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Lula y el futuro de Brasil

Mar 4 2016

Emir Sader*

La derecha brasileña siempre creyó que en algún momento el Partido de los Trabajadores iba a ganar, pero terminaría por fracasar y a partir de ese momento podría volver a dirigir el país con tranquilidad. Lula ganó y resultó ser el mejor gobierno que jamás tuvo el país. A partir de ese momento empezó la caza a Lula.

No pudieron impedir su reelección en 2006, ni que él se encargara de eligir a su sucesora, reelegida en 2010 y 2014. Ahora Lula aparece como favorito para ganar las elecciones de 2018 y volver a ser presidente de Brasil.

Sumida en la desesperación, la derecha busca la comunión de todo lo que tiene a su alcance: sectores de la judicatura, de la Policía Federal, los grandes medios de comunicación privada… Todos ellos unidos con el fin de acabar con Lula. Una campaña que se intensificó a partir del discurso de Lula en Rio de Janeiro con motivo del aniversario del PT, el pasado 27 de febrero, cuando declaró públicamente que si era necesario para garantizar la continuidad del proceso de cambios iniciado en 2003, él se presentaría de candidato nuevamente.

A partir de ese momento, la derecha declaró una guerra abierta en contra de Lula. Declaraciones falsas, desmentidas enseguida, pero mantenidas por los medios privados como si fueran reales.

La acción de la Policía Federal directamente en contra de Lula —en su casa, en la casa de su hijo, en el Instituto Lula—, llevándoselo a declarar, a pesar de que él ya había prestado declaraciones, fue anunciada por un periodista de Rede Globo varias horas antes por internet.

Este es el intento más grave de tratar de excluir a Lula de la vida política brasileña. No hay ninguna prueba de las acusaciones que hacen a Lula, pese a que intentan que ciertos presos declaren en su contra a cambio de una disminución de la condena —las mal llamadas acusaciones premiadas—. No han logrado nada. De ahí la acción mediática espectacular en contra de Lula, con el fin de desgastar la imagen del expresidente.

Actúan en un momento en que Lula se ha declarado candidato, en que el ministro de Justicia ha sido sustituido, aprovechando que todavía no han cambiado los mandos de la Policía Federal. Actúan cuando el Supremo Tribunal Federal todavía no ha tramitado la petición de Lula de que el juez más arbitrario de todos deje de estar al mando de los casos de los que se le acusa. Por todo ello, lo han hecho en este momento, acelerando los enfrentamientos y poniendo en jaque, al mismo tiempo, el gobierno de Dilma.

Pero ahora han creado un punto de no retorno. O tratan de mantener a Lula preso, desgastar su imagen con acusaciones sin pruebas o lo liberan y Lula hablará, con más fuerza si cabe, en contra de las persecuciones contra él.

El destino de Brasil se juega en este momento. O logran, por la vía judiciaria y policial, excluir a Lula de la vida política para hacer lo que les plazca en el país. O Lula logra superar también este momento y vuelve con más fuerza como el candidato favorito para volver a ser presidente de Brasil en 2018.

*Emir Sader es profesor universitario , sociólogo y cientista político brasileño. Coordinador del Laboratório de Políticas Públicas de la Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). Autor, entre otros, de ‘El nuevo topo – Los caminos de la izquierda latinoamericana’ (Ed. El Viejo Topo).En Público.es, 4 mar 2016

Anexo:

Lula queda en libertad tras declarar por el caso de corrupción de Petrobras

AGENCIAS

La policía detuvo al expresidente brasileño en su casa este viernes para ser interrogado por presunta «ocultación de patrimonio» y «lavado de dinero».

SAO PAULO.- La Policía federal brasileña ha detenido este viernes al expresidente Luiz Inazio Lula da Silva, que ha sido puesto en libertad tras declarar durante más de tres horas sobre su supuesta implicación en la trama de corrupción en Petrobras.

Anteriormente, los agentes habían registrado su residencia de Sao Paulo, además de la casa de uno de sus hijos, Fabio Luiz y la sede del Instituto Lula, entre otras propiedades que se atribuyen a la familia. En la operación participan unos 200 policías así como 30 auditores de Hacienda.

