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Brasil en su laberinto

Mar 18 2016

Estimados lectores: La siguiente selección corresponde a artículos y testimonios a favor y en contra de Luiz Inácio Lula da Silva. Saludos cordiales, Editor OtherNews
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La insensatez se apodera de Brasil y de sus instituciones

Análisis de Mario Osava

RÍO DE JANEIRO, mar 2016 (IPS) – El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva asumió este jueves 17 en Brasil la Jefatura de la Casa Civil da la Presidencia, un cargo equivalente al de primer ministro, con la misión de salvar el gobierno casi colapsado, confrontado a una clase media enfurecida por la corrupción.

Su nombramiento, considerado la “última jugada” de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, desató una nueva oleada de protestas en todo el país, por tratarse de una forma de evitar que Lula siga dentro de las investigaciones sobre corrupción coordinadas por el juez Sergio Moro, de la sureña ciudad de Curitiba.

Ministros y parlamentarios tienen derecho al “foro privilegiado”, por el que solo pueden ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal (STF), donde el proceso puede demorar más y una condena a prisión de Lula sería menos probable que en el tribunal de Moro.

Pero es una maniobra de extremo riesgo tanto para Lula (2003-2011) como para la cada día más debilitada presidenta.

Este mismo jueves, la Cámara de Diputados aprobó una comisión especial que debe determinar si existen méritos para abrir un juicio de destitución a Rousseff, conocido como “impeachment”, horas después que el SFT le diera luz verde para ello.

Además de manifestaciones en las calles y “cacerolazos” sonando en los barrios ricos y de capas medias, Lula enfrenta la reacción judicial.

Su posesión como ministro fue suspendida de inmediato por otro juez, Itagiba Catta Preta, por representar “riesgo de daño” para la justicia y las investigaciones del Ministerio Público Federal (fiscalía general) y la policía.

También hubo enfrentamientos callejeros entre defensores y detractores de Lula y Rousseff y sus 13 años de gestión, identificados con la desviación de miles de millones de dólares de los negocios del grupo petrolero estatal Petrobras, en que están involucrados cerca de 200 empresarios y políticos de varios partidos.

La llamada operación Lava Jato (autolavado de automóviles) iniciada por la fiscalía y la Policía Federal en 2014 desnudó el cartel de constructoras y otras empresas que se adueñaron de los abultados contratos de Petrobras, mediante sobornos a partidos y a sus dirigentes. Grandes empresarios han sido detenidos por el caso.

Lula es investigado por supuestos favores que le habrían brindado algunas de las mayores constructoras, invitándolo para charlas excesivamente remuneradas y pagando obras en un departamento playero cuya adquisición él no concluyó y en una finca que frecuentaba con regularidad, propiedad de un amigo.

Las investigaciones judiciales se politizaron al entrelazarse con la campaña por la destitución de Rousseff. Las redadas policiales y las “delaciones premiadas”, en que reos testimonian delitos de otros presuntos involucradros a cambio de rebajas en sus penas, se amplificaron con la difusión de los medios.

Son los “trascendidos selectivos” destinados a debilitar el gobierno, acusan sus integrantes y especialmente los miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

La condena por la opinión pública se concentró desde las primeras denuncias en el gobierno y en el izquierdista PT, aunque sea un partido de derecha el que tiene más involucrados.

Lula decidió radicalizar la movilización de sus simpatizantes contra la Lava Jato, cuando, a su juicio, se hizo evidente que Moro lo persigue intencionalmente. El 4 de marzo, el juez autorizó la detención por unas horas a Lula para un interrogatorio forzoso, cuando él había acudido voluntariamente a otros requerimientos.

Es una de las medidas “extremas” y de excepción criticadas por Marco Aurelio de Mello, magistrado del STF que se destaca como una voz contramarea en la histeria contra la corrupción que se diseminó por Brasil desde el año pasado.

Contra las reglas y el “debido proceso legal” nada se construye, “se vuelve a la Edad Media”, dijo.

“La peor dictadura es la dictadura del (Poder) Judicial”, advirtió Mello, que también discrepó de decisiones de la mayoría de sus colegas en el STF, como la que permite la prisión de condenados en segunda instancia, contrariando la Constitución que supedita la pena a que se agoten todos los recursos.

