La represión contra protestas enturbia el futuro de Nicaragua


Por José Adán Silva

MANAGUA,  jun 2018 (IPS) – La sangrienta represión contra las protestas callejeras que no amainan desde abril en Managua y otras ciudades de Nicaragua, con un saldo hasta ahora de 131 personas muertas, enturbian cada día que pasa la situación económica y social de este país centroamericano.

Las protestas, lejos de debilitarse con el uso de la fuerza pública y la organización de fuerzas irregulares progubernamentales, se han multiplicado en todo el país y paraliza zonas productivas, el tráfico nacional e internacional de mercancías y el comercio formal e informal.

Carlos Alberto Pérez Zeledón, analista político del centro de pensamiento Propuesta Ciudadana, graficó para IPS la compleja situación del país ante la crisis que estalló el  18 de abril.

“Comienza a hacerse latente la necesidad de generar una estructura organizativa (dentro de la protesta) capaz de resumir los objetivos de lucha en una base programática y una oferta electoral. La salida de dicha crisis, en un marco democrático como el que se pretende reconstruir, es en un proceso electoral”: Alberto Pérez Zeledón.

Por un lado, explicó, la protesta social desnudó las características autoritarias y represivas del régimen y debilitó todavía más el liderazgo de “hombre fuerte” del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

En contrapartida, dijo, el gobernante del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, en el poder desde 2007, mantiene un sólido apoyo de las instituciones y fuerzas fácticas que le aseguran su permanencia en el poder.

“Ortega siempre ha tenido una base social reducida en número, pero leal y beligerante para actuar en situaciones de crisis como la que hoy vivimos”, analizó Pérez Zeledón, que estima en 150.000 ese piso de seguidores leales.

La población de Nicaragua es de 6,3 millones de habitantes, de los cuales más de 3,6 millones son votantes activos mayores de 16 años.

En 2016, cuando Ortega fue reelegido por tercera vez consecutiva hasta 2021, después de una cuestionada reforma constitucional, obtuvo 1,8 millones de votos, en unos comicios calificados como “farsa” y “fraude” por organizaciones civiles, políticas, religiosas y económicas que se ubican en la oposición.

“Si a eso le sumamos el control total de la Policía y el Ejército, así como la falta de escrúpulos que el gobierno ha mostrado al utilizar grupos delincuenciales (pandillas), se hace comprensible que apuesta a sostenerse en el poder por medio de la violencia” dijo el analista.

El detonante de la rebelión fue una reforma gubernamental de la seguridad social que obligaba a empresarios y trabajadores a incrementar los aportes al sistema, reducía sus beneficios y cortaba en cinco por ciento las pensiones jubilatorias.

La medida, que perjudicaba aproximadamente a 1,3 millones de personas, desató el reclamo de jubilados y universitarios, que pasaron a encabezar las protestas, que el presidente no logró controlar con la retirada de la reforma en los primeros días de las movilizaciones.

Durante los 50 días de movilización hasta ahora, Ortega, un exguerrillero sandinista de 73 años y presidente entre 1985 y 1990, ha apareció en escena tres veces por televisión y las protestas han alcanzado a 93 focos distintos en ciudades, municipios rurales y carreteras de los 15 departamentos del país.

En esas zonas las poblaciones locales han instalado barricadas sobre las carreteras, afectando la movilización y provocando escasez de víveres, combustibles y materias primas, en iniciativas que comienzan a caer en niveles de descontrol y anarquía, con algunos saqueos y otros pillajes.

Enrieth Martínez, estudiante de la coordinadora universitaria que lidera las protestas,  dijo a IPS que esos bloqueos son una propuesta de la sociedad civil, como medida de seguridad para evitar la movilización terrestre de las fuerzas policiales y grupos de choque.

El impacto económico de la crisis ha sido cuantificado por las diferentes cámaras de negocios en más de 800 millones de dólares, en un país con un producto interno bruto (PIB) que bordea los 14.000 millones de dólares, después de un crecimiento de 4,9 por ciento en 2017 y una previsión de incremento de cuatro por ciento para 2018.

Pero ahora, la proyección es que la economía caiga en al menos dos por ciento del PIB, si Ortega sigue en el poder en el tercer trimestre del año, según la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social.

Tras la instalación de los bloqueos en calles y carreteras y el incremento de grupos incontrolados en las protestas, recrudeció la represión desde el comienzo de este mes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó el uso de fuerza letal y cifró en 127 las víctimas morales y 1.200 los heridos, como saldo hasta el 6 de junio.

El hecho más grave ocurrió en Managua el 30 de mayo cuando una gigantesca marcha cívica en honor a las madres de víctimas de la violencia fue reprimida a balazos, en una jornada sangrienta que dejó 16 muertes registradas oficialmente por las autoridades.

