General

Cuando el juez devuelve la extra

Abr 10 2013

A. JIMÉNEZ BARCA – El País

Funcionarios y pensionistas son los grandes beneficiarios de la sentencia

El Constitucional mantiene un impuesto especial que afecta a jubilados

Paula Tomaz es profesora de portugués en un instituto de Belem. Tiene 56 años. Vive con su hijo adolescente y el viernes pasado estuvo pendiente de lo que decía el Tribunal Constitucional a través de la televisión. Así se enteró de que va a cobrar la paga extra de verano, equivalente a su sueldo mensual de 1.800 euros. Tomaz hace dos años que no la cobra. Es más: desde 2011 experimenta una merma constante en su salario, a base de recortes y subidas de impuestos.

Como otros muchos portugueses —como buena parte de la clase media— ha visto cómo su vida se encoje a base de pagar más y tener menos derechos. Por eso, el viernes, se sentó a ver la televisión, un poco, como el que se sienta a ver un sorteo de lotería.
Y le tocó. El Tribunal Constitucional de Portugal anuló la retirada de esa paga a funcionarios y pensionistas, creando de paso un agujero fiscal que se ha convertido de rebote en una enorme crisis política pero que, para Tomas, resultó, sencillamente, un alivio: “Yo tenía esperanza. Por lo que había oído en la prensa. Por eso esperé. Es importante. Con esas pagas antes hacíamos muchas cosas: seguros del coche, dentistas, gastos inusuales… Significa dinero, porque lo estamos pasando muy mal”. Acostumbrada a esta marea continua de recortes, a dejar progresivamente de ir al cine, a las librerías, al gimnasio y a los restaurantes, desconfía: “A ver por dónde sale ahora el Gobierno. Porque al final siempre pagamos los mismos. Y no sé de dónde van a querer recortar ese dinero que dicen que falta”.

En Portugal hay médicos especialistas en urgencias que certifican que muchas personas, aunque lo necesiten, ya ni se acercan por ahí desde que cada consulta cuesta 20 euros; recientemente se publicó un informe en el que se alertaba de la cada vez menor afluencia de personas en transporte público debido a una doble confluencia de razones que actúan como una tenaza: la subida de tarifas y la reducción de líneas. Los profesores denuncian que ya no hay docentes de apoyo para niños con problemas debido a los ajustes. Poco a poco, el Estado de bienestar se descose.

«En España, las pensiones son intocables. Aquí no»

En la última oleada de recortes, uno de los sectores más afectado resultó el de los pensionistas y jubilados. Por un lado, se les recortaba su pensión, escamoteándoles una paga extra (medida ahora declarada ilegal por el Constitucional). Por otra, se les reducía el montante mensual en virtud de una denominada Tasa Especial de Solidaridad, una suerte de impuesto progresivo que afecta a pensiones superiores a 1.350 euros. El alto tribunal ha dictaminado que esta medida es legal y va a seguir aplicándose. De ahí que los jubilados portugueses no estén del todo conformes con la sentencia que ha sacudido al país.

Fernando Martíns, vicepresidente de la Asociación de Pensionistas, un colectivo de nuevo cuño muy activo que en la última gran manifestación en Lisboa, celebrada el 2 de marzo, tuvo una gran presencia, lo considera muy injusto: “En España, las pensiones son intocables. Aquí no. Y una pensión de 1.350 euros tampoco es una millonada”.

Muchos de estos pensionistas denuncian que se ocupan de gastos relacionados con sus hijos o sus nietos en paro, y otros jubilados argumentan que el dinero que reciben no es ningún regalo sino la retribución de lo que aportaron con su trabajo durante muchos años.

“Yo trabajé durante 40 años en la Biblioteca Nacional, como funcionaria de alto nivel, y me quedó una pensión de unos 2.000 euros que se va reduciendo paulatinamente. Y todo se reduce: menos libros, menos viajes, menos conciertos de música, a los que soy muy aficionada pero a los que ya no voy a no ser que me regalen la entrada”, explicaba María Luisa Cabral, de 66 años.

Víctor Ferreira, un exagente de seguros de 64 años y 47 de cotización a la Seguridad Social, goza de una buena pensión. Pero se siente estafado: “Esto no es un esfuerzo de guerra. Esto es simplemente robar a los pobres para dárselo a los bancos. Yo creía que mis 15 o 20 últimos años iban a ser tranquilos. Pero ya veo que no va a ser así”.

