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Venezuela sumida en la guerra civil / Una Constituyente sin legitimidad

May 26 2017

Atilio Boron  / Roberto Viciano Pastor y  Rubén Martínez Dalmau

En Venezuela la contrarrevolución produjo un salto de calidad: del calentamiento de la calle, fase inicial del proceso, se pasó a una guerra civil no declarada como tal pero desatada con inusual ferocidad, escribe el Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard, Atilio Boron. En cambio, Roberto Viciano Pastor  y Rubén Martínez Dalmau, profesores de Derecho Constitucional de la Universitat de València y asesores del proceso constituyente venezolano de 1999 afirman que en cuatro años Nicolás Maduro ha socavado los cimientos populares que sustentaban con fuerza el proceso de cambio, ha violado los derechos humanos y ha sumergido al país en una ola de represión y de dificultades.

Venezuela sumida en la guerra civil  

Atilio Boron*

Siguiendo el guión pautado por los expertos y estrategas de la CIA especializados en desestabilizar y demoler gobiernos, en Venezuela la contrarrevolución produjo un salto de calidad: del calentamiento de la calle, fase inicial del proceso, se pasó a una guerra civil no declarada como tal pero desatada con inusual ferocidad.

Ya no se trata de guarimbas, de ocasionales refriegas o de violentos disturbios callejeros. Los ataques a escuelas, hospitales infantiles y maternidades; la destrucción de flotas enteras de autobuses; los saqueos y los ataques a las fuerzas de seguridad, inermes con sus cañones de agua y gases lacrimógenos ante la ferocidad de los mercenarios de la sedición y el linchamiento de un joven al grito de chavista y ladrón son síntomas inequívocos que proclaman a los gritos que en Venezuela el conflicto ha escalado hasta convertirse en una guerra civil que ya afecta a varias ciudades y regiones del país.

Si algo faltaba para caer en cuenta de la inédita gravedad de la situación y de la determinación de las fuerzas sediciosas de consumar sus designios hasta sus últimas consecuencias, el emblemático incendio de la casa natal del comandante Hugo Chávez Frías pone doloroso fin a cualquier especulación al respecto.

Sería ingenuo y suicida pensar que la dinámica de este enfrentamiento, concebido para generar una devastadora crisis humanitaria, puede ser otra cosa que el prólogo para una intervención humanitaria del Comando Sur de Estados Unidos. Esta amenaza exige de parte del gobierno bolivariano una respuesta rápida y contundente, porque a medida que pase el tiempo las cosas irán empeorando.

El patriótico y democrático llamado del presidente Nicolás Maduro a una Constituyente sólo sirvió para atizar la violencia y el salvajismo de la contrarrevolución. La razón es bien clara: esta no quiere una solución política de la crisis que ella misma ha creado. Lo que pretende es profundizar la disolución del orden social, acabar con el gobierno chavista y aniquilar a toda su dirigencia, propinando un brutal escarmiento para que en los próximos 100 años el pueblo venezolano no vuelva a tener la osadía de querer ser dueño de su destino. Los intentos de acordar con un sector dialoguista de la oposición fracasaron por completo. No por falta de voluntad del gobierno sino porque, y esa es la ominosa realidad, la hegemonía de la contrarrevolución ha pasado, en la coyuntura actual, a manos de su fracción terrorista y esta es comandada desde Estados Unidos.

En Venezuela se está aplicando, con metódica frialdad y bajo el permanente monitoreo de Washington, el modelo libio de cambio de régimen, y sería fatal no tomar conciencia de sus intenciones y sus consecuencias.

El gobierno bolivariano ha ofrecido en innumerables ocasiones el ramo del olivo para pacificar al país. No sólo su oferta fue desechada sino que la derecha golpista escaló sus actividades terroristas. Ante ello, la única actitud sensata y racional que le resta al gobierno del presidente Nicolás Maduro es proceder a la enérgica defensa del orden institucional vigente y movilizar sin dilaciones al conjunto de sus fuerzas armadas para aplastar la contrarrevolución y restaurar la normalidad de la vida social.

