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El cerco a Trump

Oct 31 2017

Editorial – La Jornada

Un juzgado federal de Washington ordenó ayer el arresto domiciliario de Paul Manafort, quien fungió como jefe de la campaña presidencial de Donald Trump, y de su asociado Rick Gates, por presuntamente lavado de dinero y defraudación fiscal, entre 12 cargos más. El tribunal les fijó sendas fianzas de 10 y de 5 millones de dólares.

Por otra parte, en una investigación aparte, se reveló ayer que George Papadopoulos, ex asesor de política exterior del actual mandatario cuando éste era aspirante al cargo, se reunió en varias ocasiones con contactos procedentes de Rusia con la finalidad de obtener datos sucios –incluidos miles de correos electrónicos sobre Hillary Clinton, la rival demócrata del magnate neoyorquino. Para colmo, Papadopoulos admitió que había mentido a los investigadores sobre las fechas de las reuniones referidas.

Con las declaraciones en falso y las omisiones en que incurrió, el acusado impidió la investigación en curso de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre la existencia de vínculos o coordinación entre individuos asociados con la campaña y los esfuerzos del gobierno ruso para interferir en las elecciones presidenciales de 2016, se afirma en la acusación firmada por el fiscal especial, Robert Mueller.

Estas noticias agravan la situación del presidente republicano, acosado por varias pesquisas en paralelo en torno de la supuesta ayuda que su equipo habría recibido de Rusia durante su campaña presidencial.

Por lo pronto, los sujetos a investigación son ex integrantes de su equipo y el propio Trump no ha sido, hasta ahora, indiciado por delito alguno. Sin embargo, los avances de la investigación a cargo del fiscal especial Robert Mueller, del Departamento de Justicia, más las que realizan de manera independiente la Cámara de Representantes y el Senado, podrían llegar hasta el punto de colocar al inquilino de la Casa Blanca en una situación insostenible e incluso llevarlo a un juicio político (impeachment) en el Capitolio.

En lo inmediato, este cerco judicial permite explicar la incapacidad de Trump para llevar adelante sus proyectos en colaboración con las dos cámaras del Legislativo, en las cuales, paradójicamente, el Partido Republicano es mayoritario. En efecto, en su primer año el gobierno estadunidense no ha podido lograr la aprobación de ninguna de sus propuestas principales: la abolición del programa de seguridad social establecido por su predecesor, Barack Obama, el financiamiento para el muro fronterizo que pretende construir en la frontera con México y el endurecimiento de la persecución en contra de los trabajadores extranjeros.

Es cierto que Trump se abstuvo de prorrogar la orden ejecutiva, o decreto presidencial, del programa de beneficios migratorios temporales a los jóvenes que llegaron a territorio estadunidense, popularmente conocido como DACA –lo que en la práctica equivale a una derogación–, pero ello no se traduce en triunfo legislativo alguno.

Es recomendable tener en cuenta que el empantanamiento de la administración actual y su amenazada posición en el ámbito judicial no la vuelven menos peligrosa. Por el contrario, Trump ha dado pruebas de ser un adepto a las huidas hacia adelante y a las decisiones intempestivas e improvisadas. Su situación, en consecuencia, debe ser vista como motivo de preocupación por la sociedad estadunidense y, por supuesto, para el resto del mundo.31.10.17

 

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