En el clima de confrontación actual, es evidente una correlación de fuerzas totalmente contraria a Rousseff, Lula y el PT. Cerca de 3,3 millones de personas protestaron contra el gobierno y la corrupción, reclamando la inhabilitación de la presidenta, el 13 de marzo en más de 250 ciudades, según datos de la Policía Militar de los 27 estados brasileños.

Las estimaciones varían, los promotores de las manifestaciones callejeras hablan de hasta cinco millones de personas. Fueron mucho menos por los datos del Instituto Datafolha, vinculado al diario Folha de São Paulo, que en São Paulo, por ejemplo, calculó en 500.000 los manifestantes, un tercio de lo estimado por ese cuerpo policial.

Datafolha observó, además, que las protestas movilizan básicamente las élites. En la sureña e industrial ciudad de São Paulo, 77 por ciento de los participantes tienen graduación universitaria, casi el triple del promedio en la población, y 63 por ciento ganan más de cinco salarios mínimos, más del doble del promedio local.

Es decir, no participan los pobres de la periferia de las grandes ciudades y de regiones como el Nordeste de Brasil, donde el PT obtuvo mayorías abrumadoras en las últimas elecciones. De todas maneras, con la corrupción y la impunidad como temas dominantes, las capas medias monopolizan la iniciativa y la fuerza movilizadora.

Manifestaciones en defensa de Lula, Rousseff y el gobierno difícilmente juntarán multitudes comparables a las del 13 de marzo. La corrupción, de que el PT nunca hizo una seria autocrítica, inhibe la movilización de sectores beneficiados por las políticas de inclusión social y contra las desigualdades, promovidas la presidenta y su predecesor.

Además, Brasil vive un clima que recuerda el macarthismo de los años 50 en Estados Unidos. Todo vale contra los sospechosos de corrupción y contra la impunidad, especialmente de los políticos, no importa si son medidas arbitrarias e ilegales, que posiblemente servirán para anular los procesos judiciales en el futuro.

Tampoco el expresidente sociodemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) escapó a esta fiebre. Un pago mensual que enviaba a una examante que vivía en España, y con quien tuvo un hijo, está bajo investigación policial, porque se sospecha que la pagaba una empresa.

El senador Aecio Neves, presidente del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y rival de Rousseff en la campaña de 2014, también está amenazado de ser enjuiciado por delaciones de acusados de Lava Jato. Igual sucede con los actuales presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.

Otros problemas cruciales de la economía, la política y la sociedad brasileñas quedaron olvidados. El país vive prácticamente una depresión económica, con una caída de 3,8 por ciento en 2015 del producto interno bruto, que debe repetirse o agravarse este año, ante las incertidumbres políticas. El caos político impide una recuperación.

Moro es el actual gran héroe nacional, al igual que el “japonés de la Federal”, un policía de origen nipón que aparece en casi todas las detenciones de la operación Lava Jato.

La marcha de la insensatez, que tiende a conducir el país a un colapso institucional, tiene pocas voces cuerdas, y sin audiencia, en los grupos involucrados en esta batalla que parece final. Sus propuestas de cautela y caminos dialogados son impotentes ante la disposición guerrera de los actores decisivos.

Además de Mello en la STF, el expresidente Cardoso dentro de su partido, el PSDB, ansioso por heredar el poder tras la caída de Rousseff, y Tarso Genro, un importante dirigente del PT, quien fue ministro de Educación y de Justicia en el gobierno de Lula, tratan de aportar alguna racionalidad en la crisis.

Genro propone una “concertación” a través del diálogo entre gobierno y oposición, para defender la democracia y hacer las reformas indispensables para superar la crisis económica y política.

Cardoso sugirió, en un artículo publicado en el diario Estado de São Paulo el 6 de marzo, la adopción de un “régimen semiparlamentario” de gobierno con reformas para superar el “agotamiento del orden político brasileño” que, subraya, no se debe “solo a Dilma o al PT”.
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El cinismo de Lula incendia Brasil