Los recortes enferman a Portugal

Los portugueses se preparan para otra oleada de recortes, que deteriorará más los servicios

Sanidad y educación encabezan la lista de nuevos ajustes

La cirujana Pilar Vicente trabaja en el hospital público de São José, en el corazón de Lisboa, en el atareado departamento de urgencias. Se sienta a la mesa de una cafetería en un patio, con la bata blanca, al lado de una auxiliar de bata azul a la que no conoce. Lleva en este mismo puesto de trabajo 25 años y asegura que la atención médica se deteriora día a día, consecuencia del recorte progresivo y creciente a la que la somete el Gobierno. Explica que ya no hay tantos anestesistas —“ya no les dejan hacer horas extraordinarias”—, ni tantos enfermeros que acompañen a los enfermos por los pasillos —“están despidiendo mucho”—, que el material comienza a escasear —“las máquinas de cirugía se estropean y no se reponen”— y que cada vez son menos para luchar contra ese derrumbe: “Hace dos años éramos siete en el turno de urgencias; después pasamos a cinco. Ahora somos cuatro y llegaremos a tres. Así, vamos de cabeza, sin tiempo”.

Hay enfermos, según explica Vicente, a los que el traslado al hospital les cuesta 30 euros: “A mi propia suegra, que tenía una trombosis cerebral, le pagamos el traslado desde el asilo al hospital”. Y hay una complicada burocracia que parece sacada de un cuento de terror: “Si eres enfermo crónico, no pagas el traslado si vas al hospital a una consulta de tu enfermedad; pero sí pagas si vas a otra consulta. Si tú estás enfermo de cáncer, no pagas la consulta cáncer, pero si es de otra cosa, tienes que pagar siete euros”. Vicente mira a la puerta, donde un cartel informa a todo aquel que entra de que una consulta de urgencias cuesta 20 euros, de la que quedan exentos algunos pensionistas y los niños.

Y todo va a ser peor. Y pronto. El primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, avisó de que el Gobierno, para tapar el agujero que la sentencia del Tribunal Constitucional le hace en sus cuentas públicas, calculado por el propio ministerio de Finanzas en 1.300 millones de euros, va a ahorrar en sanidad, en educación en gastos de Seguridad Social y en transportes públicos.

“No me imagino de dónde pueden cortar más”, explica la cirujana Vicente. La auxiliar de la bata azul tampoco. Mira a su compañera de mesa, se levanta y dice: “Este es un país de vergüenza”. La cirujana no sabe de dónde recortar. El Fondo Monetario Internacional (FMI), una de las patas de la troika, sí. Hace unos meses, presentó un informe, elaborado a petición del Gobierno portugués, en el que le indicaba de dónde se podría ahorrar 4.000 millones de euros a fin de poner en marcha un nuevo plan de recortes, un plan reactivado ahora a toda prisa con la sentencia del Tribunal Constitucional.

Según el FMI, hay que despedir a cerca de 100.000 empleados públicos de los 600.000 con los que cuenta Portugal. Así que pronto habrá menos médicos, menos compañeros de la cirujana Vicente, menos anestesistas. Las consultas que ya son de pago deben subir, según el FMI. El Diário de Notícias informó hace meses que, según este informe de esta institución, una visita a urgencias saldrá por 50 euros y una consulta normal y corriente, por diez. El FMI también aconseja acabar con las 35 horas semanales que ahora disfrutan los empleados públicos por las 40 que trabaja todo el mundo y subir un año la jubilación, de los 65 a los 66.

El FMI también recomienda despedir a cerca de 15.000 profesores de los aproximadamente 100.000 con que cuenta el sistema portugués. El Gobierno de Passos Coelho ya ha echado, en los últimos años, a cerca de 10.000. Una de las inmediatas consecuencias es la de que el número medio de alumnos ya es de 30 (en 2011 era de 28). Así que, de cumplirse las negras previsiones del FMI (y el anuncio del primer ministro) los alumnos en una misma aula aún crecerán más y aprender será más difícil. Además, ya no hay profesores de apoyo, ni docentes de sustitución en muchos centros.

Así, mientras los responsables del ministerio de Finanzas deciden si hacer caso o no a las indicaciones de los expertos del FMI, los portugueses aguardan, con una mezcla difusa de miedo y hartazgo, las nuevas medidas de austeridad, porque ya saben que les convertirán en ciudadanos más pobres de un país más pobre.09.04.13

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