Derechos Humanos, Igualdad y justicia social, Migraciones y refugiados

Refugio y relación bilateral

Dic 27 2018

Jorge Eduardo Navarrete*

El 25 de diciembre por la mañana Donald Trump habló con los periodistas de la Casa Blanca, apartándose del ambiente festivo propio de la fecha. Reiteró no estar dispuesto a aprobar arreglo presupuestal alguno que no incluyese los fondos que exige para seguridad fronteriza, en especial la construcción del muro, aun si se prolongase el cierre parcial de su gobierno. Al hacerlo, reforzó la agrevisa, insultante retórica con la que suele aludir al tema.

La víspera, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunciaron la actitud mexicana ante la reciente e ilegal vuelta de tuerca de la política migratoria estadunidense para expulsar hacia México a los solicitantes de asilo en espera de que su caso sea escuchado y decidido por las autoridades migratorias. Al hablar del muro, Donald Trump no aludió al impacto de sus acciones e intenciones sobre la relación bilateral; al anunciar la posición de México ante éstas, el Presidente reiteró el deseo de preservar una relación de amistad, de cooperación para el desarrollo, al tiempo de mantener los principios de defensa y de respeto a los derechos humanos de los migrantes. Quizá nunca había sido tan evidente el contraste de actitudes e intenciones.

Hace un mes, al abordar esta situación (Refugiados: multilateralizar, La Jornada, 29/11/2018), sugerí complementar el enfoque bilateral, con un acercamiento multilateral al tema que, además de facilitar las acciones nacionales y bilaterales, permitiese perfeccionar la forma en que la comunidad internacional responde a las situaciones críticas de demanda de refugio, para asegurar una mejor distribución de los costos y responsabilidades resultantes, a lo que se orienta el Pacto Mundial sobre los Refugiados, adoptado el 17 de diciembre por la Asamblea General de la ONU.

A nadie escapa que para el abordaje multilateral del tema no podrá contar por ahora con Estados Unidos –que junto con Hungría votó en contra, frente a 181 en favor (y tres abstenciones). Por cierto, los que apoyaron el pacto no deberían demorar el tejido de las redes de cooperación previstas por el propio instrumento.

La decisión de Estados Unidos de impedir que quienes buscan asilo permanezcan en su territorio mientras se desahogan sus solicitudes –lapso que ahora se estima puede alcanzar tres años– no sólo contraría la práctica internacional sino, según expertos de ese país, contraría también su propia legislación, al aplicar a solicitantes de refugio procedimientos definidos para otras calidades migratorias. Además, forzar a esos solicitantes a esperar en el exterior no extingue las obligaciones legales de Estados Unidos frente a ellos. No debe perderse de vista el proceso legal de este asunto en tribunales estadunidenses, que puede dar lugar a un vuelco de la situación que ahora se plantea.

México asume, como sustento básico de la actitud anunciada el 24 de diciembre, la protección más amplia de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en [su] territorio, así como la ayuda humanitaria que requieren para salvaguardar su integridad personal y familiar. Al plantear esta motivación, es imposible no tener en cuenta que, por el momento, constituye apenas un planteamiento aspiracional. La situación que en realidad se enfrenta fue descrita, con crudeza, por el canciller en la misma fecha: Hoy en día para los migrantes que transitan por nuestra nación la experiencia la podemos denominar de una sola forma: es un horror. Vejaciones, abusos, violaciones, atropellos. Se requerirá, más allá de expresar la aspiración, un trabajo de fondo: constante, persistente y eficaz. Sus resultados no están garantizados.

El debate sobre la calidad de tercer Estado seguro, que ha ocupado a la prensa mexicana en las pasadas semanas, resulta, en las circunstancias, casi académico. Es indudable que México debe solventar la intolerable asignatura pendiente de ofrecer garantías a los migrantes que transitan, se establecen o son regresados a su territorio, al tiempo de procurar un trato equivalente para los emigrados nacionales, independiente de su calidad migratoria. No puede hacerlo –como acertadamente señaló hace unos días el nuevo responsable del Instituto Nacional de Migración– de un día a otro y bajo presión externa, podría agregarse. Supone adoptar transacciones difíciles en materia de uso de recursos siempre escasos, en lo material y en lo humano.

Supone también diseñar estrategias viables para cubrir la brecha, quizá de varios años, entre la situación actual, que debe resolverse de inmediato, y el momento indefinido del futuro en que los programas de crecimiento, empleo y reconstrucción social ofrezcan una alternativa real a la emigración desde el triángulo del norte de Centroamérica. Hay que avanzar, con paciencia y habilidad diplomática, en la construcción de acuerdos multilaterales viables.