Pese a la elevada cifra de muertos y heridos, la variada resistencia social, de partidos, fuerzas sociales y estudiantes, no ha logrado conformar una plataforma visible para presentarse como alternativa del cambio político, a criterio Pérez Zeledón.

“Hasta este momento se ha apostado (desde la resistencia ciudadana) por un modelo horizontal que es útil para evitar que el gobierno tenga la posibilidad de descabezar el movimiento popular. Eso representa una ventaja para garantizar que el movimiento sea lo más amplio posible y ha rendido frutos por ahora”, dijo.

“Sin embargo, comienza a hacerse latente la necesidad de generar una estructura organizativa capaz de resumir los objetivos de lucha en una base programática y una oferta electoral. La salida de dicha crisis, en un marco democrático como el que se pretende reconstruir, es en un proceso electoral”,  planteó.

De la misma manera lo ha planteado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada por líderes estudiantiles, empresarios privados y sociedad civil que se organizaron para participar en un frustrado diálogo nacional con el gobierno de Ortega.

Ese intento de negociar una salida pacífica al conflicto, auspiciada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, se ha obstaculizado por el rechazo del presidente a la propuesta de promover unas elecciones inmediatas, que calificó como un golpe de Estado.

Ante el bloqueo del diálogo y el incremento de la represión, el caso nicaragüense llegó a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se emitió una declaración, aprobada por aclamación, en la que se solicita el cese de la represión y búsqueda de salida pacífica a la crisis, promovida conjuntamente por Estados Unidos y Nicaragua.

La presión internacional contra el gobierno de Nicaragua se intensificó con condenas del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Organización de Naciones Unidas y decenas de organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, gremios políticos y sociedad civil mundial.

Todo ello lleva a pensar al exembajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velásquez (2002-2007), que el gobierno de Ortega no solo está aislado internacionalmente sino debilitado política y económicamente desde que Venezuela, su principal sustento económico desde 2007, entró en su actual colapso económico.

La asistencia venezolana, aseguró a IPS, se ha reducido al máximo y “ya no puede financiar el presupuesto paralelo” que gracias a ello controla discrecionalmente el presidente, según aseguran sus críticos.

Ortega “ha perdido también capacidad de ejecución por la resistencia ciudadana en las calles y esto conlleva la pérdida de efectividad para transformar las demandas sociales en respuestas”, dijo el diplomático.

Velásqez consideró que la situación internacional de Ortega “es más grave” porque la alianza que forjó con sectores empresariales en los años de bonanza se descalabró tras la abortada reforma de la seguridad social y ahora el gran capital nicaragüense con sus socios internacionales presionan por un cambio de gobierno.

“Solo le queda la policía que cada día se desprestigia absorbiendo el costo de la represión y ya muestra síntomas de cansancio”, advirtió.

——————————–

Anexo:

 “Daniel Ortega ha jugado con la memoria histórica de la revolución sandinista”

Por Meritxell Freixas  – El Desconcierto.cl

La vocera del movimiento estudiantil en Nicaragua Dolly Mora Ubago, activista feminista de 26 años, conversa con El Desconcierto sobre la crisis política y social que se vive bajo el gobierno sandinista y la lucha que se está dando ante la brutal represión que viven los movimientos sociales. “Estamos cansados de los caudillismos, del autoritarismo y de la clase política actual”, dice.

Hace cuatros semanas que 46 jóvenes viven juntos en la misma casa, en Managua. Un espacio de seguridad convertido en su nuevo hogar para protegerse de persecuciones, amenazas y asedio de las fuerzas gubernamentales y sus defensores. Son los voceros de la Coalición Universitaria Nicaragüense y de la Sociedad Civil, el movimiento estudiantil que ocupó las calles para protestar en contra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Entre ellos, está Dolly Mora Ubago, activista feminista de 26 años militante de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), una de las organizaciones de la coalición.

Mora es el reflejo de toda una generación de jóvenes de la izquierda nicaragüense que hoy se siente completamente alejada de los postulados tradicionales del progresismo latinoamericano que representó Ortega y que lo llevaron al poder en 2007. “Vengo de un crecimiento familiar sandinista, mis tíos anduvieron en la revolución y mis abuelos también”, explica. Sin embargo, considera que Ortega “ha jugado con la memoria de la revolución”. Por eso, decidió luchar incansablemente para sacarlo del poder. Se deja la piel en la calle y desde que empezó la crisis dedica toda su energía a la movilización. “No he visto en todo este tiempo a mi mamá, y no sabe dónde estoy por seguridad, la suya y la mía”, precisa. Además de “hacer la revolución”, los representantes de los jóvenes pasan sus días capacitándose: “Estamos tomando clases con constitucionalistas, estudiando leyes orgánicas y cosas que nunca habíamos desmenuzado”, comenta.

