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El derecho y la mentira en la crisis europea

Sep 23 2015

Alejandro Nadal – La Jornada, México

Decía Winston Churchill que en tiempos de guerra la verdad es tan valiosa que debe ser protegida por un cinturón de mentiras. Y en la crisis económica también encontramos un fértil ecosistema en el que proliferan mentira y engaño para proteger a la verdad, o lo que quede de ella.

Hoy que Syriza ha vuelto a triunfar en las elecciones griegas, el tema de la restructuración de la deuda adquiere mayor relevancia. Tsipras y su partido se presentan ante el electorado y la opinión pública como los únicos capacitados para lograr este objetivo que se les escapó en su primer mandato. Pero los nuevos intentos se enfrentarán a las viejas mentiras.

Desde que estalló la crisis en Europa se dice repetidamente que es necesario aplicar las reglas y los tratados fundamentales de la unión monetaria. Esa retórica se refiere en primera instancia a la necesidad de pagar las deudas adquiridas y, en segundo lugar, a la imposibilidad de rescatar a una economía en peligro de caer en insolvencia y suspensión de pagos.

¿Cuál es el fundamento legal de la segunda “regla”? Normalmente se hace referencia al artículo 125, párrafo primero, del Tratado de la Unión Europea en su versión consolidada. Esa disposición dice que ni la Unión, ni los estados miembros asumirán o responderán de los compromisos de los gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, o empresas públicas de los estados miembros, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos.

Este artículo es la expresión de lo que comúnmente se ha llamado la cláusula de “no rescate” en el contexto de la crisis europea. Pero la letra de esta disposición solamente prohíbe a la Unión o a los estados miembros asumir las deudas de otros estados miembros. No prohíbe hacer préstamos para ayudar a otro Estado miembro a superar una crisis.

Lo más importante: ¿dónde se prohíbe explícitamente la restructuración de deudas de un Estado miembro? La respuesta: en ninguna parte. El artículo 125.1 no prohíbe la reducción de tasas de interés ni la extensión de plazos o el posponer el pago de intereses o de principal. Schäuble y sus amigos en el Ecofin no tienen argumentos legales para oponerse a una restructuración de la deuda griega. Lo único que les queda es aferrarse al dogma neoliberal.

Aunque lo anterior puede parecer extraño, esta es la interpretación avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Pringle contra el gobierno de Irlanda. El TJUE está encargado de la interpretación y aplicación del marco legal de la Unión Europea. Ese caso fue iniciado por el diputado irlandés Thomas Pringle al cuestionar el procedimiento de creación y la legalidad misma del mecanismo europeo de estabilidad (MES). Este mecanismo fue creado en 2010 por la vía rápida y formalizado en un tratado especial en 2012. El mandato del MES es velar por la estabilidad macroeconómica y asegurar el funcionamiento de los fondos de rescate que marcaron las primeras respuestas de las instituciones europeas frente a la crisis. En el caso Pringle el Tribunal desestimó el alegato de Pringle, tanto en el tema de fallas de procedimiento, como en el aspecto medular sobre el MES.

No sorprendió entre los economistas y los enamorados de los dogmas sobre libre mercado el fallo del TJUE. Pero en el ámbito forense esta decisión se vio con preocupación. Se trata de un fallo superficial que no corrige los vicios de origen de muchos cambios introducidos en los tratados constitutivos de la UE para “tranquilizar a los mercados financieros”.

El ejemplo anterior no es el único con bases legales endebles. El programa del Banco Central Europeo (BCE) sobre Transacciones monetarias directas (OMT, por sus siglas en inglés) es otro ejemplo importante. Ese mecanismo permite al BCE comprar bonos de corto plazo en el mercado secundario para reducir el costo de financiamiento para países europeos. Pero hoy la controversia legal subsiste: el anuncio de la creación del OMT en una rueda de prensa es casi el único fundamento “legal” de dicho programa. Estoy exagerando, claro, pero no por mucho.

Desde que estalló la crisis el régimen de derecho en la Unión Europea se encuentra sometido a tensiones insoportables. El ‘modo de emergencia’ ha conducido a delegarle al BCE todo tipo de facultades, algunas de las cuales carecen de fundamentos legales robustos y otras simplemente hacen que la idea de rendición de cuentas sea una mala broma. El rescate es y será para los amigos.

Hoy los gobiernos e instituciones europeas le responden cada vez menos a la gente. El estado de derecho se ha convertido en el manto protector de la arbitrariedad. La ayuda y la flexibilidad para los amigos y aliados, la regla dura y la rigidez para nuestros enemigos. Esas son las verdaderas reglas de Schäuble y sus amigos.

