Democracia, Economía y Finanzas, Igualdad y justicia social

Hacia un Estado de derecho global

Ene 4 2019

Por Fernando Ayala* – Wall Street International Magazine

Democratizar el sistema internacional para una gobernanza que pueda salvar el planeta

Los países desarrollados, en particular, presumen que en sus sociedades funciona el Estado de derecho, el cual garantiza la separación de poderes, el respeto a la ley, a los derechos humanos, a la propiedad privada y da seguridad a los inversionistas extranjeros, entre otras cosas. Todos ello es cierto, con los respectivos matices, y también estos principios se cumplen en muchos países en desarrollo, donde la igualdad ante la ley -en teoría al menos- rige para todos los ciudadanos.

El Estado de derecho de una sociedad se caracteriza por el respeto a un orden jurídico emanado de la voluntad de sus ciudadanos que ha sido expresada sin obstáculos, en el marco de un sistema democrático representativo, donde existen elecciones libres, competitivas y con igualdad de condiciones.

Naciones Unidas define el Estado de derecho como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos».

Ningún país democrático pone en duda hoy la importancia del Estado de derecho, por el contrario, se busca se extienda a aquellos donde no se ha desarrollado plenamente. Sin embargo, poco se hace por aggiornarlo al sistema internacional, en particular a Naciones Unidas, lugar donde se negocian acuerdos en beneficio de la humanidad. Ello permitiría perfeccionar la construcción de un sólido marco jurídico del multilateralismo para avanzar hacia una real gobernanza global debido a la complejidad de los problemas y amenazas que enfrentamos hoy, ya no como países individuales sino como especie humana. Para ello se requiere obviamente la voluntad política porque se trataría de restar soberanía nacional y entregarla a una instancia que debiera ser reformulada incluyendo las atribuciones del Consejo de Seguridad y de secretario general.

Una reforma sustantiva contribuiría a incrementar la seguridad jurídica de la comunidad internacional y proteger la igualdad de los Estados. Estamos hablando entonces de iniciar una democratización del actual sistema internacional que cuenta con un enclave autoritario impuesto por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial en la Conferencia de San Francisco en 1945, como es el poder de veto de los cinco grandes: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Ello respondió a un momento de la historia superado y que no ajusta a los desafíos actuales. Estos cinco países junto a 10 miembros no permanentes y que rotan por regiones geográficas cada dos años, conforman el Consejo de Seguridad encargado de velar por la paz y seguridad en el mundo. Es claro que el poder real se concentra en los países nombrados, lo cual limita el ejercicio de la democracia multilateral transformándola en los hechos, en una suerte de democracia multilateral protegida.

De nada sirven las votaciones en el marco de la Asamblea General, donde funciona el principio de igualdad de los Estados traducido en un país, un voto, si finalmente esa voluntad está sujeta al poder de cinco potencias donde basta que una se oponga para dejar sin efecto lo aprobado por la mayoría1. Entre 1946 y 2016 el veto ha sido aplicado en 236 ocasiones correspondiendo casi la mitad a la antigua Unión Soviética/Rusia y la otra mitad a Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Los soviéticos no consultaban a nadie cuando sus carros armados entraban en los países de su órbita o cuando invadieron Afganistán en 1979. Tampoco lo hizo China cuando invadió Vietnam en 1979. El presidente Reagan no le informó ni a sus más fieles aliados cuando ocupó la pequeña isla caribeña de Granada en 1983, lo mismo que hizo el presidente Bush, en Panamá, en 1989.

Es en el uso de la fuerza donde mejor se aprecia esta anomalía, la que de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad2. Esta disposición ha sido violada en 2018 con los bombardeos conjuntos a Siria por parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido3. Con posterioridad a la Guerra Civil de Yugoslavia (1991-1995) que dejó más de 100.000 yugoslavos muertos y alrededor de cuatro millones de desplazados, se produjo la llamada Guerra de Kosovo (1998-1999), que fue la continuación de la primera y que incluyó el bombardeo durante casi tres meses de la ciudad de Belgrado por parte de las fuerzas de la OTAN, dejando un balance aterrador4 que incluyó la muerte de tres diplomáticos chinos en su propia embajada. En opinión de organizaciones como Amnistía Internacional y bajo las normas del Derecho Internacional, el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos y sus aliados constituyó una violación a la carta de Naciones Unidas y sus actos constituyeron crímenes de guerra. Así las cosas, resulta paradójico, por decir lo menos, que la Unión Europea en sus celebraciones por los 60 años de la firma del Tratado de Roma, lo haya definido como «el período de paz más largo de la historia de Europa».

