desde un punto de vista social. El informe de Caritas, que cada año llama la atención a la cuestión de la exclusión social, ha puesto en directa relación la crisis con la subida de la pobreza: 560 mil personas más respecto al 2009 han cruzado el umbral de la pobreza, tanto desempleados como empleados y obreros, personas económicamente frágiles, que viven en familias numerosas con bajos niveles de educación, empobrecidas hasta volverse “sin-casa”; se trata de más de 8 millones de italianos.

El corazón palpitante de la crisis que desde hace unos años nos afecta es a la vez social y político: constituye la demostración del fracaso de un modelo de distribución de la riqueza a beneficio de los ricos del planeta y de una política que ha elevado a paradigma la idea de que la intervención del Estado es siempre negativa para el bienestar de las personas, que el gasto público es un derroche y que no existen responsabilidades colectivas porque la “sociedad no existe”, como decía Margaret Thatcher. Y es una crisis que, justo por su caracter social y político, afecta en particular a Europa. De hecho, el modelo social y político de bienestar renano o europeo es el que ha sufrido las mayores deslegitimaciones por la financialización de la economía y por las llamadas “reaganomics”, las políticas económicas de los EEUU durante la presidencia de Ronald Regan. Pero, al mismo tiempo, la transformación de la crisis financiera a crisis de las balanzas públicas, el crecimiento de la deuda de los estados, el aumento del desempleo demuestran que el actual modelo europeo no ha podido asegurar estabilidad a varios paises de su entorno.

La crisis de la Europa Social

Todo eso ha contribuido no poco a debilitar hasta su desaparición el proyecto político europeo, a evidenciar la crisis que Europa está pasando, crisis de una idea de civilización, de un modelo de desarrollo, de un proyecto de futuro. Por esto, hoy en día vemos como única salida de la crisis la re-conversión ecológica y social del desarrollo, como nuevo paradigma: un proyecto político que tenga su fundamento en una nueva centralidad de los bienes comunes, retomando la idea de un posible proyecto común de Europa, sobre fundamentos culturales nuevos. A pesar de que las instituciones y los gobiernos europeos parecen incapaces o desinteresados en emprender este desafío, existe también otra Europa, la de los ciudadanos y de las organizaciones sociales, que se resisten a la banalidad de la tragedia de los bienes comunes, que construyen concretas propuestas y proyectos para un desarrollo sostenible y justo y que no se resignan a aceptar las leyes de un modelo de desarrollo fracasado que se come el futuro de todos.

El descuido y la indiferencia hacia todo lo que es de interés general y de necesidad común y, al mismo tiempo, la obsesión para la explotación económica de estos bienes a beneficio de pocos son el resultado de un modelo de desarrollo que está estallando, está mostrando sus contradicciones internas y demostrándose no fiable.

Un cambio radical de ruta

En el año 2010 hemos registrado un número impresionante de eventos extremos relacionados con un modelo de desarrollo derrochador de los bienes comunes y con su uso desequilibrado e irresponsable. Estos eventos nos sugieren que es urgente tener otra mirada, un cambio radical de ruta en la forma de utilizar esos recursos: el desastre ecológico causado por el pozo petrolífero de la BP en el Golfo de México que ha mostrado la impotencia incluso de los EEUU a prevenir el desastre y también a evaluar las reales consecuencias; los incendios de los bosques rusos; los cambios climáticos que han producido el desplazamiento de 260 km² del iceberg más grande del mundo desde Groenlandia; o temperaturas record como los 37,2° en Finlandia o los 54° en Pakistán. Pero el 2010 ha sido también el año en que, según la evaluación del Global Footprint Network, hemos cruzado el umbral crítico más allá del cual el consumo global de los recursos naturales ha superado la tasa de regeneración de los mismos por parte de la naturaleza. A pesar de que desde hace décadas la comunidad científica y el movimiento ecologista señalen el riesgo de la superación de ese Zabriskie Point, no hemos sabido pararnos, moderarnos, establecer un límite, y hemos hecho la cosa más irresponsable que pudiéramos hacer: hemos decidido erosionar las reservas de recursos de nuestros nietos, nos hemos comido el futuro.

Más allá del binomio público/privado

Por lo tanto, los bienes comunes son el centro de un conflicto en torno al concepto de desarrollo, en torno al concepto de futuro del planeta, conflicto que no puede resolverse en un debate entre propiedad pública y propiedad privada. Acerca de esos bienes comunes se necesita una profunda reflexión política y cultural, una coherente y continua acción política para su protección, un consenso generalizado sobre la transformación de la “tragedia” en “posibilidad”.

