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ETA y FARC: muros y espejos

Dic 17 2014

Por Caterina Heyck Puyana*

Partiendo de la pregunta generadora para el análisis sobre el futuro del proceso de paz en el País Vasco y la metáfora de los muros, vinieron a la mente aquellos muros – reales y de concreto-, baluartes del rechazo, de la segregación y la afrenta, que erguidos separan a España de África, a Estados Unidos de México y a Israel de Palestina.

Pero así como el pensamiento espontáneamente pasó del simbolismo a la realidad, luego migró a la abstracción y a lo que significó en el mundo jurídico la posición de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre la ilegalidad del muro en los territorios palestinos ocupados. La importancia de este pronunciamiento va más allá de la valoración legal sobre el muro, que pocas consecuencias generó, sino que radica en la explicación que dio sobre la vigencia de los Derechos Humanos en una situación de conflicto armado, toda vez que siempre se ha debatido si el derecho de la guerra desplaza al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. (La Corte Internacional de Justicia, en su Opinión Consultiva del 8 de julio de 1996 sobre la legalidad del uso y amenaza de armas nucleares señaló que la legislación en materia de conducción de hostilidades es lex specialis frente a la normatividad de los derechos humanos).

En su opinión consultiva, esta vez la Corte señaló que el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos son referentes normativos complementarios, no excluyentes. En tal virtud, aún en los eventos de guerra, conflicto armado, amenaza terrorista –o como se le quiera llamar– los derechos humanos siguen siendo exigibles (Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, 13 de julio de 2004)

La verdad, este pronunciamiento ha pasado casi que inadvertido. Además de no haberse cumplido, en casos como el colombiano la consideración de conflicto armado y aplicación preferente del derecho de la guerra irónicamente se ha invocado para relativizar la vigencia de los derechos humanos, en particular, el derecho a la vida.

Por esto, desde lo lejos la situación de ETA en el País Vasco y lo que podría ser un proceso de paz con este grupo se avizora con optimismo y esperanza. No solo porque allí no se cuestiona la vigencia del más elemental de los derechos humanos (el derecho a la vida de los miembros de este grupo, a quienes se captura en lugar de “dárseles de baja”), ni existe una sangrienta confrontación armada y militar, sino porque desde 2011 ETA declaró un cese al fuego de carácter unilateral y permanente, lo cual es una de las metas más difíciles de alcanzar en el proceso de paz colombiano.

Lo anterior evidencia que resulta provechoso utilizar la metáfora del espejo y comparar brevemente el proceso con las FARC de Colombia y la situación del País Vasco con ETA, a pesar de las profundas diferencias que tienen estos conflictos, siendo el primero un conflicto armado interno con una guerrilla y el segundo, un conflicto étnico-nacional de raíces centenarias. Ambos conflictos datan de más de cincuenta años, sus grupos ilegales han recurrido al uso de la violencia, al homicidio, al secuestro y la extorsión, como herramientas de presión política y de financiación, así como a la utilización de acciones terroristas que han dejado centenares de víctimas. También encontramos similitudes en la presencia de complejos y perversos fenómenos derivados como el paramilitarismo y la violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado.

Y frente a la realidad o posibilidad de diálogo, encontramos que tanto en España como en Colombia existe un fuerte debate sobre los mismos temas. Se discute si el Estado solamente puede conversar con un grupo armado ilegal en materia de dejación de armas, desmovilización y reintegración (DDR), y no sobre reformas sociales y políticas estructurales, en otras palabras, sobre el alcance y contenido del diálogo. También se debate sobre la viabilidad de conceder reducción de penas, amnistías y/o penas alternativas, todo esto dentro de un contexto de aprovechamiento político ideológico.

Es evidente que Colombia lleva la delantera porque tiene un proceso de paz en marcha, una ley de víctimas aprobada por el Congreso y un Marco Jurídico para la Paz que implicó una reforma de la Constitución Política, (Ley 1448 de 2011 y Acto Legislativo 01 de 2012) en el cual se incorpora el esquema de Justicia Transicional y hasta el momento se ha logrado avanzar en puntos importantes de la agenda del proceso, como son el tema agrario, el de participación política, el de víctimas y narcotráfico.

En este espejo que nos planteamos, Colombia podría servir como referente en lo que tiene que ver con su modelo de participación de las víctimas, su presencia representativa en La Habana, el reconocimiento de sus derechos sin distinción en función del victimario y la reparación administrativa. También tiene experiencia en materia de memoria histórica, pues ha construido una institucionalidad con funciones y competencias que ha aportado valiosas publicaciones y documentos de análisis y en el futuro existe la posibilidad de una Comisión de la Verdad del conflicto armado, prevista constitucionalmente en el Marco Jurídico para la Paz.

Pero así como aquí y allá nos cuestionamos por la forma en que lograremos reconciliarnos, si para ello permitiremos que los victimarios salgan de las cárceles (teniendo en cuenta que muchos de ellos se consideran igualmente víctimas), si el perdón es una exigencia o una opción personal y potestativa, la situación colombiana es más difícil que la vasca en lo que tiene que ver con el posconflicto, considerando el riesgo de rearme y la ineficacia de la resocialización por parte del sistema penitenciario. Todo esto en el largo plazo y en el corto, la realidad visible y sentida de ausencia del cese al fuego y la continuidad del desangre.

Los vascos, los españoles – los ciudadanos de la península Ibérica- deberían dimensionar la trascendencia del cese al fuego de ETA, que por sí mismo implica una renuncia al recurso de la violencia, lo que los investigadores de la paz llaman: violencia directa. En Colombia, en cambio, el fin de ésta sigue pendiente, no obstante los avances del proceso de paz. Y aquella otra violencia – la llamada violencia estructural-, tardará mucho tiempo, pues contrario al País Vasco, no puede resolverse con autonomía, ni con independencia territorial, sino todo lo contrario, con real presencia estatal…con la construcción de puentes, carreteras y muros … muros y cimientos de casas, de hospitales y escuelas.

En el entretanto aquí, mientras se dialoga, ojalá pudiéramos lograr también un cese al fuego y la vigencia plena del derecho a la vida, el fin de los ataques, de la confrontación y los bombardeos. Sin embargo, como dijera el profesor Paco Muñoz (q.e.p.d.): “la paz es imperfecta”

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*Autora invitada. En El País, 16 de diciembre de 2014. Caterina Heyck Puyana es directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas de Colombia.

Este artículo forma parte de la serie de 10 artículos «Tribuna Abierta» dentro del proyecto «Por un futuro de paz en el País Vasco: derribando murallas y construyendo puentes», impulsado por la Fundación Cultura de Paz con el apoyo de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco. El proyecto tiene objetivo explorar y analizar elementos de conciliación que faciliten la comunicación y la convivencia en la sociedad vasca, aportando nuevas perspectivas y miradas al escenario actual del País Vasco después de cincuenta años de violencia y tensión.

Información del proyecto: http://fund-culturadepaz.org/pazyddhh

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