Venezuela es objeto no sólo de una guerra económica, una brutal ofensiva diplomática y mediática sino que, ahora, de una guerra no convencional que ha cobrado más de medio centenar de muertos y producido ingentes daños materiales. Plan contra plan, decía Martí. Y si una fuerza social declara una guerra contra el gobierno se requiere de éste una respuesta militar. El tiempo de las palabras ya se agotó y sus resultados están a la vista.

Y esto es así porque lo que está en juego no sólo es la Revolución Bolivariana; es la misma integridad nacional de Venezuela, la que está amenazada por una dirigencia antipatriótica y colonial que se arrastra en el estiércol de la historia para implorar al jefe del Comando Sur y a los mandamases de Washington que acudan en auxilio de la contrarrevolución. Si ésta llegara a triunfar, ahogando en sangre al legado del comandante Chávez, Venezuela desaparecería como Estado-nación independiente y se convertiría, de facto, en el estado número 51 de Estados Unidos, apoderándose mediante esta conspiración de la mayor riqueza petrolera del planeta. Sería ocioso detenernos a elaborar el tremendo retroceso que tal eventualidad tendría sobre toda nuestra América. Queda muy poco tiempo, días apenas, para erradicar esta mortal amenaza. La absoluta y criminal intransigencia de la oposición terrorista cierra cualquier otro camino que no sea el de su completa y definitiva derrota militar.

Desgraciadamente ahora le toca hablar a las armas, antes de que, como dijera en su tiempo Simón Bolívar, el chavismo tenga que reconocer que también él ha arado en el mar y que toda su esperanzadora y valiente empresa de emancipación nacional y social haya saltado por el aire y desaparecido sin dejar rastros. No hay que escatimar esfuerzo alguno para evitar tan desastroso desenlace.

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* El doctor Atilio A. Boron, politólogo y sociólogo argentino, doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. es director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. La Jornada, 26.05.17

 

 

Una Constituyente sin legitimidad

Roberto Viciano Pastor  – Rubén Martínez Dalmau*

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no puede convocar directamente una Asamblea Constituyente democrática sin consultar al pueblo y ello debería ser denunciado por quienes se mantienen leales a la memoria de Chávez

La Gaceta Oficial del 1º de mayo de 2017 pasará a la historia negra de la política latinoamericana. En sus 16 páginas, el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y creó una comisión presidencial con el objeto de elaborar “una propuesta de bases comiciales y sectoriales” para la conformación y funcionamiento de la citada asamblea.

Es por todos conocida la profunda crisis social, económica y, por ende, política que atraviesa Venezuela. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez Frías, quien fue nombrado como su sucesor, Nicolás Maduro, ganó las elecciones del 14 de abril de 2013. Inició con esa presidencia un régimen poschavista que ha demostrado tener poco o nada que ver con el proceso de cambio iniciado en diciembre de 1998, cuando la partidocracia sucumbió ante los empujes populares que clamaban por un cambio del sistema político desde las raíces. En cuatro años el régimen de Nicolás Maduro ha socavado los cimientos populares que sustentaban con fuerza el proceso de cambio, ha violado los derechos humanos y ha sumergido al país en una ola de represión y de dificultades. Mientras, la corrupción ha campado a sus anchas. Una nueva aristocracia petrolera se ha conformado bajo el paraguas de la renta del crudo, el clientelismo, las comisiones por el manejo del mercado interior y la especulación de divisas en un ineficiente mercado cambiario controlado por el Gobierno.

El madurismo, consciente de la erosión de legitimidad que no pudo suplir con palabras vacías, alusiones permanentes e imágenes repetidas del fallecido presidente Chávez, ha evitado en los últimos años cualquier confrontación democrática en las urnas. Dificultó la convocatoria del referéndum revocatorio presidencial previsto en la Constitución (artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV), persiguió a cuanto movimiento, interno o externo, se le oponía y postergó sine die las elecciones a gobernadores y parlamentos de los Estados, incumpliendo la Constitución de 1999 y actuando con pretensiones autoritarias. El intento en abril de 2017 del Tribunal Supremo de finiquitar las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, mayoritariamente opositora, radicalizó el conflicto y desnudó las verdaderas intenciones del madurismo.