Militante feminista “de toda la vida” -”en los político y lo personal”, dice-, la activista empezó a estudiar Sociología, pero no terminó por cuestiones económicas. Sin embargo, eso no le impidió trabajar con las organizaciones de mujeres, en las que se desempeña desde los 14 años. De hecho, ella misma, junto con una amiga trans, fundó en 2011 la Agrupación de Mujeres Trans y Culturales (AMTC).

No cree en dios ni es parte de ningún partido político, pero sí cree profundamente en la sabiduría de las mujeres. “Me declaro bruja”, dice mientras se arremanga la polera y muestra su brazo. Su esencia aparece tatuada en su piel en una palabra: “Witch”.

– ¿Cómo ha evolucionado la protesta y qué demandas son las que se instalaron en los últimas semanas?

– Las protestas iniciaron el 15 de abril con el incendio de la reserva biológica Indio Maíz, el pulmón de Centroamérica. El fuego llevaba más de 15 días y el gobierno no daba una respuesta políticamente certera, por eso se empieza a sospechar que el ejecutivo tenía que ver con la quema de la reserva. Hay que recordar que hay un proyecto político y económico detrás: el Canal Interoceánico, en el que está China comprometido. Este gobierno movió las leyes constitucionales para el beneficio de sus políticas capitalistas y extractivistas. Ya no somos un gobierno de izquierda, como quieren hacerlo ver. Esto ya está desvirtuado.

Ahí muchos jóvenes activistas, feministas, ambientalistas y de distintas causas sociales, mayoritariamente universitarios, empezamos a convocar plantones [concentraciones] en redes sociales. Luego el 16 de abril sacan la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que reducía un 5% la pensión a los jubilados. La indignación subió aún más y empezaron las protestas. El 18 abril inició la represión y llegaron las turbas de la juventud sandinista, el grupo de choque del gobierno.

– ¿A qué te refieres?

– Este gobierno se ha caracterizado por nombrar a la juventud, por enaltecerla y declararse un gobierno para los jóvenes, con programas muy asistencialistas y para quedar bien con ellos. Hay muchos jóvenes dentro de la juventud sandinista que responden a ese llamado, por eso no puede haber ni una protesta pacífica en Nicaragua. Cuando haya una marcha, va a haber una contramarcha.

Ese día la agresión subió de nivel y el gobierno decidió sacar a los antimotines. Ahí la gente dijo ‘no más’. Esto no solo es por Indio Maíz y el INSS, es el descontento de 11 años de un gobierno que no ha respondido a su pueblo, que ha jugado con la memoria histórica de la revolución sandinista, y con los discursos y los sentimientos que hay detrás. De falta de políticas para las mujeres (desbaratar leyes para mujeres, cerrar comisarías de mujeres…). Ortega hizo un gobierno básicamente fundamentalista al declararse un Estado cristiano, socialista y solidario. Así aparece en la Constitución. Pero es una lógica fundamentalista y completamente familista. Por ejemplo, penalizaron el aborto terapéutico para poder llegar al poder en una negociación con la Iglesia. Si bien mucha gente no ha terminado de sumarse a nuestra lucha porque las bases del Frente Sandinista siguen muy fuertes en los sectores más empobrecidos, la cantidad de asesinatos perpetrados les ha hecho perder campo. Hay gente que perdió un familiar y que sienten que el gobierno ya no los representa.

“La salida de Ortega y Rosario Murillo tiene que ser sí o sí”

– ¿Qué rol mantienen los jóvenes en las movilizaciones?

– Somos la revolución milennial, de los nacidos entre los ’90 y ’00. Somos una generación que de un tiempo para acá se nos había confrontado diciéndonos que éramos apáticos políticamente, que estábamos cómodos pegados al Facebook y a las redes sociales, y que no hacíamos nada. Ese es un estallido en el que la juventud estamos demostrando al pueblo.

– ¿Ha avanzado la mediación y los intentos de diálogo? Se supo que una primera mesa, con la Iglesia como mediadora, fracasó.

– El diálogo está suspendido. Tampoco es la salida completa, porque el gobierno va a seguir reprimiendo, pero nosotros no queremos una guerra civil. Aquí hay gente que está a un chasquido de que haya una guerra. Hay una situación de caos en el país. La gente ha encontrado maneras distintas de hacer resistencia con turbas [bloqueos] en las carreteras, en las entradas de los departamentos [territorios], en la salida de Managua, en las universidades… Tenemos dos temas claros en la agenda: democratización y justicia, porque esta lucha responde a que ya no queremos este gobierno. La salida de Ortega y Rosario Murillo tiene que ser sí o sí. Esto es una mesa de rendición para el gobierno y el verdadero diálogo viene después con todos los sectores. Queremos encontrar mecanismos pacíficos, constitucionales y legales para que salga este gobierno.

– ¿Los empresarios también están en el diálogo?