Editorial de El Mundo
18/03/2016

Una frase que al parecer pronunció Lula da Silva en 1988 -15 años antes de llegar a la Presidencia – triunfa estos días en las redes sociales: «En Brasil, cuando un pobre roba, va a prisión;pero cuando un rico roba, lo nombran ministro». La profecía se vuelve ahora contra el carismático ex mandatario, quien protagoniza uno de los escándalos políticos más bochornososos en el gigante latinoamericano en muchas décadas. Para tratar de protegerse de la investigación judicial que le apunta directamente como beneficiario de la maraña de corrupción del caso Petrobras, su sucesora, la hoy presidenta Dilma Rousseff, le designó ayer ministro de la Casa Civil -una especie de jefe de Gobierno-. Aunque sólo unas horas después de que Lula jurara su cargo al frente del superministerio a su medida, un juez suspendió cautelarmente el nombramiento, aduciendo que Dilma podría haber incurrido en un «delito de responsabilidad» -uno de los motivos contemplados en la Constitución brasileña que permiten realizar un juicio político al jefe de Estado para destituirlo- por cometer con la designación un acto deshonroso contra la Administración Pública. Ni qué decir tiene que este nuevo enfrentamiento entre el Poder civil y la Justicia va a polarizar todavía más a la ya muy dividida sociedad de Brasil.

Pero más allá de si el nombramiento de Lula se ajusta o no a la legalidad -algo sobre lo que deberá pronunciarse ahora el Supremo-, resulta lamentable por cuanto supone una auténtica burla a la Justicia y a la sociedad de quien durante décadas ha presumido de ser uno de los iconos de la izquierda mundial, un líder íntegro y «del pueblo». Porque la estrategia busca aforar al ex presidente para tratar de esquivar al juez y al fiscal de Sao Paulo que le pisan los talones. Lula es sospechoso de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación documental. Y hay serios indicios de que algunas de sus propiedades -como un lujoso tríplex en la playa- son sobornos de empresas a las que se habría beneficiado con contratos irregulares en el macrocaso Petrobras. La fiscalía había solicitado incluso la prisión provisional para Lula por la abundancia de pruebas en su contra y el riesgo de destrucción de pruebas.

Si su nombramiento como ministro entra en vigor, Lula dejará de ser un ciudadano más y pasará a estar aforado. Y de ese modo sólo podría ser investigado por la Corte Suprema Federal, con una mayoría de jueces nombrados por el propio ex mandatario o por Dilma Rousseff. No tiene por qué poner esto en tela de juicio la imparcialidad de los magistrados;de hecho, ya han demostrado un rigor implacable con muchos líderes históricos del gobernante Partido de los Trabajadores ya encausados. Pero como mínimo Lula sí conseguiría ganar mucho tiempo, ya que toda la fase de instrucción y el posible procesamiento se dilatarían durante meses o años. De ahí que, aunque sólo fuera por motivos puramente estéticos -puesto que los éticos se ve que no pesan demasiado-, Lula y Dilma quedan políticamente deslegitimados con esta burda estratagema. Y, además, lleva a pensar que el ex mandatario no tiene cómo demostrar la inocencia que proclama.

La situación política en Brasil es un auténtico volcán en erupción, con masivas protestas en la calle exigiendo a diario la renuncia de la presidenta. Y a ello se suma la peor recesión económica en dos décadas. Una combinación explosiva en vísperas de que Río acoja los Juegos Olímpicos. La irresponsabilidad demostrada por Lula empaña todavía más una imagen que ha pasado de parecer inmaculada a estar completamente rota.
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Lula: ¿ángel o demonio?

POLITIKA / Agência PT

Tony Blair cobra más de 300 mil euros por «conferencia», amén de un millón de dólares por asesorías bancarias, y nadie dice nada. Felipe González es el portamaletas de Carlos Slim y la prensa «seria» calla. José María Aznar se recicló en papagayo de intereses privados, lo que le parece normal a la prensa obediente. Nicolas Sarkozy es financiado por las dictaduras del Golfo Pérsico y volvió a la política para no ir a prisión. ¿Algún problema? Ninguno.

En cambio con Lula… hay que oír lo que hay que oír. Sin meter las manos al fuego por nadie, POLITIKA reproduce una Memoria en defensa del presidente Lula. Ojalá nuestros propios políticos pudiesen hacer lo mismo: osar una defensa con argumentos y datos comprobables. La duda que nos queda es aterradora: en Brasil persiguen un golpe de Estado. ¿En beneficio de quién?