Si bien no se puede decir que el uso de la fuerza sin aprobación del Consejo de Seguridad sea un hecho habitual, se puede afirmar que, en la práctica, no hay consecuencias ni sanciones si uno de los cinco grandes «rompe el Estado de derecho global» y se salta las reglas de lo que es el orden jurídico o la Constitución del sistema internacional que nos rige como es la Carta de Naciones Unidas. En cuanto al uso del veto consagrado en la Carta, en 70 años se ha usado en promedio 3,3 veces por año.

Dos secretarios generales de Naciones Unidos han intentado reformar el Consejo de Seguridad: Kofi Anam y Ban Ke-Moon, sin éxito naturalmente y donde la reforma del derecho a veto o la inclusión de nuevos miembros en igualdad de condiciones, ha sido la piedra de tope. Se han efectuado numerosas propuestas desarrollando diversos modelos de composición del organismo impulsadas por países que quisieran entrar al exclusivo club de los 5 permanentes y que disponen de recursos suficientes como son los casos de Alemania, Japón o India; este último con armas atómicas y más de 1.000 millones de habitantes. A esta lista se agregan Brasil, México, Italia o Sudáfrica, entre otros. Actualmente el Consejo de Seguridad opera con 15 países donde cada uno de ellos cuenta con un voto y las decisiones se toman con una mayoría de 9, siempre y cuando no exista oposición de algunos de los cinco miembros permanentes.

Si el Estado de derecho debe reflejar la igualdad de manera sustantiva, donde nadie está sobre la ley y donde todos tienen derecho a igual protección y beneficios5, entonces la comunidad internacional debiera avanzar en los mismos términos hacia un Estado de derecho global, que garantice una real gobernanza ante un mundo cada vez más inseguro, donde la producción de armas no disminuye si no por el contrario, aumenta junto al peligro permanente del eventual uso de bombas nucleares. Podemos sumar muchas amenazas que hoy ponen en riesgo la supervivencia de la especie humana y del planeta, como son el cambio climático provocado por el ser humano, la contaminación de mares y ciudades, la irracionalidad de la liberalización del sistema financiero internacional y del capitalismo consumista que parece no tener fin. Son crecientes las incertidumbres sobre el futuro lo que debiera llevarnos a una reformulación de nuestra forma de vida y ello exige una gobernanza mundial real, que asegure nuestra supervivencia. Si bien hoy es imposible pensar que los cinco países que mantienen el monopolio del poder en Naciones Unidas vayan a ceder y democratizar el organismo, no queda más que insistir y movilizar a la sociedad civil y a los movimientos políticos preocupados del futuro mientras no se vislumbren otros caminos antes de que sea demasiado tarde para todos. 4 ENERO 2019.

 

Notas

1 Ejemplos hay muchos y se pueden revisar las veces en que cada país miembro del Consejo de Seguridad a ejercido su derecho a veto.
2 Carta de Naciones Unidas, capítulo VII.
3 Véase esta noticia. Flagrante violación al derecho internacional. Por su parte, Vladímir Putin declaró que «si Washington toma nuevas acciones contra Damasco se produciría ‘inevitablemente’ un caos en las relaciones internacionales». Referencia aquí.
4 «19 países de la alianza militar occidental comenzaron su campaña desde los barcos en el Adriático y cuatro bases aéreas en Italia. La OTAN lanzó 1.300 misiles de crucero, más de 37.000 bombas de racimo que mataron a unas 200 personas y dejaron cientos de heridos. Según las estimaciones del gobierno de Serbia, al menos 2.500 personas, de las cuales 89 niños, murieron durante los ataques (según algunas fuentes, el número total de muertes fue de casi 4.000), mientras que más de 12.500 personas resultaron heridas y los daños a la economía e infraestructura se estimaron en 100 billones de dólares. Durante la agresión, la OTAN llevó a cabo un total de 2.300 ataques aéreos en 995 instalaciones en todo el país, mientras que 1.150 aviones de combate lanzaron casi 420.000 misiles». Véase aquí.
5 Louise Arbour. Véase el enlace.

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*Economista de la Universidad de Zagreb,  Croacia y Máster en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Actualmente es consultor para FAO en Roma en temas de cooperación Sur-Sur, académicos y parlamentarios. Durante 36 años fue funcionario del Servicio Exterior de Chile alcanzando el grado de embajador en 2004. Renunció a la carrera diplomática el 10 de marzo de 2018. Le correspondió servir en Ecuador, Corea del Sur, Suecia, Estados Unidos e Italia. Como embajador representó a su país en Vietnam, Portugal, Trinidad y Tobago, Italia y ante las agencias de Naciones Unidas con base en Roma: FAO, FIDA y PMA.

 

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