– Sabemos que no representan al pueblo ni a la clase trabajadora, la más afectada en este momento, pero también tienen que estar y poner su cuota de responsabilidad. El casamiento entre clase privada, capital y gobierno fue el que llevó a que pasaran estas cosas. A la empresa privada le duele mucho decir que en este país tiene que reactivarse la suscripción popular, que el pueblo decida quiénes tienen que ser sus autoridades. Nosotros proponemos una junta de transición representativa porque estamos cansados de los caudillismos, del autoritarismo y de la clase política actual.

– El martes, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una declaración “en apoyo del pueblo de Nicaragua”, en la cual insta al gobierno de Ortega y a todos los miembros de la sociedad a dialogar. También se ha hablado de un eventual pacto entre la OEA y el ejecutivo. ¿Qué se sabe de eso?

– La OEA ya no representa nada: ni democracia, ni institucionalidad, ni constitucionalidad de los países. El caso de Venezuela es el mejor ejemplo. Que Almagro salga a decir que las únicas dictaduras que reconoce son Cuba y Venezuela. Me da igual si reconoce o no que hay una dictadura porque me basta que el país lo reconozca. Aunque no queríamos que llegara la OEA, teníamos que ir a la sesión porque lamentablemente se entendió que el estallido social es un golpe de estado, hablaron de la derecha financiada y por eso decidimos aprovechar el espacio de la OEA para revertir ese discurso. Creo que lo que pasa en este país nos corresponde a nosotros solucionarlo.

– ¿Qué opinan de las comparaciones entre las protestas que están liderando y las que hubo en Venezuela, sobre todo en marzo de 2017, que también dejaron muchos muertos y heridos?

– Tenemos algunos comunes, porque somos los estudiantes los que estamos al frente. Pero el pueblo venezolano tiene sus propias características y en su lucha hay mucha intervención de la oposición, que sí tiene negociaciones con EEUU. Nuestras alianzas son con la sociedad civil, como el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, de mujeres trabajadoras de las maquilas, o el movimiento campesino. Nuestra articulación es con el pueblo, no con partidos políticos. No vamos a ser partido porque no es nuestro fin.

 

“La participación de las mujeres ha sido en todas las trincheras

 

– ¿Qué rol ha tenido el feminismo en estas protestas?

– Yo he sido muy crítica con los movimientos sociales: he visto a chavalos morir y he visto a las feministas de aquí muy cómodas. En el sur son más encachimbadas [furiosas]. No puede ser que los jóvenes estemos en la calle con los gases lacrimógenos y la represión y que la sociedad civil siga sacando comunicados. Pero, a pesar de mi crítica, el feminismo ha respondido, quizás no como yo quisiera, pero sobre todo con el tema de la solidaridad en los acopios de comida, de trabajo humano… La participación de las mujeres ha sido en todas las trincheras: desde tirar morteros hasta mover insumos o estar en las redes. No hay revolución sin mujeres.

– ¿Ha permeado este movimiento en el resto de la sociedad?

– Sí. Ahora mismo, en la agenda política no están los derechos de las mujeres, ni de nadie, porque se limita a la democratización y justicia. Pero en este contexto ha nacido el movimiento de las Madres de Abril, recuperando a las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. El día 30 de mayo, Día de la Madre en Nicaragua, el régimen asesinó a 17 personas en una marcha muy multitudinaria. Aunque fuera el día de la imposición de la maternidad, para nosotras ha cambiado el significado, hoy es político, de las madres que han perdido a sus hijos en este contexto de represión. Todas las feministas marchamos el 30 mayo en solidaridad con ellas.

– ¿Cómo afecta este contexto a las mujeres?

– En esta crisis han muerto más hombres que mujeres, pero ha habido muchos casos de violencia sexual hacia las chavalas y nos hemos encargado de visibilizarlos. Las mujeres están viviendo otros tipos de violencias: abusos, torturas, secuestros… a una joven, hace poco, se la llevaron al Chipote, el lugar donde la policía tortura, y sufrió una violación múltiple en esta institución policial.

– Esta movilización ha sido un despertar de los movimientos sociales…

– Sí, para muchos ha sido la primera vez que se han organizado, que han creado una estrategia en conjunto. Por eso, a mí me jode mucho que los mismos movimientos sociales esperen discursos políticamente correctos de los chavalos. Esperan que la revolución sea feminista, vegana, vegetariana, trans, afro… aquí los chavalos tienes un país encima, no ven a su familia, y los están siguiendo todo el día. Me sorprende la falta de empatía y de sensibilidad de algunos sectores porque esto no es fácil. Hay chavalos que entraron en pánico, pero saben que no pueden regresar a su casa porque vociferaron a Daniel Ortega y si van a su casa, están muertos. / 08.06.2018 @MeritxellFr

 

 

 

Comments are closed.