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Lampedusa – No es falta de caridad. ¡Son delitos, estúpidos!

Oct 21 2013

Por Gregorio Morán* – Javier de Lucas **

Este Dossier consta de dos textos:

1) Gregorio Morán: Lampedusa

2) Javier de Lucas: No es falta de caridad. ¡Son delitos, estúpidos!

1) Gregorio Morán: Lampedusa

Para muchos de nosotros, Lampedusa evocaba una novela imborrable, El Gatopardo; una brillante y hermosa película de Visconti, casi tan buena como el libro; y el lugar donde fue a morir Domenico Modugno y su Vecchio frac. Se acabaron los sueños y las metáforas bonitas. Ahora Lampedusa se nos ha quedado en una isla y ya habrá dejado de ser ese lugar idílico, como una balsa en medio del Mediterráneo, con sus apenas cinco mil habitantes y una alcaldesa, Giusi Nicolini, exdirectora de la Reserva Marina de la zona; una mujer valerosa ante el poder ciego, sordo y criminal.

¡Qué otra cosa se puede decir de una mujer capaz de gritarle al Consejo de Europa, ese quiste de una clase política corrupta y autosuficiente: “¿Cómo de grande tiene que ser el cementerio de mi isla?”!

Los emigrantes muertos a partir de ahora habrán de ser enterrados en Sicilia, ya no caben en Lampedusa. Enrico Letta, el primer ministro, un buen católico, la llamó por teléfono para ensalzar la noble ciudadanía de Lampedusa y se presentó con Durão Barroso, en su papel de encargados de la funeraria. Fueron abucheados al grito de “asesinos”. Incluso el siniestro Angelino Alfano, antiguo guardaespaldas de Berlusconi, al que sería ensalzarle si hiciéramos una comparación con Bruto en el asesinato (político) de su César, se anima a proponer la isla de Lampedusa para el premio Nobel de la Paz.

Ahora Lampedusa será, y durante mucho tiempo, el símbolo de los diez mil muertos negros, sobre todo negros; el saldo de dos décadas. Todos ellos engañados buscando el limbo de Occidente, millares de emigrantes confiados en llegar a un puerto, una tierra firme desde la que dar un salto a la península y de ahí hacia el Norte, siempre hacia el Norte. El sueño de los supervivientes no se llama Pisa, ni Roma, ni Barcelona, ni siquiera París. Es Oslo, Copenhague, Estocolmo, Helsinki… Los negros del sur nos consideran una especie de desierto para tártaros. Y no se equivocan.

Lo ocurrido el jueves 3 de octubre de amanecida junto a la costa de Lampedusa alcanza un nivel inigualable de horror en su condensación de miseria humana, falta de piedad y desprecio absoluto por los otros. ¿De verdad los negros tienen alma? Es una pregunta teológica que discutieron las iglesias, no sólo la católica, y los negreros, durante siglos. Nuestro marqués de Comillas lo tenía muy claro; los jesuitas se lo habían explicado a golpe de confesión y compensación; Dios se lo perdonaría todo, se lo garantizaron; de no ser así, hubiera sido impensable tamaño dispendio volcado en la Compañía de Jesús.

Un barco pesquero desvencijado sale del puerto libio de Misrata. Lo dirige un delincuente tunecino, Jaled ben Salem, 35 años, tuerto, reincidente. Lleva dentro 525 personas, de las cuales 40 son niños –algún recién nacido y los demás de siete años para arriba–. Todos van distribuidos como si fuera el Titanic en su travesía inaugural; 500 dólares el más barato, con derecho a no salir de las bodegas y la parte baja del barco, y 1.500 dólares la gran clase, en cubierta, siempre con más posibilidades de sobrevivir en caso de tropiezos.