La última sorpresa ha sido la convocatoria a una Asamblea Constituyente que Maduro realizó el pasado 1 de mayo y que se tradujo en el citado decreto, norma que requiere ser analizada desde dos puntos de vista: el de su oportunidad y el de su constitucionalidad.

Desde el punto de vista de la oportunidad, el decreto está dividiendo aún más a un país al borde de un definitivo conflicto violento. Se trata de una huida hacia adelante que fácilmente puede ser leída como un intento de mantener el poder a toda costa, a pesar de la imparable pérdida de popularidad y legitimidad. La propuesta del Gobierno significa arrasar con los avances democráticos de la Constitución de 1999 y redactar un texto constitucional que responda a los intereses de quienes ahora gobiernan y quieren seguir haciéndolo. El decreto no prevé un referéndum de activación del poder constituyente, como el que convocó Hugo Chávez en 1999; se plantea la elección de constituyentes representantes de los sectores sociales de incierta procedencia y elección. Pero el asunto más grave es que se trata de una convocatoria acomodada a los intereses del Gobierno y que desecha la idea de integrar a todos los sectores sociales, incluidos aquellos que se posicionan contra el madurismo. Por tanto, no se podría hablar de una Asamblea Constituyente democrática.

Quienes crean que los sectores que confrontan al actual Gobierno venezolano son exclusivamente la oposición golpista, aquella que siempre se ha posicionado contra el proceso de cambio, están totalmente equivocados. Por supuesto, también existen poderosos sectores de oposición no democrática. Pero en la actualidad buena parte de los sectores contrarios al Gobierno están formados por personas que participaron a favor del chavismo y que entienden que el madurismo ha traicionado los fundamentos democráticos del proceso iniciado en 1998. Estos sectores no se han movido de la posición ideológica que mantuvieron durante los últimos años y han reclamado en innumerables ocasiones una rectificación por parte del Gobierno. Rectificación que nunca ha llegado.

Desde el prisma de la constitucionalidad, el decreto es inconstitucional. Una lectura del artículo 347 de la CRBV (“El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente…”) y del artículo 348 CRBV (“La iniciativa a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros…”) solo puede tener una lectura democrática: la Constitución diferencia entre la decisión de convocar la Asamblea Constituyente y la iniciativa para tomar tal decisión. La iniciativa corresponde al presidente de la República, entre otros órganos; pero la decisión compete en exclusiva al pueblo. Por tanto, es requisito necesario el referéndum constituyente. En definitiva, Maduro tiene competencia para preguntarle al pueblo si quiere activar un nuevo proceso constituyente, pero no para convocarlo.

Consiguientemente, tanto desde la perspectiva de la oportunidad como desde un análisis jurídico, el presidente Maduro no puede convocar legítima y directamente una Asamblea Constituyente democrática. De consolidarse el decreto del 1º de mayo, el resultado sería una farsa que tristemente confirmaría la tendencia autoritaria del Gobierno.

Es por ello por lo que la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del presidente Maduro, si se produce sin consultar al pueblo, sería un nuevo atentado a la voluntad democrática del mismo. Corresponde por tanto denunciarlo, en particular por quienes, fieles a la memoria del presidente Chávez, no pueden permitir que se acabe con el último vestigio del modelo impulsado por el creador de lo que se ha dado en llamar chavismo: la Constitución que Hugo Chávez Frías impulsó y que, bajo su Gobierno, permitió generar en Venezuela un modelo democrático y unas políticas públicas que, por primera vez en décadas, mejoraron el nivel de vida de las clases desfavorecidas y generaron un sistema de atención médica, educativa y social como escasas veces se ha dado en Latinoamérica.

Los argumentos anteriores no pueden descartar que en un futuro no deba pensarse en un nuevo proceso constituyente que mejore y actualice la Constitución de 1999. Pero este proceso debería ser democrático, fruto del principio una persona, un voto, impulsado desde la ciudadanía, producto de un auténtico diálogo social donde se incluya a los sectores opositores, y que huya de la violencia y la confrontación.

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*Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau son profesores de Derecho Constitucional de la Universitat de València y fueron asesores del proceso constituyente venezolano de 1999. Artículo en El País de Madrid,  26 MAY 2017

 

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