Y no estamos hablando sólo de recursos naturales que permiten la vida en este planeta – agua, aire, suelo, plantas, especies animales – y que sufren cada día un manejo irresponsable, condenados a garantizar niveles de vida insostenibles para el ecosistema e injustos a escala global. Hacemos referencia también a esos bienes inmateriales que, como los recursos naturales, son necesarios para cierta calidad de vida y por ser de uso colectivo tienen un alto valor propio. Dichos bienes inmateriales están en la base de esos valores que constituyen la esencia de la felicidad individual y colectiva de las comunidades: la equidad social, el trabajo, la salud, el pluralismo cultural, la seguridad, la información, el conocimiento, el espacio público para las religiones, el laicismo, el reconocimiento activo de los derechos civiles y sociales, la democracia misma.

La democracia de los bienes comunes

El tema de los bienes comunes renueva una fundamental cuestión de democracia, porque trata de la igualdad de acceso a los bienes primarios. Igualdad entendida no sólo como derecho universal a disponer de los bienes comunes en cantidad suficiente para sobrevivir, sino que también como superación de las brechas – cada vez más amplias e insostenibles – causadas por las diferentes disponibilidades económicas, las cuales afectan el acceso a los alimentos, al conocimiento, a los servicios de salud, a un trabajo digno. Como nuestra Constitución ya había establecido de manera iluminada (art.3), igualdad, libertad y dignidad constituyen en su unidad el nuevo nucleo de la democracia, a la luz de los problemas que la cuestión de los bienes comunes propone en la era de la globalización. La organización de la producción misma, encabezada por las grandes empresas transnacionales, nos pone delante de nuevos problemas relacionados con la democracia: esas empresas deciden como utilizar los recursos de la tierra, deciden dónde, cómo y qué producir, determinando el destino de trabajadores y consumidores, sin alguna forma real de control o regulación por parte de las instituciones estatales ni de democracia interna, y con disponibilidad de un volumen de negocio superior a los PIBs de muchos países. En este contexto sólo vale la libertad absoluta de las empresas, que aniquila totalmente los intentos hechos por parte de la Constitución para limitarla con el fin de garantizar la utilidad social (art.41). Hoy en día, que las empresas se ocupan más de la finanza que de la producción, que sus deslocalizaciones determinan el bienestar de los trabajadores y deciden quién produce y quién consume en el mundo, hay que repensar en la gobernabilidad de estas empresas y en el papel que tienen que jugar las diferentes partes sociales en decidir el destino de los bienes comunes.

Para una titularidad generalizada

Los bienes comunes, tanto los naturales como los que se refieren a las relaciones entre los individuos, tienen que estar exentos de las lógicas de lucro. El lucro produce, en corto tiempo, una injusta distribución de las ganancias/beneficios mismas (o sea una discriminación entre iguales), y también la explotación intensiva y potencialmente ilimitada de los bienes. Todo esto es incompatible con la naturaleza misma de los bienes comunes, caracterizados por ser a “titularidad generalizada”: todos pueden acceder a esos, pero nadie puede poseerlos de forma exclusiva. Sin embargo, el derecho de acceso, tiene que ser regulado para garantizarlo a las generaciones futuras también. Así que el enfoque intergeneracional se enlaza con el tema político de los derechos de ciudadanía. En este sentido, las NNUU durante la sesión n.108 (julio 2010) ha aprobado la Resolución sobre el derecho humano al agua y a la salud. En ese dictamen se recuerda que 884 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 1,5 millones de niños y niñas menores de 5 años mueren cada año a causa de enfermedades debidas a la carencia de agua potable. Se trata de una resolución muy importante, que retoma el trabajo del Consejo para los Derechos Humanos (UNHRC), el cual pide a las organizaciones internacionales de destinar recursos financieros a los países en vías de desarrollo para asegurar a todos el acceso al agua limpia y potable.

Los bienes comunes ponen, por lo tanto, de manera concreta la cuestión de la democracia – igualmente fragil, escasa y amenazada – y de los derechos de todos: estos bienes comunes deben ser accesibles a todos – por ser derechos individuales de cada persona del planeta – y su utilización tiene que ser regulada y limitada para que no se agoten.

Es la señal fuerte y clara de que ya no es posible unir cada aspecto de nuestra vida (hasta la fuente de la vida misma) con la dimensión económica de las leyes del mercado. Estamos en presencia de la decadencia del paradigma del Mercado como mecanismo eficiente y justo y capaz de autorregularse, que al contrario ha llevado a la aceleración de los procesos de globalización en los últimos cincuenta años.