La operación Lava Jato viene intentando (sin fundamentos o pruebas) vincular al Presidente Lula a las investigaciones de desvíos de dinero de la Petrobras. A continuación se encuentra una sistematización de las acusaciones, seguidas de respuestas y explicaciones. Pese a que estas acusaciones son repetidas constantemente en los grandes medios, vale recordar que no son acusaciones formales, o sea, no hay una investigación abierta sobre estos supuestos crímenes, justamente porque no hay pruebas consistentes para ello.

Financiamiento del Instituto Lula
Denuncia: Instituto Lula habría recibido dinero de empresas contratistas investigadas por la operación Lava Jato, que a su vez sería oriundo de desvíos de la Petrobras.

Respuesta: El financiamiento del Instituto Lula es similar al de instituciones ligadas a otros ex presidentes en Brasil y en otros países. E instituto jamás recibió donaciones de empresas públicas, diferentemente de lo que ocurre, por ejemplo, con la Fundación Fernando Henrique Cardoso.
Personas físicas y empresas hicieron donaciones legales, registradas y declaradas a las autoridades desde la creación del Instituto, en agosto de 2011, y no antes, como sucedió, por ejemplo, con la institución vinculada a ex presidente Fernando Henrique Cardoso, que recaudó fondos en plena vigencia de su mandato.

Uso del dinero por parte del Instituto Lula
Denuncia: Instituto Lula habría efectuado pagos a empresas en nombre de los hijos de Lula (empresas G4 y Flexbr), por servicios que, según las acusaciones no habrían sido efectivamente prestados.

Respuesta: Los fondos del Instituto Lula son aplicados en su mantenimiento y sus finalidades – como proyectos y acciones de incentivo a la integración latinoamericana, a la cooperación con países africanos y al combate al hambre en el mundo, además de la promoción de debates, conferencias, seminarios, investigaciones y documentación sobre la democracia y las conquistas sociales en Brasil, y de la preservación del acervo del ex presidente Lula, conforme determina la Ley.
Personas físicas y empresas las más diversas prestan o prestaron servicios al Instituto Lula, regularmente contratadas. La empresa G4, citada por los investigadores de la Operación Lava Jato, es responsable por el mantenimiento del sitio del Instituto Lula y trabajó en los proyectos Brasil del Cambio (Brasil da Mudança) y Memorial de la Democracia, ha prestado servicios al Instituto desde 2011, o sea, a lo largo de 5 años, y lo hace rigurosamente dentro de su capacitación técnica. No hay transferencia indebida de recursos. Lo que hay son ilaciones irresponsablemente divulgadas por el Ministerio Público antes de cualquier procedimiento investigativo serio.
El Instituto divulgó una nota con todos los proyectos y productos realizados por G4 y sus respectivos costos: http://www.institutolula.org/conheca-o-trabalho-da-g4-brasil-com-o-instituto-lula

Conferencias
Denuncia: por medio del pago de conferencias, contratistas transfirieron dinero al Presidente Lula; este dinero sería oriundo de desvíos de la Petrobras.

Respuesta: La empresa LILS Palestras e Eventos LTDA. fue creada en 2011, teniendo como socios el ex presidente Lula y Paulo Okamotto, para gestionar, dentro de la ley, las actividades del ex presidente Lula como conferencista. Otra vez, se trata de algo similar, en todo, a lo que hacen otros ex presidentes en Brasil y en otros países, así como personalidades de reconocimiento público: artistas, científicos, deportistas, escritores, periodistas, etc.
Desde que dejó el gobierno, Lula dictó 72 conferencias para 40 empresas de Brasil y del exterior, de los más diversos sectores, como Microsoft, Bank of America, Nestlé, Iberdrola, INFOGLOBO (que edita los periódicos de la Familia Marinho) y grandes empresas brasileñas, algunas de ellas investigadas en el ámbito de la Operación Lava Jato.
Ya en agosto del año pasado, el Instituto Lula divulgó una lista de todas las empresas que contrataron conferencias de Lula (La lista completa está disponible aquí: http://www.institutolula.org/as-palestras-de-lula-a-violacao-de-sigilo-bancario-do-ex-presidente-foi-um-ato-criminoso). Todos los valores fueron recibidos con el debido registro y pago de impuestos.
Algunas de las empresas investigadas contratan conferencias de otros ex presidentes de la República en Brasil. Todas son grandes anunciantes de los medios de comunicación y financian cursos de formación de periodistas. Una vez más, hubo divulgación irresponsable de ilaciones en referencia al ex presidente Lula, antes de cualquier investigación seria. De igual manera, no sería correcto suponer, tan solo a partir de eso, que otros ex presidentes o los grandes medios de comunicación brasileños hayan recibido, por esta vía, dinero robado de la Petrobras.