La señora Christine Lagarde lo dijo en 2011 con gran claridad: los líderes de la Unión Europea tuvieron que violar la ley para salvar al euro. Pero ya se le había adelantado Esquilo, al señalar que la verdad es la primera víctima en una guerra.

Anexo:

Cuanto menos dinero gane, antes se morirá usted

Juan Torres López – Público.es

El incremento de la desigualdad en todo el mundo es un hecho que muy pocos se atreven a negar. Y sus manifestaciones son cada vez más diversas: entre mujeres y hombres, entre territorios y naciones, entre razas o etnias y, por supuesto, entre grupos sociales, es decir, entre esas clases sociales que también algunos vienen diciendo desde hace tiempo que ya no existen.

No es fácil, e incluso quizá sea imposible, decir cuál de esas manifestaciones de la desigualdad en aumento es más sangrante o injusta pero me atrevo a pensar que si hay una especialmente inhumana es la que expresa las diferentes expectativas de vida que tienen los seres humanos en función de los ingresos que reciben.

La “esperanza de vida” es el indicador que se utiliza para saber qué número de años puede esperar vivir una determinada persona de una determinada edad si se mantiene el patrón de mortalidad por edad del grupo al que pertenece.

El Instituto Nacional de Estadística español dice al respecto:

“La esperanza de vida es el indicador más ampliamente utilizado para realizar comparaciones sobre la incidencia de la mortalidad en distintas poblaciones y, en base a ello, sobre las condiciones de salud y nivel de desarrollo de una población. En los países occidentales, la esperanza de vida ha experimentado notables avances en el último siglo, y se ha conseguido con disminuciones en la probabilidad de morir debido a los avances médicos y tecnológicos, reducción en las tasas de mortalidad infantil, cambios en los hábitos nutricionales y estilos de vida, mejora en los niveles de condiciones materiales de vida y en la educación, así como el acceso de la población a los servicios sanitarios”.

Eso es completamente cierto, pero lo que viene ocurriendo en los últimos decenios es que el gran incremento de las desigualdades hace que la esperanza de vida sea también muy desigual en función de la clase social o de los ingresos que reciben las personas. E incluso entre los países, pues en los ricos la esperanza de vida es de casi 30 años por encima y ha aumentado casi veinte más en los últimos decenios que en los pobres.

Los datos no dejan lugar a dudas y un informe que acaba de publicarse en Estados Unidos proporciona una realidad escalofriante (The Growing Gap in Life Expectancy by Income: Implications for Federal Programs and Policy Responses, 2015).

Una persona de 50 años nacida en 1930 en Estados Unidos que formara parte del 20% más rico de la población tenía una esperanza de vivir cinco años más que si perteneciera al 20% más pobre. Pero esa diferencia ha aumentado hasta los 13 años para los nacidos en 1960.

Prácticamente todo el aumento en la esperanza de vida logrado en Estados Unidos en los últimos 80 años lo ha disfrutado el 60% más rico de la población.

La probabilidad de llegar a los 85 años cuando se tenía 50 años es la misma para los hombres nacidos en 1930, 1960 o 2010 que forman parte del 20% más pobre. Sin embargo, los hombres que pertenecen al 20% más rico han visto aumentar sustancialmente su probabilidad de llegar a los 85 años cuando tenían 50: 45% de probabilidad para nacidos en 1980 y 66% en 2010.

En España hay también estudios de este tipo que muestran claramente lo que mucha gente todavía no se cree, que los ricos viven más años simplemente por el hecho de serlo. Entre los grupos con más y menos renta hay una diferencia de entre 7 y 8 años en su esperanza de vida.

La explicación de esta desigualdad tan sangrante es clara y también se pone en evidencia en todo tipo de estudios: los grupos sociales con menos ingresos tienen peor salud, disponen de menos medios de cuidado, trabajan en peores condiciones y, para colmo, muchos recursos públicos se manejan mal y benefician en mayor medida a los grupos sociales más ricos.

La desigualdad afecta, cada vez más, incluso al más elemental de los derechos humanos, el derecho a la vida. Ahora que nos acercamos a unas elecciones hay que tomar conciencia de su extensión y de su dramático aumento y hay que reclamar que se hagan estudios previos del impacto de las políticas económicas y sociales sobre todos los grupos sociales. Por mucho que se empeñen en negar la existencia de clases sociales, ocurre como decían con las brujas: haberlas, haylas.

*Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

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