Derechos Humanos, Economía y Finanzas, Migraciones y refugiados

Alemania busca trabajadores fuera de la UE para ayudar a cubrir 1,2 millones de empleos vacantes

Dic 20 2018

ANA CARBAJOSA – El País

El Gobierno impulsa una ley para paliar la acuciante falta de mano de obra cualificada que padecen algunos sectores y regiones del país

Atraer mano de obra cualificada de otros países fuera de la UE para paliar la acuciante falta de trabajadores que padecen algunos sectores y regiones de Alemania. Ese es el objetivo al que responden los proyectos de ley aprobados por el Gobierno de coalición de Berlín, en un momento en el que la extrema derecha ha convertido la migración en un asunto políticamente ultrasensible.

El paquete legislativo, inédito en Alemania y que aún debe pasar por el Parlamento, facilita a los trabajadores de fuera de la Unión Europea con formación media y alta acudir a Alemania a buscar trabajo en determinadas condiciones. La iniciativa abre además la puerta a que se puedan quedar los demandantes de asilo rechazados pero que ya estén integrados en el mercado laboral. “Necesitamos mano de obra de terceros países para asegurar nuestra prosperidad y ocupar los puestos vacantes”, ha asegurado el ministro del Interior, Horst Seehofer, conocido por su política de línea dura con la inmigración.

La falta de mano de obra es una de las mayores preocupaciones de los empresarios alemanes, según revelan las encuestas, sobre todo en algunas regiones del sur del país y en polos industriales en el norte. Alemania registra una tasa de desempleo del 4,8%, la cifra más baja desde la reunificación del país. Las cifras del Instituto para la Investigación del Mercado de Trabajo y el Empleo (IAB), dependiente del ministerio de Trabajo, indican que hay 1,2 millones de puestos de trabajo vacantes en el país. Los puestos efectivamente dados de alta en las agencias de empleo en noviembre ascienden a 807.000 (35.000 más que el mismo mes del año anterior), en un momento en el que la economía de la primera potencia de la Unión goza de una salud envidiable. Faltan sobre todo trabajadores con un nivel de formación profesional, como fontaneros, delineantes o conductores, y con diplomaturas, por ejemplo educadores infantiles.

EL RETO DE LOS REFUGIADOS

La integración laboral de los refugiados avanza, aunque los expertos advierten de que hará falta tiempo. El jefe de la patronal BDA, Ingo Kramer, indicó recientemente que de los demandantes de asilo que recalaron en el país a partir de 2015, 400.000 están trabajando o participan en algún programa de formación profesional como aprendices. “Es un proceso lento, en ocasiones son gente que no habla una palabra de alemán y muchos de ellos procedentes por ejemplo de Afganistán o Somalia, donde no han tenido una escolarización”, explica el experto de la OCDE Thomas Liebig.

La llegada de refugiados a Alemania ha polarizado a un país que en un primer momento les recibió con los brazos abiertos en los andenes de las estaciones, pero en cuya opinión pública, con el paso del tiempo, la cuestión del asilo ha creado importantes grietas, lo que ha desbaratado los equilibrios políticos existentes hasta el momento.

A la falta de trabajadores se suman las previsiones demográficas, que alertan de un acentuado envejecimiento de la población en Alemania. Esas proyecciones afectarán también al este de Europa, de donde proceden buena parte de los trabajadores extranjeros en Alemania y cuya llegada se prevé que disminuya en los próximos años. “Estos países se están convirtiendo en países de inmigración. Hay que buscar trabajadores fuera la UE”, explica a este diario Thomas Liebig, experto en asuntos migratorios de la OCDE.

El texto legislativo permite a ciudadanos extracomunitarios acudir a Alemania a buscar trabajo durante seis meses siempre que tengan la formación necesaria, conozcan el idioma y tengan los medios para subsistir durante ese tiempo. En el caso de las personas con permisos temporales como los demandantes de asilo rechazados, deberán demostrar que llevan al menos 18 meses trabajando en Alemania y que no tienen un historial delictivo.

La ley sale adelante en un momento políticamente muy delicado, en el que cualquier decisión relacionada con la inmigración es susceptible de ser rentabilizada políticamente por la extrema derecha. La llegada de cerca de un millón y medio de demandantes de asilo desde 2015 ha dado pie a un clima de ansiedad política, instigada e instrumentalizada por la extrema derecha. El texto debe ser todavía sometido a aprobación parlamentaria, donde todavía puede sufrir modificaciones.

La socialdemocracia había insistido en la necesidad de relajar los requisitos para permitir la entrada de trabajadores y sobre todo para que pudieran quedarse los refugiados rechazados, pero integrados en el mercado laboral. Para ambos miembros de la coalición de gobierno, conservadores y socialdemócratas, esto constituye además un logro tangible que ofrecer a unos votantes distanciados de un Ejecutivo que lleva meses inmerso en crisis internas.

“Para el Gobierno alemán es un equilibrio difícil: por un lado debe enviar una señal dura para evitar que parezca que se puede quedar todo aquel al que no se le concede el asilo, pero a la vez hay que encontrar una solución práctica para la gente que ya está en el país y está bien integrada en el mercado laboral”, explica Liebig. Las personas que cumplen ese perfil sumarían unas 180.000, según las estimaciones oficiales.