Un día largo de travesía. ¿Alguien se imagina lo que debe ser ese día largo metido en aquel pesquero de desecho? ¿Qué comían? ¿Dónde cagaban? ¿Y los chavales? ¿Los ataban con cuerdas para que no se movieran? Se acercaban ya a la isla de Lampedusa cuando en el amanecer hay que avisar al contacto de tierra, lo que se llama “la antorcha”. Se quema un palo entelado y ahí se desencadenó el final de la tragedia; una torpeza, el fuego se extendió. Luego el caos, la descompostura del barco, su desequilibrio, y el hundimiento. Los de arriba pueden al menos usar las manos, los de abajo quedarán encerrados para siempre en las bodegas.

Hay una ley italiana denominada BossiFini, reciente y promovida por el posfascista Fini y el descerebrado Bossi, idiota de media cara y todo el cerebro, líder de la Liga Norte –nuestro futuro patriótico, aseguran algunos–, según la cual ningún pescador puede ayudar a un emigrante en apuros a menos que lo recoja y lo lleve directamente a los carabineros. Los emigrantes son por principio de ley delincuentes. Por tanto, quienes vieron cómo se hundían, los guardacostas que se tomaban su tiempo para que el mar hiciera el trabajo que ellos no están animados a hacer, todos ellos cumplieron la ley.

Y el burguesito soberanista de SarriàSant Gervasi en Barcelona o el pijo de Serrano en Madrid que se preguntan: ¿por qué esos negratas no se quedaron en su tierra? Primero, porque sus padres no son jefes de tribu o aspirantes como ellos. Segundo, porque todos eran eritreos y es sabido que en Eritrea, país independiente desde 1993 y que el 95% de los ciudadanos no sabría ni dónde colocar en el mapa, puede tocarte hacer el servicio militar hasta los 40 años, si tienes suerte. También porque todo ser humano lleva inscrito en su ADN el derecho a luchar contra su propia hambre. ¿Quién sería incapaz de entender a esa abuela o abuelo, padre o madre, que le dice al niño mientras se va a un destino tan incierto como mediar entre la vida y la muerte: ¡Que tengas más suerte que nosotros!? ¿Acaso nos hemos olvidado de cómo venían los padres de nuestros charnegos agradecidos en el tren, con la maleta de madera y la obligación de construir el chabolo en una noche, antes de que llegara la Policía Municipal del alcalde Porcioles, ¡gran jurista!, aseguran los conversos? No sé, a veces pienso que lo he soñado, pero yo he estado en los campos de trabajo de españoles en Manheim, Alemania, hombres solos, echados a su suerte, negros en la época de la guerra fría, con su añoranza de Almería o Murcia o Huelva. ¡Joder, qué vergüenza me da tener que volver a escribir esto!

En las orillas de la isla de Lampedusa sobrevivieron el pasado 3 de octubre 153 eritreos. Murieron ahogados más de 300. No los podrán sacar de ahí, ¿para qué, para meterlos en una caja de madera y quemarlos? Pero un gran gesto el del primer ministro Letta, católico de centroizquierda, que ha concedido la nacionalidad italiana a los muertos. De la inmensa mayoría no se sabe ni cómo se llamaban; así se evitarán hasta el certificado patriótico de nacionalidad. Los vivos, que se jodan. Repatriarlos a todos, y una multa, conforme a la ley Bossi-Fini de casi 6.000 euros, por delinquir. Ya se las arreglarán para que la próxima vez les salga mejor. Nacionalizar muertos y expulsar vivos es una desvergüenza digna de un Estado de derecho.

Algún día alguien escribirá una gran novela sobre Lampedusa y recuperaremos la imagen, incluso la de este crimen del que ellos son víctimas. Lo mismo que ocurrió con la presa del valle de Vajont, en el norte de Italia, que mató a centenares de ciudadanos, suceso del que ahora se cumplen exactamente 50 años. ¿Qué sería en nuestra memoria la catástrofe de Vajont sin los libros de Mauro Corona? Hace tiempo dedicamos una sabatina a la gran estafa que fue aquella desgracia anunciada y al potente libro que generó, Fantasmas de piedra.

No hay tanta diferencia. Ambos, Vajont y Lampedusa constituyen crímenes de Estado, por personas interpuestas. Porque no se trata del asalto de los bárbaros, que derrotaron a Roma y cambiaron el mundo. Es la invasión de los pobres, que no derrotan a nadie pero que acabarán cambiando nuestro mundo de murallas de papel.

