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El ‘crash’ de Rato

Abr 17 2015

EDITORIAL – EL PAÍS

La detención del exvicepresidente afecta al PP y cuestiona la gestión de los datos tributarios

La detención de Rodrigo Rato, acusado por la fiscalía de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal, ha causado una gran convulsión social y política. Los hechos se han precipitado desde que se conociera que el exvicepresidente económico con José María Aznar se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012.

Ayer, agentes de Vigilancia Aduanera —un servicio policial que depende de la Agencia Tributaria— registraron su domicilio durante tres horas. El juzgado número 35 de Madrid firmó la orden de detención, a instancias de la Fiscalía de Madrid, que es quien sustenta esas acusaciones.

La primera respuesta a la detención tiene que ser lógicamente de estupor, muy parecida a la que provocó el anuncio de la fortuna de Jordi Pujol oculta en Andorra. Que un exvicepresidente económico deposite dinero en el extranjero sin declarar solo puede provocar el rechazo de los españoles. Rato acumula otros problemas judiciales (caso Bankia y tarjetas negras) que cuestionan su credibilidad ante los ciudadanos.

Rato fue una persona decisiva en los gobiernos del PP entre 1996 y 2004 y llegó a ser uno de los candidatos a suceder a Aznar. Su trayectoria pública alcanzó gran prestigio cuando fue nombrado director gerente del FMI, cargo que abandonó alegando “razones personales” nunca bien explicadas. Su imagen pública empezó a deteriorarse a raíz de su gestión como presidente de Bankia y el caso de las tarjetas negras, de gastos personales para consejeros y otros cargos de la entidad. En términos jurídicos, cabe pedir que la investigación judicial se ejecute de forma rigurosa y exhaustiva, como la que se aplicaría a cualquier otro ciudadano.

En términos políticos, las consecuencias para el PP pueden llegar a ser de una extrema gravedad. No fue Rato quien pagó la sede del PP con dinero negro ni quien ideó y ejecutó todo un sistema de financiación supuestamente ilegal del partido durante décadas. Es inútil argüir ahora que Rato ya no representa un poder en el PP; forma parte de una gestión de gobierno entre 1996 y 2004, mitificada en exceso desde Génova, y que hoy parece muy discutible.

Pero hay que hacerse otras reflexiones que no dejan en buen lugar al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Tributaria. ¿Por qué, entre 705 investigados por presunto blanqueo, se filtró recientemente el nombre del exgerente del FMI? El ministro Cristóbal Montoro tendría que dar respuesta a esta pregunta, con el fin de descartar que se trata de una vendetta partidista. Está en cuestión el uso correcto de la información tributaria. Lo correcto y conveniente es que se publiquen los nombres de todos los investigados, no solo de unos pocos.

Ahora se aprecian las consecuencias de la desafortunada amnistía fiscal aprobada por Hacienda. Una amnistía que no resolvió los problemas de las arcas públicas, sustituyó desventajosamente la inspección exhaustiva a la que está obligada la Agencia Tributaria y puso en clara desventaja a quienes pagaron y pagan sus impuestos. 17.04.15

ANEXO:

La justicia cerca al ex ministro Rato

José Precedo / María Fabra – El País

Madrid, 17.04.15 El exvicepresidente del Gobierno, exministro de Economía y Hacienda, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente de Bankia, el padre del milagro económico del PP, Rodrigo Rato, fue detenido ayer en su casa de Madrid poco después de las cuatro de la tarde. Una quincena de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, entraron en su domicilio en pleno barrio de Salamanca por orden judicial tras una denuncia de la fiscalía, que le acusa de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Tras inspeccionar su vivienda y recopilar al menos cuatro cajas con documentación, los agentes policiales de la Agencia Tributaria introdujeron a Rato en un coche camuflado para recorrer apenas 200 metros, los que separan su casa del despacho donde trabaja. Allí se realizó un segundo registro, en presencia del propio Rato, que culminó pasada la medianoche. Todo, entre fuertes medidas de seguridad. La Policía Nacional desplazó a la zona dos furgones de la Unidad de Intervención Policial para evitar incidentes. No los hubo. Un par de vecinas, que se presentaron como votantes del PP, llamaron “sinvergüenza” al exministro. Y un jubilado se presentó con una pancarta que reclamaba “Justicia”.

La fiscalía, impulsora de la investigación y de los registros autorizados judicialmente, pidió su libertad y Rato pudo pasar la noche en casa cuando concluyeron las inspecciones, en las que tiene que estar presente. El arresto de uno de los políticos que más poder han acumulado en España —tras ser vicepresidente económico de Anzar fue director gerente del Fondo Monetario Internacional— se produjo después de que el fiscal de Madrid Carlos García Berro le atribuyese fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, un delito este último que persigue la ocultación de patrimonio que podría cubrir deudas o fianzas.

La denuncia del ministerio público se presentó ayer mismo tras varios días investigando la documentación aportada por la Agencia Tributaria. El titular del Juzgado número 35 de Madrid, Enrique de la Hoz, admitió el escrito que se dirige contra Rato y otras personas de su entorno familiar directo, entre las que se encuentra una hermana. En el mismo se requería el registro “inmediato” del domicilio, que el magistrado aceptó.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario. Fuentes de la investigación apuntan a que se centra en los negocios privados del exministro y no en las ganancias derivadas de su actividad pública. Otras fuentes indican que se trata de una investigación sobre negocios familiares, “un complejo entramado societario familiar”.

En los últimos seis meses, Rato ha viajado al menos tres veces a Suiza, la última de ellas este mismo mes de abril. El pasado diciembre, UPyD, que ejerce de acusación en el caso Bankia, en el que Rato está imputado por apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal, pidió prisión por riesgo de fuga.

Vigilancia Aduanera registró también ayer un bufete de Sotogrande, en San Roque (Cádiz), en el marco de la misma investigación. Los policías realizaron la inspección en el despacho de abogados Plaza, donde requisaron documentos y ordenadores. El objetivo es averiguar si las relaciones entre el bufete y Rato “tienen que ver” con la investigación en marcha. Además, según las mismas fuentes, se produjo otro registro en el domicilio de un familiar del expolítico.

La denuncia de la fiscalía y la inspección de los inmuebles se produjeron después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. El también expresidente de Bankia pasó entonces a formar parte de los 705 investigados por el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, a través. Rato se encuentra imputado en dos procesos judiciales: por la salida a bolsa de Bankia y por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y de Bankia. La operación de ayer no tiene nada que ver con ninguno de estos dos casos que investiga la Audiencia Nacional.

El Gobierno aseguró que los registros prueban que es “implacable” en la lucha contra el fraude, que el Estado de derecho funciona y que la ley es “igual para todos”. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, pidió la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y una comisión de investigación, tras el “escándalo” que a su juicio supone el registro de la vivienda del exvicepresidente, informa Fernando Garea.

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, acudirá el próximo martes a la Comisión de Hacienda del Congreso para informar y “dar más tranquilidad” a la ciudadanía y aportar “transparencia” a la situación, según informó el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.

Fuentes de la fiscalía precisaron que, probablemente, el caso pasará a manos de la Fiscalía Anticorrupción, que seguirá con la investigación iniciada por la Fiscalía de Madrid.

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