Primero: defender el interés público

Es exactamente este el dilema de los biens comunes: cómo establecer y hacer efectivas las normas para su uso, normas que tengan su fundamento en nuevas formas de racionalidad, reglas sociales y de reciprocidad. La mentalidad dominante muestra escasa eficacia frente a la “tragedia de los bienes comunes”, como ha claramente demostrado el desastre del pozo petrolífero de la BP en el Golfo de México que ha causado graves daños al ecosistema y a la salud. En ese caso el Presidente Obama, detrás de muchas presiones, ha obtenido que BP destinara un fondo de 20 mil millones de dólares para compensar los daños causados. Una solución extrajuicial que, quizás, puede mostrar el camino para la actuación del principio (ya obsoleto en el debate público) de “quien contamina paga” en otros casos igualmente significativos: Bhopal y los 2300 muertos causados por el accidente químico de la Unión Caribe (1984); los basureros abusivos llenos de residuos petrolíferos de Texaco en la selva de Ecuador (1964-1990); los daños ambientales causados por las extracciones petrolíferas de Shell, Exxon y Eni en el delta del Niger. ¿Qué derecho internacional podrá hacerse cargo de defender con efectividad los bienes comunes de los intereses privados? Y a pesar de eso, el problema consiste en que la típica sanción reparadora por daños causados no vale en el caso de los bienes comunes, porque los recursos naturales destruidos tardan un largo plazo de tiempo en recuperarse, durante el cual la población sufre por la drástica limitación en su utilización.

Por estas razones, después de 20 años del referéndum, se continua luchando activamente en Italia en contra de la energía nuclear para la producción de electricidad: el coste en términos de recursos naturales limitados (agua, territorio y materiales fósiles), el riesgo en caso de accidentes de daños de largo plazo a la salud y al medio ambiente, la imposibilidad de gestionar de forma segura los deshechos a mediano o largo plazo, un verdadero coste inmediato contra un lejano e incierto beneficio, el uso de recursos económicos que se podrían invertir en las energías renovables. La dirección para el futuro debe ser, a diferencia del pasado, la democratización y descentralización de la producción de energía, con una mayor responsabilidad de las comunidades y los individuos.

La inanidad del mundo político

Los estudiosos más perspicaces han abordado esos temas ya desde hace tiempo, entre todos el Premio Nobel Elinor Ostrom, que ha sugerido ideas y soluciones importantes a un mundo político, que pero parece sordo y ciego y sobre todo inane, o sea incapaz de realizar sus propios deberes y tomar las decisiones necesarias. Todo eso ha sido demostrado por todas las recientes cumbres internacionales, tanto las generales (como el G20 de Toronto), como las temáticas (la cumbre mundial sobre el clima en Copenhague o la cumbre sobre los Objetivos del Milenio de las NNUU).

Para llegar a un manejo responsable de los bienes comunes se necesitan soluciones innovadoras, que se alejen de los dogmatismos opuestos: tanto de quien pretende que sólo el Estado tenga el derecho de jugar el papel de “command & control” de los bienes colectivos, como de quien sostiene que sólo la privatización de los recursos resolverá el problema. Estos dos enfoques se han demostrado dramáticamente ineficientes: ni el Estado ni el Mercado solos pueden garantizar el manejo equilibrado y responsable de estos bienes.

De Estado-Mercado a Comunidad-Redes

A pesar de que este dilema se queda abierto a nivel global (donde las instituciones supranacionales públicas se demuestran ineficaces y las privadas portadoras de intereses particulares), hay que señalar – y Terra Futura lleva 8 años haciéndolo – que existen realidades e instituciones externas al sistema Estado-Mercado, que han podido gestionar a nivel local sistemas sociales y de recursos naturales con resultados eficaces y sostenibles en el tiempo. Hay muchos ejemplos concretos de comunidades de individuos y de redes de grupos que han desarrollado varias y diferentes maneras de gestionar los bienes colectivos, alternativas a los modelos publicistas o privatistas. Se trata de experiencias que se basan en el modelo cooperativo (opuesto a los unilaterales), en acciones colectivas y en la reciprocidad. Estas elecciones implican la capacidad de evaluar y tener en cuenta las razones de los otros individuos involucrados, la decisión de cooperar sobre la base de relaciones de confianza, la consideración de la escasez de los recursos y el establecimiento de reglas compartidas que aplican incentivos o sanciones según el caso. Estamos en presencia de nuevas formas de contrato social (que Elinor Ostrom ha analizado en su “Governing the Commons”) que demuestran la viabilidad de altrnativas respecto al “Leviatán” burocrático (un Estado tanto entrometido como ineficiente) y a la privatización como “única” vía.