Entiendo, aunque se tratara de una casualidad, que Carlo Lizzani, el autor de guiones brillantes y radicales como Arroz amargo y director de un filme imposible sobre una novela difícil de Vasco Patrolini, La crónica de los pobres amantes, que se saldó con un fracaso comercial que lo condenó de por vida; entiendo, digo, que a los dos días del escalofriante suceso de Lampedusa, del que probablemente ni se enteró porque ya tenía 92 años muy trabajados, se lanzara desde la azotea de su piso romano. Dejó un mensaje nada críptico: “Desenchufo la llave”. O lo que es lo mismo: “Me voy de esta mierda de mundo; ya no tengo edad para soportar más, ni fuerza para cambiar nada”.

(*) Gregorio Morán es un columnista habitual en el diario barcelonés La Vanguardia. Veterano resistente y luchador político en el clandestino Partido Comunista de España bajo el franquismo, Morán es un periodista de investigación que ha escrito, entre otros de aguda critica cultural, libros imprescindibles para entender el proceso que llevó en España de la dictadura franquista a la monarquía parlamentaria actual. Fuente: La Vanguardia, 12 octubre 2013

2) Javier de Lucas: No es falta de caridad. ¡Son delitos, estúpidos!

La repetición de naufragios en las costas italianas en apenas siete días, con un elevadísimo número de víctimas (331, el 3 de octubre; 50, el día 11) ha dado pie a toda suerte de lamentaciones. También de los responsables de las políticas migratorias y de asilo y de sus instrumentos legales, tanto los italianos como los de la UE. Ya hemos comentado (Malditos duelos!) que esas lágrimas de cocodrilo ofenden la dignidad de las víctimas y de todos nosotros. No escribo para insistir en esa vergüenza. Ahora quisiera llamar la atención del lector sobre una omisión gravísima y dos malentendidos o, peor, dos sofismas que, a mi juicio, lastran buena parte de las discusiones que se están produciendo y dejan al rey, a esos políticos, desnudos. Pero también a no pocos medios de comunicación.

La omisión es la que permite que sigamos discutiendo si son galgos o podencos, si son la UE, Italia, Malta, los pescadores, los isleños, quienes deben actuar. No. Quienes no socorren a los náufragos son delincuentes, porque violan la ley. Porque, si son delincuentes o criminales (según la conducta) los ciudadanos que infringen un precepto jurídico vigente, también lo son los políticos responsables de que la UE y/o sus Estados miembros violen una norma jurídica vigente. Y lo son con agravante quienes impiden a los simples ciudadanos que la cumplan.

Esta es la cuestión. Dejemos de hablar de humanidad, de piedad, de solidaridad. Estamos ante una ofensa jurídica y de primer orden, que exige el establecimiento de responsabilidades y las correspondientes sanciones, para evitar el veneno de la impunidad, para evitar el desánimo ciudadano que acaba por metabolizar este horror, porque no hay nada que hacer y los telediarios no informarán más hasta que no suceda otro que supere la cifra de 331 muertos. Hay que dejar claro que se trata de delitos que exigen castigo.

La UE, a través de la obsesiva función de control represivo atribuida a Frontex y también los Estados, como Italia, Malta o España, parecen olvidar en tantísimas ocasiones que, frente a esos náufragos, hay un deber jurídico prioritario de asistencia, impuesto secularmente por las más viejas leyes del mar y hoy por el complejo de Tratados del Derecho internacional del mar. En su origen, insisto, hay normas consuetudinarias básicas que están, por ejemplo, por encima de la ley Fini-Bossi (como recordaba el abuelo de Filippo, el pescador protagonista de una película no precisamente descarnada pero oportuna, Terra Ferma, el film de 2011 de Emmanuele Crealese). Pero, hoy, debemos hablar de violación de obligaciones jurídicas vigentes. Sobre este punto, aconsejo la lectura del pronunciamiento de ACNUR en 2002, Background note on the protection of asylum-seekers and refugees rescued at sea y, sobre todo, del a mi juicio determinante trabajo de Daniel Oliva, Derecho del mar e inmigración irregular.

