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El alto costo de la “guerra contra las drogas”

Feb 12 2016

Por Tharanga Yakupitiyage

NACIONES UNIDAS, 12 feb 2016 (IPS) – La erradicación de cultivos en el marco de la política mundial contra las drogas contribuye a la pobreza, el hambre y el desplazamiento de la gente, según un nuevo informe de la organización Open Society Foundations (OSF), del magnate, inversor y filántropo húngaro-estadounidense George Soros.

El informe La producción de cultivos de drogas, la pobreza y el desarrollo ilustra las consecuencias que generó desde sus comienzos décadas atrás la polémica “guerra contra las drogas” en los países que las suministran.

Según el Informe Mundial sobre las Drogas de 2014, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés), en 2013 había 296,720 hectáreas de cultivos ilícitos de opio en todo el planeta, la mayor superficie desde 1998, cuando comenzaron a realizarse esas estimaciones. En Afganistán, el mayor productor mundial de opio, el cultivo creció 36 por ciento entre 2012 y 2013.

Julia Baxton, autora del informe de OSF, señala que en parte esto se explica por los beneficios económicos que generan las drogas ilícitas. El cultivo de amapola (adormidera), coca y cannabis, que requieren pocos insumos y tienen altos rendimientos, ofrece un medio de vida seguro a numerosas localidades de bajos ingresos y que son vulnerables, especialmente en países con conflictos de distinta índole, como Afganistán, Birmania y México.

El informe cita al politólogo Tom Kramer, del Transnational Institute, con sede en Washington. “Para muchas personas en este país (Birmania) el opio no es un problema, es la solución – la manera en la que los pequeños agricultores aumentan sus ingresos para comprar sal, arroz, medicinas y otros productos esenciales”, explicó el investigador.

En el estado birmano de Shan, los medios de vida de 240.000 familias dependían de la producción de la amapola a mediados de la década de 2000. En Afganistán cada hectárea cultivada con la “planta del opio” genera 5,6 puestos de trabajo en la economía rural no agrícola.

Pero Baxton destacó que la producción de drogas se concibe como una amenaza “combinada” con la migración y el terrorismo, lo que resulta en políticas que se concentran en su erradicación.

De acuerdo con la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, los Estados partes deben prohibir, penalizar y destruir los cultivos de drogas, entre ellos la coca, la amapola y el cannabis.

Desde entonces, países como Estados Unidos lidiaron con la cuestión de la oferta y el consumo de las drogas ilícitas con toda su fuerza y mediante estrategias militarizadas.

“Hemos visto una serie de programas e iniciativas dedicadas al desarrollo en los Estados y las comunidades cultivadoras, pero estas se realizan en el marco de la lucha contra los narcóticos y no de las metas de desarrollo… y podrían causar más daño que bien”, aseguró Baxton a IPS.

A mediados de la década de 2000, la prohibición de la producción del opio y la erradicación de los cultivos dejó a 1,2 millones de personas a merced del hambre y la muerte. Del mismo modo, la purga de cultivos en Bolivia llevó a la pobreza y la desnutrición a 50.000 familias en el mismo período.

Las políticas de erradicación, como la fumigación química de los cultivos y las intervenciones militares, también provocaron el desplazamiento de los residentes afectados. En Colombia se calcula que cinco de sus 48 millones de habitantes debieron abandonar sus hogares por esta causa. En Laos fueron 65.000 las personas desplazadas.

En el informe, Baxton añadió que la pérdida de estabilidad de sus medios de subsistencia podría llevar a las comunidades afectadas a sumarse a grupos insurgentes o delictivos para recibir su protección.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la Organización de las Naciones Unidas en septiembre, no abarcan la complejidad del cultivo de drogas ilícitas de forma que puedan ayudar a resolver el problema, opinó.

“Los más pobres de los pobres seguirán siendo desatendidos por los grandes compromisos y declaraciones internacionales”, se quejó.

“El actual sistema de fiscalización internacional de las drogas permite la violación de algunas de las obligaciones más básicas de los derechos internacionales y, como tal, es totalmente incompatible con los ODS”, subrayó.

El informe exhorta a una mayor discusión y comprensión del cultivo de drogas en diferentes contextos basadas en la evidencia. Baxton recomienda que se incluya la participación de los agricultores para que puedan expresar sus necesidades, así como la formación de una comisión internacional de expertos que explore estrategias alternativas de regulación.

“Cada vez se reconoce más que los costos de la ‘guerra contra las drogas’ para los consumidores son inaceptablemente altos. Debemos extender de manera similar estas preocupaciones y consideraciones a los países que son los proveedores tradicionales del Sur global”, agregó Baxton.

anexo:

¿Por qué no cae ningún capo gringo del narcotráfico?

Antonio Albiñana – Público.es

Lo llamaron “Plan Colombia” y se inscribía en la estela de la “guerra contra las drogas” declarada por el mentiroso presidente Nixon hace 40 años. Lo suscribieron su sucesor Bill Clinton y uno de los peores presidentes que haya sufrido Colombia, Andrés Pastrana.

La pasada semana se celebró en Washington el 15 aniversario del “Plan”. Con reunión masiva en el ala este de la Casa Blanca y una superfiesta en la embajada colombiana, que inauguraba local. Allí se anunció una secuela que se llamará “Paz Colombia”, si el Senado le aprueba a Obama unos cientos de miles de dólares que añadir a los teóricos 10.000 millones ya gastados.