Propiedades – inmuebles en Guarujá y Atibaia
Denuncia: Lula sería el real propietario de una finca en Atibaia que, por fachada, estaría a nombre de terceros. La reforma de esta finca habría sido bancada por las contratistas OAS y Odebrecht, investigadas en la operación Lava Jato.

Respuesta: La finca fue adquirida en 2010 por Jacó Bittar, amigo de Lula y uno de los fundadores del PT. Bittar transfirió dinero que había ahorrado a su hijo Fernando Bittar, que compró una parte de la finca y la otra la compró un socio y amigo de Fernando, Jonas Suassuna. Todos los recursos utilizados en la compra de la propiedad son de titularidad de la familia Bittar y de Jonas Suassuna y fueron pagados con cheques certificados. La idea de estos viejos amigos de Lula era que la finca fuera justamente un lugar donde el ex presidente pudiera descansar. Es de amplio conocimiento que la propiedad no pertenece al Presidente Lula, quien tiene permiso y llave para utilizarlos libremente en la condición de amigo de la familia Bittar, que conoce desde hace 40 años.

Denuncia: OAS habría bancado la mudanza del Presidente Lula y habría sido responsable de pagar por el almacenamiento de sus pertenencias.
Respuesta: Es absolutamente falsa la noticia, atribuida por GloboNews a la Policía Federal de Paraná, de que la mudanza del ex presidente Lula de Brasilia a São Paulo habría sido pagada por una empresa, y que parte de los objetos habría sido llevado al apartamento de Guarujá, que no pertenece ni nunca perteneció al ex presidente Lula. La mudanza, como ocurre con todos los ex presidentes, fue providenciada por la Presidencia de la República. Los objetos no son objetos personales, sino el llamado “acervo de la Presidencia de la República”. Son 11 camiones de documentos, cartas, regalos, y es responsabilidad del ex presidente preservarlos. El almacenamiento de este material, al costo de 21 mil reales, se hizo de forma registrada y legal, por OAS, como apoyo a la preservación del acervo, una de las misiones del Instituto Lula. La mayor parte fue llevada a una compañía de guardamuebles, parte al apartamento de Lula en São Bernardo y una pequeña parte, sobre todo compuesta por regalos de consumo personal y perecederos, a la finca Sítio Santa Bárbara, con anuencia de los propietarios.

Denuncia: La investigación alega que el Presidente Lula sería el real propietario de un apartamento tríplex, en la ciudad costera de Guarujá, cuya propiedad es de la contratista OAS, investigada en la Lava Jato. OAS habría financiado reformas en este apartamento atribuido a Lula.