Gobernar los bienes comunes

Muchas de las líneas temáticas que han caracterizado a las pasadas ediciones de Terra Futura convergen hacia el concepto de gobierno de los bienes comunes: del tema de la responsabilidad y sostenibilidad a aquello del papel de las alianzas entre sujetos de la sociedad civil, de los temas sobre los cambios climáticos y la crisis financiera a aquellos sobre la legalidad y la crisis social. Los bienes comunes son la síntesis de todas las contradicciones del modelo de desarrollo dominante hasta ahora y que hoy vemos caer miserablemente bajo su mismo peso. Todo llega ahora al “nudo gordiano” que finalmente hay que cortar: la explotación ilimitada e inicua de los recursos naturales genera ilegalidad y aplasta el impulso democrático en cualquier parte del mundo (como nos ha demostrado el caso Eni-Nigeria); los intereses individuales y particulares de la política pisotean los derechos humanos fundamentales (un ejemplo evidente es la discriminación en contra de la población Rom, que fue enviada a la frontera por el Presidente francés Sarkozy, el cual pocos días después invocó la ayuda de las NNUU para combatir la pobreza a través de la aplicación la Tobin Tax); se ignora el derecho de cada uno a tener un espacio público por su religión, con la ilusión de velar por la propia identidad (amenazando con hogueras de textos sagrados e impidiendo la construcción de mezquitas y minaretes); la explotación intensiva de las tierras y de las producciones agrícolas empobrece los recursos naturales, crea injusticias y conflictos sociales e impulsa comportamientos irresponsables en la política (ejemplos son las cuotas de leche europeas en Italia o el impulso al uso de los OGM).

Hacia un nuevo contrato social de responsabilidad colectiva

Si es evidente que las contradicciones del modelo de desarrollo explotan alrededor de los bienes comunes, es cierto también que tales bienes han ofrecido a muchas comunidades en el mundo y en nuestro país la oportunidad de encontrar soluciones a diversos problemas, de elaborar proyectos de co-desarrollo, sistemas sociales abiertos y responsables, innovadores y sostenibles, democráticos y participativos. Estas realidades han demostrado una verdadera unidad, entendida no como simple hecho formal sino que más bien como una auténtica unitariedad de destino entre biósfera y “sociosfera”, una alternativa a la degradación de los bienes materiales y de las relaciones.

Mientras se realizan una tras otra las cumbres entre Gobiernos que muestran su sumisión a las lógicas del liberismo económico; mientras las NNUU parecen seguir actuando con métodos que no llevan a ningún lado (la cumbre sobre la biodiversidad en Japón del pasado octubre 2010 es la última de una larga cadena de cumbres – desde Rio en 1992 hasta Johannesburg en 2002 – cuyos resultados han sido inversamente proporcionales a las expectativas despertadas), nuestra tenaz esperanza se sitúa en lo que están haciendo concretamente en el mundo los ciudadanos, individuos de la sociedad civil organizada, empresas y gobiernos locales. Todos estos sujetos están buscando la forma de construir una sociedad más justa y sostenible, sobre la base de los valores de las relaciones en lugar de la monetarización y la explotación inmanente y ciega del futuro.

Miles de arroyos, un río, Terra Futura

Finalmente hoy, después de años en que sólo pocos iluminados pioneros se atrevían, empieza a hacerse camino el vasto y concreto proyecto de reconversión económica, ecológica y social del modelo de desarrollo y de redistribución de las riquezas entre las posibles y necesarias soluciones. Pero este río logrará llegar al mar sólo si podremos reunir todos los afluentes, todos los riachuelos en un único grande estuario. Es un compromiso importante y complejo porque no es suficiente encauzar y sumar flujos, sino que más bien hace falta complacer y equilibrar los muchos y diferentes proyectos para tener una mirada global y a la vez cuidar cada uno de los cursos de agua. Es un grande trabajo que se podrá realizar sólo uniendo competencias, experiencias y sensibilidades diferentes (como sucede desde hace 8 años entre los socios de Terra Futura) y haciendo a las propias comunidades protagonistas de este cambio: sólo estos sujetos tienen las herramientas y el interés (y por lo tanto la responsabilidad) para unir la multitud de arroyos y darle así un nuevo nombre al mar del desarrollo, convirtiéndolo en el mar de la equidad, de la sostenibilidad, de la justicia.