Las pymes, el llamado Mittelstand, motor del poderío exportador y espina dorsal de la economía alemana, están especialmente afectadas por la falta de trabajadores cualificados. A diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, las pequeñas y medianas empresas alemanas están repartidas por todo el país y no necesariamente concentradas en núcleos industriales. Su situación geográfica dificulta a menudo el reclutamiento de trabajadores, que prefieren vivir en centros urbanos. Berlín 20 DIC 2018

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Relacionado: Entretanto en el Reino Unido…

Londres desvela drásticos planes sobre inmigración tras el Brexit

Agencia AFP   

El nuevo sistema migratorio se basará en las competencias profesionales y no en la nacionalidad, poniendo en pie de igualdad a trabajadores comunitarios y extracomunitarios, explicó el ministro del Interior, Sajid Javid

El Gobierno británico publicó sus planes para reducir la inmigración desde la UE tras el Brexit, lo que según la patronal asestaría un duro golpe a muchas empresas, ya de por sí preocupadas por la posibilidad de un Brexit sin acuerdo.

El nuevo sistema migratorio se basará en las competencias profesionales y no en la nacionalidad, poniendo en pie de igualdad a trabajadores comunitarios y extracomunitarios, explicó el ministro del Interior, Sajid Javid, ante el parlamento.

«En el futuro, todo el mundo, excepto los ciudadanos británicos e irlandeses, tendrá que obtener autorización de Reino Unido antes de poder venir», afirmó en la presentación del Libro Blanco sobre Inmigración.

La propuesta incluye un sistema de trabajo temporal con visas de un año, independientemente del nivel de formación de los trabajadores, destinado a tranquilizar a los sectores que dependen de una mano de obra no cualificada.

Durante su estancia, estos trabajadores temporales no tendrían derecho a ayudas públicas, a traer a familiares dependientes ni a pedir la residencia permanente.

«El futuro sistema consiste en asegurar que la inmigración funcione en el mejor interés del Reino Unido», aseguró Javid, señalando que «reduciría la migración neta anual a niveles más sostenibles».

El control de la inmigración, y en particular acabar con el principio europeo de la libre circulación de personas, fue uno de los principales temas de la campaña del Brexit durante el referéndum del 2016 en el que 52% de los votantes apoyó abandonar la Unión Europea.

Los efectos del Brexit en la inmigración comenzaron a notarse poco después. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, tras haber alcanzado niveles récord en el 2015, la inmigración neta en Reino Unido se redujo hasta las 280,000 personas el año pasado.

«No satisfacen las necesidades»

La propuesta del gobierno incluye también una consulta sobre el nivel salarial mínimo que debería imponerse a los trabajadores para permitirles instalarse en Reino Unido.

Javid no fijó un umbral anual, pero sugirió que este podría ser de «30,000 libras esterlinas (33,000 euros, US$ 38,000) aproximadamente».

«Las propuestas esbozadas en el Libro Blanco no satisfacen las necesidades de Reino Unido y serían un duro golpe para muchas empresas de todo el país», fustigó Josh Hardie, subdirector general de la patronal CBI.

«Todos los niveles de cualificación son importantes para la economía. Un sistema temporal de 12 meses para trabajadores extranjeros con ingresos inferiores a 30,000 libras alentaría a las empresas a contratar a una persona diferente cada año», lamentó.

Algunos sectores dependen fuertemente de la mano de obra extranjera, como el Servicio Nacional de Salud.

Según datos oficiales, 63,000 del 1.2 millones de empleados de la sanidad británica proceden de la UE (5.6%).

Y por ejemplo el número de españoles, la nacionalidad europea más representada entre los enfermeros detrás de los irlandeses, se redujo en un 15% desde el referéndum del 2016, pasando de 7,240 a 6,160.

«Ahora el gobierno propone medidas que harán que las largas esperas en camillas, el gran número de operaciones canceladas y las interminables colas para ser consultado por un médico se conviertan en la nueva norma», lamentó el laborista Ben Bradshaw, exsecretario de Estado de Sanidad.

Esta preocupación se suma a la incertidumbre en que están sumidas las empresas por la creciente posibilidad de que, ante la imposibilidad de ratificar un acuerdo con Bruselas, el país se vea abocado a salir bruscamente de la UE el próximo 29 de marzo.

El gobierno británico ya decidió acelerar sus preparativos para esta eventualidad y la Comisión Europea hizo lo propio el miércoles, anunciando una serie de medidas en los sectores más expuestos: servicios financieros, transporte aéreo, aduanas y política climática.

Así, los operadores europeos de mercados financieros basados en Londres podrán seguir operando durante 12 meses, el mismo periodo durante el cual se mantendrán ciertos vuelo entre Gran Bretaña y el continente europeo.

La Comisión subrayó también la necesidad de aplicar controles aduaneros en las fronteras con Reino Unido y adoptó medidas para garantizar el buen funcionamiento del mercado europeo de cuotas de emisión de gases con efecto invernadero.

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