Respuesta: El Instituto Lula divulgó una detallada nota, ampliamente documentada, desmontando esta acusación. En resumen, los hechos son:
– en 2005, la ex primera dama Marisa Letícia adquirió una cuota-parte para la implementación de un emprendimiento inmobiliario de la Cooperativa Habitacional de los Bancarios (Bancoop) en Guarujá.
– entre 2005 y 2009, Marisa Letícia pagó la entrada de R$ 20 mil y las cuotas mensuales e intermedias de la libreta de Bancoop. Por aquellos momentos, Bancoop pasaba por una crisis financiera y estaba transfiriendo varios de sus proyectos a empresas incorporadoras, entre las cuales, OAS.
– cuando el emprendimiento fue incorporado por OAS, Marisa Letícia dejó de recibir las boletas de Bancoop y no adhirió al contrato con la nueva incorporadora.
– aunque no adhirió al nuevo contrato con la incorporadora OAS, la familia mantuvo el derecho de solicitar en cualquier momento el rescate de la cuota de participación en Bancoop y en el emprendimiento.
– en la condición de cónyuge en comunión de bienes, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró a fines de Imposto a la Renta regularmente la cuota-parte del emprendimiento adquirida por su esposa Marisa Letícia, de acuerdo con los valores de pago acumulados cada año. La cuota-parte también consta en la declaración de bienes de Lula como candidato a la reelección, registrada en el TSE en 2006, que es un documento público y ya ha sido divulgado por la prensa.
– entre 2014 y 2015, el ex presidente Lula y Marisa Letícia visitaron, junto con el entonces presidente de la empresa incorporadora OAS, Léo Pinheiro, una unidad disponible a la venta en el condominio. Por ser una unidad no vendida, el apartamento estaba (y está) registrado a nombre de OAS Empreendimentos S.A.
– fue la única ocasión en que el ex presidente Lula estuvo en el lugar. Marisa Letícia y su hijo Fábio Luís Lula da Silva volvieron al apartamento, cuando este estaba en obras. En ningún momento Lula o sus familiares utilizaron el apartamento para cualquier finalidad.
– durante ese período, además de aclarar que Marisa Letícia era dueña únicamente de una cuota de Bancoop, la Asesoría de Prensa del Instituto Lula siempre informó a los periodistas que la familia estaba evaluando si compraría o no el inmueble.
– en 2015, el Presidente Lula inició un acción legal contra el periódico O Globo por las falsas denuncias (http://www.institutolula.org/lula-entra-com-acao-contra-o-globo-por-conta-de-mentiras-sobre-triplex-no-guaruja)
– en noviembre del año pasado, la familia del ex presidente Lula decidió no comprar ningún apartamento en el edificio y solicitó a Bancoop la devolución del dinero invertido en la compra de la cuota-parte del emprendimiento, en las mismas condiciones de todos los asociados que no adhirieron al contrato con OAS en 2009.
La nota completa está disponible en:
http://www.institutolula.org/documentos-do-guaruja-desmontando-a-farsa

El cinismo de Lula incendia Brasil

Editorial de El Mundo
18/03/2016

Una frase que al parecer pronunció Lula da Silva en 1988 -15 años antes de llegar a la Presidencia – triunfa estos días en las redes sociales: «En Brasil, cuando un pobre roba, va a prisión;pero cuando un rico roba, lo nombran ministro». La profecía se vuelve ahora contra el carismático ex mandatario, quien protagoniza uno de los escándalos políticos más bochornososos en el gigante latinoamericano en muchas décadas. Para tratar de protegerse de la investigación judicial que le apunta directamente como beneficiario de la maraña de corrupción del caso Petrobras, su sucesora, la hoy presidenta Dilma Rousseff, le designó ayer ministro de la Casa Civil -una especie de jefe de Gobierno-. Aunque sólo unas horas después de que Lula jurara su cargo al frente del superministerio a su medida, un juez suspendió cautelarmente el nombramiento, aduciendo que Dilma podría haber incurrido en un «delito de responsabilidad» -uno de los motivos contemplados en la Constitución brasileña que permiten realizar un juicio político al jefe de Estado para destituirlo- por cometer con la designación un acto deshonroso contra la Administración Pública. Ni qué decir tiene que este nuevo enfrentamiento entre el Poder civil y la Justicia va a polarizar todavía más a la ya muy dividida sociedad de Brasil.

Pero más allá de si el nombramiento de Lula se ajusta o no a la legalidad -algo sobre lo que deberá pronunciarse ahora el Supremo-, resulta lamentable por cuanto supone una auténtica burla a la Justicia y a la sociedad de quien durante décadas ha presumido de ser uno de los iconos de la izquierda mundial, un líder íntegro y «del pueblo». Porque la estrategia busca aforar al ex presidente para tratar de esquivar al juez y al fiscal de Sao Paulo que le pisan los talones. Lula es sospechoso de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación documental. Y hay serios indicios de que algunas de sus propiedades -como un lujoso tríplex en la playa- son sobornos de empresas a las que se habría beneficiado con contratos irregulares en el macrocaso Petrobras. La fiscalía había solicitado incluso la prisión provisional para Lula por la abundancia de pruebas en su contra y el riesgo de destrucción de pruebas.

Si su nombramiento como ministro entra en vigor, Lula dejará de ser un ciudadano más y pasará a estar aforado. Y de ese modo sólo podría ser investigado por la Corte Suprema Federal, con una mayoría de jueces nombrados por el propio ex mandatario o por Dilma Rousseff. No tiene por qué poner esto en tela de juicio la imparcialidad de los magistrados;de hecho, ya han demostrado un rigor implacable con muchos líderes históricos del gobernante Partido de los Trabajadores ya encausados. Pero como mínimo Lula sí conseguiría ganar mucho tiempo, ya que toda la fase de instrucción y el posible procesamiento se dilatarían durante meses o años. De ahí que, aunque sólo fuera por motivos puramente estéticos -puesto que los éticos se ve que no pesan demasiado-, Lula y Dilma quedan políticamente deslegitimados con esta burda estratagema. Y, además, lleva a pensar que el ex mandatario no tiene cómo demostrar la inocencia que proclama.