En efecto, Oliva, tras recordar que “existe un consenso acerca de la obligación de todo buque, sea cual sea su situación, características y localización, sobre la necesidad de concentrarse en salvar vidas de los náufragos o inmigrantes en peligro en el mar“, fundamenta esa tesis en un análisis impecable del complejo de tratados de Derecho internacional del mar: así lo exigen, explica, artículos como el 98.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Convención de Montego Bay), de 10 de diciembre de 1982, que se complementa con lo dispuesto, entre otros, en los párrafos 2.1, 10 y 13.2 del Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimo (Convenio SAR, versión 1979), y, por ejemplo, en la regla 33.1 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS). En el último decenio se ha concretado y especificado la obligación de auxilio exigible de los capitanes de buques y de los propios Estados mediante enmiendas a esos Tratados, así como la obligación de los Estados de ofrecer un lugar seguro a los supervivientes. Y aún se ha producido una mayor concreción a través de las denominadas Directrices respecto de la actuación con personas rescatadas en el mar, incluidas en la Resolución MSC.167 (78) del año 2004, del Comité de Seguridad Marítima, cuyo origen se encuentra en el lamentable episodio vivido en 2001 por el buque de pabellón noruego Tampa, que rescató a 433 solicitantes de asilo que se encontraban en peligro en un barco frente a las costas australianas y al que negaron el desembarco Australia e Indonesia.

Pero hay más. A mi juicio, el terco desconocimiento de esas obligaciones, al que da cobertura en buena medida el tono adoptado en no pocas informaciones de las que nos sirven los medios de comunicación (que insisten en la dimensión “humanitaria”, “trágica”, que garantiza el prime time) se ampara en dos sofismas.

El primero de ellos es la insistencia en hablar de “tragedia de la inmigración”. No. En buena medida, las víctimas de estos naufragios son refugiados, porque son gentes que huyen de Estados fallidos, de guerras civiles, de situaciones en las que no están garantizados los derechos más elementales: Eritrea, Somalía, Siria o Mali. Pero pronto podría ser Libia, otra vez. Y quizá –sería terrible- Túnez y Egipto. ¿Eritrea? Sí, Eritrea. Basta leer los informe dedicados a Eritrea en The Economist: por ejemplo, el específico sobre la llegada de eritreos a Lampedusa, Eritrea: Why they leave?, o los que explican la evolución política de ese país: Eritrea: A State of Siege, o Eritrea. Robocal Revolution, que dejan claras las razones del éxodo que ha llevado a huir a decenas de miles de eritreos, muchos más a otras zonas que no son países europeos, como 125000 a Sudán, 87000 a Etiopía, 40.000 a Israel. Desde esa antigua colonia italiana huyen hasta esos países y también hasta Lampedusa, huyendo de un país que se ha convertido en un campo de concentración peor que Corea del Norte. Refugiados, pues, como lo son los que llegan de Siria, un contingente cada vez más importante.

Que sean inmigrantes o refugiados no es cuestión baladí. No, desde luego, porque cambie la gravedad de la tragedia según se trate de unos u otros. Pero es que esta confusión desnuda un dogma de aquellas políticas. Un dogma que se revela como un sofisma basado en prejuicios. En efecto, la doctrina oficial reza que los inmigrantes son económicos, se desplazan sobre todo por razones laborales. Mientras que los refugiados se ven forzados al abandono de su país por razones de persecución política. Pues bien, la UE y la mayor parte de sus Estados miembros han tratado de regular la llegada y estancia de los primeros según los términos de coste/beneficio y de acuerdo con lo que se ha dado en llamar un modelo de vasos comunicantes. Que lleguen sólo tantos como necesitamos en función de la demanda del mercado y sólo mientras los necesitamos y produzcan beneficio. Ni uno más: las cifras han de cuadrar. Respecto a los refugiados, comoquiera que aparecen sólo como coste, como una carga, la política ha consistido en estrechar cada vez más las condiciones que permiten solicitar el asilo en territorio de la UE. Estos, simplemente no pueden llegar hasta nuestro paraíso, de modo legal. Se lo hemos hecho imposible: no queda más que tratar de llegar a la frontera, como sea. Y aún a los que llegan no les dejamos manifestarse como tales: les encerramos en campamentos en condiciones infrahumanas, como en Lampedusa y les tratamos como inmigrantes ilegales que han de afrontar multas de hasta 4000 euros y expulsión…