Lula, que había sido llevado a la comisaría de la Policía Federal en el aeropuerto de Congonhas de Sao Paulo a las 8.00 hora local (11.00 GMT), salió de la comisaría hacia las 11.30 (14.30 GMT) en un coche particular y se dirigió luego a la sede de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores (PT), en el centro de la mayor ciudad brasileña. La presidenta Dilma Rousseff ha convocado a sus ministros del área política para analizar la situación de su antecesor.

Según el diario Folha, los policías llegaron en torno a las 6.00 horas al domicilio del exmandatario, que reaccionó con tranquilidad al informarle de que era objeto de una orden de traslado coercitivo para prestar declaración. Las autoridades judiciales, que investigan a Lula por sospechas de «ocultación de patrimonio» y «lavado de dinero», han manifestado que este mismo viernes ofrecerán detalles sobre la operación en torno al expresidente y su familia en una rueda de prensa.

De acuerdo con la agencia Reuters, la Policía Federal ha indicado que hay pruebas que demuestran que Lula se benefició de la trama de sobornos en Petrobras mediante reformas en residencias vacacionales. Igualmente ha indicado que hay pruebas de delitos en la financiación de las campañas y los gastos del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y la actual presidenta, Dilma Rousseff.

La operación policial, que lleva por nombre Lava Jato, ha entrado en una nueva fase tras salpicar a las principales empresas y a destacados políticos del país. La investigación se centra ahora en la compra y renovación de un local en Atibaia que supuestamente habría sido usado por el Partido de los Trabajadores.

El Gobierno aún no ha reaccionado en forma oficial frente a la operación, pero el presidente del PT, Rui Falcao, convocó a la militancia del partido a «movilizarse» ante lo que calificó de «momento grave, en que se monta una operación política, un espectáculo mediático en torno a Lula y su familia».

Decenas de personas afines y adversarias del expresidente se han concentrado frente a su residencia y a la comisaría en que presta declaración para manifestarse y llegaron a liarse a puñetazos frente a la propia policía, los periodistas y muchos curiosos.

¿Campaña de la derecha?

Esta nueva fase llega después de que este jueves se conociera que el senador Delcidio Amaral habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía para implicar a Rousseff y Lula en la trama corrupta. Posteriormente, su equipo legal desmintió dicho pacto, adelantado por la revista IstoÉ.

Antes de que esto ocurriera, Rousseff volvió a defender su inocencia. «Seguiremos defendiendo que la presunción de inocencia vale para todos y no puede ser sustituida por la presunción de culpa, que da lugar a la execración pública de cualquier persona», declaró durante la ceremonia de investidura de los nuevos ministros.

La presidenta y Lula están desde hace tiempo en el centro de la diana de la derecha brasileña. El exmandatario se ha convertido en el dirigente político más importante y más popular de la historia de Brasil y se ha proyectado internacionalmente como un líder en la lucha contra la pobreza. No es extraño que desde algunos sectores se le ataque continuamente, tanto a él como a Dilma.

Diferentes voces críticas denuncian que detrás de las investigaciones policiales se esconde una campaña, tanto política como mediática, para apartar a Lula de la disputa en las urnas. En 2018 se volverán a celebrar elecciones presidenciales y el exmandatario estaba pensando en presentarse de nuevo.

«Agresión al Estado de derecho»

Este mismo viernes, el ministerio de Trabajo, Miguel Rossetto, ha criticado que la detención de Lula es «un claro ataque» contra todo lo que representa el expresidente. Por su parte, el instituto que dirige Lula ha denunciado la vasta operación policial en su contra como una «agresión al Estado de Derecho», que calificó de «arbitraria, ilegal e injustificable».

En un comunicado, el Instituto Lula afirma que «nada justifica la conducción coercitiva de un expresidente que colabora con la Justicia, espontáneamente o siempre que ha sido citado».

También afirma que el expresidente ya ha prestado declaración en torno a cuatro casos distintos y que tampoco «nada justifica» el hecho de que sus secretos fiscales y bancarios hayan sido levantados por las autoridades. Sostiene asimismo que «nada justifica la invasión del Instituto Lula», como califica el registro realizado por la Policía a la institución, y se refiere a la operación policial como «una violencia que ha sido desencadenada para someter al expresidente a la vergüenza pública».

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