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*Economista y diplomático mexicano. Columnista de La Jornada. Ha sido Embajador de México en Venezuela, Alemania, Naciones Unidas, China, Chile, Brasil, Austria y Yugoslavia, además fue Subsecretario de Políticas y Desarrollo Energético de la Secretaría de Energía. En sección Opinión de La Jornada, 27.12.18.

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Un primer paso

Editorial – El País

Solo la colaboración internacional humanizará las migraciones

La historia de la humanidad es el relato de una larga migración, un movimiento que se ha ido acelerando conforme lo permitían los medios técnicos. Entre 1820 y 1920, 60 millones de europeos cruzaron el Atlántico en busca de un futuro en América gracias a las mejoras en la navegación. Actualmente, según calcula la ONU, 258 millones de personas viven fuera de su país de nacimiento (el 3,4% de la población mundial), una cifra que, sostiene la organización, crecerá en los próximos años a causa de la desigualdad, el cambio climático, los conflictos, pero también la interconectividad que facilita los desplazamientos de personas. La migración es un fenómeno internacional, que solo logrará racionalizarse y, sobre todo, humanizarse en un marco global. Por eso, es bienvenido el pacto migratorio de la ONU, adoptado en diciembre por 165 países de los 193 que integran la ONU.

El documento representa solo un primer paso, que no instaura ningún derecho a migrar, sino que recalca los derechos humanos de todos los migrantes con independencia de sus papeles. También llama a que no sean detenidos sin motivo o a que los menores gocen de una protección especial, una absoluta necesidad que no está actualmente garantizada. El pacto no es vinculante, no obliga a ningún Estado firmante. Sin embargo, el acuerdo ha provocado protestas violentas, incluso ha llegado a romper el Gobierno de Bélgica y ha sido rechazado por Estados que le reprochaban ideas que ni siquiera incluía. Los principales países gobernados por nacionalistas, o que tienen una importante influencia ultraderechista, lo han denostado, entre ellos Estados Unidos, Australia, Italia, Hungría, Polonia o Austria. Sus argumentos, que tantos réditos electorales les han dado, se basaban casi siempre en informaciones falsas que, por eso mismo, resultaban casi imposibles de rebatir.

La UE se ha mostrado muy dividida en un tema que socava sus consejos y que ha creado una situación caótica en el Mediterráneo, ya que los Estados que deberían recibir a los barcos que han rescatado migrantes se niegan a acogerles, incumpliendo la ley y la lógica. Estados Unidos ni siquiera ha querido participar en las negociaciones, lo que no es de extrañar dado que su presidente, Donald Trump, se ha mostrado directamente cruel con los inmigrantes.

La historia enseña que la inmigración nunca se detiene y que las grandes crisis provocan enormes movimientos: la hambruna de la patata en Irlanda puso a un millón de personas en el mar (sin que hubiera que sufrir los miles de náufragos y ahogados que hoy día, con una tecnología muy superior, nos sobrecogen) y, al igual que la guerra de Siria provocó en 2015 una oleada de millones de personas en huida, la violencia, la pobreza y la sequía han desencadenado a finales de este año una caravana que ha recorrido Centroamérica hasta la frontera con EE UU. Un pacto migratorio mundial puede ayudar a controlar estas mareas humanas que, de todos modos, ya existen.

Esto no significa volver a situación en vigor durante el siglo XIX y una parte del siglo XX, cuando bastaba con no tener una enfermedad contagiosa para instalarse en EE UU o América Latina. Tampoco prevé que los inmigrantes, una vez instalados, puedan saltarse la ley del país en el que residen. Resulta especialmente irritante que un país como Estados Unidos, formado por emigrantes, e Italia, donde la emigración forma parte de su identidad y su cultura, encabecen el rechazo a un acuerdo contra un fenómeno sin el que no existirían.

Solo el trabajo conjunto entre los Estados que producen emigrantes y los que los reciben puede ayudar a racionalizar los flujos migratorios. La cooperación para mejorar las condiciones de vida de los países más pobres ralentizará, pero no detendrá el movimiento. Y es además lo deseable porque los países necesitan inmigrantes. Alemania acaba de anunciar que busca a 1,2 millones de trabajadores cualificados, mientras que la salud de la pirámide demográfica española depende de los que vienen de fuera. Como escribió el dramaturgo suizo Friedrich Dürrenmatt: “Tristes estos tiempos en los que hay que luchar por lo obvio”.

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