En uno y otro caso, se sostiene, la prioridad de prioridades es el control, la vigilancia. Esa es la naturaleza de FRONTEX. Se trata de fortalecer las fronteras, incluso de deslocalizarlas, al llevarlas a países terceros aunque no sean nada fiables en materia de derechos humanos: Marruecos, Libia.

Por eso, el esfuerzo se concentra en controlar la inmigración ilegal, sus redes. Y también, en evitar el mal uso de la vía de asilo por parte de quienes sólo son inmigrantes. El cierre, el blindaje de esas fronteras (Ceuta, Melilla, Malta, Sicilia y sus islas, o Evros y las del Egeo) tiene como consecuencia el encarecimiento del viaje clandestino y el cambio de las rutas. La mayoría de los refugiados, hoy, hacen de media más de 4000 kilómetros para llegar a los mismos puertos en los que se amontonan los inmigrantes a la espera del salto. Y una proporción importante (casi 20000 en los últimos 10 años) mueren en el intento, (puede verse el dossier de Libèration). Porque estas dos catástrofes ante Lampedusa son sólo otros dos episodios más.

Pues bien, como consecuencia de lo anterior, queda desnudo el segundo sofisma, el de quienes sostienen que estamos ante un problema humanitario o de altruismo y que, en tiempos de crisis, la capacidad solidaria, la generosidad, es limitada. Europa (Italia, España) no pueden cargar con toda la miseria del mundo, nos dicen. Ya hacemos bastante. Pero eso no es verdad. No sólo es que nuestra omisión es culpable porque no garantizamos la vida, que es nuestro deber elemental, como recordaba el vicealcalde de Lampedusa, Damiano Sferlazzo, escandalizado por ese abandono de la “cultura de la vida”. En el caso de los refugiados, es que estamos hablando de violación de obligaciones jurídicas específicas, lo que debería tener importantes consecuencias jurídicas.

Porque hay que recordar que, frente a quienes buscan asilo, todos los países europeos, la propia UE, tienen obligaciones jurídicas cuyo incumplimiento debe dar lugar a la exigencia de responsabilidades materiales, nada simbólicas. Obligaciones que emanan ya del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 de la ONU (por ejemplo, los artículos 5 y 6) y que se han concretado posteriormente: por ejemplo, la obligación de non refoulement, de no rechazo de quienes demandan asilo, que impone el artículo 33.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, completada por el Protocolo de 31 de enero de 1967, tal y como ha sido precisada por la Opinión consultiva sobre la aplicación extraterritorial del principio de no devolución en virtud de las obligaciones contraídas por los Estados Parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. Y por si se quiere más, habría que recordar que la violación de este deber infringe lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes de 10 de diciembre de 1984.

Concluyo. Nosotros, los ciudadanos, tenemos la obligación de denunciar que los Estados que sostienen estas políticas migratorias y de asilo no merecen ser llamados democracias, ni aun Estados de Derecho. No respetan el núcleo del Derecho, los derechos humanos básicos. Violan leyes propias (las Convenciones internacionales de refugiados o del Derecho del mar, que han ratificado y están incorporadas al Derecho interno) y al hacerlo, son delincuentes. Hay que exigirles responsabilidades. Hay que exigir una modificación de las políticas de inmigración y asilo que llevan a estas conductas criminales, por antijurídicas, culpables y punibles. En caso contrario, estamos cediendo a la lógica de la barbarie… somos nosotros los bárbaros.

** Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Univesitat de Valencia.

Ambos textos publicados en “Bitácora” de Uruguay.

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