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Inmigrantes en sistemas de cuidados sin protección de salud

Dic 20 2017

Por Baher Kamal*

ROMA, 20 dic 2017 (IPS) – Los trabajadores de la salud, que atienden refugiados y solicitantes de asilo y que son en su mayoría mujeres inmigrantes, también quedan expuestos a grandes riesgos por la poca o nula protección, por no mencionar la violación de sus derechos laborales.

Las migrantes en la salud refuerzan la atención en países donde los sistemas médicos son deficientes, mientras sus propios derechos a la salud y al bienestar están en riesgo, denunció la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 18 de este mes en el marco del Día del Migrante.

Ellas actúan de “colchón para los estados que carecen de atención pública de largo plazo”, recordó la OMS.

El envejecimiento en los países de medianos ingresos, sumado a la creciente proporción de dependencia demográfica y a la participación femenina en el mercado laboral, crearon falencias en el sistema de cuidados en muchos contextos en los países en desarrollo y en los más ricos, explica.

“Cada vez más mujeres ingresan al mercado laboral, saliendo del tradicional papel de cuidadoras de su hogar no remuneradas. Cada vez más migrantes terminan en países receptores, donde cuidan, a menudo en contextos informales y en hogares particulares, sin protección social ni derechos laborales”, señala.

Las estimaciones revelan sorprendentemente que en muchos países ricos, menos de 15 por ciento de las cuidadoras a domicilio gozan de un empleo formal.

Por su parte, el Panorama Internacional de las Migraciones 2015, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), detalla la proporción de trabajadoras extranjeras en el sector de cuidados a domicilio en numerosos países industrializados.

La proporción se eleva a 90 por ciento en Italia, ronda 75 por ciento en Grecia, más de 65 por ciento en España y 50 por ciento en Luxemburgo.

La OMS informó que las cuidadoras a domicilio asalariadas atienden las distintas necesidades de niños, adultos mayores y personas con distintas discapacidades y enfermas.

Algunos hechos impactantes:

-Las personas contratadas de forma informal suelen carecer de los derechos laborales reglamentarios acordados por contrato, como pensiones y beneficios, y pueden recibir salarios significativamente menores que los que se pagan en el sistema de salud formal por una tarea similar.

-Las mujeres migrantes dedicadas al sector de cuidados deben hacer frente a desafíos particulares debido a la falta de previsión de las leyes migratorias en varios países de destino y que a menudo impiden que ingresen al país de forma legal o tengan un empleo remunerado.

-La falta de estatus legal coloca a los inmigrantes indocumentados del sector de cuidados de muchos países en riesgo de sufrir abusos de empleadores inescrupulosos.

-El sector de cuidados propiamente dicho tampoco puede beneficiarse del trabajo de inmigrantes interesadas en brindar atención a domicilio, pues son incapaces de encontrar un camino legal para ingresar al país u obtener empleo.

– Los trabajadores inmigrantes suelen encontrar condiciones laborales más duras y tienen menos derechos y menos cobertura de salud que los trabajadores locales.

Debido a que el trabajo de cuidados queda frecuentemente relegado al sector informal, los empleados consideran que el acceso a la salud o a seguros no está garantizado, sino que se otorga según el antojo del empleador.

En Estados Unidos en 2010, por ejemplo, casi uno de cada cuatro trabajadores nacidos en el extranjero y empleado en la salud, en enfermería, psiquiatría o asistente de salud a domicilio carecían de seguro médico.

-Se ha escrito mucho sobre las malas condiciones de los trabajadores de la salud, en especial migrantes, que soportan bajos salarios, largas horas de trabajo e inadecuadas condiciones de vivienda y alimentación de los que trabajan “casa adentro”.

Muchos estudios señalan que ese trabajo implica falta de respeto y de estatus e, incluso, abuso verbal, físico y sexual.

En los casos más extremos, cuando los empleadores confiscan los pasaportes de los trabajadores y deducen los costos del viaje, entre otros gastos, de sus sueldos (o directamente no les pagan), los empleos en el sector cuidados se vuelven una forma de esclavitud.

-Muchas inmigrantes que laboran en cuidados tienen problemas de salud sexual y reproductiva. También existe amplia evidencia de que sufren violencia física, como acoso y agresiones sexuales y golpizas regulares.

Por ejemplo, 44 por ciento de las migrantes filipinas dijeron conocer a otra trabajadora doméstica que había sufrido abusos físicos, 27 por ciento conocía a alguien que había sufrido acoso sexual y 22,4 por ciento, conocía a alguien que había sido violada.

El Día

El director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing, hizo un llamado urgente antes del Día Internacional del Migrantes, el 18 de este mes, de una “Migración segura para un mundo en constante movimiento”.

Además, la agencia planea participar en un debate con autoridades del foro mundial, en que incluso estará el secretario general Antonio Guterres, en Nueva York, para conversar sobre un pacto mundial en materia de migraciones, que se espera se adopte a fines de 2018.

El debate en la ONU explorará el sustrato común de las migraciones, más que las divisiones, explicó Swing. A pesar de la retórica, a menudo punzante, en materia de migraciones “es menos un problema a resolver que una realidad humana a gestionar”.