La situación política en Brasil es un auténtico volcán en erupción, con masivas protestas en la calle exigiendo a diario la renuncia de la presidenta. Y a ello se suma la peor recesión económica en dos décadas. Una combinación explosiva en vísperas de que Río acoja los Juegos Olímpicos. La irresponsabilidad demostrada por Lula empaña todavía más una imagen que ha pasado de parecer inmaculada a estar completamente rota.
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Testimonio de María Helena Hermosilla, periodista chilena que vivió en Brasil tras el golpe de Estado de 1973 en Chile:

A las 21 hrs. me llamaron por teléfono de Rio de Janeiro. De fondo, se oía el fuerte sonido de los cacerolazos. El barrio es de clase media, no se trata ni de Barra, ni Ipanema ni Leblon. Allí, la gente protesta contra el gobierno de Dilma, con la misma rabia con que el 73 protestaba en las ciudades chilenas contra Salvador Allende. Mi fuente está francamente alarmada, me habló de movilización fascista en las grandes capitales brasileras. Me suena conocido. Lo que me alarmó a mi, es que dijo haber cero reacción en las favelas y en los barrios populares de la Zona Norte de Rio. Criticó la falta de educación política de aquellos sectores que han sido los beneficiarios de los gobiernos socialdemócratas de Lula y Dilma, atribuyéndola a la irresponsabilidad y al nulo trabajo con la gente de los partidos políticos gobernantes.

Aprovechó de aclararme lo de «Lula Ministro». No se trata de evitar que sea juzgado. Se trata de evitar que un juez paranaense de primera instancia, de conocida filiación derechista (ARENA, el partido oficialista de la dictadura militar), meta preso a un ex Presidente, elegido con muchos millones de voto, que ha sido símbolo de democracia, el ejemplo de como un niño migrante nordestino, pobre, obrero, sindicalista, puede llegar a ser Presidente de un país gigante como Brasil a través de elecciones directas. Y créeme, Sergio Donoso, Lula no lo merece, aunque lo de la danza de millones y los departamentos, etc. sea cierto. Al ser nombrado Ministro, será juzgado por una corte federal, lo que aparentemente ofrece mayores garantías.

La destitución de Collor de Melo no es comparable a la situación actual. El contexto es otro. A Collor lo destituyeron la presión movimientos ciudadanos de distintos signos (principalmente jóvenes), pero más que nada su propia incapacidad política, su torpeza de político bonitinho, la fragilidad de un liderazgo falso, con imagen construida ad hoc por la Rede Globo. Cuando se destapó la olla de la corrupción y el mal manejo, no tuvo quien lo apoyara.

Y claro que un buen Presidente tb. puede ser corrupto. Un mal Presidente tb.

Brasil está en crisis económica por una serie de motivos, es el derrumbe del mito de los países BRIC. Puedo averiguar más. Tengo buenas fuentes.

Pero me parece que afirmar que la crisis política de Brasil tiene su origen en que las decenas de partidos se venden al mejor postor, es realmente «demais». El fenómeno del multi multi partidismo se origina en la propia historia brasilera y en el carácter federal de un país continente, con unas diversidades regionales abismantes. Ellos se vieron forzados durante la dictadura militar y la transición a moverse en un sistema binominal (PMDB y ARENA), zapato chino conocido por nosotros. Por eso el PT fue una especie de milagro que reventó el corsé político y que representó los intereses y los sueños de mucha gente, millones de personas, desde las organizadísimas comunidades eclesiales de base de SP, los «sem terra», los intelectuales, el movimiento sindical de las industrias más modernas, los partidos de izquierda grandes o chicos que se habían submarineado durante la dictadura, etc. Pero se hizo gobierno sin tener jamás la capacidad de gobernar solo. Y allí comenzó lo del «mejor postor», la corruptela, el «mensalão».

La fragmentación política hace mucho daño. Aprendamos de los brasileros. MARIA ELENA HERMOSILLA

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