En principio, el objetivo central del Plan era combatir el narcotráfico, acabar con la producción y consumo de drogas, especialmente de la cocaína. Pero pronto, en la estela de una guerra fría que seguía vigente en América Latina, se orientó fundamentalmente a la lucha contra la subversión, representada especialmente por las FARC, que entonces contaban con 25.000 miembros y podían poner en jaque al Estado en numerosas zonas del territorio colombiano.

Helicópteros, pertrechos, asesores, para acabar con la “guerrilla comunista”, fueron el centro del convenio. Más adelante, a través de operaciones encubiertas con la CIA y la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) tristemente célebre por las revelaciones del perseguido Edward Snowden sobre sus actividades de interceptación y espionaje ilegal en todo el mundo, se vendió al Gobierno de Uribe tecnología sofisticada, especialmente las denominadas “bombas inteligentes” que contribuyeron a abatir jefes guerrilleros como el mando militar Jojoy, Alfonso Cano o Raúl Reyes, este último en territorio ecuatoriano mediante el apoyo logístico de la base militar estadounidense de Manta, hoy clausurada por el presidente Correa.

A pesar de los duros golpes infligidos a la guerrilla, “daños colaterales” incluidos, el Plan Colombia no consiguió terminar con las FARC, que han seguido ocupando territorio con más de 10.000 efectivos y manteniendo en jaque a las fuerzas militares. Por eso el actual presidente, Juan Manuel Santos, aun cuando fue ministro de Defensa con el guerrerista Uribe, decidió nada más iniciar su mandato entablar unas conversaciones de paz que se han desarrollado en los últimos años en La Habana, que ya han conseguido la tregua en las acciones de la guerrilla y permitirán alcanzar la paz negociada en los próximos meses. Lo que no consiguieron el Plan Colombia ni el Ejército en medio siglo, lo han logrado civiles y jefes guerrilleros sentados en una mesa desarmada en la capital cubana.

Junto al énfasis guerrero, la vertiente “antidrogas” del Plan Colombia ha desplegado su acción en los últimos 15 años, principalmente centrada en la fumigación aérea de los cultivos. Así como en el aspecto militar del acuerdo el dinero “donado” debía emplearse en la compra de todo lo empleado – “incluidas las botas de los soldados”, según me informaba un alto cargo del Gobierno Uribe–, en este caso, las beneficiarias de la fumigación eran, además de los aviones alquilados, las multinacionales químicas Monsanto y Dow Chemical, que se deshacían en Colombia a precio de oro de venenos cuya aspersión ya está prohibida en el mundo civilizado por la presión ecologista e incluso de los organismos de Naciones Unidas.

Cuatro millones de hectáreas han sido fumigadas en territorio colombiano durante el Plan Colombia, obligando al traslado de cultivos sin eliminarlos, antes bien aumentando el área sembrada de coca y, según el gran periodista Antonio Caballero (antiguo columnista de Público), “arrojando a los campesinos cocaleros en brazos de las guerrillas que los defienden y a las que pagan protección”.

Junto al Plan, los agentes de la poderosa agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) han operado en Colombia a sus anchas como una dependencia clave de la Embajada en Bogotá. Con sus investigaciones han logrado centenares de detenciones seguidas de extradición, para que cuenten lo que saben y enriquezcan el patrimonio informativo y la capacidad de presión de la agencia a todos los niveles, incluyendo centros de poder económico y político.

Más de mil extraditados desde Colombia. Célebres narcos como Pablo Escobar abatidos o grandes narcos, como los jefes del cártel de Cali, conducidos a cárceles estadounidenses. En estos días, el Chapo Guzmán, tras su enésima fuga, trincado en medio de la horterada que persigue a este tipo de personajes y reclamado de inmediato por la potencia del Norte…

Pero la pregunta que servía de titular a este comentario sigue en el aire.

Las toneladas de cocaína y heroína llegan puntualmente a Estados Unidos desde Colombia, México, Panamá o Perú para su distribución en su inmenso territorio mediante redes bien organizadas, hasta llegar, con pureza variable, al ejecutivo de Wall Street o al negro lumpen del Bronx…¿Quién las recibe? ¿Qué fantasmas invisibles se hacen cargo de las avionetas, los submarinos o las mulas viajeras que arriban a los aeropuertos con su carga de coca?

¿Por qué se habla de “chapos”, “escobares”, “orejuelas”, y jamás de un capo estadounidense? ¿Por qué nadie investiga cómo se manejan las inmensas cantidades de dólares que sin duda manejan los bancos lavadores del destino final de la droga, infinitamente superior en valor al de la compra de la hoja al perseguido campesino cocalero?

Hace tiempo, García Márquez le preguntó reservadamente a Clinton sobre todo esto. Más o menos le contestó que la respuesta era un grave problema de Estado y que se sabría, al modo de los misterios de Fátima, dentro de varias décadas.

Mientras tanto, los mayores consumidores y agentes del negocio de la droga son de la misma potencia que aparece como perseguidora implacable del narcotráfico.

Como decía el paisano citado por Carlos Fuentes refiriéndose a los gringos: “Ellos ponen sus narices, nosotros los muertitos”.12 feb 2016

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