Migración segura, no embarcaciones agujereadas

“Vivimos en una época en que la elite privilegiada considera que la movilidad global es su derecho de nacimiento, que se lo niega a numerosas personas atrapadas en circunstancias económicas desesperadas o conflictivas”, escribió Swing, en una columna.

Y alertó que negarlo hace que crezcan “redes de trata y tráfico de personas y esclavistas modernos, quienes ejercen su comercio con total impunidad”.

Cientos de millones de personas que no forman parte del creciente mercado de talentos laborales se encuentran mirando hacia un mundo que solo pueden soñar. “Sufren enormes disparidades de ingresos y situaciones difíciles y no tienen posibilidades de obtener una visa ni un permiso de trabajo”, añadió.

Por ello, no sorprende que un enorme número de jóvenes migrantes quieran treparse a “embarcaciones agujereadas”, apuntó Swing, a lo que se suma la falta de oportunidades económicas, a menudo agravadas por el cambio climático.

Y vale recordar que una potencia como Estados Unidos atrajo a millones de migrantes cuando tenía una política de puertas abiertas a fines del siglo XIX y principios del XX.

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* Baher Kamal es asesor  de la Dirección General de IPS para África y Medio Oriente. Es un periodista de vasta experiencia acumulada durante más de 43 años. Nacido en Egipto y nacionalizado español. Desde finales de los años 70, se especializó en temas relacionados con el desarrollo, así como en política internacional. También trabajó para la Asociación Euromediterránea en la Comisión Europea en Bruselas.

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Anexo:

Otra canallada contra los inmigrantes

Juan Carlos Escudier – Público.es

El Constitucional ha anulado la norma de la Generalitat de Valencia que permitía a los inmigrantes sin papeles tener acceso a la asistencia sanitaria después de que el PP dinamitara en 2012 la Sanidad universal y dejara a cerca de 900.000 personas a la intemperie. De la legislación valenciana, similar a la acordada por otras comunidades para proteger a este colectivo, ha dicho el Tribunal que vulnera la competencia del Estado para establecer “el ámbito objetivo y subjetivo de la materia Sanidad y Seguridad Social”. O dicho de otra forma, que la canallada decidida hace cinco años para ahorrar -según se nos decía- 500 millones de euros es competencia exclusiva del Estado, que puede decidir quién se trata o no de una enfermedad sin tener que pasar por caja.

Aquel decreto de 2012, refrendado ahora por el Constitucional, fue en efecto una canallada para los inmigrantes en situación irregular, ya que ni siquiera se han respetado las excepciones que se contemplaban para casos de urgencia, menores, mujeres embarazadas, víctimas de trata y solicitantes de asilo. Aquello de que “los inmigrantes ilegales no tienen derecho pero se les atiende” que proclamaba la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, es sencillamente una falacia, como lo es que su afluencia a las urgencias hospitalarias colapsen estos servicios.

Para negarles el derecho se extendió otra falsedad aún mayor: no contribuyen al sostenimiento del sistema y, por lo tanto, no pueden beneficiarse de los mismos servicios que quienes sí lo hacen. Conscientemente, se oculta que la Sanidad en España se financia con impuestos y toda persona, con independencia de su origen o situación administrativa, los paga. A los inmigrantes no se les exime del IVA o de los impuestos especiales con los que se grava la gasolina o el tabaco, por poner algún ejemplo. Fiscalmente, los inmigrantes aportan más de lo que reciben. Lo confirman sesudos informes de los servicios de estudio de la banca y hasta la propia OCDE, que estimaba en más de 5.000 millones la diferencia entre sus aportaciones vía impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social -en el caso de aquellos que tienen regularizada su estancia en España- y el gasto en servicios públicos, pensiones y beneficios sociales que recibían.

Ello no ha impedido que a los inmigrantes se les haya seguido tratando como basura o, en el mejor de los casos, como una mercancía de la que uno puede deshacerse o dejar de lado cuando las cartas vienen mal dadas. No han sido culpables de la crisis y sí responsables de la prosperidad, hasta el punto de que cabe atribuirles un tercio del crecimiento económico de los años de vino y rosas y un papel esencial en la masiva incorporación al mercado de trabajo de las mujeres, que hasta su llegada monopolizaban forzosamente la realización de tareas domésticas y el cuidado de niños y ancianos. Como se ha explicado aquí en alguna ocasión, en contraste con la alta tasa de actividad del colectivo, sólo un 1% percibía pensiones, por lo que si de algo son culpables es de retrasar el déficit de la Seguridad Social que padecemos.

Ahora que se nos alerta de que en 2050 seremos tras Japón el país más envejecido, que tendremos 76 personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar y que sólo una inesperada explosión de la natalidad puede impedir la inevitable quiebra del Estado del Bienestar, la única partida que se ha incrementado en relación a los inmigrantes ha sido la destinada a adquirir concertinas para las fronteras, mientras nuestros gobernantes se felicitan de que muchos de ellos, golpeados por la crisis, se hayan visto obligados a retornar a sus países de origen.

Negarles la asistencia sanitaria en vez de regularizar su situación es una indecencia, pero no sólo eso; es el reflejo de la miopía de quienes han interiorizado tanto el maldito Santiago y cierra España que pueden pasar a la historia por acabar al mismo tiempo y de una tacada con el paro y con las pensiones. Un país en el que la humanidad es inconstitucional tiene algo más que un problema. 20.12.17

 

 

 

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